Sentencia 243-01 de julio 6 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 243-01

Magistrado Ponente

Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno

Bogotá D.C., seis de julio de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «IV.Consideraciones de la Corte

1. Esta corporación en la sentencia de Casación 149 de 31 de octubre de 1999, expediente 4701, hizo las precisiones que se destacan en relación con el contrato de agencia comercial:

“1. Como es de público conocimiento, en razón de las necesidades crecientes surgidas del auge de la vida comercial, se hizo necesario que por el derecho se regulen las actividades de intermediación, las cuales han dado origen a nuevas modalidades contractuales, cual acontece con la preposición, la comisión, el corretaje y la agencia comercial, contratos éstos específicamente incluidos en la legislación colombiana, al lado del mandato, a raíz de la expedición del Código del Comercio vigente.

1.1. En ese orden de ideas, el Código de Comercio, en el título XIII, capítulo V (arts. 1317 a 1331), reglamenta, por primera vez en Colombia, el contrato de agencia mercantil y, al efecto preceptúa que en él un comerciante, en forma independiente y de manera estable asume el encargo de promover o explotar negocios de otro comerciante, en una zona predeterminada del territorio nacional y en un determinado ramo, como representante o agente de otro comerciante, o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo.

1.1.1. De esta manera, conforme a su definición legal, aparecen como principales características del objeto de la agencia comercial, de una parte, la intermediación comercial especial que persigue con “el encargo (independiente y estable) de promover y explotar negocios” que hace un comerciante (agente) con relación a otro (empresario) y, de la otra, que dicha intermediación sea exclusivamente subjetiva (como representante o agente promotor o explotador de negocios del empresario) u objetiva (como fabricante o distribuidor de productos del empresario, que a la vez promueve y explota), o bien en ambas formas. De allí que sea explicable la exigencia de la estabilidad de la relación contractual, así como la independencia o autonomía del agente, que con su propia organización, desempeña una actividad encaminada a conquistar clientela, conservar la existente, ampliar o reconquistar un mercado, en beneficio de otro comerciante, que le ha encargado al primero el desempeño de esa labor. De esta suerte, en el desempeño de su función contractual, el agente puede no solo relacionar al empresario con clientes o consumidores de sus productos, sino inclusive actuar como su representante, como fabricante o como distribuidor, pero en uno y otro evento estas actividades del agente tienen que estar inequívocamente acompañadas de la actividad esencial consistente en la promoción o explotación de los negocios del empresario.

1.1.2. Es claro entonces que el contrato de agencia, no obstante su autonomía, su característica mercantil intermediadora, lo hace afín con otros contratos, con los cuales puede concurrir, pero sin confundirse con ellos; razón por la cual, en este evento, su demostración tendrá que ser igualmente inequívoca.

En efecto, el contrato de agencia, cuando se refiere a una modalidad personal del encargo o de intermediación, presenta entonces algunas afinidades con otros contratos, como sucede con el mandato, la comisión, el corretaje y la preposición, pero no puede sin embargo confundirse con ninguno de ellos, pues tiene características específicas que le confieren autonomía y que, por lo mismo, lo hacen diferente de ellos. Luego, un comerciante bien puede recibir estos encargos mediante dichos contratos y no ser agente comercial, pero dentro de aquella actividad; también puede el mismo comerciante recibir el encargo especial de promover y explotar los negocios del empresario como “representante” o “agente”, eso sí en virtud de un contrato de agencia.

Así mismo, con relación a la actividad mercantil que desarrolla el comerciante, éste puede ser simplemente un fabricante o distribuidor de productos de un empresario, en virtud de los contratos de construcción, distribución, suministro, compra al por mayor, depósito, o de cualquier otro convenio que conduzca exclusivamente a este objeto.

