Sentencia 2437 de mayo 11 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO

COMO REQUISITO PARA ACCEDER A CARGOS PÚBLICOS

EXTRACTOS: «Los demandantes han solicitado se declare nulo el acto de elección del abogado Rubén Darío Henao Orozco en el cargo de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, alegando que no demostró haber ejercido la profesión de abogado durante 10 años con buen crédito, y que en su lugar demostró haber ejercido funciones públicas, pero que solo ejerce la profesión de abogado “quien defienda, asesore, patrocine y asista a los individuos en sus causas o derechos de naturaleza jurídica”, que en estricto derecho “abogado en ejercicio, es quien litiga”, de manera que “no tiene fundamentación jurídica alguna, que el ejercicio de la abogacía, se pretenda asimilar injustificadamente, con el ejercicio de funciones públicas, en cargos pertenecientes a la rama legislativa, ejecutiva, judicial o cargos de organismos de control”, con lo cual —dijeron— fueron violados los artículos 229, 232, numeral 4º, y 255 de la Constitución, 77 de la Ley 270 de 1996 y 116 del Código de Procedimiento Civil.

Solicitaron también se declarase nulo ese acto porque no se convocó públicamente a participar en la conformación de las ternas, con lo cual fueron violados los artículos 1º, 13, 40 y 95, numeral 5º, de la Constitución, dijeron los demandantes.

2. La elección de magistrados de la Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Según lo establecido en el artículo 254, numeral 2º de la Constitución, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura son elegidos por el Congreso de ternas enviadas por el gobierno, disposición que repite el artículo 76, numeral 2º, de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia. Así se lee también en los artículos 18, numeral 6º, 20 y 27 de la Ley 5ª de 1992, por la cual se expidió el reglamento del Congreso, del Senado y de la Cámara.

Mediante el Decreto 1472 de 2000 —copia auténtica del cual, se trajo al expediente— el gobierno integró tres ternas de entre las que el Congreso haría la elección de magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, una de las cuales con los siguientes nombres: Rubén Darío Henao Orozco, Juana Marina Pachón Rojas y Humberto Vergara Portela.

El Congreso, en sesión de 23 de agosto de 2000, eligió de esa terna Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al abogado Rubén Darío Henao Orozco, quien tomó posesión del cargo el 1º de septiembre de ese mismo año. Así consta en el número 361 de la Gaceta del Congreso, de 11 de septiembre de 2000, en que fue publicada el acta correspondiente a esa sesión, un ejemplar auténtico del cual se trajo al expediente, y en la correspondiente acta de posesión, de la cual también se trajo copia auténtica.

Lo dicho hasta ahora permite desestimar uno de los cargos de la demanda, aquel según el cual habrían sido violados los artículos 1º, 13, 40 y 95, numeral 5º, de la Constitución, en cuanto no se convocó públicamente a participar en la conformación de las ternas, porque, según lo establecido en el artículo 254, numeral 2º, de la Constitución y 76, numeral 2º, de la Ley 270 de 1996, la elaboración de esas ternas, se repite, es atribución del gobierno, que ha de ejercer discrecionalmente, según su buen juicio, sin sujeción a formalidades ni trámites especiales, que no fueron establecidos.

Desde luego que deben ser integradas con ciudadanos que, conforme a la Constitución y a la ley —especialmente los artículos 255 de la Constitución y 77 de la Ley 270 de 1996— reúnan las calidades del cargo y no se encuentren inhabilitados para ocuparlo.

3. El ejercicio de la profesión de abogado.

Según lo establecido en el artículo 255 de la Constitución, para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura se requiere, entre otras calidades, haber ejercido la profesión de abogado durante 10 años con buen crédito, disposición que repitió el artículo 77 de la Ley 270 de 1996.

Mediante el artículo 1º del Decreto 196 de 1971, por el cual se dictó el estatuto del ejercicio de la abogacía, se estableció que esta tenía como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia, y en el artículo 2º del mismo decreto, que la principal misión del abogado era defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares, y que también era misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.

