Sentencia 24312 de octubre 18 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Aprobada Acta 079

Bogotá, D.C., dieciocho de octubre de dos mil cinco.

VISTOS:

Resuelve la Sala el conflicto negativo de competencias suscitado entre el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal, Casanare, y el Juzgado 1º Penal del Circuito del mismo lugar.

Antecedentes:

1. En desarrollo de la operación antiextorsión 062 satélite adelantada por miembros de las fuerzas militares de Colombia, Gaula Casanare, el 15 de septiembre de 2004 fue capturado Yomil Rodríguez León, junto con otra persona, en el corregimiento Morichal del municipio de Yopal, Casanare, por haber sido delatados como integrantes del grupo armado ilegal, Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Centauros, y estar encargados del “ajusticiamiento” de los habitantes de la región que se nieguen a cancelar la “vacuna extorsiva” exigida por dicha agrupación, —en términos del fiscal instructor—, “en funciones de sicarios”. Al momento de la aprehensión se le incautó, sin el salvoconducto respectivo, una pistola calibre 7.65, con proveedor y once cartuchos para la misma.

2. La Fiscalía 4ª especializada delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal, en resolución del 23 de septiembre de 2004, le impuso a Yomil Rodríguez León medida de aseguramiento de detención preventiva como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado, consagrado en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º, inciso segundo de la Ley 733 de 2002.

3. El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal asumió el conocimiento del asunto el 18 de julio de 2005, en razón a que el implicado nombrado aceptó el cargo de concierto para delinquir agravado ante la fiscalía instructora, sin embargo, en lugar de proceder al pronunciamiento anticipado de sentencia condenatoria, en la forma solicitada por Yomil Rodríguez León, propuso colisión de competencias negativa al Juzgado Penal del Circuito de Yopal, de reparto, y adujo las siguientes razones:

3.1. La modificación introducida por la Ley 975 de 2005 al delito de sedición, —cuerpo normativo mediante la cual se dictaron disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y otras disposiciones para acuerdos humanitarios—, conlleva a que en aplicación del principio de favorabilidad y de legalidad se desplace la tipicidad de los sucesos investigados de concierto para delinquir agravado (art. 340, L. 599/2000, modificado por el art. 8º de la L. 733/2002) a sedición (L. 725/04, art. 71), en atención a que dichas preceptivas tienen por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

3.2. La asignación del conocimiento del delito de sedición a los jueces penales del circuito deja sin competencia a los jueces especializados de dicha categoría.

4. El juzgado receptor del proceso admitió el conflicto en auto del 15 de septiembre de 2005 e hizo los siguientes planteamientos:

4.1. Arguyó la imposibilidad de asimilar la conducta de concierto para delinquir, de competencia de los juzgados penales del circuito especializados, a la de sedición cuyo conocimiento radica en los jueces penales del circuito.

Destacó que el cambio incluido en el artículo 71 de la Ley 975 está relacionada con el articulo 468 del Código Penal de 2000 que consagra el delito de sedición, mas en ningún momento con el artículo 340 ibídem, que define el delito de concierto para delinquir.

4.2. Estima que de dictarse sentencia condenatoria por el delito de sedición cuando Yomil Rodríguez León aceptó la consumación del injusto penal de concierto para delinquir se violaría el principio de congruencia que debe existir entre el cargo imputado al momento de imponerle medida de aseguramiento y el acogido en el fallo condenatorio anticipado.

Insistiendo en la carencia de competencia ordenó la remisión de la actuación a la Corte para la dirimir la controversia.

Consideraciones de la Sala

1. La corporación tiene competencia, en efecto, para solucionar el conflicto, en concordancia con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 18 transitorio del Código de Procedimiento Penal de 2000.

2. De acuerdo a los términos de la discusión suscitada entre los funcionarios trabados en la colisión, en primer término debe establecerse el contenido y el alcance de la modificación introducida en el artículo 71 de la Ley 975 de 2005 al artículo 468 de la Ley 600 de 2000.

Para ello es indispensable aludir a la distinción existente entre los delitos comunes y los políticos, conductas caracterizadas por la doctrina y jurisprudencia nacional según se pasa a sintetizar.

La doctrina nacional ha enseñado:

“La fórmula unificada del aspecto objetivo y del interés que persiguen los agentes es la que permite concretar la noción de delito político, siempre que en esta no se incluyan descripciones contra la seguridad exterior ni contra los derechos de los ciudadanos, y que el fin sea implantar un gobierno o un orden de amplitud democrática. Podría entonces intentarse este concepto: delito político es todo ataque armado y organizado contra el sistema económico establecido y la forma de gobierno, tratando de destruirlos o cambiarlos por otros de mejor contenido popular” (1) .

