Sentencia 24443 de agosto 5 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 24443

Acta 54

Magistrado Ponente:

Gustavo José Gnecco Mendoza

Bogotá, D.C., cinco de agosto de dos mil cuatro.

Resuelve la Corte el recurso de anulación que interpusieron ambas partes contra el laudo arbitral del 27 de abril de 2004, aclarado el 26 de mayo del mismo año, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo laboral existente entre la Caja de Compensación Familiar de Fenalco, Comfenalco, Cundinamarca, y el Sindicato de Empleados de la Caja de Compensación Familiar Fenalco, Sindecom.

I. Antecedentes

Ante el inspector del trabajo, Dirección Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Cundinamarca y Bogotá, D.C., el 4 de agosto de 2003 el Sindicato de Empleados de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco, Sindecom, denunció parcialmente la convención colectiva de trabajo que había concertado con esa empresa para regular las relaciones laborales desde el 1º de octubre de 2001 hasta el 30 de septiembre de 2003. El 5 de agosto de 2002 esa organización sindical presentó a la empresa el correspondiente pliego de peticiones.

La Caja de Compensación Familiar de Fenalco —Comfenalco Cundinamarca—, por su parte, también denunció parcialmente la convención colectiva de trabajo, el 13 de agosto de 2003, ante el Ministerio de la Protección Social.

La etapa de arreglo directo se inició el 19 de agosto de 2003 y concluyó sin acuerdo alguno el 4 de septiembre de 2003, de lo cual tuvo conocimiento el Ministerio de la Protección Social, según información que le hicieran el sindicato y la empresa, el primero, mediante comunicación del 8 de septiembre de 2003 y, la segunda, a través de la misiva del 8 de octubre del mismo año.

La asamblea general de la organización sindical decidió el 16 de septiembre de 2003 solicitar al Ministerio de la Protección Social la constitución de un tribunal de arbitramento que dirimiera el conflicto colectivo laboral, y de ello informó a dicho ente gubernamental el 30 de septiembre del mismo calendario.

El Ministerio de la Protección Social así lo dispuso mediante las resoluciones 3356 del 4 de noviembre y 4282 del 23 de diciembre de 2003 y 355 del 12 de febrero de 2004 dirigidas a integrar el tribunal de árbitros.

El 1º de marzo de 2004 se instaló el tribunal de arbitramento obligatorio, en el que actuaron como arbitradores Carlos Hernán Godoy Fajardo, Jorge Enrique Romero Pérez y Rafael Forero Contreras, quienes después de cumplir su actuación profirieron el laudo impugnado, el cual fue aclarado, complementado y corregido a instancia del sindicato, con salvamento de voto del árbitro Jorge Enrique Romero Pérez.

II. Denuncia de la convención colectiva por parte del sindicato y pliego de peticiones

El sindicato denunció las siguientes disposiciones de la convención colectiva: Artículo primero (partes contratantes), artículo décimo (auxilio de anteojos), artículo once (auxilios por defunción del trabajador), artículo doce (auxilio por defunción de familiar), artículo trece (auxilio extralegal de transporte), artículo catorce (auxilio de invalidez), artículo quince (auxilio de cursos y/o congresos), artículo dieciséis (auxilio educativo), artículo diecisiete (auxilios en los servicios), artículo dieciocho (auxilio de hospitalización), incisos segundo y tercero del artículo diecinueve (sobre incremento del auxilio de almuerzo), artículo veinte (préstamo por calamidad doméstica), artículo veintiuno (préstamo hospitalario), artículo veintiséis (seguro de vida extralegal), artículo veintinueve (sueldos), artículo treinta (salario mínimo convencional), artículo cuarenta y tres (vigencia) y artículo cuarenta y seis (cuota por beneficio convencional).

El pliego de peticiones, con excepción del punto relativo a “Continuidad de normas”, gira alrededor de los temas contenidos en las disposiciones de la convención colectiva de trabajo denunciadas.

III. Denuncia de la convención colectiva por parte de la empresa

La empleadora denunció la convención colectiva de trabajo parcialmente con el fin de que se establecieran nuevas condiciones extralegales y se redujeran sustancialmente las que se aplican a aquellos trabajadores actualmente beneficiados, de tal manera que la convención colectiva de trabajo que se suscribiera se ajustara a las nuevas realidades económicas del país en general y de la empresa en particular, con el principal objetivo de lograr condiciones de viabilidad para garantizar la permanencia de la empleadora como fuente de trabajo.

Con tal propósito agrupó las disposiciones convencionales denunciadas así:

Un primer grupo compuesto por los artículos 2º (aplicación); 3º (relaciones laborales individuales); 5º (manuales de funciones, procedimientos y requisitos); 6º (ascensos y traslados); 7º (reemplazos accidentales); 8º (indemnización por despido sin justa causa) y 9º (prescripción de faltas); respecto de los cuales expresó que dificultaban e impedían el cumplimiento de los requerimientos y exigencias contenidas en la Ley 789 de 2002, así como que limitaban el desarrollo de la caja e impedían la ejecución de una política de contratación ajustada a las necesidades del mercado y los programas de inversión exigidas legalmente a la caja.

Un segundo grupo conformado por los artículos 10 (auxilio de anteojos); 11 (auxilio por defunción del trabajador); 12 (auxilio por defunción familiar); 13 (auxilio extralegal de transporte); 14 (auxilio de invalidez); 15 (auxilio de cursos y congresos); 16 (auxilio educativo); 17 (auxilios en los servicios); 18 (auxilio de hospitalización); 19 (auxilio de almuerzo); 20 (préstamo por calamidad doméstica); 21 (préstamo hospitalario); 22 (vacaciones extralegales remuneradas); 23 (prima extralegal de servicios); 24 (quinquenios); 25 (bonificación de navidad); 27 (pensión de jubilación); 28 (pago de incapacidades); 29 (sueldos); 32 (prendas de trabajo); 33 (dominicales y festivos); 34 (delegados); 35 (permisos sindicales) y 36 (cursos sindicales); sobre los cuales dijo que implicaban un costo excesivo para una entidad que además de los problemas financieros por los cuales atraviesa, se ve sometida a unas exigencias económicas muy severas como consecuencia de la aplicación de la Ley 789 de 2002, que obliga a hacer una reducción en los costos de administración.

IV. Laudo arbitral

El tribunal de arbitramento obligatorio consideró que tenía competencia para resolver sobre la denuncia parcial de la empresa y para ello invocó los criterios sentados por esta Sala a través de las sentencias emitidas en los expedientes 10.462 y 11.672.

