Sentencia 2429 de junio 29 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

POTESTAD DISCRECIONAL EN LA CONFORMACIÓN DE LA TERNA

EXTRACTOS: «En este proceso se pretende la declaración de nulidad de la elección del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz como Defensor del Pueblo para el período comprendido entre el 1º de septiembre de 2000 al 31 de agosto de 2004, efectuada por la Cámara de Representantes el 17 de agosto de 2000, tal y como consta en el Acta 114 publicada en la Gaceta del Congreso número 356 del 6 de septiembre de 2000.

Para el mejor entendimiento y análisis de la demanda, la Sala encuentra que los reproches al acto acusado pueden resumirse en dos grupos: las acusaciones contra la formación de la terna y aquellas que se dirigen concretamente contra la designación del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz como Defensor del Pueblo. La Sala entra a estudiar las primeras, pues si bien es cierto que sólo se podía acusar la ilegalidad de la terna cuando se hubiere expedido el acto de elección, no es menos cierto que algunas irregularidades contenidas en el procedimiento de formación de la terna pueden producir la nulidad del acto definitivo. De consiguiente, en caso de que se encuentren vicios en la formación de la terna que alcancen el carácter de sustanciales o esenciales, el acto de elección acusado deberá ser retirado del ordenamiento jurídico.

Formación de la terna para la designación el Defensor del Pueblo

a) La demanda considera que el Presidente de la República conformó la terna para elegir al Defensor del Pueblo en forma arbitraria, puesto que, al tenor de lo dispuesto en el preámbulo y en los artículos 1º y 40 superiores, se debe garantizar y ampliar la participación ciudadana en la conformación del poder político.

El artículo 281 de la Constitución dispone que el Defensor del Pueblo "será elegido por la Cámara de Representantes para un período de cuatro años de terna elaborada por el Presidente de la República". Esa disposición se reitera en el artículo 2º de la Ley 24 de 1992, la cual, al mismo tiempo, señala que el período del Defensor deberá correr a partir del 1º de septiembre de 1992.

Como se observa, de acuerdo con las normas referidas, la potestad de conformación de la terna no está sometida a especiales condiciones que limiten el poder de decisión del Presidente de la República. Esto significa que las disposiciones normativas que regulan la designación del Defensor del Pueblo otorgan a los destinatarios de las mismas una potestad discrecional para conformar la terna y para elegir de ella ese funcionario público. Sin embargo, el grado de discrecionalidad no es igual para el Presidente y para la Cámara de Representantes, pues el ejecutivo tiene un margen de apreciación más amplio y así puede escoger los integrantes de la terna que considere más idóneos para el desempeño del cargo, sin que en la postulación deban intervenir otros funcionarios públicos. Por su parte, el ente legislativo sólo puede designar el Defensor del Pueblo, en consideración a los tres nombres señalados por el Presidente, por lo que su decisión es discrecional en la escogencia del defensor pero limitada a los candidatos que señala la terna.

No obstante, lo anterior no quiere decir que el Presidente de la República pueda ser arbitrario en la conformación de la terna, pues la potestad de postulación de los candidatos está limitada por las reglas definidas en la Constitución y la ley, las cuales le otorgan una amplia libertad de elección entre diferentes alternativas igualmente legítimas.

De lo expuesto surge una pregunta obvia: ¿el derecho a la participación ciudadana en la conformación, ejercicio y control político que consagra la Constitución limita la facultad de integración de ternas? Dicho de otro modo: ¿el Presidente de la República estaba obligado a realizar una convocatoria pública para conformar la terna?

Es cierto que la Constitución de 1991 consagró la participación ciudadana como un principio rector del Estado social de derecho (Preámbulo y artículo 1º de la Carta), por lo cual se constituye en una necesaria directriz para todas las autoridades públicas. Sin embargo, el grado de vinculación a las normas superiores y el grado de eficacia de esos preceptos difiere en relación con el destinatario. En efecto, al legislador le corresponde, en primer lugar, el desarrollo de los preceptos constitucionales, por lo que es la principal instancia de expresión de la norma superior. Por su parte, los jueces deben interpretar las disposiciones siempre bajo los parámetros constitucionales y legales, pero ello no los autoriza a establecer nuevas reglas de contenido general y abstracto que, a su juicio, consideren válidas dentro de los principios constitucionales. Ello es obvio, pues la hermenéutica no puede desplazar ni usurpar la función legislativa que le es ajena ni puede alterar la distribución constitucional de funciones asignadas a otros órganos del poder público (art. 113 de la Carta).

En este orden de ideas, la Sala considera que si bien es cierto el constituyente amplió los canales de participación ciudadana para sentar las bases de una democracia más pluralista, la intervención directa del pueblo sólo podrá exigirse cuando existen normas constitucionales o legales expresas que así lo dispongan. Es por ello que la participación ciudadana en la conformación del poder público solamente puede reclamarse directamente cuando medie norma constitucional o legal que lo concrete.

Así las cosas, la Sala encuentra que el Presidente de la República no estaba obligado a realizar una convocatoria pública para conformar la terna para la designación del Defensor del Pueblo, pues no hay ninguna regla legal o constitucional directa que imponga el derecho individual o abstracto de intervenir en la formación de la terna. En consecuencia, el único titular de la facultad para integrar la terna es el Presidente de la República y, mientras no rija norma expresa en contrario, no existen otros entes o personas legitimadas para intervenir en esta labor. De consiguiente, la decisión discrecional de integración de la terna para elegir el Defensor del Pueblo no transgredió el artículo 40 de la Carta.

A partir de este mismo supuesto, los demandantes sostienen que la falta de convocatoria pública para la conformación de la terna vulnera el numeral 5º del artículo 95 superior, comoquiera que impide a los ciudadanos cumplir con el deber de participar en la vida política del país. Sin embargo, este argumento tampoco prospera, pues el deber ciudadano de participación se concreta a través de las normas que reglamentan y desarrollan la norma constitucional.

Además, resultaría equivocado sostener que la participación en la vida política del país significa que el Estado pueda exigir que todos los ciudadanos presenten sus nombres y aspiren a un empleo público, pues, como todo derecho de libertad, el ejercicio del servicio público no se impone sino que se garantiza y protege la decisión libre y voluntaria de acceder a él. De ahí que tampoco prospera el cargo.

b) De otra parte, los demandantes consideran que la conformación de la terna sin tener en cuenta a los ciudadanos interesados en el cargo de Defensor del Pueblo los discrimina y produce una decisión antidemocrática. Por ello, según ese argumento, el Presidente de la República vulneró el artículo 13 superior.