De lo anterior resulta, entonces, que el ejercicio de la profesión de abogado comprende, desde luego, la defensa de los derechos e intereses de las partes en procesos judiciales, administrativos o de cualquier clase, pero también actividades distintas, tales como asesoramiento, rendición de dictámenes o conceptos, realización de estudios, elaboración de documentos y muchas más.

En consonancia con lo anterior, en el artículo 21 del Decreto 250 de 1970 había sido dispuesto que el ejercicio de la abogacía podía comprobarse con el desempeño habitual de cualesquiera actividades jurídicas, tanto independientes como subordinadas, en cargo público o privado.

Al decidir sobre la exequibilidad de ese artículo la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 24 de noviembre de 1977, explicó que según tal disposición es ejercicio de la profesión toda actividad jurídica independiente o dependiente, en cargo público o privado; que esta ampliación del concepto se ajusta a un criterio más racional y lógico y comprende un desenvolvimiento intelectual de mayores beneficios para la comunidad que el limitado al campo del litigio, de los procesos o de las contenciones ante la jurisdicción estatal; que hay otras actividades jurídicas que por su notoriedad intelectual relevaban la calidad de abogado, como son la investigación jurídica y las funciones académicas, o las de doctrinantes o tratadistas de derecho, que unidas al título de abogado corresponden a un recto ejercicio de la profesión y dan aptitud muy respetable para desempeñar un cargo superior en la Rama Judicial o en el Ministerio Público (1) .

(1) Gaceta Judicial, t. CLVI, núm. 2.396, pág. 358.

Pues bien, el abogado Rubén Darío Henao Orozco recibió su título de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, según consta en el acta 943 de 26 de noviembre de 1985, de la cual aportaron los demandantes copia simple, pero está incorporada al acta correspondiente a la sesión de 23 de agosto de 2000, inserta en el número 361 de la Gaceta del Congreso, de 11 de septiembre de 2000, del que se trajo copia auténtica, como quedó dicho.

Después fue inscrito como abogado por decisión del Tribunal Superior de Medellín adoptada mediante providencia de 17 de junio de 1986, notificada por estado de 24 de los mismos, esto es, que la inscripción se produjo en cuanto quedó ejecutoriada esa providencia, de la cual hay en el expediente copia auténtica, con la constancia de su notificación, expedida por la directora de la unidad del registro nacional de abogados.

Está acreditado, además, que ocupó el cargo de Secretario de la Comisión Tercera del Senado de la República, desde el 1º de octubre de 1992 hasta el 31 de agosto de 2000, según las constancias de tiempo de servicio e ingresos 3396 de 20 de junio y 7904 de 11 de octubre de 2000 expedidas por la jefe de la sección de registro y control del Senado de la República, lo que suma 7 años, 10 meses y 22 días, hasta el 23 de agosto de 2000, día de la elección.

La primera de esas constancias fue aportada por los demandantes en copia simple, pero además está incorporada al acta correspondiente a la sesión de 23 de agosto de 2000, inserta en el número 361 de la Gaceta del Congreso, de 11 de septiembre de 2000; la segunda, fue traída por el demandado, en original.

Entre sus funciones el cargo de secretario de comisión tiene las de dirigir la tramitación de los proyectos de ley y actos legislativos y sustentarlos en coordinación con las directivas del Senado y la Cámara en el proceso legislativo, en lo que corresponda a la comisión de que se trate, según lo establecido en el artículo 139, literal a, de la Resolución 237 de 1992 “por el cual se establece el régimen de administración de personal del Senado de la República”, expedida por la mesa directiva del Senado, que corre publicada en el número 13 de la Gaceta del Congreso, de 9 de febrero de 1993, del cual se trajo al expediente un ejemplar auténtico.

También está acreditado que el demandado se desempeñó como asesor jurídico de la beneficencia de Antioquia desde el 25 de septiembre de 1990 hasta el 22 de enero de 1992, es decir, por 1 año, 3 meses y 27 días.