La parte resolutiva del laudo, en lo que concierne a los puntos de inconformidad planteados por el sindicato recurrente, estableció:

“ART. 1º—Del laudo. Los siguientes artículos de la convención colectiva vigente quedarán así:

“ART. 1º—Partes contratantes. Son partes contratantes de la convención colectiva de trabajo resultante del presente pliego de peticiones, la Caja de Compensación Familiar de Fenalco, Comfenalco, entidad privada, constituida legalmente y autorizado su funcionamiento por el Gobierno Nacional mediante Resolución 2592, expedida el 24 de septiembre de 1957 por el Ministerio de Justicia, la que se denominará Comfenalco, por un lado; y por el otro, el Sindicato de Empleados de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco, Sindecom, entidad con personería jurídica reconocida por Resolución 1767 expedida el 26 de junio de 1973, por el hoy denominado Ministerio de la Protección Social, debidamente inscrita en su registro sindical, organización de primer grado y de empresa, la que en adelante se denominará el sindicato.

“ART. 8º—Indemnización por despido sin justa causa. En caso que Comfenalco despidiere algún trabajador con contrato vigente con diez (10) o más años de servicio a 27 de abril de 2004, sin justa causa le pagará las siguientes indemnizaciones en sustitución de las previstas en la ley:

a) Cuarenta y cinco (45) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año;

b) Si el trabajador tuviere más de un (1) año y menos de dos (2) años de servicios continuos, se le pagará diecisiete (17) días adicionales de salario, sobre los cuarenta y cinco (45) días básicos del literal a) por cada uno de los años de servicios subsiguientes y proporcionalmente por fracción de año;

c) Si el trabajador tuviere más de dos (2) años y menos de cinco (5) años de servicios continuos, se le pagará veintisiete (27) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) días básicos del literal a), por cada uno de los años de servicios subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción de año;

d) Si el trabajador tuviere más de cinco (5) años y menos de diez (10) años de servicios continuos, se le pagará cuarenta (40) días adicionales de salario, sobre los cuarenta y cinco (45) días básicos del literal a) por cada uno de los años de servicios subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción de año;

e) Si el trabajador tuviere más de diez (10) años de servicios continuos, se le pagará cuarenta y cinco (45) días adicionales de salario, sobre los cuarenta y cinco (45) días básicos del literal a), por cada uno de los años de servicios subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción de año;

f) Si el trabajador tuviere más de quince (15) años y menos de veinte (20) años de servicios continuos, se le pagará cincuenta (50) días adicionales de salario, sobre los cuarenta y cinco (45) días básicos del literal a), por cada uno de los años de servicios subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción de año, y

g) Si el trabajador tuviere más de veinte (20) años continuos, se le pagará cincuenta y cinco (55) días adicionales de salario, sobre los cuarenta y cinco (45) días básicos del literal a), por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción de año.

“Si el despido sin justa causa afecta a un trabajador con contrato vigente con menos de diez (10) años de servicios a 27 de abril de 2004 se le aplicará el régimen indemnizatorio previsto en la Ley 50 de 1990.

“En el caso de despido sin justa causa de trabajadores vinculados a partir del 27 de abril de 2004 se le reconocerá 45 días de salario por el primer año de servicios o fracción de año. A partir del segundo año de servicios se aplicarán los 45 días ya señalados por el primer año y las normas de la ley vigente al momento del despido.

“ART. 10.—Auxilio de anteojos. Comfenalco reconocerá a sus trabajadores el ciento por ciento (100%) del costo de sus lentes. Si el trabajador prefiere lentes de contacto a cambio de los anteriores, la entidad reconocerá un auxilio hasta la suma que resulte de incrementar el valor vigente a 30 de septiembre de 2001 ($ 55.000 pesos mcte.), en el IPC nacional acumulado para el período comprendido entre el 1º de octubre de 2000 y el 30 de septiembre de 2001 más un punto; en ambos casos por una sola vez al año. Adicionalmente se reconocerá la misma suma para montura, por una sola vez durante la vigencia de la presente convención.

“Para el segundo año se reconocerá un incremento correspondiente al IPC nacional acumulado para el período anual (oct. 1º/2001 a sep. 30/2002) más un punto sobre los valores vigentes a 30 de septiembre de 2002.

“A este auxilio tendrán derecho los trabajadores que hayan cumplido como mínimo un año de servicio continuo.

“Comfenalco podrá elegir de tres cotizaciones que presente el trabajador, la de la óptica que cumpliendo con los requisitos científicos, resulte más económica para los intereses de la entidad.

“PAR.—Para los trabajadores que se vinculen a partir del 27 de abril del 2004, este beneficio se concederá en una cuenta equivalente al 50% de lo previsto en esta norma.

“ART. 11.—Auxilios por defunción del trabajador. En caso de muerte del trabajador Comfenalco reconocerá un auxilio de inhumación durante el primer año de vigencia hasta la suma que resulte de incrementar el valor vigente a 30 de septiembre de 2001 ($ 434.000, cuatrocientos treinta y cuatro mil pesos mcte.), en el IPC nacional acumulado para el período comprendido entre el 1º de octubre de 2000 y el 30 de septiembre de 2001 más un punto, que se girará a la persona natural que demuestre haber sufragado los gastos funerarios.

“Para el segundo año se reconocerá un incremento correspondiente al IPC nacional acumulado para el período anual (oct. 1º/2001 a sep. 30/2002) más un punto sobre los valores vigentes a 30 de septiembre de 2002.

“PAR.—Para los trabajadores que se vinculen a partir del 27 de abril del 2004, este beneficio se concederá en una cuantía equivalente al 50% de lo previsto en esta norma.

“ART. 12.—Auxilio por defunción de familiar. Comfenalco reconocerá a los trabajadores, durante el primer año de la vigencia, un auxilio en caso de defunción del cónyuge o de sus hijos, registrados en la entidad, hasta por la suma que resulte de incrementar el valor vigente a 30 de septiembre de 2001 ($ 149.000, ciento cuarenta y nueve mil pesos mcte.), en el IPC nacional acumulado para el período comprendido entre el 1º de octubre de 2000 y el 30 de septiembre de 2001, más un punto.

