Sentencia 24279 de mayo 22 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Exp.: 08001233100020010181501

Número interno: 24279

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Actor: Toralf Levang

Demandado: Municipio de Tubará (Atlántico).

Bogotá, D.C., veintidós de mayo de dos mil tres.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Como se dijo, en este caso el actor pretende la nulidad de la Resolución 18 de 1991, por medio de la cual se adjudicó un predio de su propiedad, así como la nulidad "de la escritura pública 157" y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó la cancelación del folio de matrícula inmobiliaria Nº 040-220598 así como de la inscripción 020000680050000 del DANE.

De conformidad con lo establecido en los artículos 44, 45 y 47 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos de carácter particular que pongan fin a una actuación administrativa, deben notificarse personalmente, o, en su defecto por edicto, al interesado; al hacer la notificación se le debe entregar copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita y, se le debe indicar los recursos que legalmente proceden contra la correspondiente decisión, así como la autoridad ante quien deben interponerse y los plazos para hacerlo.

La notificación realizada sin el lleno de los requisitos mencionados se considera inexistente y por lo tanto la decisión no produce efectos legales a menos que el interesado "dándose por suficientemente enterada convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales" (CCA, art. 48).

El alcance de las disposiciones mencionadas, ha sido precisado jurisprudencial y doctrinariamente así:

"Los requisitos de la notificación de las providencias en general, las del orden administrativo en particular, no constituyen un rito carente de sentido sino que corresponden al principio de "publicidad en virtud del cual las autoridades deben dar a conocer sus decisiones por los medios legales, principios estos consagrados en el artículo 3º del Decreto 01 de 1984 como orientadores de las actuaciones administrativas.

Ésta es apenas una parte del fundamento de las disposiciones contenidas en los artículos 43 a 48 del Decreto 01 de 1984 y que ampliaron la reglamentación que sobre el mismo particular contenía el Decreto 2733 de 1959 y que por tal razón no puede calificarse de sistema novedoso o sorpresivo.

Sin el lleno de tales requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ordena el artículo 48 y, a continuación, deduce como consecuencia que la decisión no producirá efectos legales, a menos que el ciudadano la acepte o utilice en tiempo los recursos legales" (1) .

(1) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 28 de noviembre de 1986, expediente 0031. Sentencia del 34 (sic) de octubre de 1994, expediente 5579.

Lo notificación, entendida como garantía del derecho de defensa de los particulares frente a las decisiones de la administración, ha sido un criterio acogido por la Corte Constitucional. En efecto, tal corporación ha afirmado:

"Con el fin de garantizar el derecho de defensa dentro de una actuación judicial o administrativa se ha instituido el mecanismo de las notificaciones, que asumen formas y formalidades diversas, cuya finalidad es la de vincular a los sujetos procesales con interés jurídico para intervenir en el respectivo proceso y enterarlos de las diferentes diligencias y actuaciones que en él se surten" (2) .

(2) Corte Constitucional. Sentencia T-324 de 1999.

La misma corporación precisó lo siguiente:

"Desde el punto de vista constitucional importa dejar en claro que la notificación, entendida como el conocimiento formal del administrado o de quien es parte o interviniente en un proceso judicial, sobre el contenido de las providencias que se adoptan por el juez o de los actos administrativos que la afectan, tiene por fundamento específico la garantía del derecho de defensa aspecto esencial del debido proceso, exigible en todas los actuaciones judiciales y administrativas, como lo impone el artículo 29 de la Carta.

(...).

La notificación en debida forma asegura que la persona a quien concierne una determinación se halla enterada de su sentido y define simultáneamente —con fecha cierta— en qué momento ha tenido lugar la transmisión oficial de la respectiva información. Se asegura, entonces, no solamente que, conocida la decisión de que se trata, podrá el afectado hacer uso de los medios jurídicamente idóneos para la salvaguardia de sus intereses, sino que se preserva la continuidad del trámite judicial o administrativo correspondiente, pues la fecha de la notificación define los términos preclusivos dentro de los cuales podrá el notificado ejecutar los actos a su cargo. Resultan, por tanto, realizados el valor de la seguridad jurídica, los principios procesales de celeridad y economía" (3) .

(3) Corte Constitucional. Sentencia T-099 de 1995.

Por su parte, el profesor Carlos Betancur Jaramillo sostiene que mientras la notificación del acto administrativo no se efectúe debidamente éste "no adquirirá carácter ejecutorio y los términos para la interposición de recursos no empezarán a correr"; señala además que con fundamento en el inciso final del artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, "si la administración no da oportunidad para interponer los recursos procedentes, el interesado podrá acudir directamente a la vía jurisdiccional" (4) .

(4) Betancur Jaramillo, Carlos. Derecho procesal administrativo, 5ª edición, Señal Editora, Medellín, 1999, pág. 183.

Caso concreto

Como acertadamente afirmó el a quo, teniendo en cuenta que en el expediente no obra prueba de la notificación de la Resolución 18 de 1991, lo procedente sería contar el término de caducidad a partir de la fecha en la que se realizó lo anotación en el folio de matrícula inmobiliaria de acuerdo con el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo que estable que "los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación".