Esta Sala no comparte el anterior razonamiento, puesto que los actores parten de una lectura genérica y formal de la igualdad. En efecto, el artículo 13 de la Constitución de 1991 no entiende el derecho a la igualdad en sentido general y formal sino concreto y material, esto es, de acuerdo con la conocida fórmula aristotélica "igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales". De hecho, el segundo inciso de la norma superior reconoce la existencia de desigualdades y exige al Estado la promoción de condiciones favorables para los "grupos discriminados o marginados". De consiguiente, el juicio de igualdad exige un punto de comparación concreto y no general que permita evidenciar un trato desigual sin justificación razonable para ello.

En este contexto, aceptar la tesis de los demandantes implicaría una interpretación equivocada del artículo 13 superior, puesto que exigiría un trato igualitario que no garantiza la norma superior. Así, no es razonable sostener que todos los interesados en acceder a la función pública son iguales, pues sencillamente pueden diferenciarse por condiciones profesionales, experiencia y desempeño laboral. En consecuencia, debe desestimarse el reproche objeto de estudio.

c) Finalmente, la demanda sostiene que la terna para elegir al actual Defensor del Pueblo contradice el artículo 3º de la Ley 24 de 1992, puesto que el Presidente de la República la integró sin demostrar que los candidatos reunieran los requisitos para desempeñar el cargo. Para sustentar esa aseveración los demandantes allegan varias pruebas que demuestran que las hojas de vida de los aspirantes fueron enviadas directamente a la Cámara de Representantes por los candidatos y no por el Presidente de la República. Centrada así la cuestión, se trata de resolver si el postulante debe acreditar los requisitos de los candidatos para ejercer el cargo de Defensor del Pueblo.

El derecho de acceso a los cargos públicos está limitado por el cumplimiento de requisitos positivos y negativos señalados en la ley o en la Constitución como condiciones sine qua non para el desempeño de la función pública. Por lo tanto, es necesario que los entes que efectúan directamente la elección o el nombramiento constaten el cumplimiento de los requisitos de ingreso al servicio público.

Ahora bien, la verificación de los requisitos para acceder a los cargos públicos que deben proveerse por decisión del Congreso de la República, corresponde a la comisión de acreditación documental de cada cámara legislativa, pues el artículo 60 de la Ley 5ª de 1992 dispone lo siguiente:

"Los documentos que acrediten las calidades exigidas de quienes aspiran a ocupar cargos de elección del Congreso o de las cámaras legislativas, serán revisadas por la Comisión [de acreditación documental] dentro de los cinco días siguientes a su presentación. El informe respectivo será evaluado por la plenaria de la corporación, antes de proceder a la elección del caso" (Corchetes fuera del texto).

En consecuencia, es claro a quien le corresponde verificar si los candidatos tienen vocación para ser elegidos en cargos que deben proveerse por las cámaras legislativas. Y esa comisión debe realizar una valoración estrictamente técnica, esto es, de constatación. Empero, en caso de postulación ¿quién está obligado a efectuar la acreditación de requisitos?

En caso de integración de ternas se considera que la acreditación de los requisitos debe corresponder al interesado y no al ente que realiza la postulación. Ello se explica por cuatro razones. En primer lugar, de la simple lectura del artículo 60 de la Ley 5ª de 1992 se deduce que si a la corporación electoral le corresponde verificar el cumplimiento de requisitos, es ante ella que se deben demostrar las condiciones (1) . En segundo lugar, porque no existe norma que disponga la obligación de acreditar los requisitos a quien conforma la terna. De otro lado, porque es razonable que la carga de la prueba de las condiciones para el empleo se sitúe en el interesado, puesto que es él quien tiene los medios y documentos idóneos para demostrar sus propias condiciones. Finalmente, porque la demostración de los requisitos equivale a una aceptación tácita de la postulación y, por ende, de la elección, lo cual evita un desgaste inoficioso de la actuación administrativa (art. 209 de la Carta).

(1) Al respecto, puede verse la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 27 de marzo de 2001. Consejero Ponente: Darío Quiñones Pinilla. Expediente IJ-015.

Por estos motivos, el hecho de que el Presidente de la República no hubiere acreditado el cumplimiento de los requisitos de los integrantes de la terna para la designación del Defensor del Pueblo, no vicia la postulación ni la convierte en ilegal.

No obstante, lo anterior no significa que el ejecutivo pueda conformar la terna con personas que no cumplan requisitos para acceder al cargo, pues, de acuerdo con el segundo inciso del artículo 61 de la Ley 5ª de 1992, si el Congreso objeta un candidato porque no tiene las condiciones para desempeñar el cargo, devolverá la terna, la cual deberá conformarse debidamente.

En consecuencia, no prosperan las acusaciones de la demanda contra la integración de la terna. Por lo tanto, la Sala entra a estudiar los reproches contra el acto de elección del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz como Defensor del Pueblo.

Acto de elección del Defensor del Pueblo

Son cuatro las acusaciones contra la designación del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz como Defensor del Pueblo, a saber: a) el retiro de la Corte Constitucional se produjo contrariando el artículo 233 de la Constitución, b) el doctor Cifuentes no acreditó, con los documentos idóneos, el cumplimiento de los requisitos para desempeñar ese cargo, c) el doctor Cifuentes Muñoz no cumple con los requisitos para ser Defensor del Pueblo y, d) el doctor Cifuentes no podía ser Defensor del Pueblo porque se encontraba incurso en la prohibición del artículo 245 de la Constitución.

a) Según criterio de los demandantes, los actos de postulación y elección del Defensor del Pueblo precipitaron la renuncia de un magistrado de la Corte Constitucional sin que hubiere terminado su período, por lo que infringieron el artículo 233 de la Constitución.