Sobre la distinción existente entre los agentes de los delitos comparados, la doctrina ha precisado:

“Lo que separa los delincuentes comunes de los delincuentes políticos, lo que los distingue esencialmente, son los móviles que los haya determinado en su acción ilícita. En los primeros, los móviles son de interés egoísta y antisocial. En los segundos sobresale su naturaleza social, noble, altruista o de carácter elevado, inspirados en el servicio público o de interés general” ...

“Es decir, que no basta establecer que el delito político es todo atentado contra la organización del estado o contra el gobierno legalmente constituido, puesto que esto presentaría apenas el aspecto externo de la cuestión. Es preciso revisar los motivos y los fines perseguidos por quien ataca la organización política” (2) .

La Sala ha contribuido:

a) El hecho de que una persona pertenezca o haya pertenecido a un grupo (como el M-19) “no lo torna ‘rebelde’ por siempre y frente a cualquier clase de hechos, porque un rebelde puede perfectamente cometer delitos comunes, sin relación alguna con su pertenencia al grupo subversivo y alejado enteramente de los móviles que definen por su aspecto espiritual o ideológico a esa clase de organizaciones: En esos supuestos ya no procede como ‘rebelde’ ni, por tanto, le es dable pretender que se le considere como delincuente ‘político’” (auto del 23 de oct. de 1990, M. P. Guillermo Duque Ruiz).

b) “El carácter de rebelde no solo se predica de quien como integrante de un grupo al margen de la ley y en su condición de combatiente pretende mediante el empleo de las armas el derrocamiento del gobierno de turno y la supresión del régimen constitucional vigente con la toma violenta del poder, para imponer sus ideas y establecer un nuevo orden ... sino también de todo aquél que, sin dejar de lado las armas, realiza actividades de instrucción, adoctrinamiento ideológico, financiamiento, inteligencia, relaciones internacionales, reclutamiento, publicidad, planeación, infiltración, y en fin, de cualquier otra índole que tenga aquella misma finalidad —Cfr. Proveídos de ago. 12/93, Rdo. 7504; mar. 9/2000, Rdo. 13435; y feb. 21/2001, Rdo. 18065, entre otros—” (auto de mayo 21/2002, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

c) “La rebelión y el concierto para delinquir se repelen entre sí, son excluyentes: El concierto es precisamente todo lo contrario de la rebelión, ya que en esta los autores persiguen fines ‘sociales’ y el bien común, al paso que en aquél los propósitos de la delincuencia se tornan meramente individuales, egoístas, y en estas condiciones un grupo así concertado constituye un franco y permanente peligro para los coasociados en general y sin distinción, mientras que, en principio, la delincuencia política (rebelión, etc.) tiene como objetivo de ataque el aparato estatal” (auto de oct. 23/1990, M.P. Guillermo Duque Ruiz).

d) “... el delito político tiene que serlo objetiva y subjetivamente: la expresión así lo indica, esto es, que el bien, interés o derecho jurídicamente tutelado en las ocurrencias en que acontece es lo político, vale decir, la organización del Estado, el buen funcionamiento del gobierno; y, además, los móviles que deben guiar al delincuente tienen que ser, consecuencialmente, los de buscar el mejoramiento en la dirección de los intereses públicos. Tal es el sentido natural y obvio del vocablo.

“Mas, también ese es el sentido obvio y natural de la expresión que la ley emplea para consagrar los delitos políticos, cuando requiere el propósito específico de derrocar al gobierno legítimo, o de cambiar en todo o en parte el régimen constitucional existente, o de impedir el funcionamiento normal del régimen constitucional o legal vigentes, o de turbar el pacífico desarrollo de las actividades sociales. Y eso es lo que en forma patente acredita también la circunstancia de que las infracciones comunes que se realicen durante un movimiento subversivo, tales como incendios, homicidios y lesiones causadas fuera de un combate y, en general, los actos de ferocidad y barbarie, se sancionen por separado, acumulando, por excepción, las penas (auto de abr. 25/50, M.P. Agustín Gómez Prada)”” (3) .

Y la Corte Constitucional precisó:

“La Constitución distingue los delitos políticos de los delitos comunes para efectos de acordar a los primeros un tratamiento más benévolo con lo cual mantiene una tradición democrática de estirpe humanitaria, pero en ningún caso autoriza al legislador, ya sea ordinario o de emergencia, para establecer por vía general un tratamiento más benigno para cierto tipo de delitos comunes, con exclusión de otros” (4) .

El tratamiento dado por nuestro ordenamiento jurídico y por las altas corporaciones judiciales a la noción de delito político evidentemente es diferente al concebido para el común. Los autores de aquel pueden acceder al indulto y a la amnistía, gozan del derecho a no ser extraditados y a ser asilados por otros países, y la respuesta punitiva del Estado suele ser más benevolente también.