Pero también, ese mismo comerciante, en desarrollo de esta actividad mercantil, puede recibir, mediante el contrato de agencia, el encargo específico de “promover o explotar negocios” del empresario “en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional” (C. Co., art. 131), lo que, como atrás quedó expuesto, representa para aquel comerciante-agente la obligación de actuar por cuenta del empresario en forma permanente e independiente, en las actividades de adelantar por iniciativa propia, y obtener en la zona correspondiente la elevación y mejoramiento cuantitativo y cualitativo de los negocios (vgr. contratos, ampliación de actividades, etc.), la ampliación de los negocios y los clientes existentes y el fomento, obtención y conservación de los mercados para aprovechamiento de los negocios del empresario. En cambio, la actividad de compra para reventa de un mismo producto, solamente constituye el desarrollo de una actividad mercantil por cuenta y para utilidad propia en donde los negocios de compraventa tienen por función la de servir de título para adquisición (en la compra) o la disposición (en la reventa) posterior con la transferencia de dominio mediante la tradición. Pero el hecho de que para el cumplimiento de esta finalidad, el distribuidor tenga que efectuar actividades para la reventa de dichos productos, como la publicitaria y la consecución de clientes, ello no desvirtúa el carácter propio de aquella actividad mercantil, ni el carácter propio que también tiene la promoción y explotación de su propio negocio de reventa de productos suministrados por un empresario. Porque cuando un comerciante difunde un producto comprado para el mismo revenderlo, o, en su caso, promueve la búsqueda de clientes a quienes revenderles los objetos que se distribuyen, lo hace para promover y explotar un negocio que le es propio, o sea, el de la reventa mencionada; pero tal actividad no obedece, ni tiene la intención de promover o explotar negocios por cuenta del empresario que le suministra los bienes, aunque, sin lugar a dudas, este último se beneficie de la llegada del producto al consumidor final. Por esta razón, para la Corte la actividad de compra hecha por un comerciante a un empresario que le suministra el producto a fin de que aquél lo adquiera y posteriormente lo distribuya y lo revenda, a pesar de que esta actividad sea reiterada, continua y permanente y que se encuentre ayudada de la ordinaria publicidad y clientela que requiere la misma reventa; no constituye ni reviste por si sola la celebración o existencia de un contrato o relación de agencia comercial entre ellos. Simplemente representa un suministro de venta de un producto al por mayor de un empresario al comerciante, que éste, previa las diligencias necesarias, posteriormente revende no por cuenta ajena sino por cuenta propia; actividad que no puede calificarse ni deducirse que se trata de una agencia comercial. Pero lo anterior no se opone, como lo reconoció esta corporación en ocasión anterior, a que habiendo un contrato de agencia entre empresario (agenciado) y comerciante (agente) en forma paralela puedan concurrir otros contratos, como los de ventas directas, hechas por el empresario en la zona de la agencia (Sent., dic. 14/92. G.J. CCXIX, págs. 703 y ss.), sin que llegue a confundirse aquel contrato con estos últimos, pues sus elementos, particularmente el objeto, son diferentes aunque se presenten dentro de una misma actividad comercial destinada a poner los productos en manos del consumidor.

“Todo ello conduce, entonces, a la necesidad de que el contrato de agencia requiera de una demostración típica y clara, es decir, que las pruebas se dirijan a establecer directamente el contrato de agencia, pues siendo éste autónomo, se repite, no puede entenderse probado con la simple demostración de otro de los contratos antes mencionados, porque éstos, como se dijo, no conllevan necesariamente la existencia de agencia comercial”.

2. El tribunal para desestimar la alegada celebración entre las partes de un contrato de agencia comercial ejecutado y desarrollado durante veinte años entre 1978 y 1998 para la distribución de el periódico El Colombiano en algunas zonas determinadas de la ciudad de Medellín y de su área metropolitana, concluyó, luego de resaltar y enunciar los requisitos esenciales del contrato de esta clase, que el negocio celebrado entre las partes fue de compraventa de periódicos para ser revendidos a cambio de una ganancia para el demandante, razón por la cual no procedía el reconocimiento y pago de las indemnizaciones reclamadas en la demanda con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1324 del Código de Comercio, y menos cuando la normatividad relativa a esa negociación no establece ninguna sanción o consecuencia por el hecho de que la sociedad demandada dejara de vender los periódicos al demandante comprador.