“Para el segundo año se reconocerá un incremento correspondiente al IPC nacional acumulado para el período anual (oct. 1º/2001 a sep. 30/2002) más un punto sobre los valores vigentes a 30 de septiembre de 2002.

“Tratándose de trabajadores solteros, este auxilio se reconocerá por muerte de los padres. Los trabajadores que se beneficien con este auxilio, deberán presentar en relaciones humanas, el certificado de defunción del familiar y comprobar con la tarjeta de servicios que dependía económicamente del trabajador.

“PAR.—Para los trabajadores que se vinculen a partir del 27 de abril de 2004, este beneficio se concederá en una cuantía equivalente al 50% de lo previsto en esta norma(...).

“ART. 13.—Auxilio extralegal de transporte. Comfenalco pagará el auxilio de transporte legal a aquellos trabajadores que devenguen hasta cuatro (4) veces el salario mínimo convencional. Sin embargo, en el caso de aquellos trabajadores que devenguen más de 2 veces el salario mínimo legal dicho beneficio no constituirá factor de salario para ningún efecto.

“Para los trabajadores que se vinculen a Comfenalco a partir del 27 de abril de 2004, este beneficio se concederá cuando devenguen hasta 3 veces el salario mínimo convencional, en las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior.

“ART. 14.—Auxilio de invalidez. Cuando el trabajador sea retirado del servicio por invalidez calificada por una entidad de seguridad social debidamente autorizada y conlleve la terminación del contrato de trabajo, Comfenalco pagará además de las prestaciones legales, las siguientes tablas de indemnización:

a) Trabajadores con menos de un (1) año de servicios, cuarenta y cinco (45) días de salario.

b) Trabajadores con un (1) año y hasta diez (10) años continuos de servicios cumplidos, veintiocho (28) días de salario por año o fracción, adicionales a los primeros cuarenta y cinco (45) días;

c) A los trabajadores con más de diez (10) años continuos de servicios cumplidos, treinta y dos (32) días de salario por año o fracción, adicionales a los primeros cuarenta y cinco (45) días, y

d) A los trabajadores con más de veinte (20) años continuos de servicios cumplidos, cuarenta (40) días de salario por año o fracción, adicionales a los primeros cuarenta y cinco (45) días.

“PAR.—Para los trabajadores que se vinculen a partir del 27 de abril del 2004, este beneficio se concederá en una cuantía equivalente al 50% de lo previsto en esta norma.

“ART. 15.—Auxilio de cursos y/o congresos. Comfenalco continuará la política que sobre este aspecto viene desarrollando, concediendo un auxilio por persona y cuando lo considere conveniente de acuerdo con su vinculación en las actividades de Comfenalco, previa solicitud la cual debe presentarse en la oficina de recursos humanos, con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de realización del curso o congreso, con el visto bueno del superior inmediato. El monto de este auxilio para el primer año de vigencia se incrementará sobre el valor vigente a 30 de septiembre de 2001 ($ 83.000 ochenta y tres mil pesos mcte.); en el IPC nacional acumulado para el período comprendido entre el 1º de octubre de 2000 y el 30 de septiembre de 2001, más un punto.

“Para el segundo año se reconocerá un incremento correspondiente al IPC nacional acumulado para el período anual (oct. 1º/2001 a sep. 30/2002) más un punto sobre los valores vigentes a 30 de septiembre de 2002.

“Tendrán derecho a estos auxilios quienes tengan vinculación con la entidad superior a un (1) año, debiendo presentar constancia de asistencia a estos actos y un informe al superior inmediato sobre los beneficios y actividades cumplidas.

“PAR.—Para los trabajadores que se vinculen a partir del 27 de abril del 2004, este beneficio se concederá en una cuantía equivalente al 50% de los previsto en esta norma.

“ART. 16.—Auxilio educativo. Comfenalco auxiliará los estudios secundarios de sus trabajadores que tengan contrato a término indefinido. El monto de este auxilio para el primer año de la vigencia se incrementará sobre el valor vigente a 30 de septiembre de 2001 ($ 50.000 cincuenta mil pesos mcte.), en el IPC nacional acumulado para el período comprendido entre el 1º de octubre de 2000 y el 30 de septiembre de 2001, más un punto.

“Para el segundo año se reconocerá un incremento correspondiente al IPC nacional acumulado para el período anual (oct. 1º/2001 a sep. 30/2002), más un punto sobre los valores vigentes a 30 de septiembre de 2002.

“El auxilio semestral para estudios superiores universitarios de pregrado, será incrementado para el primer año de la vigencia sobre el valor vigente a 30 de septiembre de 2001 ($ 273.000 doscientos setenta y tres mil pesos mcte.) en el IPC nacional acumulado para el período comprendido entre el 1º de octubre de 2000 y el 30 de septiembre de 2001, más un punto, siempre que tales estudios tengan relación con los fines y servicios de la entidad, se adelanten en instituciones superiores debidamente aprobadas por el Icfes o por la entidad competente, y por un tiempo máximo igual a la duración nominal prevista para la carrera.

“Para el segundo año se reconocerá un incremento correspondiente al IPC nacional acumulado para el período anual (oct. 1º/2001 a sep. 30/2002) más un punto sobre los valores vigentes a 30 de septiembre de 2002.

“El auxilio semestral para otro tipo de estudios tecnológicos superiores, será incrementado sobre el valor vigente a 30 de septiembre de 2001 ($ 124.000 ciento veinticuatro mil pesos mcte.), en el IPC nacional acumulado para el período comprendido entre el 1º de octubre de 2000 y el 30 de septiembre de 2001, más un punto, para el primer año de la vigencia, siempre y cuando a juicio de Comfenalco tales estudios tengan relación con los fines y servicios de la entidad.

“Para el segundo año se reconocerá un incremento correspondiente al IPC nacional acumulado para el período anual (oct. 1º/2001 a sep. 30/2002), más un punto sobre los valores vigentes a 30 de septiembre de 2002.

“Para tener derecho a los mencionados auxilios el trabajador deberá presentar a relaciones humanas la orden de pago de la matrícula correspondiente al período académico en referencia.

“PAR. I.—Comfenalco podrá otorgar préstamos a los trabajadores, por una vez cada año para pago de matrículas y pensiones de sus hijos que estén cursando primaria o bachillerato. El monto del préstamo para el primer año de la vigencia se incrementará sobre el valor vigente a 30 de septiembre de 2001 ($ 158.000 ciento cincuenta y ocho mil pesos mcte.), en el IPC nacional acumulado para el período comprendido entre el 1º de octubre de 2000 y el 30 de septiembre de 2001, más un punto.

