Sentencia 24335 de mayo 19 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 24335 de 2005

Acta 51

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., diecinueve de mayo de dos mil cinco.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Carlos Arturo Romero Orozco contra la sentencia de proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 17 de marzo de 2004, en el proceso que promovió contra la Electrificadora del Atlántico S.A.

EXTRACTOS:«Se considera

En este caso el tribunal descartó la existencia de un vínculo del actor con la Electrificadora del Atlántico S.A., puesto que halló prueba suficiente de que el contrato se celebró con empresas de servicios temporales, las cuales le sufragaron sus salarios y prestaciones.

En los dos cargos formulados por la vía directa se parte de esos supuestos fijados por el tribunal, de allí que no fuera necesario rebatirlos. Lo que se controvierte, entonces, es la validez de la vinculación, a la entidad oficial, de personal suministrado por esa clase de empresas, las de servicios temporales, toda vez que mientras para el tribunal no hay en el ordenamiento legal prohibición alguna, para la censura “no existe norma que autorice al Estado”, valerse del servicio de personas, en aquellas condiciones.

Pues bien, en ese sentido, debe señalarse primero, que el sentenciador no desconoció que, como lo dice la impugnación, los “servidores del Estado, tienen una forma de ingreso, una permanencia y una desvinculación regulada”, toda vez que precisamente, no halló acreditada la existencia de una relación laboral con la entidad accionada, por la ausencia de los elementos de esa vinculación, frente a la electrificadora, los que, en cambio, estableció respecto de las empresas de servicios temporales. De forma que, aunque es cierto que tanto la Constitución (art. 123) como la ley (Ds. 2400, 3130 y 3135/68, 1950/78, entre otros), regulan la estructura y funcionamiento de la administración pública, tal reglamentación no descarta la existencia de instituciones o figuras como las de los contratistas independientes, los simples intermediarios, los administradores delegados, y las empresas de servicios temporales, cada una con sus ordenamientos y codificaciones, e independientemente de la responsabilidad o solidaridad de la administración, que no es el tema propuesto para este caso.

Luego, no es que las normas que reglamentan las empresas de servicios temporales modifiquen las preceptivas legales y menos las constitucionales en materia de los servidores públicos, ni las formas de su vinculación a la administración, como lo indica el recurrente, lo que ocurre es que se trata de regulaciones diversas; unas referidas a las relaciones directas entre la administración y sus servidores, y otras, respecto a las relaciones surgidas con ocasión de otras categorías o formas de contratación.

Frente a la misma demandada y respecto al tema que aquí se define, la Sala consideró, en sentencia del 27 de mayo de 2004, radicado 22475, que:

“No es cierto que por el hecho de laborar los trabajadores de empresas de servicios temporales en entidades estatales, ello los convierta en servidores públicos y que, por lo tanto, el régimen jurídico laboral aplicable a los mismos sea el propio de los trabajadores oficiales.

“La normatividad que regula la celebración de contratos por parte de las entidades estatales permite a estas celebrar contratos previstos en el derecho privado y sujetos a las reglas propias de cada especialidad. Así, el artículo 16 del Decreto 222 de 1983 —vigente para la época en que el demandante prestó sus servicios en misión en la entidad demandada— preveía, al lado de los contratos administrativos que eran materia de regulación especial en el estatuto de contratación, los contratos privados de la administración, en los siguientes términos:

‘Son contratos de derecho privado de la administración los demás, a menos que ley especial disponga en sentido contrario, y en sus efectos estarán sujetos a las normas civiles, comerciales y laborales, según la naturaleza de los mismos, salvo en lo concerniente a la caducidad’.

“De esta manera, la administración pública no ha tenido, en razón de su naturaleza estatal, restricción alguna para celebrar contratos con las empresas de servicios temporales, pues sobre ellas no existe ninguna regulación en el llamado estatuto de contratación administrativa, o Decreto 222 de 1983.

“Ahora bien, las normas que regulan las empresas de servicios temporales, prevén para los empleadores, ya fueren privados o públicos, el derecho a acudir a las mismas en procura del personal que precisan para la ejecución de sus labores, así:

“El artículo 1º del Decreto 1433 de 1983, reglamentó por primera vez el sistema de contratación y para el efecto definió a las empresas de servicios temporales como aquellas que contratan la prestación de servicios con terceros beneficiarios para el desarrollo de actividades ordinarias, conexas o inherentes a través de personas naturales.

“La Ley 50 de 1990 considera como ‘usuario’ de los contratos celebrados con las empresas prestadoras de servicios temporales, a toda persona natural o ‘jurídica’, y establece, asimismo, que la relación laboral que se deriva de un contrato de prestación de servicios ejecutado por intermedio de una empresa de servicios temporales, se presenta entre esta y el trabajador que es enviado en misión, pero en manera alguna entre la entidad usuaria —sea de naturaleza pública o privada— y el trabajador.

“De tal modo, al estar prevista en el mundo normativo del país la figura contractual de servicios personales con empresas de servicios temporales, la Nación o sus entidades descentralizadas, estaban autorizadas para acudir a esta modalidad, en las mismas condiciones que lo hicieran los particulares”.

En todo caso, no sobra señalar que la argumentación de la segunda acusación respecto a que “... Los tres elementos del contrato de trabajo evidentemente aparecen así: los dos primeros, la prestación del servicio y la subordinación, al parecer no admiten discusión y el tercero, la remuneración, es lógico que la Electrificadora del Atlántico pagaba al actor una remuneración mensual, solo que utilizando un sistema no permitido por la ley…”, no conduciría a una decisión distinta, porque de un lado, correspondería ya no un análisis jurídico, sino fáctico para determinar esos supuestos, y de otro, se repite, porque el ad quem no desconoció que el accionante ejercía como repartidor de recibos, sino que estableció que tenía un vínculo con las empresas de servicios temporales y no con la electrificadora.

No es más lo que debe señalarse para concluir que las acusaciones no prosperan; por lo tanto, y como se presentó réplica de la entidad demandada, las costas estarán a cargo del recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 17 de marzo de 2004, en el proceso que promovió Carlos Arturo Romero Orozco contra la Electrificadora del Atlántico S.A.

Costas a cargo del recurrente.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

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