3. Es de tener en cuenta, además, los antecedentes legislativos del mencionado artículo 71, para resaltar que si bien en el proyecto originalmente presentado por el Ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega, el 9 de febrero de 2005, no fue incluido, el 4 de marzo subsiguiente fue presentado en el pliego de modificaciones, aunque limitado inicialmente a quien haga parte de grupos de autodefensa y posteriormente fue ampliado, en sesión del 7 de marzo subsiguiente, a los grupos guerrilleros.

Las consideraciones atinentes a la distinción de las conductas punibles mencionadas en precedencia, también acudieron a los legisladores según lo indica la ponencia complementaria presentada el 25 de mayo de 2005, al justificar la norma citada en los siguientes términos:

“En primer lugar y en aras de entender las razones para abogar por el tan mencionado artículo 64 (aprobado finalmente con el número 71), es pertinente señalar que como parte de la política de paz adelantada por el actual Gobierno se han desmovilizado 2.348 miembros de las autodefensas de manera individual, y 4.820 dentro de procesos colectivos. A estos se suman 4.644 miembros de los grupos guerrilleros que han decidido reincorporarse a la civilidad, para un total de 11.812 personas. Este número supera en tres veces la totalidad de los miembros de grupos armados ilegales desmovilizados durante la década de los noventa.

Para hacer sostenible esta política es importante darle seguridad jurídica a los miembros de grupos armados ilegales que no han incurrido en delitos atroces. La tradición jurídica vigente en Colombia tipifica con claridad el delito de rebelión, en el cual incurren los miembros de grupos guerrilleros que buscan interferir de manera permanente con el orden constitucional y legal. Asimismo ha sido clara en considerar que cuando dicha interferencia con el régimen constitucional y legal es transitoria, la guerrilla incurre en el delito de sedición. Dicha tradición, no es sin embargo, clara al tipificar el delito cometido por las autodefensas, como un delito contra el régimen constitucional y legal.

Se hace por eso necesario definir con claridad que la conformación o pertenencia mismas a grupos de autodefensa, y de guerrilla, consisten en un concierto para delinquir con el propósito de interferir de manera transitoria con el adecuado funcionamiento del régimen constitucional y legal. Como sucede con los guerrilleros que pretenden derrocar al régimen, que incurren en el delito de rebelión, los miembros de autodefensas, y los de las guerrillas cuando tienen por propósito suplantar o intervenir transitoriamente en el adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado legalmente constituidas, suplantan a las autoridades, disputándole al Estado el monopolio de la fuerza y de la justicia. En tal virtud, el Código Penal establece que cuando la interferencia con el adecuado funcionamiento del régimen constitucional y legal es permanente, se tipifica el delito de rebelión y, cuando la interferencia con el régimen constitucional y legal es transitoria, se tipifica el delito de sedición”.

(...)

“Hechas estas consideraciones no cabe duda de que el accionar delictivo de las guerrillas y autodefensas, produce como efecto necesario la perturbación de la cabal operatividad de los poderes públicos y, en tal sentido, viola el bien jurídico que se pretende proteger al tipificar el delito de sedición, esto es, el régimen constitucional y legal” (5) .

La adición finalmente introducida por el legislador al artículo 468 del Código Penal es del siguiente tenor:

“También incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En este caso, la pena será la misma prevista para el delito de rebelión.

Mantendrá plena vigencia el numeral 10 del artículo 3º de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1998 e incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 67 de 1993”.

La nueva especie delictiva tipificada adicionalmente en el artículo 468 del Código Penal como sedición y consistente en la conformación o integración de grupos guerrilleros o de autodefensas cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal, debe realizarse necesariamente dentro del contexto del delito político, lo cual excluye la adecuación a dicho tipo del concierto para delinquir con propósito de cometer delitos comunes o de lesa humanidad, así sus autores o partícipes formen parte de grupos armados al margen de la ley, entendiendo por estos, según definición contenida en el artículo 1º, inciso segundo de la Ley 975,

“... el grupo de guerrillas o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones”.

Adicionalmente es importante tener en cuenta que si bien es cierto a partir de la Ley 288 de 1996, el Estado colombiano creó instrumentos para la indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos, condicionó el pago de tales indemnizaciones al pronunciamiento de condenas expresas en su contra provenientes de los órganos internacionales de derechos humanos (6) , por eso constituye un avance significativo dentro del contexto del conflicto armado que desde años atrás afronta nuestro país, la Ley 975 de 2005 en cuanto consagra entre sus principios el derecho a la verdad, justicia y reparación (7) , como mecanismo de reconciliación nacional, así como al definir a las víctimas de los delitos cometidos por los grupos armados al margen de la ley, en las condiciones tipificadas en ella, al señalar claramente qué comprende cada uno de estos derechos y al crear organismos como el comité nacional de reparación y reconciliación y el fondo para la reparación de las víctimas, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reparación, esfuerzo legislativo y gubernamental emprendido para lograr la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, es decir, dentro del contexto de los delitos que afecten el régimen constitucional y legal.