Tiene el cargo la función básica de asesorar y orientar al gerente en todos los asuntos jurídicos relacionados con la actividad desarrollada por la entidad, y con las siguientes funciones específicas: emitir conceptos jurídicos en todas las actuaciones que para este efecto le sean sometidas, elaborar y revisar los contratos que celebre la entidad, asistir jurídicamente todos los procesos judiciales en que la entidad sea parte, intervenir en las actuaciones administrativas que ante las entidades públicas deba cumplir la beneficencia de Antioquia y asesorar a la gerencia en todo lo relacionado con asuntos jurídicos, entre otras.

Así está dicho en la constancia de 2 de marzo de 2000 expedida por la directora de desarrollo humano de esa entidad, copia simple de la cual aportaron los demandantes y está incorporada en el acta de la sesión del Congreso de 23 de agosto de 2000.

Se encuentra acreditado, así mismo, que el demandado desempeñó el cargo del abogado auxiliar en el departamento jurídico de empresas varias de Medellín, ESP, desde el 6º de marzo y hasta el 21 de noviembre de 1989, y de jefe de ese departamento desde el 22 de noviembre de 1989 hasta el 16 de agosto de 1990, o sea por 1 año, 5 meses y 10 días.

No se encuentran relacionadas cuáles son las funciones de abogado auxiliar, pero es de presumir, desde luego, que sean actividades propias de la profesión de abogado. Están acreditadas, si, las funciones de jefe del departamento jurídico, así: vigilar los procesos arbitrales, judiciales y contenciosos a que den Iugar los contratos u otros actos celebrados o expedidos por el establecimiento en los campos laboral, administrativo civil y penal, cuando el gerente le confiriera poder especial; conceptuar sobre los asuntos de carácter legal relacionados con la entidad, cuando la gerencia general o la secretaría general lo solicitaran, y coordinar y revisar la absolución de las consultas de orden legal y administrativo que se formulen al departamento jurídico; coordinar y revisar la elaboración y legalización de minutas de contratos y revisar las órdenes de trabajo; revisar los juicios promovidos por la entidad y los que se promuevan contra la misma y obtener los medios probatorios para la defensa de sus intereses; coordinar y colaborar en la revisión de los pliegos de condiciones de licitaciones públicas y privadas y de los concursos de méritos y revisar la absolución de consultas que efectúen las distintas dependencias de la entidad durante el desarrollo de las licitaciones y concursos; y coordinar con las diferentes dependencias de la entidad la presentación oportuna de los testigos y documentos que se requieran para atender las demandas que presentara la entidad y las que se presenten en su contra. 

Así se encuentra dicho en la constancia de 21 de febrero de 2000 expedida por la administradora del talento humano de empresas varias de Medellín, ESP de la cual aportaron los demandantes copia simple y está incorporada en el acta de la sesión del Congreso de 23 de agosto de 2000.

Se trata, sin duda, de actividades jurídicas que, en términos del artículo 21 del Decreto 250 de 1970, indican el ejercicio de la profesión de abogado. Y ello por más de 10 años, con lo cual se satisface el requisito constitucional.

No fue violado el artículo 229 de la Constitución, que garantiza el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia y defiere a la ley la indicación de en qué casos puede hacerse sin la representación de abogado, que es asunto distinto lo que es materia de este proceso.

No fue violado tampoco el artículo 232, numeral 4º, que señala las calidades para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, pues se trataba de determinar si estaban dadas las calidades del artículo 255 de la Constitución, que son las establecidas para ser magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, que es el caso.

No fue violado el artículo 116 del Código de Procedimiento Civil, que trata de las certificaciones que pueden expedir los jueces, entre otras razones porque, como quedó dicho, el ejercicio de la profesión de abogado comprende también actividades distintas de la defensa judicial.

4. Conclusión.

Todo lo anterior indica que las pretensiones de los demandantes han de ser denegadas, porque el proceso de elección del abogado Rubén Darío Henao Orozco como Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se cumplió conforme a la Constitución y a la ley, y, por otra parte, está acreditado que el elegido ejerció la profesión de abogado por tiempo superior a 10 años, y con buen crédito, pues ninguna censura se ha hecho en tal sentido».