Pues bien, el sólo hecho de que la renuncia sea posterior al acto de elección no vicia el acto de elección del Defensor del Pueblo, pues el doctor Cifuentes conservaba su derecho a decidir si aceptaba la designación o si continuaba en el ejercicio de la magistratura. De hecho, para el ingreso a la función pública es necesario contar con dos momentos indispensables pero diferentes. En primer lugar, debe existir un acto de designación en un empleo público, ya sea a través de nombramiento o de elección. De otro lado, la persona que ha sido designada debe posesionarse en el cargo. Sólo a partir de ese momento la persona entra a ejercer su empleo y a ostentar su calidad de servidor público (art. 122 de la Constitución). De ahí, pues, que un funcionario puede resultar designado en otros cargos sin que ello incida en el empleo que desempeña, puesto que sólo tiene relevancia en la continuidad del servicio si decide renunciar y aceptar otro empleo. Por lo tanto, este reproche se desestima.

Otra lectura de la demanda, también podía sugerir que los demandantes consideran vulnerado el artículo 233 de la Constitución, en tanto esa norma señala en forma taxativa las causales para que un magistrado de la Corte Constitucional se retire de su empleo. Por ello, si la disposición superior no se refiere a la renuncia, el doctor Cifuentes debía continuar en su empleo y no podía aceptar la designación como Defensor del Pueblo. Planteada la cuestión en esos términos, es preciso averiguar si existe el derecho a renunciar al cargo de magistrado de la Corte Constitucional.

Es cierto que el artículo 233 de la Carta dispone que los magistrados de la Corte Constitucional permanecerán en el ejercicio de su cargo durante el período para el cual fueron elegidos "mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso". Sin embargo, esa disposición no consagra una inamovilidad en el cargo por motivos diferentes a los expuestos, puesto que es connatural al ejercicio del mismo la posibilidad de retirarse.

En efecto, hace parte del derecho a escoger libremente un oficio o profesión (art. 26 de la Carta), del derecho de acceder en condiciones de igualdad a la función pública (art. 13 y num. 7º del art. 40 superiores), del derecho de permanecer en el cargo público (art. 125) y, como consecuencia de los anteriores, del derecho a retirarse del servicio. En otras palabras, una lectura sistemática de la Constitución permite concluir que, dentro de los derechos de libertad, existe un derecho constitucional a renunciar al ejercicio de un cargo público.

Es más, la propia Constitución se refiere a la renuncia como una opción válida de retiro de la función pública de algunos de sus servidores. Expresamente la regula para el Presidente de la República (arts. 194 y 173), para el Vicepresidente (art. 205), para los congresistas (art. 181) y para los funcionarios elegidos directamente (art. 260, modificado por el Acto Legislativo número 3 de 1993). De consiguiente, si la propia Constitución autoriza la renuncia para los principales integrantes de las ramas ejecutiva y legislativa, no es razonable que por vía interpretativa se anule a los magistrados de la Corte Constitucional el derecho al retiro.

Ahora bien, también es cierto que el derecho a declinar un cargo público no puede ser absoluto y que puede limitarse por razones del servicio, esto es, que es posible imponer a un funcionario público la obligación de permanecer en ejercicio de sus funciones. Pero, ello tampoco significa que pueda anularse el derecho a renunciar, por lo que la limitación debe obedecer a razones del buen servicio y por un período transitorio hasta tanto legalmente pueda hacer efectivo el relevo.

Precisamente, por las anteriores razones, el numeral 1º del artículo 149 de la Ley 270 de 1996 dispone que la cesación definitiva de las funciones en la rama judicial se produce, entre otros, por "renuncia aceptada".

En consecuencia, no se encuentra irregularidad alguna en el hecho de que el doctor Cifuentes Muñoz hubiere renunciado al cargo de magistrado de la Corte Constitucional.

b) De otra parte, en la demanda inicial, los impugnantes sostienen que el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz no acreditó, con los documentos idóneos, ninguno de los requisitos para ser Defensor del Pueblo, por lo que debe anularse la elección.

En primer lugar, observa la Sala que, en este supuesto, los demandantes no acusan la designación del Defensor del Pueblo por incumplimiento de requisitos para ocupar ese cargo. Simplemente reprochan el hecho de que no hubiere acreditado sus condiciones personales con los documentos que consideran indispensables para demostrar el cumplimiento de requisitos. En este sentido, la cuestión que debe averiguarse es si la demostración de los requisitos para acceder a un cargo público debe efectuarse únicamente a través de ciertos medios probatorios.

El artículo 57 del Código Contencioso Administrativo preceptúa que, en las actuaciones y en los procesos administrativos, se admiten todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil. Por su parte, el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil dispone que "sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez". Así mismo, el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil señala que "las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos...".

Así las cosas, salvo que hubiere norma expresa que determine la necesidad de prueba documental ad substantiam actus, los requisitos para acceder a la función pública pueden demostrarse por cualquier medio probatorio idóneo para acreditarlos. En estas condiciones, la censura objeto de estudio no tiene vocación de prosperidad, puesto que el solo hecho de que el doctor Cifuentes Muñoz no hubiere presentado los documentos que los demandantes extrañan, no significa que no sea idóneo para el desempeño del cargo para el que fue elegido. De hecho, sostener lo contrario equivale a dar prevalencia a la forma sobre la sustancial, lo cual, como bien se sabe, pugna con el artículo 228 de la Carta.

En segundo lugar, la Sala debe precisar que, contrario a lo sostenido por la asociación demandante, en los procesos en los que se alega que el demandado no cumplió con los requisitos exigidos para desempeñar un cargo público, es perfectamente posible que aquel aporte los documentos para desvirtuar la aseveración, pues ello hace parte del derecho a la defensa en las actuaciones judiciales, consagrado en el artículo 29 de la Carta y del derecho de contradicción.

Por estas razones, las pruebas aportadas al proceso que pretenden demostrar que el doctor Cifuentes sí cumple con los requisitos para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo, no deben desestimarse, pues a esta Sala corresponde un estudio de legalidad del acto de elección que se acusa.

Por lo expuesto, no procede el reproche objeto de estudio.

c) De otra parte, en el escrito de adición de la demanda, los demandantes sostienen en forma categórica que el doctor Cifuentes vulneró el artículo 232 de la Constitución, en tanto que, de manera especial, no cumple con los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional o Consejo de Estado, pues no acreditó los 10 años de ejercicio profesional o de ejercicio en la rama judicial o 10 años de cátedra universitaria.

En efecto, el artículo 3º de la Ley 24 de 1992 señala que "el Defensor del Pueblo deberá reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado". Esos requisitos están consagrados en el artículo 232 de la Constitución, en los siguientes términos:

"Para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere:

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio

2. Ser abogado

3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos

4. Haber desempeñado, durante diez años, cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente".

(...).