“Para el segundo año se reconocerá un incremento correspondiente al IPC nacional acumulado para el período anual (oct. 1º/2001 a sep. 30/2002) más un punto sobre los valores vigentes a 30 de septiembre de 2002.

“Los hermanos de los trabajadores solteros que no sean cabeza de familia tendrán derecho a los auxilios para la educación que establezca Comfenalco como programas generales para los usuarios de sus servicios, siempre y cuando dependan económicamente del trabajador y sean menores de veintiún (21) años.

“PAR. II.—Para los trabajadores que se vinculen a partir del 27 de abril de 2004, este beneficio se concederá en una cuantía equivalente al 50% de lo previsto en esta norma.

“ART. 17.—Auxilios en los servicios. Para los servicios de recreación, salud y educación que presta Comfenalco, se otorgará un 15% de descuento sobre las tarifas que rigen para los usuarios, de acuerdo con la categoría establecida en la tarjeta de servicios.

“PAR.—Comfenalco prestará los servicios de rayos X y laboratorio a sus trabajadores con las mismas tarifas que rigen para los usuarios, de acuerdo con la categoría establecida en la tarjeta de servicios.

“ART. 18.—Auxilio de hospitalización. Comfenalco concederá un auxilio de hospitalización que se incrementará sobre el valor vigente a 30 de septiembre de 2001 ($ 149.000, ciento cuarenta y nueve mil pesos mcte.), en el IPC nacional acumulado para el período comprendido entre el 1º de octubre de 2000 y el 30 de septiembre de 2001, más un punto, para el primer año de la presente vigencia, para los trabajadores a término indefinido que se encuentren devengando hasta tres (3) salarios mínimos legales. Este auxilio se otorgará en caso de hospitalización de los beneficiarios legales del trabajador y hasta por una sola vez al año.

“Para el segundo año se reconocerá un incremento correspondiente al IPC nacional acumulado para el período anual (oct. 1º/2001 a sep. 30/2002), más un punto sobre los valores vigentes a 30 de septiembre de 2002.

“PAR.—El beneficio establecido en esta norma no se aplicará a los trabajadores vinculados a partir del veintisiete de abril de 2004.

“ART. 19.—Auxilio de almuerzo. Comfenalco continuará suministrando el auxilio de almuerzo para todos sus trabajadores cuya jornada de trabajo sea de 6 horas o más, dentro de las condiciones laborales que actualmente lo viene haciendo, a un costo de cuatro pesos con cincuenta centavos mcte. ($ 4.50), cada uno. En las dependencias de Comfenalco donde no funcione cafetería se reconocerá al trabajador por cada vale expedido por relaciones humanas, una suma de cuatro mil setecientos dieciocho pesos ($ 4.718), esta suma se incrementará a partir del primero (1º) de enero de 2005 en un porcentaje equivalente al incremento del IPC nacional acumulado certificado por el DANE para el período de enero primero (1º) de 2004 a treinta y uno (31) de diciembre de 2004.

“Este auxilio no constituye salario en ningún caso.

“PAR.—Para los trabajadores que se vinculen a partir del 27 de abril del 2004, este beneficio se concederá en una cuantía equivalente al 50% de lo previsto en esta norma.

“ART. 21.—Préstamo hospitalario. Comfenalco realizará un préstamo a los trabajadores beneficiarios de esta convención, con el fin de sufragar honorarios médicos y quirúrgicos de sus beneficiarios legales reconocidos por la entidad y sin intereses, por un monto que se incrementará sobre el valor vigente a 30 de septiembre de 2001 ($ 681.000, seiscientos ochenta y un mil pesos mcte.), en el IPC nacional acumulado para el período comprendido entre el 1º de octubre de 2000 y el 30 de septiembre de 2001, más un punto, para el primer año de la vigencia.

“Para el segundo año se reconocerá un incremento correspondiente al IPC nacional acumulado para el período anual (oct. 1º/2001 a sep. 30/2002) más un punto sobre los valores vigentes a 30 de septiembre de 2002, máximo por dos beneficiarios durante el año.

“PAR.—Para los trabajadores que se vinculen a partir del 27 de abril del 2004, este beneficio se concederá en una cuantía equivalente al 50% de lo previsto en esta norma.

“ART. 22.—Vacaciones extralegales remuneradas. Además de los quince (15) días legales, Comfenalco reconocerá a sus trabajadores los siguientes días de vacaciones adicionales remunerados:

a) Los profesores del liceo continuarán gozando de las vacaciones que determina la ley y de nueve (9) días más que reconocerán como vacaciones extralegales al finalizar el primer semestre del año lectivo. Comfenalco reconocerá nueve (9) días hábiles de vacaciones extralegales a los instructores del centro de educación continuada al finalizar el primer semestre de labores.

b) Un (1) día hábil a quienes lleven de cinco (5) a diez (10) años de servicio continuo.

c) Tres (3) día hábiles a quienes lleven más de diez (10) años y hasta quince (15) años de servicio continuo.

d) Cinco (5) días hábiles a quienes lleven más de quince (15) años de servicio continuo.

Además Comfenalco pagará una prima de vacaciones en dinero, así:

a) Catorce (14) días de sueldo a quienes lleven de tres (3) a cuatro (4) años de servicio continuo.

b) Diecisiete (17) días de sueldo a quienes lleven de cuatro (4) a cinco (5) años de servicio continuo. Veintiún (21) días de sueldo a quienes lleven de cinco (5) hasta diez (10) años de servicio continuo.

c) Veinticuatro (24) días de sueldo a quienes lleven de diez (10) a quince (15) años de servicio continuo.

d) Treinta y dos (32) días de sueldo a quienes lleven más de quince (15) años de servicio continuo.

“Esta prima se pagará en el momento en que el trabajador entre a disfrutar de sus vacaciones siempre y cuando continúe vinculado a Comfenalco al término de su disfrute.

“Por lo tanto, esta prima de vacaciones no se causará cuando por cualquier motivo las vacaciones en tiempo se paguen en dinero. Si el trabajador disfruta parcialmente las vacaciones, por petición de Comfenalco, de acuerdo con la ley tendrá derecho a la prima proporcionalmente al tiempo de disfrute de aquellas.