3. El recurrente, en el cargo primero insiste en que sí se celebró entre él y la sociedad demandada un contrato verbal de agencia comercial para la distribución y venta entre el público del periódico El Colombiano y que el sentenciador no halló configurado por haber omitido la estimativa de la abundante prueba obrante en el plenario que da cuenta del mismo, como son los documentos, las declaraciones de terceros, el dictamen pericial y la inspección judicial, la que demuestra su existencia y descarta por completo la errada aseveración de que el negocio pactado entre las partes “se trataba de una compraventa de periódicos para su reventa”, la que respaldó en lo dicho por el demandante en el interrogatorio de parte, única prueba a la que se refirió, aunque sin analizarla en ninguna forma. Agrega que tampoco apreció los medios de convicción que acreditan que coetáneamente las partes estuvieren vinculadas mediante la celebración verbal de un contrato de suministro.

4. La deducción hecha por el sentenciador en el sentido de que el contrato realmente celebrado entre las partes fue de compraventa de periódicos y no de agencia comercial, sin que la Corte entre a verificar su acierto o desacierto, corresponde, sin lugar a dudas, a la actividad interpretativa que es propia de aquél, cuya presencia imponía al recurrente en casación la obligación de apuntar su acusación a demostrar plenamente la comisión por el tribunal de los errores que relaciona en la apreciación de las pruebas aportadas al proceso junto con el carácter de manifiestos y con la trascendencia suficiente para aniquilar la decisión adoptada por ser la única admisible la que a su vez propone la censura. De no proceder en esta forma el recurso desborda su propio cauce y, en esas condiciones, “la Corte terminaría por definir cuál criterio debe prevalecer, el del recurrente o el del fallador, en lugar de examinar la legalidad del fallo, lo que constituye su verdadera misión” (Sent. de Casación Civil, jun. 27/2001, Exp. 6787).

No le basta al impugnante, pues, hacer un pormenorizado recuento jurídico de la figura contractual que se quiere estructurar en la relación objeto de litigio, para provocar la infirmación de la sentencia impugnada, sino demuestra fehacientemente que las conclusiones a las que arribó el tribunal son manifiestamente equivocadas porque otra es la inferencia que fluye de los medios de prueba que singulariza, pues sólo de esta manera queda evidenciado que los argumentos expuestos por el censor no son una segunda posibilidad interpretativa, sino la única y la que precisamente dejó de ver el tribunal.

La principal dificultad a ese respecto que emerge en este caso surge de la circunstancia de que las partes no celebraron el acuerdo de voluntades que rigió sus relaciones mercantiles por escrito sino de manera verbal, lo que hace difícil determinar tanto su naturaleza como sus cláusulas rectoras; mas ello no hace imposible su verificación por tratarse de un acto jurídico consensual y, consecuentemente, sobre el que existe libertad probatoria para deducir la correcta calificación de dicho negocio.

5. Ciertamente que la sentencia impugnada no revela un análisis probatorio amplio, pero ello no impide observar que sí obran en él conclusiones concretas que indudablemente emergen de la situación fáctica que consideró el sentenciador para descartar la presencia de la agencia comercial; tales son, entre otras, la ausencia de un acuerdo que fuera constitutivo de la remuneración del sedicente agente comercial, el ejercicio positivo de una actividad constante de éste pero que redundaba preponderantemente en su propio beneficio personal, aunque por fuerza tuviera necesariamente reflejo lucrativo en pro de la demandada; y, en fin, reconociéndole una labor permanente pero entendiendo que lo hacía como propietario de su negocio, lo que conjuntado obsta la estructuración de la agencia comercial.