Así las cosas, para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere cumplir con los mismos requisitos que se exigen para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado. Pues bien, al momento de la elección como Defensor del Pueblo, el doctor Cifuentes se encontraba ejerciendo el cargo de magistrado de la Corte Constitucional. Sin embargo, ese hecho no es suficiente para concluir que el demandado cumplía con las condiciones para ser elegido como Defensor del Pueblo, pues se trata de la provisión de un empleo diferente al que se encontraba desempeñando.

Para la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, la experiencia profesional necesaria para ejercer el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado se demuestra comprobando 10 años de ejercicio de la profesión de abogado o 10 años de labores en la rama judicial o 10 años de ejercicio de la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente (2) . Sin embargo, esa interpretación del artículo 232 de la Carta Política no es mayoritaria en la Sala de la Sección, pues dos de sus miembros consideran que los diez años de experiencia de que trata esa norma se pueden acreditar acumulando el tiempo de desempeño de cargos en la rama judicial o el Ministerio Público con las demás actividades que impliquen el ejercicio de la profesión de abogado y con la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Pero, según se deduce del siguiente análisis de las pruebas que obran en el expediente, en aplicación de cualquiera de las dos tesis, la conclusión que surge es la de que el doctor Cifuentes Muñoz reúne los requisitos para desempeñar el cargo de Defensor del Pueblo.

(2) Sentencia de 27 de marzo de 2001, expediente IJ-015, Consejero Ponente Darío Quiñones Pinilla.

Así, se tiene que el doctor Cifuentes allegó constancia del director administrativo de la Corte Constitucional para demostrar experiencia en la rama judicial. Se posesionó como magistrado de esa corporación el 29 de noviembre de 1991, pues fue designado para ocupar ese cargo temporalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 transitorio de la Constitución. Posteriormente, el Senado de la República lo eligió como magistrado de la Corte Constitucional para el período comprendido entre 1993 y 2001, por lo que tomó posesión el 1º de marzo de 1993 (fls. 189 y 190). El doctor Cifuentes renunció a ese cargo a partir del 1º de septiembre de 2000.

Como se observa, el tiempo desempeñado como magistrado de la Corte Constitucional fue de ocho años, nueve meses y dos días.

De otra parte, el demandado aporta constancias expedidas por la Universidad de Los Andes que informan que el doctor Cifuentes fue profesor de ese centro educativo durante los siguientes períodos:

(...).

Así las cosas, el doctor Cifuentes fue catedrático universitario en disciplinas jurídicas en la Universidad de Los Andes por más de 10 años, lo cual demuestra que cumple con el requisito de idoneidad profesional que exige el artículo 232 de la Constitución y, por lo tanto, puede desempeñarse como Defensor del Pueblo.

Además de lo expuesto, en el proceso también se demostró que el demandado ejerció la profesión de abogado durante más de 10 años. Así, la experiencia profesional debe contarse a partir del 3 de septiembre de 1977, fecha en la cual se graduó como abogado. También debe tenerse en cuenta que, conforme lo expresó recientemente la Sala Plena de esta corporación, el ejercicio de la profesión de abogado "no sólo comprende la actividad de litigar desarrollada por los abogados, sino, igualmente, toda aquella actividad jurídica que implique la aplicación de los conocimientos de la ciencia del derecho en la ordenación y desenvolvimiento de las relaciones jurídicas propias o de terceros, incluidas las del Estado, por parte de esos profesionales. Comprende, entonces, además de la actividad litigiosa, las correspondientes a las labores de asesoría y consultoría, de manera independiente y aquellas que se desarrollan en un cargo público o privado, así como las propias de las funciones judiciales” (3) .

(3) Sentencia de 27 de marzo de 2001, Consejero Ponente: Darío Quiñones Pinilla. Expediente IJ-015.

En consecuencia, para la acreditación del ejercicio profesional del doctor Cifuentes, para efectos de demostrar los requisitos como Defensor del Pueblo, no se tendrá en cuenta el tiempo laborado en la rama judicial ni su desempeño en la cátedra universitaria, pero sí se contabilizará la experiencia adquirida en los demás cargos y en las asesorías o consultorios que hubiere desarrollado. Los documentos con que se pretende demostrar el cumplimiento de ese requisito son los siguientes:

1. La Superintendencia Bancaria informó que el doctor Cifuentes prestó sus servicios en esa entidad entre el 3 de octubre de 1977 y 14 de abril de 1980 y que desempeñó los cargos de abogado de la oficina jurídica, profesional universitario de la sección jurídica de vivienda, jefe de la división de bancos y jefe de la oficina jurídica (fls. 89 y 207).

De acuerdo con el artículo 21 del Decreto 125 de 1976 "por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia Bancaria, se suprimen unos cargos y se redistribuyen funciones", vigente para esa época, el jefe de la oficina jurídica de esa entidad debe prestar asesoría al superintendente, a sus deIegados y a las demás oficinas y divisiones de la entidad, atender y controlar el trámite de todos los juicios que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en que tenga interés la superintendencia (lits. a y c). Por su parte, el artículo 57 de ese decreto, dispone que la división de bancos debe "tramitar las consultas formuladas por los establecimientos bancarios, oficinas de representación de bancos extranjeros y sociedades fiduciarias y las quejas que se formulen contra ellas" (lit. c). De igual manera, de acuerdo con los literales d y e, la división de bancos debe "elaborar proyectos de sanción por infracción de las normas legales" y "tramitar los recursos interpuestos contra las resoluciones elaboradas por la división".

Como se observa, las funciones desempeñadas por el doctor Cifuentes en la Superintendencia Bancaria deben ser ejercidas por abogados, pues requieren la aplicación de la ciencia del derecho. Por ello, la experiencia de 2 años, 6 meses y 11 días, deberá tenerse en cuenta para la acreditación de los requisitos exigidos para ser Defensor del Pueblo.

2. Constancia expedida por la gerente de gestión humana, región Bogotá del Banco de Colombia, que certifica que el doctor Cifuentes laboró en esa empresa desde el 28 de abril de 1986 hasta el 28 de noviembre de 1991. Allí desempeñó los cargos de vicepresidente jurídico y de fiduciaria y vicepresidente de inversiones (fls. 289, 223, y 16).