“La prima por los días restantes de vacaciones se pagará en el momento en que el trabajador comience a disfrutar de ellas. La prima aquí establecida, la reconocerá Comfenalco con el fin de que el trabajador disfrute más ampliamente del descanso dominical, por lo tanto, esta no tendrá carácter salarial en ningún caso.

“Para efecto de las vacaciones Comfenalco no computará como días hábiles los sábados”.

“PAR.—La anterior disposición se aplicará solamente a trabajadores beneficiarios de esta convención, vinculados con anterioridad al 31 de mayo de 2001.

“ART. 23.—Prima extralegal de servicios. Comfenalco pagará a los trabajadores que estén con contrato a término indefinido una firma (sic) extralegal de servicios consistente en el cuarenta por ciento (40%) del salario nominal que devengue el trabajador. Esta prima será cancelada en el mes de junio de cada año de vigencia de la presente convención.

“Este beneficio no constituye salario para ningún efecto.

“PAR.—Comfenalco pagará a los trabajadores vinculados con contrato a término indefinido a partir del 1º de junio de 2001 y a los vinculados con contrato a término fijo que tengan una antigüedad de cinco (5) años continuos o discontinuos al 1º de junio de 2001, una prima extralegal de servicios de doce (12) días de salario básico proporcional por el tiempo de servicio, no constitutiva de salario, en el mes de junio de cada año de vigencia de la convención.

“ART. 27.—Pensión de jubilación. En los términos establecidos por la ley, Comfenalco pensionará a sus trabajadores con el setenta y cinco por ciento (75%) de su salario, siempre que en la fecha de causación del derecho de pensión el trabajador hubiese laborado por lo menos diez (10) años continuos con la caja. El monto de la pensión reconocida por la entidad administradora de pensiones a que esté afiliado el trabajador se restará del setenta y cinco por ciento (75%) a que se refiere este literal, para que la caja continúe pagando solo la diferencia.

“PAR.—La anterior disposición se aplicará solamente a los trabajadores beneficiarios de esta convención que al 27 de abril de 2004, tengan 20 o más años de servicios continuos.

“ART. 29.—Sueldos. Comfenalco aumentará los sueldos de los trabajadores a término indefinido con contrato de trabajo vigente a 27 de abril de 2004, en la siguiente forma:

A partir del primero de enero de 2004 y hasta el 31 de diciembre de 2004 se aplicará un incremento equivalente a 7.49%.

A partir del primero de enero de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2005, el aumento será equivalente al IPC nacional acumulado para el período anual, 1º de enero de 2004 a 31 de diciembre de 2004.

PAR. 1º—Los sueldos se ajustarán al mil, de la siguiente forma:

a) Cuando sea o exceda de quinientos pesos mcte. ($ 500) se aproximará al mil inmediatamente superior.

b) Cuando sea inferior a quinientos pesos mcte. ($ 500) se aproximarán al mil inmediatamente inferior.

PAR. 2º—Los trabajadores con contrato de trabajo vigente a 27 de abril de 2004, recibirán por una sola vez, una bonificación no constitutiva de salario, por una suma equivalente al IPC acumulado de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2003, aplicado a los salarios básicos vigentes a 30 de septiembre de 2003.

“ART. 30.—Salario mínimo convencional. A partir de la vigencia de la presente convención y por el término de duración de ella, el salario mínimo convencional que pagará Comfenalco será el salario mínimo legal vigente, más un 5%.

“ART. 32.—Comfenalco suministrará sin costo alguno para el trabajador que devengue hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, las siguientes prendas de trabajo:

a) Para médicos, odontólogos, bacteriólogos, sicólogos y nutricionistas, dos (2) blusas semestrales. Para auxiliares de odontología y medicina, dos (2) uniformes semestrales y dos (2) pares de zapatos anuales. Para jefes de enfermería dos (2) uniformes semestrales y dos (2) pares de zapatos anuales. Para los médicos de la unidad médico quirúrgica dos (2) vestidos de cirugía anuales.

b) Para el personal femenino de oficina: Secretarias, auxiliares, recepcionista, asistentes, etc., dos (2) uniformes completos anuales, consistentes en dos (2) faldas y dos (2) sacos o chaquetas de paño, cuatro blusas y dos (2) pares de zapatos anuales.

c) Para celadores, ascensoristas, conductores, cajeros, mensajeros y auxiliares de oficina, dos (2) vestidos de paño, cuatro (4) camisas, dos (2) corbatas y dos (2) pares de zapatos anuales.

d) Para los profesores del área de educación, que tengan firmado contrato de trabajo con Comfenalco a término indefinido, cuatro (4) blusas anuales.

e) Para instructores del área de educación que tengan firmado contrato de trabajo con Comfenalco a término fijo, dos (2) blusas anuales.

f) Para personal de mantenimiento, auxiliares de almacén, bodega y encargado de mimeógrafos, se les suministrará cuatro (4) blusas anuales y dos pares de zapatos anuales.

g) Para personal femenino de servicios generales aseo y cocina del club recreativo y demás sedes, cuatro (4) uniformes anuales y dos (2) pares de zapatos anuales.

h) Para el personal del centro vacacional en Girardot, se le otorgará la siguiente dotación:

1. Para el personal de secretarias, cajeras y recepcionistas, seis (6) faldas, seis (6) blusas y dos (2) pares de zapatos anuales.

2. Para el personal de auxiliares de oficina que deban atender directamente al público, seis (6) pantalones, seis (6) camisas y dos (2) pares de zapatos anuales. Para los vigilantes se agrega tres (3) corbatas y una (1) gorra anual.

3. Para el personal de mantenimiento de oficinas, almacén y bodega, se les suministrará cuatro (4) blusas y dos (2) pares de zapatos anuales.

4. Para el personal femenino de servicios generales, se les suministrará seis (6) batas, seis (6) micos, seis (6) cofias y dos (2) pares de zapatos de presentación y dos (2) pares de tenis anuales.

5. Para el personal de mantenimiento, tractorista, jardinero, palafrenero y similares, seis (6) pantalones de dril, seis (6) camisas, dos (2) pares de botas anuales. Para el personal de piscineros, dos (2) pares de pantuflas de caucho, cuatro (4) camisetas y cuatro (4) pantalones anuales.

i) Para el personal de mantenimiento del club recreativo, cuatro (4) uniformes de dril y dos (2) pares de botas anuales. Para el personal de piscineros dos (2) pares de pantuflas de caucho, cuatro camisetas y cuatro (4) pantalonetas anuales.

j) A los profesores de las áreas deportivas y caddies, se les suministrará dos (2) sudaderas y dos (2) camisetas anuales y a los profesores de educación física del área de educación una (1) sudadera y dos (2) camisetas anuales.