Empero, se observa que el censor, frente a esos precisos elementos de juicio del sentenciador, quiso cumplir su tarea de embate contra los mismos haciendo una larga exposición legal y doctrinal sobre la agencia comercial, de una manera panorámica muy propia de un alegato de instancia pero inadecuada en materia del recurso de casación que, como es sabido, exige que cada cargo contenga acusaciones claras y precisas, amén de fundamentadas; obviamente que no le corresponde a la Corte, dada la inspiración dispositiva del recurso, en relación con unas censura general como la descrita, extraer a su modo las cuestiones específicas que sirvan para confrontar las consideraciones del fallo impugnado destinadas a desquiciarlo; claro está, que para el efecto no cuentan aquellos fundamentos de la acusación que, por ser equívocos, denotan que el censor no cumple una tarea efectiva de demostración de los yerros que denuncia para sacar adelante su particular parecer como la única posibilidad de entendimiento del caso, o en los que se evidencia que deja al escrutinio que haga la Corte, como si bastara para el efecto una alegación implícita que no resulta compatible con las características propias del recurso extraordinario.

6. Eso es lo que en las líneas principales se detecta en los cargos propuestos, así: una prolija disertación teórico-jurídica sobre el contrato de agencia comercial y particularmente relativa a los elementos que permiten configurarlo, y a la par una parquedad cuando se trata de enfrentar las conclusiones tan específicas del tribunal como fueron las anteriormente referidas, o sea, las relativas a la remuneración del agente y al beneficio propio que le representaba su ejercicio comercial, que torna las acusaciones deficientes, cuanto que se limitó el impugnante a oponer su propia opinión en contrario, pero sin entrar, por ejemplo, a demostrar contundentemente por qué, el sobreprecio del periódico no podía verse como un componente de la venta que hacía el demandante para su beneficio personal en lugar de remuneración del agente, o sin indicar por qué luce antojadiza la tesis de que actuaba más para beneficio personal que para el supuesto agenciado o en ejercicio de un negocio propio.

También se sabe que en la actividad comercial que ejecutó el demandante obtenía como contraprestación la ganancia correspondiente a los distribuidores del periódico, sin ningún incentivo económico adicional, de donde el fallo extrajo, por consiguiente, que frente a la figura de la agencia comercial, en este caso se carece del elemento relacionado con la remuneración, sin que ninguna prueba de las singularizadas por la censura desvirtúe esa afirmación que deja, por ende, incólume la decisión impugnada que tiene, además, como valioso aporte probatorio el dictamen pericial obrante en el expediente en el cual los expertos concluyeron que el demandante carece de registro de ingresos y que la mercancía no se entregaba en consignación.

7. En conclusión, no alcanzan los cargos en casación a estructurar un ataque frontal y contundente contra varias de las premisas en que se basó el sentenciador para descartar la presencia de un contrato de agencia comercial, a lo cual se agrega que el censor en su intento de obtener la quiebra del fallo impugnado aduce finalmente la celebración y coexistencia de un contrato de agencia comercial y uno de suministro, invocación de última hora que constituye, sin ninguna clase de atenuantes, un medio nuevo que está proscrito en el trámite del recurso extraordinario, toda vez que su formulación extemporánea constituye una conducta sorpresiva frente a la contraparte y a los propios falladores de instancia quienes por dicho silencio no pudieron ni defenderse ni pronunciarse, en su orden, en las respectivas oportunidades procesales.