Con relación a las funciones asignadas al vicepresidente jurídico y de fiducia y al vicepresidente de inversiones, en principio, el Banco de Colombia no certificó cuáles eran, comoquiera que esa institución se fusionó y la búsqueda de la información es dispendiosa. No obstante, cuando el expediente se encontraba al despacho se recibió dicha información, en los siguientes términos:

"En el transcurso de la presente semana se pudo obtener información en relación con las funciones que ostentó la referida persona en el desempeño del cargo señalado, las cuales relaciono a continuación:

1. Atender la representación legal del banco en los procesos de naturaleza judicial en los que sea parte la entidad ante la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, tribunal superior de distrito judicial, tribunales de lo contencioso administrativo, tribunales especiales, arbitrales, y cualquier otra clase de organismo judicial...

2. Dirigir, coordinar y establecer la política de los procesos judiciales en los que sea parte el banco, en especial, ejercitar directamente o a través de las personas que tenga a bien delegar para el efecto toda clase de gestiones sean ellas ordinarias, ejecutivas, especiales, de jurisdicción voluntaria, penales, concordatarias o de cualquier naturaleza. En particular, para el desempeño de esta labor tiene la facultad de instaurar acciones, contestar demandas, proponer demandas de reconvención... (...).

4. Determinar la política de conciliaciones y transacciones de la entidad... (...)". Folios 294 y 295.

De igual manera, la Sala entiende que las funciones desarrolladas en el Banco de Colombia implican el ejercicio de la profesión de abogado, por lo que tendrá en cuenta los 4 años y 7 meses como tiempo de experiencia profesional.

3. La Superintendencia de Valores informó que el doctor Cifuentes prestó sus servicios en la Comisión Nacional de Valores durante el período comprendido entre el 17 de junio de 1980 y el 31 de enero de 1982. En esta entidad desempeñó los cargos de jefe de la división jurídica y secretario general encargado (fls. 90 y 217).

Así pues, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 831 de 1980 "por el cual se determinan la estructura y organización de la Comisión Nacional de Valores y le asignan funciones a sus órganos y dependencias internas", la oficina jurídica de esa entidad "prestará asesoría legal a la Presidencia de la Comisión, y atenderá los asuntos propios relacionados con la actividad jurídica de la misma comisión". Por su parte, el secretario general de esa entidad "tendrá a su cargo la coordinación de las distintas actividades de la Comisión Nacional de Valores, la certificación y autenticación de los actos de la entidad y del presidente de la misma y, la administración financiera y de personal, en las condiciones de la delegación que le confiera el Presidente de la Comisión" (D. 831/80, art. 11). Si bien, podría considerarse que este último cargo ejerce funciones de tipo administrativo y no jurídicas, debe tenerse en cuenta que la autenticación de actos supone conocer todas las exigencias legales que el acto de constar exige. Además, no debe olvidarse que el doctor Cifuentes ejerció las funciones de secretario general en encargo, lo cual no impide que, al mismo tiempo, cumpliera con sus labores de jefe de la oficina jurídica de la entidad.

Por lo expuesto, la Sala estima que las funciones desempeñadas, durante 1 año, 7 meses y 13 días, en la Comisión Nacional de Valores también deben considerarse en ejercicio de la profesión de abogado.

4. El departamento de recursos humanos de la Universidad de Los Andes certificó que, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 1983 al 10 de mayo de 1986, el doctor Cifuentes estuvo vinculado con ese centro educativo mediante contrato de trabajo, fue coordinador de las especializaciones en el área comercial de la facultad de derecho y se desempeñó como director de posgrados en esa misma facultad (fls. 196 y 282). En cuanto a las funciones adelantadas, la universidad dijo que la dirección de posgrados "conllevó la reactivación del programa de derecho comercial y económico, la instauración del programa de derecho financiero y el montaje del programa derecho de la empresa. Las funciones administrativas que tal cargo demandaba se centraban en elaborar materiales de enseñanza, coordinar la participación de profesores extranjeros, imprimirle un enfoque interdisciplinario a los programas y administrarlos financieramente" (fl. 283).

Conforme a lo anterior, la Sala debe precisar si el desempeño laboral como coordinador o director de posgrados en dicha universidad puede considerarse como ejercicio profesional de abogado o como ejercicio de la cátedra universitaria.

El Diccionario de la Lengua Española define al catedrático como el "profesor o profesora titular de una cátedra" o como "persona que tiene cátedra para dar enseñanza en ella" (4) . Por su parte, la cátedra es aquella "aula en que se enseña una asignatura". Esto significa que el ejercicio de cátedra universitaria debe entenderse únicamente como el desarrollo de la docencia en los centros de educación superior reconocidos por el Estado.

(4) Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. 1992. Página 310

Ahora bien, los artículos 62 a 80 de la Ley 30 de 1992 distinguen entre el personal docente, las directivas y el personal administrativo de las universidades. En consecuencia, no todos los empleos en una universidad pueden considerarse como desempeño de la cátedra universitaria, puesto que existen cargos que si bien no constituyen desarrollo de la docencia sí contribuyen al logro de los objetivos y finalidades de los centros de educación superior, en los términos de los artículos 69 constitucional y 6º de la Ley 30 de 1992.

A su turno, lo anterior tampoco significa que todos los cargos desempeñados en una facultad, como la de derecho, implica el desarrollo de conocimientos de la disciplina jurídica, pues es perfectamente posible encontrar labores administrativas o secretariales que, como es obvio, no pueden considerarse como ejercicio profesional de abogado. Sin embargo, la Sala estima que el empleo de coordinador y director de posgrados en la facultad de derecho de la Universidad de Los Andes exige que lo desempeñe un abogado, pues varias de las funciones implican la aplicación práctica de los conocimientos de la ciencia del derecho. En efecto, como se observa en las funciones que certificó ese centro educativo, en ese cargo se ejercen funciones administrativas, pero también exige la aplicación de conocimientos jurídicos para diseñar los programas académicos y para preparar los textos que sirven de guía a los estudiantes. Por lo tanto, la Sala sumará el tiempo que el doctor Cifuentes Muñoz se desempeñó como coordinador y director de posgrados de derecho de la Universidad de Los Andes, como ejercicio profesional de abogado, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 1983 al 10 de mayo de 1986.