“PAR.—Comfenalco suministrará estas prendas los quince (15) primeros días de cada semestre o anualidad según el caso. Comfenalco designará una persona y el sindicato otra para que hagan la respectiva selección de modelos y calidades de las prendas que deban suministrarse.

“ART. 33.—Dominicales y festivos. El trabajador que labore habitualmente en día de descanso obligatorio, tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado previsto en la ley, sin perjuicio de un recargo del ciento por ciento (100%) sobre el valor de las horas trabajadas.

“ART. 43.—Vigencia. El presente laudo arbitral tendrá vigencia a partir del veintisiete (27) de abril de 2004, y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2005. Únicamente en materia salarial, se aplicará retrospectivamente a partir del 1º de enero de 2004 en los términos indicados en el artículo pertinente.

“ART. 46.—Cuota por beneficio convencional. Al personal de trabajadores que se beneficie del presente laudo, Comfenalco le descontará un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) del aumento salarial del primer mes de cada uno de los aumentos decretados, suma de dinero que se pondrá a disposición de la tesorería del sindicato dentro de los quince (15) días comunes siguientes a la fecha de su descuento.

“ART. 2º—Del laudo. Se niegan las modificaciones pretendidas mediante la denuncia de la empresa sobre los siguientes artículos de la convención vigente:

ART. 2º—Aplicación, artículo tercero relaciones laborales individuales, artículo quinto manuales de funciones procedimientos y requisitos, artículo sexto ascensos y traslados, artículo séptimo reemplazos accidentales, artículo noveno prescripción de faltas, artículo veinte préstamos por calamidad doméstica, artículo veinticuatro quinquenios, artículo veinticinco bonificación de navidad, artículo veintiocho pagos de incapacidades, artículo treinta y cuatro delegados, artículo treinta y cinco permisos sindicales, y artículo treinta y seis cursos sindicales.

“ART. 3º—Del laudo. Continuidad de normas. Las disposiciones de la convención de trabajo 2001-2003 que no hayan sido objeto de modificación por este laudo, continuarán aplicándose con base en su texto vigente, en los mismos montos y valores actualmente establecidos, para lo cual se ordena su recopilación en un solo texto.

“ART. 4º—Del laudo. Notifíquese personalmente a las partes y una vez ejecutoriado envíese el expediente al Ministerio de la Protección Social para lo de su competencia” (fls. 46 a 65).

V. El recurso de anulación propuesto por el sindicato

En su recurso la organización sindical expresa que el tribunal de arbitramento no adquirió competencia para conocer de la denuncia de la convención colectiva presentada por la parte empleadora porque la misma no le fue notificada en forma personal.

Afirma que en el supuesto que la denuncia hubiera sido oportuna y legalmente notificada a la organización sindical, se tendría que la empresa no precisó el alcance con que aspiraba a modificar las cláusulas de la convención vigente, lo que tampoco se hizo durante el desarrollo de la etapa de arreglo directo, por lo que el tribunal carecía de parámetros para modificar las cláusulas convencionales que cambió y los que utilizó carecen de validez porque constituyen decisiones no fundadas en ninguna petición específica de Comfenalco, lo que equivale a un fallo ultra y extra petita, para lo cual no están autorizados los árbitros.

Sostiene que el criterio de equidad utilizado para reducir los beneficios convencionales obtenidos válidamente por el sindicato, con el argumento de que existe una situación de manifiesta inequidad porque una minoría de sus trabajadores disfruta de los generosos beneficios establecidos en la convención colectiva de trabajo, mientras que una gran mayoría de quienes prestan servicios a la caja reciben solamente los beneficios de ley, es ridículamente inane, porque bien hubieran podido estos afiliarse al sindicato pactante o acogerse a cualquiera de las otras soluciones previstas en la ley, y, además, resulta contrario a las normas legales que conforman e integran el marco de la contratación o negociación colectiva de trabajo.

Manifiesta que el laudo arbitral transgrede el principio de equidad porque le impuso a la parte sindical cargas excesivamente onerosas, mientras que a la empresarial se le favoreció, ya que se acogió en su totalidad el contra pliego de manera caprichosa, arbitraria y sin fundamentación alguna.

De otro lado, solicita que del artículo primero del laudo, que remite al régimen convencional vigente, se anule el artículo octavo porque establece tres (3) regímenes distintos de indemnización de perjuicios, lo que, dado su innegable contenido jurídico, no es propio de las facultades de los tribunales de arbitramento; viola el principio constitucional de igualdad, ya que instituye entre los mismos trabajadores un evidente desequilibrio; y, que respecto de ese artículo no se dieron razones para justificar la modificación de la norma legal aplicable, con lo que se produjo un franco desmejoramiento, lo que está prohibido por la Constitución y la ley.

Igualmente pretende la anulación de los artículos décimo, once, doce, quince, dieciséis y diecinueve, toda vez que la decisión de disminuir sus montos para los nuevos contratos carece de análisis económico que la respalde y constituye una violación del principio constitucional de igualdad.

También se pide la anulación de los artículos trece, catorce, diecisiete, veintidós, veintitrés, veintisiete, treinta y dos y treinta y tres, por cuanto se aplicaron normas jurídicas para modificarlas en sentido de desmejoramiento y por afectar el principio constitucional de igualdad.

Señala que el artículo 29 resulta ilegal e inconstitucional porque excluye a los trabajadores sindicalizados vinculados a Comfenalco mediante contratos de trabajo a término fijo o de duración definida de los beneficios del aumento salarial y dispuso que los aumentos salariales se darían desde el 1º de enero de 2004, siendo que la jurisprudencia de la Corte ha admitido los efectos retrospectivos de los laudos en materia salarial a la fecha del vencimiento nominal de la convención anterior.

Dice que el artículo 43 debe ser retirado del ordenamiento arbitral porque el término de vigencia ahí fijado contraría lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, compilado en el artículo 19 del Decreto 1818 de 1998.

A continuación se acusa al laudo arbitral, en términos generales, de desconocer la realidad económica de Comfenalco; de ser inequitativo; de romper el equilibrio social y de poner en peligro la subsistencia de los trabajadores y de la organización sindical.