En la sentencia de esta corporación ya citada y para otro caso se lee sobre el tema lo siguiente: “de otra parte, la censura no plantea frontalmente equivocación interpretativa sobre la posibilidad de que al lado de un contrato de agencia para promover o explotar negocios de un empresario, también pueda existir la actividad de compra para reventa sobre los mismos productos del agenciado, porque desde la misma demanda el objeto del litigio ha sido el derivar una responsabilidad del demandado por la supuesta terminación injusta o ilegal de un contrato que, a juicio del demandante, no es un contrato de suministro para reventa, sino que este mismo contrato unido a otras condiciones también genera un contrato de agencia, convirtiéndose simultáneamente al distribuidor en agente. De allí que la Corte limite su pronunciamiento a señalar que, de acuerdo con el régimen legal vigente, el simple suministro de un producto para la reventa, aún adicionado con otras condiciones, no genera un contrato de agencia. Por consiguiente, le corresponde a la Sala abstenerse de hacer pronunciamiento sobre si además del suministro para la reventa, pueda subsistir independientemente un contrato de agencia distinto entre las mismas partes y bajo que condiciones, porque tal independencia así no ha sido planteada en la censura. Pero aún en el caso de que a la Sala se le hubiera planteado el mencionado yerro interpretativo, su pronunciamiento en el caso sub examine también sería imposible de expresarlo porque, al desatender ese yerro hipotético los extremos del litigio fijados en la demanda inicial, se trataría de un medio nuevo jurídico, inadmisible en casación”.

8. De otro lado, el cargo segundo se sustenta en la violación también indirecta de la ley a causa de errores de hecho por la falta de apreciación de las pruebas que produjo como secuela la desestimación de la figura de abuso del derecho en la decisión de la sociedad demandada de dar por terminado de manera unilateral el vínculo jurídico o contrato, cualquiera que fuese su naturaleza, celebrado con el demandante para la distribución y venta entre el público de El Colombiano.

La pretensión consistente en el supuesto abuso de derecho que fluye de la terminación unilateral e injustificada de la relación contractual existente entre las partes, escenario para el cual el demandante abre completamente el abanico de posibilidades para incluir en dicho pedimento cualquier figura contractual y que dice probada con la declaración de Carlos Ignacio Moreno Ruiz y la contestación al hecho 48 de la demanda, tampoco configura el yerro que se denuncia porque aunque el tribunal no vio abuso en la terminación del contrato por calificarlo de compraventa, así no resultara esa la calificación contractual final, lo cierto es que el expediente contiene varias pruebas que acreditan el incumplimiento en que incurrió el demandante en el pago del periódico que recibía para su negocio, lo que excluye la posibilidad de que siendo contratante incumplido, pudiera válidamente pedir indemnización por el incumplimiento del otro contratante.

En efecto, aunque el material probatorio que hace relación a la época en que se inició el vínculo entre las partes evidencia una excelente relación entre ellas para ese entonces, en el interrogatorio de parte del actor es éste quien confiesa que tiene una deuda pendiente con El Colombiano por varios millones de pesos correspondiente al pago de varios miles de periódicos que le fueron entregados en ejecución del acuerdo de voluntades perfeccionado entre ellos, lo que se ratifica con la versión rendida por el declarante Carlos Ignacio Moreno Ruiz y con la prueba documental en la que aparecen las copias autenticadas de los títulos valores girados para pagar lo adeudado, los que no fueron descargados por el librado como lo admite el absolvente en sus respuestas al cuestionario que le fue formulado en el curso del proceso.

Fluye en consecuencia que, independientemente de la denominación contractual que se le dé a la relación existente entre las partes en litigio, lo cierto es que aunque se valorara la prueba recaudada en la forma en que lo pretende el recurrente, la decisión seguiría siendo desfavorable a sus intereses, en atención, se reitera, al acreditado incumplimiento repetido de la obligación que adquirió consistente en el pago del valor de los periódicos recibidos cada día, situación que impone como deducción el carácter intrascendente de la censura.

9. Síguese de todo lo expuesto que ninguno de los cargos propuestos está llamado a prosperar.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 20 de abril de 2001 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario promovido por Gabriel Bernardo Isaza Jaramillo contra la sociedad El Colombiano Limitada y Cía. S.C.A.

Condénase en costas del recurso de casación a la parte recurrente, las cuales serán tasadas en su oportunidad.

Notifíquese y devuélvase.

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