(Sentencia de mayo 11 de 2001. Radicación interna 2437, Consejero Ponente: Dr. Mario Alario Méndez).

ACLARACIÓN DE VOTO

Dejo consignadas en seguida, algunas consideraciones en torno al ejercicio de la profesión de abogado que, por preferirlo así la Sala, no quedaron en la sentencia.

Por media de la Ley 62 de 1928 fue reglamentado, quizá par primera vez, el ejercicio de la profesión de abogado. Conforme a lo establecido en sus artículos 1º a 12 solo serían admitidos como apoderados en los negocios civiles, criminales, administrativos y contencioso administrativos los abogados recibidos y que hubieran obtenido la correspondiente matrícula, con algunas excepciones; podían ser recibidos como abogados quienes hubieran obtenido el título de tales o acreditaran determinada experiencia; correspondía al tribunal de distrito judicial decretar la admisión del abogado; una vez decretada, el presidente del tribunal expedía al peticionario un certificado que le daba derecho a ser inscrito en la matrícula y que lo habilitaba para ejercer la abogacía en cualquier parte de la República; la matrícula se hacia en los libros que para el efecto se llevaban en los despachos judiciales, en los que se inscribían a solicitud de los interesados y mediante la presentación del correspondiente certificado, los nombres de los abogados recibidos, con la indicación del número y fecha de la matrícula, de la entidad que decretó la admisión y de la fecha de la inscripción; los funcionarios judiciales y administrativos solo podían admitir como representantes de los interesados en los juicios y actuaciones, a los abogados matriculados.

El certificado expedido por el presidente del tribunal, por sí solo, habilitaba para ejercer la abogacía en cualquier parte del territorio de la República, según lo expuesto, pero para adelantar gestiones ante los despachos judiciales y administrativos se requería, además, la matrícula.

La Ley 62 de 1928 fue modificada por la Ley 21 de 1931, que le introdujo algunas adiciones, y después mediante el artículo 71 del Acto Legislativo 1 de 1945, por el cual se estableció que en adelante solo podrían ser inscritos como abogados los que tuvieran título profesional, artículo que en la codificación dispuesta en el artículo e transitorio de ese acto legislativo vino a ser el 40 de la Constitución que rigió hasta 1991, y para su desarrollo se expidió la Ley 69 de 1945.

Fue expedido después el Decreto 320 de 1970, por el cual se dictó el estatuto del ejercicio de la abogacía, y fueron expresamente derogadas Las leyes 62 de 1928, 21 de 1931 y 69 de 1945. Ese decreto fue reglamentado por el Decreto 764 de 1970 y modificado por los decretos 1158 y 1350 del mismo año.

Poco después, sin embargo, mediante el Decreto 1766 de 1970, se suspendió la vigencia de tales decretos y se declararon en vigor las leyes 62 de 1928, 21 de 1931 y 69 de 1945.

Después fue expedido el Decreto 196 de 1971, por el cual se dictó un nuevo estatuto del ejercicio de la abogacía, y fueron derogados las leyes 62 de 1928, 21 de 1931 y 69 de 1945 y los decretos 320, 764, 1158, 1350 y 1766 de 1970.

El Decreto 196 de 1971 fue reglamentado por el Decreto 1137 del mismo año.

Mediante el artículo 1º del Decreto 196 de 1971 se estableció que la abogacía tenía como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia, y en el artículo 2º del mismo decreto que la principal misión del abogado era defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares, y que también era misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.

De lo anterior resulta, entonces, que el ejercicio de la profesión de abogado comprende, desde luego, la defensa de los derechos e intereses de las partes en procesos judiciales, administrativos o de cualquier clase, pero también actividades distintas, tales como asesoramiento, rendición de dictámenes o conceptos, realización de estudios, elaboración de documentos y muchas más.