Manifiesta que el laudo arbitral es inexequible, en cuanto excluye a los trabajadores con contratos de trabajo a término fijo de los beneficios contemplados en dicho acto jurídico, porque son trabajadores de una empresa tanto quienes son vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido como los que son contratados a través de aquella modalidad contractual.

Dice que es desacertada la decisión del laudo arbitral cuando le resta efecto salarial a las primas y bonificaciones para la liquidación de los trabajadores no sindicalizados que ingresen a la organización con posterioridad a la fecha de expedición de dicho acto jurídico.

Finalmente, se afirma que el tribunal de arbitramento no tuvo en cuenta que la convención colectiva había sido flexibilizada de común acuerdo con el sindicato hacía menos de tres años; que el reciente despido de 46 funcionarios antiguos sindicalizados redujo sustancialmente los costos de personal y que las pruebas recogidas demuestran la recuperación económica de Comfenalco.

Por su parte, el apoderado de Comfenalco expresa que el recurso de anulación presentado por el apoderado del Sindicato de Empleados de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco, “Sindecom”, es genérico; no sustenta sus afirmaciones en elementos de juicio que obren en los antecedentes del laudo o en el expediente que conoció el tribunal y es contrario en su objetivo a la jurisprudencia actual de la Corte Suprema de Justicia.

De otro lado, señala que ni la ley ni la jurisprudencia estatuyen que la denuncia de la convención colectiva de trabajo deba ser hecha en forma personal a la otra parte. Basta, según la preceptiva aplicable, que al formularse por cualquiera de las partes, la otra se entere de su contenido, como sucedió en el presente caso, donde el sindicato estuvo enterado durante todo el proceso de negociación colectiva y de deliberación del tribunal de arbitramento de la denuncia parcial de la convención colectiva presentada el 13 de agosto de 2003 por el representante legal de la caja ante el inspector del trabajo.

Sostiene que la denuncia de la empleadora sí fue concreta, toda vez que ella precisó su carácter parcial y se discriminaron los puntos de convención colectiva cuya modificación se pretendía. De igual manera se hizo una exhaustiva fundamentación jurídica y económica de la denuncia patronal, cuya petición específica es la de “establecer nuevas condiciones extralegales para que se reduzcan sustancialmente las que se aplican actualmente a aquellos trabajadores beneficiados” por la convención colectiva, por lo que no puede tacharse el fallo de ultra o extra petita.

Destaca que el laudo fue emitido en equidad y no es violatorio de derechos fundamentales, de la Constitución o de la ley, como se afirma sin sustento alguno, así como que el mismo es razonado y razonable en los puntos controvertidos por el sindicato, ya que en él se leen los elementos de juicio que tuvieron en cuenta los árbitros para sus determinaciones.

Precisa que ni la ley ni la jurisprudencia actual exigen consonancia entre el pliego de peticiones y la denuncia empresarial, y para respaldar su manifestación cita la sentencia del 12 de febrero de 1999 (rad. 11.672).

Anota que el artículo 8º del ordenamiento convencional sí fue materia de denuncia empresarial, por lo que es inexacto el aserto de que esa resolución fue “más allá de lo pedido”; que no contiene ninguna novedad ya que una previsión análoga se halla en el laudo arbitral 1999-2001; que es una decisión bastante equitativa, pues no es idéntica la situación de los trabajadores que tienen mucha antigüedad que la de los nuevos; y, contiene una mejora del monto legal.

Señala que la disminución de los montos dispuesta para los nuevos contratos en los artículos décimo, undécimo, duodécimo, quinceavo y dieciseisavo, guarda antecedentes en el laudo 2001 y en la convención colectiva de 2003, y, además, fue una decisión en equidad.

Indica que lo resuelto en los artículos 13, 14, 17, 22, 23, 27, 32 y 33 es una decisión en equidad, que tiene antecedentes en el laudo arbitral de 1999-2001, donde se adoptaron similares determinaciones. Además, sostiene, que frente al ordenamiento jurídico colombiano esos beneficios no constituyen por sí solos factor salarial.

Expresa que lo atinente a la exclusión de los trabajadores a término fijo para efectos del aumento salarial no hace sino reiterar las convenciones colectivas anteriores y, además, encuentra respaldo en lo adoctrinado en la jurisprudencia del trabajo.

Arguye que los tribunales de arbitramento no están obligados a decretar que los laudos arbitrales sean retrospectivos, ya que está en sus legítimas atribuciones acceder a ello o negarlo, por razones de equidad.

Manifiesta que la crítica relativa a la vigencia del laudo carece de trascendencia porque la jurisprudencia de manera uniforme ha precisado que conforme a la ley los tribunales de arbitramento pueden señalar el límite temporal de vigencia de los laudos arbitrales, respetando el lindero de dos años que fija el legislador.

Resalta que “los no sindicalizados que ingresen a la organización con posterioridad a la fecha de expedición” del laudo, por el solo hecho de tal condición, no tienen ningún derecho que alegar frente a la normatividad colectiva contenida en el fallo arbitral, y para reafirmar tal aserto trae a colación la sentencia del 21 de julio de 2003.

Finalmente, afirma que el tribunal de arbitramento sí tuvo en cuenta la situación económica de la empresa y que no es cierto que los árbitros hayan accedido a todos los puntos del empleador.

VI. Consideraciones de la Corte

Por razones metodológicas y para mejor comprensión de la decisión que habrá de adoptarse, la Corte dará respuesta a los argumentos del impugnante en el orden en que fueron presentados.

1. Falta de competencia del tribunal para conocer de la denuncia empresarial.

El recurrente expresa que el tribunal de arbitramento carecía de competencia para conocer de la denuncia de la convención colectiva de trabajo presentada por la Caja de Compensación Familiar de Fenalco —Comfenalco Cundinamarca—, en atención a que tal denuncia no fue objeto de notificación personal al sindicato.

El artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 14 del Decreto-Ley 616 de 1954, que regula lo relacionado con la denuncia de la convención colectiva de trabajo, no exige que esta deba notificársele de manera personal a la otra parte, sino que basta que la misma se presente por triplicado ante el inspector de trabajo del lugar, y en su defecto ante el alcalde, requisito con el cual se cumplió aquí, como que el 13 de agosto de 2003 la empresa presentó ante el inspector del trabajo la denuncia parcial de la convención colectiva, tal y como se desprende de la constancia que en tal sentido aparece en los documentos anexos a la actuación surtida por el tribunal de arbitramento.