Conforme a lo anterior, el doctor Cifuentes Muñoz también acreditó más de 10 años de experiencia profesional como abogado. En tal virtud, tampoco prospera la tacha de ausencia de requisitos presentada contra el acto de elección del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz como Defensor del Pueblo, pues él sí cumplió con las condiciones previstas en el artículo 232 de la Constitución.

c) El último ataque contra la elección del doctor Cifuentes Muñoz se refiere a la supuesta vulneración del artículo 245 de la Carta. Esa norma dispone lo siguiente:

"El gobierno no podrá conferir empleo a los magistrados de la Corte Constitucional durante el período de ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su retiro".

Pues bien, de acuerdo con los artículos 281 de la Constitución y 2º de la Ley 24 de 1992, el Defensor del Pueblo "será elegido por la Cámara de Representantes para un período de cuatro años de terna elaborada por el Presidente de la República".

En consecuencia, la cuestión que aquí se plantea se circunscribe a dilucidar si la prohibición al gobierno de "conferir empleo" a los magistrados de la Corte Constitucional equivale a una prohibición de postulación, esto es, si impide que el Presidente de la República incluya a un magistrado de la Corte Constitucional en la terna que integre para la elección del Defensor del Pueblo.

Según criterio de los demandantes, la elección del Defensor del Pueblo es un acto complejo, pues incluye la manifestación de voluntad de dos órganos diferentes que concurren para formar una sola decisión. Por lo tanto, a su juicio, la prohibición del artículo 245 superior incluye la conformación de la terna.

No obstante, la Sala no comparte la anterior apreciación, pues, tal y como lo han sostenido en otras oportunidades las Secciones Primera (5) y Quinta (6) del Consejo de Estado, la conformación de ternas es un acto preparatorio o de trámite, comoquiera que esa actuación busca iniciar el procedimiento de elección, lo impulsa y lo conduce hacia la decisión definitiva. En efecto, el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo define los actos definitivos como aquellos que "ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto...". Así las cosas, si la integración de la terna no pone fin a la elección ni decide la designación, es un acto de trámite.

(5) Auto del 25 de julio de 1994, Consejero Ponente: Libardo Rodríguez Rodríguez. Expediente 2980.

(6) Al respecto, entre otras, las sentencias del 16 de junio de 1994 Consejero Ponente Luis Eduardo Jaramillo Mejía, expediente 1109; sentencia del 22 de octubre de 1993, Consejero Ponente Amado Gutiérrez Velásquez, expediente 0822. También pueden verse los autos del 5 de marzo de 1993 Consejero Ponente Luis Eduardo Jaramillo Mejía, expediente 957 y del 2 de noviembre de 1995, Consejero Ponente Amado Gutiérrez Velásquez, expediente 1501.

En relación con el carácter de preparatorio del acto de conformación de ternas, en anterior oportunidad, esta Sección afirmó:

"Cuando la constitución hoy vigente estableció que la elección de contralor municipal, entre otras, se debía hacer de terna integrada por dos candidatos postulados por el Tribunal Superior de Distrito Judicial y uno por el Tribunal Contencioso Administrativo, no hizo otra cosa que asignar a la conformación de la terna la calidad de acto preparatorio del de elección. Desde ese momento el acto de elección de contralor municipal siempre debe estar precedido por el preparatorio: la terna señalada en la forma señalada en la norma” (7) .

(7) Sección Quinta del Consejo de Estado. Sentencia del 10 de noviembre de 1995. Consejera Ponente: Miren De la Lombana de Magyaroff. Expediente 1461.

Sin embargo, el anterior argumento no es suficiente para desestimar el cargo de la demanda, pues independientemente de si la terna es un acto complejo o preparatorio, lo que debe estudiarse es si el Presidente de la República podía incluir en la terna a un magistrado de la Corte Constitucional.

Una lectura literal del artículo 245 de la Constitución permite deducir que la prohibición de "conferir empleo" no incluye la integración de la terna. En efecto, la Real Academia Española (8) define el verbo conferir como el acto de "conceder, asignar a alguien dignidad, empleo, facultades o derechos". En otras palabras, el hecho de conferir empleo implica una incidencia directa respecto del designado. Por su parte, la postulación de una terna se refiere a poner en consideración, a presentar tres aspirantes a un cargo. Así, pues, una interpretación exegética de la norma constitucional lleva a la conclusión que el Presidente de la República no puede conceder empleo en la rama ejecutiva a un magistrado o ex magistrado de la Corte Constitucional ni puede colocarlo en su subordinación laboral. Esto significa que la prohibición que se estudia sólo se refiere a aquellos empleos cuyo nominador es el Presidente de la República.

(8) Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima primera edición 1992. Pág.

En este contexto, la anterior hermenéutica facultaría al Presidente a conformar una terna con un magistrado de la Corte Constitucional, siempre y cuando con la designación no lo coloque en una relación jerárquica directa. Por ende, el Presidente sí podía incluir en la terna para Defensor del Pueblo al doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, comoquiera que la elección corresponde a la Cámara de Representantes.

Pese a la claridad, a la anterior interpretación puede oponerse una lectura finalista del artículo 245 de la Carta, puesto que esa disposición busca rodear de garantías de imparcialidad e independencia a la Corte Constitucional. En otras palabras, la ratio de la norma superior en comento no es otra que evitar que el ejecutivo influya en los magistrados de la Corte en sentido favorable a los intereses del gobierno.

En efecto, la Constitución de 1991 no sólo declaró la independencia y autonomía de los jueces (arts. 228 y 230), sino que consagró mecanismos que concretan el contenido de esa declaración, puesto que diseñó un sistema de ingreso a la función judicial independiente de las otras ramas (carrera judicial: artículo 256-1) y, con la creación del Consejo Superior de la Judicatura, estableció un manejo presupuestal y administrativo propio de la rama judicial (arts. 254 y ss.).

Con base en lo anterior, podría decirse que la prohibición del artículo 245 superior refleja una concepción garantista de la autonomía de la Corte Constitucional, entendida ésta no sólo como un asunto institucional sino como la independencia de la decisión judicial. De consiguiente, si la prohibición objeto de estudio busca proteger la autonomía de la Corte Constitucional, la imposibilidad de "conferir empleo" debe incluir el acto de conformación de ternas, pues un magistrado sólo podrá ser Defensor del Pueblo si el Presidente de la República lo postula. En otras palabras, la interpretación finalista de la norma constitucional puede resumirse de esta manera: si la elección de un magistrado de la Corte Constitucional como Defensor del Pueblo depende de la voluntad del Presidente de la República, la prohibición consagrada en el artículo 245 superior se convierte en una garantía de independencia del voto de esos magistrados frente a la influencia del ejecutivo. Por ende, con ese criterio, el Presidente no podía incluir en la terna para Defensor del Pueblo al doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.