No obstante, esta Sala no comparte la posición del a quo pues, como se evidencia con las pruebas aportadas en la demanda la inscripción de la adjudicación no se anotó en el folio correspondiente del inmueble objeto del litigio, es decir, el folio 040-110663 sino en el folio 040-220598 que se abrió con motivo de la expedición de la resolución de adjudicación. Así las cosas, es claro que se configura una indebida notificación que, conforme al artículo 48 del Código Contencioso Administrativo, no produce efectos.

Teniendo en cuenta que, en el expediente, no obra prueba de la notificación de la resolución demandada, que el folio de la matrícula inmobiliaria en el que se anotó la adjudicación no corresponde al inmueble objeto del litigio y que tampoco obra prueba de que el actor hubiera utilizado los recursos legales, la Sala considera que no es procedente, en este momento, declarar la caducidad de la acción.

Esta corporación ha señalado que, cuando existe duda sobre la notificación del acto administrativo que se demanda, el pronunciamiento sobre la caducidad de la acción debe diferirse al momento del fallo, teniendo en cuenta que para que dicho fenómeno opere, "debe existir completa certeza de la notificación del acto administrativo de que se trate para así dar cabal aplicación al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo" (5) . En este sentido se ha pronunciado también la doctrina afirmando:

(5) Consejo de Estado, Sección Cuarta. Auto del 7 de julio de 2000. Expediente 11.926.

"Cuando la caducidad no aparezca clara, bien porque se alegue falta de notificación o defectos de ésta, o se discuta la fecha del acaecimiento de los hechos, u otra circunstancia similar, deberá tramitarse el proceso, para luego, en la sentencia, mediante el análisis del acervo probatorio, definir en primer término si la acción fue ejercitada en tiempo o no" (6) .

(6) Betancur Jaramillo, Carlos. Op. Cit. pág. 170.

Así las cosas, existiendo incertidumbre para establecer la oportunidad de la acción incoada será el fallo definitivo el momento procesal adecuado para analizar y decidir sobre el particular.

Por otra parte, la Sala revocará el numeral 2º de la providencia impugnada en el que se declaró la falta de jurisdicción para conocer de la demanda en relación con la pretensión encaminada a declarar la nulidad de la escritura pública 157 de 1991, por las razones que expondrá a continuación.

Al respecto, es necesario señalar, en primer lugar, que el acto de inscripción de un título en la oficina de registro de instrumentos públicos es un acto administrativo que crea una situación jurídica particular, por lo que puede pedir su nulidad y, por ende, el restablecimiento del derecho quien se crea lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica (7) .

(7) Consejo de Estado, Sección Primera. Providencia del 14 de enero de 2002, expediente 6531.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la pretensión de nulidad de la escritura pública 157 de 1991, es una pretensión consecuencial de la declaratoria de nulidad de la Resolución 18 del mismo año puesto que la primera fue otorgada en desarrollo de la primera. Sobre este punto, esta corporación afirmado:

"La pretensión de nulidad de los actos dispositivos contenidos en las escrituras otorgadas en ejecución o desarrollo de la Resolución 113 de 1971. Esta pretensión, en forma razonable y en sana lógica debe interpretarse como consecuencial de la primera ya resuelta. Ello porque dichos instrumentos fueron otorgados en razón y en virtud y en desarrollo de la precitada resolución cuya nulidad se decretó.

Hay que entenderlo así porque los instrumentos cuya nulidad se pretende tienen relación directa en su existencia con la resolución o acto administrativo de donde toman origen, y no hay duda sobre la unidad de concepto respecto del universo jurídico que gobierna la operación ejecutada por la administración, iniciada con la expedición de la Resolución 113 de 1971, hoy anulada, en cuya ejecución se otorgaron las escrituras públicas cuya nulidad se impetra como sanción, y por ello es del caso pronunciarse sobre la nulidad parcial absoluta de dichos instrumentos, por el aniquilamiento de la raíz que les da origen a ellos y a la disposición contractual combatida, por objeto ilícito, y por lo mismo habrá de declararse la nulidad de las escrituras en ese aspecto, ordenándose así mismo la anotación que corresponde, en el registro público pertinente" (8) .

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 13 de febrero de 1999, expediente 6976.

En este mismo sentido se debe entender la pretensión encaminada a cancelar el folio de matrícula 040-220598, la cual no es sino la consecuencia de las dos anteriores.

Conforme a lo anterior, la Sala considera que debe ser revocada la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico de 2002 y en su lugar, se debe admitir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada contra el municipio de Tubará.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

REVÓCASE el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 3 de abril de 2002 y, en su lugar:

1. ADMÍTESE la demanda formulada por la Toralf Levang en contra del municipio de Tubará, Atlántico.

2. NOTIFÍQUESE personalmente al representante legal de la entidad demandada y al señor agente del Ministerio Público, a quienes se les hará entrega de la copia de la demanda, de sus anexos y de esta providencia.

3. SOLICÍTENSE al municipio de Tubará los antecedentes administrativos que dieron lugar a la expedición del acto administrativo demandado.

4. ORDÉNASE al tribunal administrativo pronunciarse sobre la solicitud de suspensión provisional planteada en la demanda.

5. FÍJESE el negocio en lista por el término de diez (10) días.

6. SEÑÁLENSE por el tribunal las expensas necesarias para sufragar los gastos ordinarios del proceso.

7. Ejecutoriado este auto, envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

______________________________