Ahora bien, según el artículo 3º del Decreto 196 de 1971 es abogado quien obtiene el correspondiente título universitario, de conformidad con las exigencias académicas y legales, pero, según lo dispuesto en los artículos 4º, 21, 24 y 41, numeral 1º, para ejercer la profesión y anunciarse como abogado se requería estar inscrito y tener vigente la inscripción —sin perjuicio de las excepciones legalmente establecidas—, e incurría en ejercicio ilegal de la abogacía quien no siendo abogado inscrito se anunciara o hiciera pasar como tal u ofreciera servicios personales que requirieran dicha calidad o litigara; y era requisito de la inscripción haber obtenido el título correspondiente, dice el artículo 5º del mismo decreto.

Según los artículos 6º a 15 de ese decreto, quien pretendiera su inscripción debía solicitarla al tribunal superior del distrito judicial de su domicilio, que debía decretarla si no hubiera razones para denegarla, y en firma la providencia que así lo dispusiera debía comunicarse al Ministerio de Justicia, para que incluyera al interesado en el registro nacional de abogados y le expidiera la tarjeta profesional.

La inscripción habilitaba al abogado para el ejercicio de la profesión en todo el territorio de la República, según el artículo 21 de ese decreto. Pero quien actúe como abogado, dice el artículo 22, debe exhibir su tarjeta profesional al iniciar su gestión, de lo cual se dejará testimonio escrito en el respectivo expediente, e indicar su número en todo memorial, lo que indica que la tarjeta profesional de abogado se requiere cuando se trate de gestiones ante las autoridades, para identificar al abogado como tal.

La inscripción decretada por el tribunal, como antes la admisión, y no la inclusión en el registro nacional de abogados, habilitaba al abogado para el ejercicio de la profesión. El decreto de inscripción era la inscripción misma, aunque, desde luego, para hacer gestiones ante las autoridades fuera necesaria la tarjeta profesional, como antes la matrícula; pero no es necesaria la tarjeta, como tampoco era necesaria la matrícula, para la realización de actividades distintas, como el asesoramiento legal, por ejemplo, y otras tantas que constituyen ejercicio de la profesión de abogado.

En consonancia con lo anterior mediante el artículo 21 da Decreto 250 de 1970 se dispuso que el ejercicio de la abogacía podía comprobarse con el desempeño habitual de cualesquiera actividades jurídicas, tanto independientes como subordinadas, en cargo público o privado, disposición que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 24 de noviembre de 1977, declaró exequible (1) .

(1) Gaceta Judicial, t. CLVI, num. 2.396, pág. 358.

Por el artículo 67 del Decreto 1660 de 1978 se reiteró la disposición anterior, pero contra lo dispuesto, especialmente, en los artículos 4º, 21, 24 y 41, numeral 1º, del Decreto 196 de 1971 —según los cuales, ya se dijo, para ejercer la profesión de abogado se requería estar inscrito como tal, salvas las excepciones legales— se estableció que las actividades jurídicas, para indicar el ejercicio de la profesión de abogado, debían ser cumplidas con posterioridad a la obtención del título profesional, y no, como debía ser, con posterioridad a la inscripción.

Después, creado el Consejo Superior de la Judicatura por los artículos 116, 254, 255, 256 y 257 de la Constitución, mediante el artículo 11, numeral 7º, del Decreto 2652 de 1991, por el cual se adoptaron medidas para su funcionamiento, se dispuso que correspondía a la Sala Administrativa llevar el registro nacional de abogados y expedir las tarjetas profesionales, y así se reiteró en el artículo 85, numeral 20, de la Ley 270 de 1996.

Se advierte, finalmente, que el trámite de inscripción de los abogados en los tribunales superiores de distrito judicial establecida en el Decreto 196 de 1971, fue suprimido, por disposición del artículo 90 del Decreto 2150 de 1995. Ello que indica que a partir de entonces los abogados —es decir, quienes hubieran obtenido el correspondiente título universitario— están autorizados para ejercer la abogacía, y no como antes, que se requería, además de la calidad de abogado, estar inscrito como tal, aunque, desde luego, para hacer gestiones ante las autoridades sigue siendo necesaria la tarjeta profesional.

Era propósito de estas reflexiones precisar que, vigente la inscripción establecida en el Decreto 196 de 1971, sólo podía ejercer lícitamente la profesión el abogado así inscrito.