Es dable concluir, entonces, que la pertenencia a grupos armados al margen de la ley cuyas finalidades sean, entre otras, cometer delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro, extorsión, desaparición forzada, graves infracciones al derecho internacional humanitario o la conformación de escuadrones de la muerte o sicarios para la comisión de homicidios selectivos, entre otras conductas, siguen configurando el delito de concierto para delinquir, definido en el artículo 340, inciso segundo del Código Penal.

4. Adicionalmente es necesario tener en cuenta que ya se cuenta con información básica correspondiente a los sujetos activos del delito de sedición especial, descritos en el artículo 71 de la Ley 975 de 2005, como aquellas personas que “conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o autodefensas”, y alusiva al sujeto activo del injusto penal de concierto para delinquir, quien debe pertenecer a “grupos armados al margen de la ley”, según previsión del artículo 340 de la Ley 600 de 2000, ellos son elementos que encuentran fundamento en la imputación efectuada y aceptada por Yomil Rodríguez León.

Ahora bien: en este caso es imprescindible determinar la adecuación típica en la medida en que de ella depende la competencia pero tal dificultad puede ser salvada por el juzgador a quien le fueron remitidas inicialmente las diligencias, quien en aplicación del principio de favorabilidad cuenta con la prerrogativa de variar la calificación jurídica provisional de los hechos, imputada en la resolución de situación jurídica, siempre y cuando disponga de los elementos de juicio necesarios, posición que puede asumir según criterio expresado sobre el mismo punto por la Corte en los siguiente términos:

“10. Frente al fenómeno de la sucesión de leyes en el tiempo, si la conducta sigue siendo delito en la nueva legislación, pero cambia el nomen iuris, no es necesario variar la calificación, pues esta solo puede serlo cuando se incurrió en error al proferir el pliego de cargos, o por prueba sobreviniente, y aquí la calificación dada fue correcta, al tenor de la ley entonces vigente, sino que, simplemente, la adecuación típica del comportamiento se modificó en la nueva ley.

Por lo tanto, ninguna afectación habría al principio de congruencia, a la estructura del proceso o al derecho de defensa, si la conducta se calificó, en la resolución de acusación, con la denominación jurídica de la anterior legislación y la sentencia se dicta con la de la nueva normatividad, desde luego que respetando el principio de favorabilidad” (8) .

5. Aplicados los anteriores parámetros al caso concreto, se tiene que si a Yomil Rodríguez León la Fiscalía 4ªEspecializada delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal le imputó al momento de definirle la situación jurídica el delito de concierto para delinquir como integrante del grupo armado ilegal, Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Centauros, mas no el de sedición, el conocimiento del proceso debe continuar en el juzgado acabado de mencionar, a donde originalmente fueron remitidas estas diligencias para el dictado de sentencia anticipada, con prórroga de competencia por variación de la imputación inicial derivada de cambio de tipicidad favorable y sin que pasen inadvertidas las denuncias contenidas en el párrafo inicial de la página 2 de este proveído y que procesos en ciernes, en los que no se haya hecho imputación fiscal alguna pero proceda por sedición o ya se haya hecho por esta especie delictiva, el competente para conocer del asunto es el juez penal del circuito ordinario.

A mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. DIRIMIR el conflicto de competencias planteado, asignando el conocimiento de este proceso al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal, Casanare, a donde se dispone remitir la actuación.

2. COMUNICAR lo aquí decidido al Juzgado Primero Penal del Circuito de la citada capital, mediante remisión de copia de la presente decisión.

3. ADVERTIR que contra esta providencia no proceden recursos.

Cúmplase.

Magistrados: Marina Pulido de Barón—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro O. Pérez Pinzón—Jorge L. Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Portilla—Javier Zapata Ortiz.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

(1) Pérez, Luis Carlos, Derecho Penal, Tomo III, Edit. Temis, Bogotá, 2ª edición, 1990. pág. 107.

(2) Zárate E., Carlos. El delito político, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1996, pág. 153.

(3) Corte Suprema de Justicia, auto del 26 de noviembre de 2003, radicación 21.639, M.P. Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

(4) Corte Constitucional, Sentencia C-171 del 3 de mayo de 1993, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

(5) Gaceta del Congreso de la República 289 de 2005.

(6) Artículo 1º.

(7) Artículo 4º.

(8) Corte Suprema de Justicia, auto de colisión de competencias del 14 de febrero de 2002, radicación 18.457, M.P. Jorge E. Córdoba Poveda.

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