Con todo, a la anterior tesis puede objetarse que el procedimiento para la designación de Defensor del Pueblo tiene dos fases diferentes, pues no sólo corresponde a dos momentos distintos sino que representan la expresión de voluntades independientes. Por consiguiente, si el artículo 245 superior pretende evitar la injerencia del ejecutivo en las decisiones de la Corte Constitucional, el solo hecho de incluir a un magistrado en la terna no sería suficiente para comprometer la imparcialidad del juez. De hecho, la designación del Defensor del Pueblo depende de la manifestación de voluntad de una corporación, pues la elección se produce única y exclusivamente cuando la Cámara de Representantes elige. Por consiguiente, el hecho de figurar en una terna tan sólo representa una expectativa de elección, pues la designación final corresponde a un poder distinto al ejecutivo en donde éste, para el efecto constitucional y legal, no tiene facultad de voz ni de voto.

Pues bien, para acoger la interpretación correcta del artículo 245 superior, la Sala consideró necesario acudir al espíritu constituyente. Por ello, se consultaron los antecedentes de la norma en cita, en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente.

Ese artículo fue aprobado en segundo debate por la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, con una votación favorable de 50 votos. Allí, el constituyente Hernando Yepes Arcila explicó la finalidad de la disposición así:

“lo que se quiere Señor Presidente es que no haya canje de jurisprudencia por puestos, y entonces no tiene sentido la expresión ''otros'', justamente porque no se trata de que el magistrado se acomode dos [cargos] sino que no tenga sucesivamente uno en la rama ejecutiva, después de haber tenido el que le correspondía en la Rama Judicial" (9) (subraya y corchetes ajenos al texto original).

(9) Trascripción de la sesión de la Plenaria del 1º de julio de 1991. Presidencia de la República. Centro de información y sistemas para la preparación de la Asamblea Nacional Constituyente. Página 66.

En este orden de ideas, de la interpretación histórica del artículo 245 superior se deducen dos conclusiones. De un lado, el constituyente quiso garantizar la autonomía de los magistrados de la Corte Constitucional, especialmente frente a la posible injerencia del ejecutivo. Por ello prohibió que el gobierno les confiera empleo durante el ejercicio del cargo o dentro del año siguiente al retiro. De otro lado, la especial prevención frente al ejecutivo se concreta en la existencia de un poder cierto y directo de conceder un empleo bajo su dependencia. En otras palabras, si el Presidente de la República es tan sólo el titular del derecho a integrar la terna y su acción se agota en el mismo instante de la conformación en debida forma de la terna, no puede afirmarse que el ejecutivo tenga a su alcance el empleo de Defensor del Pueblo como un cargo con poder de disposición capaz de afectar la independencia y la parcialidad de un magistrado de la Corte Constitucional.

Es más, tal y como quedó plasmado en el artículo 281 de la Carta, el procedimiento de designación del Defensor del Pueblo expresa una forma de elección política y representativa que busca otorgar plena independencia del Ministerio Público frente a los poderes que intervienen en su elección. En especial, la Carta dispuso autonomía de los órganos de control en relación con la rama ejecutiva (arts. 113 y 118 de la Constitución). Por lo tanto, no puede afirmarse que la integración de la terna por parte del Presidente de la República implique una asignación de empleo ni que la sola postulación afecte la independencia de los magistrados de la Corte Constitucional.

En virtud de todo lo expuesto, deben denegarse las pretensiones de la demanda, pues no se desvirtuó la legalidad del acto de elección acusado».

(Sentencia de junio 29 de 2001. Expediente 2429. Consejero Ponente: Dr. Darío Quiñones Pinilla).

ACLARACIÓN DE VOTO

El abogado Eduardo Cifuentes Muñoz reúne ampliamente las calidades para el cargo de Defensor del Pueblo, y por ello mi voto favorable a la sentencia mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Pero quiero dejar consignadas algunas consideraciones en torno al ejercicio de la profesión de abogado.

Por medio de la Ley 62 de 1928 fue reglamentado, quizá por primera vez, el ejercicio de la profesión de abogado. Conforme a lo establecido en sus artículos 1º a 12 sólo serían admitidos como apoderados en los negocios civiles, criminales, administrativos y contencioso administrativos los abogados recibidos y que hubieran obtenido la correspondiente matrícula, con algunas excepciones; podían ser recibidos como abogados quienes hubieran obtenido el título de tales o acreditaran determinada experiencia; correspondía al tribunal de distrito judicial decretar la admisión del abogado; una vez decretada, el presidente del tribunal debía expedir al peticionario un certificado que le deba derecho a ser inscrito en la matrícula y que lo habilitaba para ejercer la abogacía en cualquier parte de la República; la matrícula se hacía en los libros que para el efecto se llevaban en los despachos judiciales, en los que se inscribían a solicitud de los interesados y mediante la presentación del correspondiente certificado, los nombres de los abogados recibidos, con la indicación del número y fecha de la matrícula, de la entidad que decretó la admisión y de la fecha de la inscripción; los funcionarios judiciales y administrativos sólo podían admitir como representantes de los interesados en los juicios y actuaciones, a los abogados matriculados.

El certificado expedido por el presidente del tribunal, por sí solo, habilitaba para ejercer la abogacía en cualquier parte del territorio de la República, según lo expuesto, pero para adelantar gestiones ante los despachos judiciales y administrativos se requería, además, la matrícula.

La Ley 62 de 1928 fue modificada por la Ley 21 de 1931, que le introdujo algunas adiciones, y mediante el artículo 71 del Acto Legislativo 1 de 1945, por el cual se estableció que en adelante sólo podrían ser inscritos como abogados los que tuvieran título profesional, artículo que en la codificación dispuesta en el artículo e transitorio de ese acto legislativo vino a ser el 40 de la Constitución que rigió hasta 1991, y para su desarrollo se expidió la Ley 69 de 1945.