Mario Alario Méndez 

ACLARACIÓN DE VOTO

De conformidad con expresas normas jurídicas que así lo han dispuesto, tales como el artículo 21 del Decreto-Ley 250 de 1970 que estableció “El ejercicio de la abogacía se podrá comprobar con el desempeño habitual de cualquier actividad jurídica, tanto independientes como subordinadas, en cargo público o privado” y el inciso final del artículo 67 del Decreto 1660 que 1978, reglamentario del anterior a cuyo tenor se prevé:

“El ejercicio de la abogacía podrá comprobarse con la presentación de los documentos que demuestren el desempeño habitual de cualesquiera actividades jurídicas, sean independientes o subordinadas, en cargo público o privado, ejercidas con posterioridad a la obtención del título profesional correspondiente , o con anterioridad, en el caso de que hubieren sido ejercidas al amparo de la licencia temporal que autoriza la ley para quienes han terminado estudios de derecho”.

Estas normas, así como el Decreto-Ley 052 de 1987, por mandato del artículo 204 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, permanecerán vigentes hasta tanto se expida la ley ordinaria que habrá de regular la carrera judicial y establecer el régimen para las situaciones laborales administrativas de los funcionarios y empleados judiciales, siempre que sus disposiciones no sean contrarias a la Constitución Política y a la Ley 270 de 1996, citada.

En el mismo orden, se estableció en parágrafo primero del artículo 128 de la Ley 270 de 1996, lo siguiente:

“Para ejercer los cargos de funcionario de la rama judicial deben reunirse los siguientes requisitos adicionales, además de los que establezca la ley (...).

PAR. 1º—La experiencia de que trata el presente artículo, deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas ya sea de manera independiente, o en cargos públicos o privados o en el ejercicio de la función judicial. En todo caso para estos efectos se computará como experiencia profesional la actividad como empleado judicial que se realice con posterioridad a la obtención del título de abogado”.

Con arreglo a las anteriores disposiciones, cuya vigencia actual solo puede predicarse con absoluta seguridad, de la última, el ejercicio de la profesión de abogado se realiza cuando se cumplen una o, simultáneamente, algunas de las actividades que señala la ley.

He creído necesario aclarar mi voto favorable a la sentencia del 11 de mayo del año en curso, en el proceso de la referencia porque si bien es cierto la jurisprudencia de la corporación ha interpretado que puede acreditarse la experiencia profesional de abogado con el ejercicio del litigio, la asesoría y consultoría en disciplinas jurídicas, el desempeño de la judicatura y cargos públicos o privados donde se ejerzan funciones jurídicas por parte de abogados, no lo es menos que las funciones jurídicas que pueden ser ejercidas por razón y durante el desempeño de cargos públicos y privados, no reúnen en todos los casos las condiciones de amplitud y especificidad necesarios, de manera que responda al objeto jurídico del requisito de experiencia profesional que, el legislador dispuso, no debe ser inferior a diez años.

Significa lo anterior, que frente al desempeño de empleos donde las actividades jurídicas no constituyan el núcleo esencial de la prestación o solo se desarrollen en la mitad del tiempo de labor asignado para la respectiva función, a lo sumo se puede admitir, en sana lógica, que se trata del cumplimiento parcial del requisito, al tiempo que, en otros casos, no pueden ser tenidas como ejercicio de la profesión de abogado, por constituir una actividad apenas marginal del respectivo empleo. Mi aclaración consiste en precisar que, en mi opinión, el ejercicio profesional como abogado cuando se acredita con base en el desempeño de cargos públicos o privados con funciones jurídicas debe ser evaluado en cada caso, teniendo en cuenta las características del cargo y la naturaleza y extensión de las funciones.

En el sub lite, de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, la Sala tiene por acreditado que las funciones cumplidas por el demandado, durante el desempeño de cargos públicos, reúnen a cabalidad las exigencias legales de experiencia profesional de abogado.

En los anteriores términos aclaro mi voto favorable a la sentencia reseñada.

Reinaldo Chavarro Buriticá 

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