Fue expedido después el Decreto 320 de 1970, por el cual se dictó el estatuto del ejercicio de la abogacía, y fueron expresamente derogadas las leyes 62 de 1928, 21 de 1931 y 69 de 1945. Ese decreto fue reglamentado por el Decreto 764 de 1970 y modificado por los decretos 1158 y 1158 y 1358 del mismo año.

Poco después, sin embargo, mediante el Decreto 1766 de 1970, se suspendió la vigencia de tales decretos y se declararon en vigor las leyes 62 de 1928, 21 de 1931 y 69 de 1945.

Después fue expedido el Decreto 196 de 1971, por el cual se dictó un nuevo estatuto del ejercicio de la abogacía, y fueron derogadas las leyes 62 de 1928, 21 de 1931 y 69 de 1945 y los decretos 320, 764, 1158, 1350 y 1766 de 1970.

El Decreto 196 de 1971 fue reglamentado por el Decreto 1137 del mismo año.

Mediante el artículo 1º del Decreto 196 de 1971 se estableció que la abogacía tenía como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia, y en el artículo 2º del mismo decreto que la principal misión del abogado era defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares, y que también era misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas

De lo anterior resulta, entonces, que el ejercicio de la profesión de abogado comprende, desde luego, la defensa de los derechos e intereses de las partes en procesos judiciales, administrativos o de cualquier clase, pero también actividades distintas, tales como asesoramiento, rendición de dictámenes o conceptos, realización de estudios, elaboración de documentos y muchas más.

Ahora bien, según el artículo 3º del Decreto 196 de 1971 es abogado quien obtiene el correspondiente título universitario, de conformidad con las exigencias académicas y legales, pero, según lo dispuesto en los artículos 4º, 21, 24 y 41, numeral 1º, para ejercer la profesión y anunciarse como abogado se requería estar inscrito y tener vigente la inscripción —sin perjuicio de las excepciones legalmente establecidas—, e incurría en ejercicio ilegal de la abogacía quien no siendo abogado inscrito se anunciara o hiciera pasar como tal u ofreciera servicios personales que requirieran dicha calidad o litigara; y era requisito de la inscripción haber obtenido el título correspondiente, según el artículo 5º del mismo decreto.

Y, según los artículos 6º a 15 de ese decreto, quien pretendiera su inscripción debía solicitarla al tribunal superior del distrito judicial de su domicilio, que debía decretarla si no hubiera razones para denegarla, y en firme la providencia que así lo dispusiera debía comunicarse al Ministerio de Justicia, para que incluyera al interesado en el registro nacional de abogados y le expidiera la tarjeta profesional.

La inscripción habilitaba al abogado para el ejercicio de la profesión en todo el territorio de la República, según el artículo 21 del mismo decreto, pero quien actúe como abogado, dice el artículo 22, debe exhibir su tarjeta profesional al iniciar su gestión, de lo cual debe dejarse testimonio escrito en el respectivo expediente, e indicar su número en todo memorial, lo que indica que la tarjeta profesional de abogado se requiere cuando se trate de gestiones ante las autoridades, para identificar al abogado como tal.

La inscripción decretada por el tribunal, como antes la admisión, y no la inclusión en el registro nacional de abogados, habilitaba al abogado para el ejercicio de la profesión. El decreto de inscripción era la inscripción misma, aunque, desde luego, para hacer gestiones ante las autoridades fuera necesaria la tarjeta profesional, como antes la matrícula; pero no es necesaria la tarjeta, como tampoco era necesaria la matrícula, para la realización de actividades distintas, como el asesoramiento legal, por ejemplo, y otras tantas que constituyen ejercicio de la profesión de abogado.

En consonancia con lo anterior, mediante el artículo 21 del Decreto 250 de 1970 se dispuso que el ejercicio de la abogacía podía comprobarse con el desempeño habitual de cualesquiera actividades jurídicas, tanto independientes como subordinadas, en cargo público o privado, disposición que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 24 de noviembre de 1977, declaró exequible (1) .

(1) Gaceta Judicial, t. CLVI, núm. 2.396, pág. 358.

Por el artículo 67 del Decreto 1660 de 1978 se reiteró la disposición anterior, pero contra lo dispuesto, especialmente, en los artículos 4º, 21, 24 y 41, numeral 1º, del Decreto 196 de 1971 —según los cuales, ya se dijo, para ejercer la profesión de abogado se requería estar inscrito como tal, salvas las excepciones legales— se estableció que las actividades jurídicas, para indicar el ejercicio de la profesión de abogado, debían ser cumplidas con posterioridad a la obtención del título profesional, y no, como debía ser, con posterioridad a la inscripción.

Después, creado el Consejo Superior de la Judicatura por los artículos 116, 254, 255, 256 y 257 de la Constitución, mediante el artículo 11, numeral 7º, del Decreto 2652 de 1991, por el cual se adoptaron medidas para su funcionamiento, se dispuso que correspondía a la Sala Administrativa llevar el registro nacional de abogados y expedir las tarjetas profesionales, y así se reiteró en el artículo 85, numeral 20, de la Ley 270 de 1996.

Se advierte, finalmente, que el trámite de inscripción de los abogados en los tribunales superiores de distrito judicial establecida en el Decreto 196 de 1971, fue suprimido, por disposición del artículo 90 del Decreto 2150 de 1995. Ello que indica que a partir de entonces los abogados —es decir, quienes hubieran obtenido el correspondiente título universitario— están autorizados para ejercer la abogacía, y no como antes, que se requería, además de la calidad de abogado, estar inscrito como tal, aunque, desde luego, para hacer gestiones ante las autoridades sigue siendo necesaria la tarjeta profesional.

Era esto último el propósito de las reflexiones anteriores, precisar que, en vigencia la inscripción establecida en los artículos 6º a 15 del Decreto 196 de 1971, la experiencia en el ejercicio de la abogacía sólo podía contarse a partir de la inscripción, pues sólo podía ejercer lícitamente esa profesión el abogado inscrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 4º, 21, 24 y 41, numeral 1º, del mismo decreto. Y por ello encuentro errónea la afirmación contenida en la sentencia, en sentido de que "la experiencia profesional [del abogado Cifuentes Muñoz] debe contarse a partir del 3 de septiembre de 1977, fecha en la cual se graduó como abogado".

Mario Alario Méndez 

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