De manera que le asiste razón al apoderado de Comfenalco cuando expresa que la anterior acusación carece de fundamento, porque ni la ley ni la jurisprudencia estatuyen que la denuncia de la convención colectiva de trabajo deba ser hecha en forma personal a la otra parte.

También se arguye como argumento para descalificar la competencia del tribunal de arbitramento para conocer de la denuncia de la convención colectiva de trabajo presentada por la empleadora, que en la misma no se precisó el alcance con que se aspiraba a modificar dichas cláusulas, lo que tampoco se hizo durante la etapa de arreglo directo.

Pero lo cierto es que la denuncia de la convención presentada por Comfenalco señala de manera clara y precisa cuáles son las normas de dicho acuerdo colectivo cuya modificación pretende y da las razones que motivan esa decisión empresarial, sin que fuera necesario que durante la etapa de arreglo directo del conflicto se repitieran esas expresiones para que el tribunal pudiera conocer de dicha denuncia, por cuanto en ese documento fueron suficientemente concretadas las aspiraciones de la empleadora.

En efecto, de manera general, Comfenalco precisó que pretendía el establecimiento de nuevas condiciones extralegales que sustancialmente disminuyeran las que se aplican a los beneficiarios, para que el nuevo convenio se acompasara con la realidad económica del país y de esa empresa, que pudiera garantizar que fuera viable como fuente de empleo. Y aparte de esa formulación de sus específicas pretensiones, unió los artículos denunciados en dos grupos y, respecto de cada uno de ellos, explicó las razones que justificaron su denuncia.

Por lo tanto, no acompaña la razón al impugnante cuando sostiene que la empleadora no precisó el alcance con que aspiraba a modificar las cláusulas de la convención colectiva vigente.

Por otra parte, se demerita la competencia del tribunal de arbitramento para conocer de la denuncia de la convención presentada por la parte empleadora, aduciendo que entre ese documento y los puntos del pliego sindical no existió consonancia.

El estudio por parte del tribunal de arbitramento de la denuncia de la convención efectuada por el empleador en ningún momento está supeditado a que exista coincidencia entre esta y el pliego de peticiones presentado por la organización sindical, toda vez que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, al explicar el criterio que actualmente orienta sus decisiones, la denuncia que de la convención colectiva hace el empleador tiene efectos concretos, ya que corresponde a un derecho de las partes intervinientes, por lo que si se efectúa por ambos sujetos del conflicto, como aconteció en este caso, los árbitros tienen competencia para pronunciarse sobre todos aquellos puntos de la denuncia patronal que no fueron objeto de autocomposición durante la etapa de arreglo directo, independientemente de que exista armonía entre los temas planteados por los trabajadores en su petitorio y los denunciados por el empleador y de que aquellos hubieren sido renuentes a discutir la denuncia empresarial presentada de manera oportuna.

En efecto, esta corporación en providencia de anulación del 2 de febrero de 2004 (rad. 23.242) expresó:

“Es por ello que, la jurisprudencia ha considerado viable el que los tribunales de arbitramento decidan la procedencia de revisar las obligaciones convencionales, facultando por igual el estudio de las aspiraciones de las partes; de los trabajadores en torno a la procura de mejores beneficios, y para el empleador verificar la viabilidad de lo existente y lo aspirado, con este objetivo evaluará la posibilidad de incrementar, crear, reducir, o mantener las obligaciones existentes, para lo cual debe tomar en cuenta la equidad, la capacidad, alteraciones o anormalidades económicas. Así en sentencia del 12 de junio de 1970, al decidir la demanda de inexequibilidad contra el numeral 2º, del artículo 3º de la Ley 48 de 1968, dijo:

“(...) La protección especial que debe darse al trabajador y a las clases proletarias en particular, según los citados artículos 17 y 32 de la Carta, procura el equilibrio de las fuerzas sociales, sobre la base evidente de que los trabajadores se hallan en situación de manifiesta inferioridad económica. De allí las estrictas normas que con carácter de irrenunciables, establecen las leyes sobre salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y garantías de diverso orden y sobre los derechos de huelga y de asociación de los trabajadores”.

Pero conceder a los proletarios esta protección especial no puede implicar el menoscabo de los derechos elementales de los patronos o empresarios, uno de los cuales es el de que no asuman carácter de irredimibles las obligaciones que contraen con sus trabajadores. La protección de una clase social para equilibrar su posición de inferioridad ante la otra, no significa el actuar contra esta pues la Constitución no puede interpretarse en el sentido de que estatuye normas contra uno de los estamentos sociales básicos de la organización económica existente en el país.

g) Conclúyese de lo expuesto que la proposición sub lite es inexplicable al privar a los patronos de un medio jurídico eficaz para conseguir que puedan ser exonerados de obligaciones adquiridas en convenciones colectivas de condiciones de trabajo, cuando les resultan insostenibles o excesivamente gravosas. Así habrá de declararlo la Corte (...)” (G.J., T. CXXXVII, págs. 176, 177 y 178).

Posteriormente, en sentencia del 27 de mayo de 1993, radicación 6098, precisó sobre este tópico:

“Si la denuncia se efectúa por ambas partes, la discusión del conflicto no puede limitarse únicamente al estudio del pliego de peticiones presentado por el sindicato, sino que las partes deben tener en cuenta la denuncia patronal oportunamente presentada con la finalidad de aumentar, disminuir, adicionar y aun suprimir beneficios pactados en convenciones y laudos arbitrales anteriores, dentro de la dinámica de la negociación”.

Por lo expuesto, no resulta atendible la impugnación en cuanto a la competencia del tribunal para decidir sobre la denuncia empresarial.

2. Supuesta inequidad del laudo arbitral.

Se acusa de manera general al laudo de ser inequitativo porque tomó en cuenta la situación que se presentaba en la empresa, en cuanto una minoría de sus trabajadores disfruta de los generosos beneficios establecidos en la convención colectiva de trabajo, mientras que una gran mayoría recibe solamente los beneficios de ley.

Sobre el particular, cabe precisar que si bien es cierto que es fundamental tarea de los árbitros propender por la paz laboral y que por ello al momento de proferir su decisión en equidad pueden analizar la situación laboral de todos los trabajadores de una empresa, incluyendo desde luego a quienes no se aplique la convención o el pacto colectivos, ello no significa que estén facultados para asumir el papel de componedores de todos los conflictos que surjan en las relaciones laborales en una empresa, porque su papel se concreta a la solución del diferendo colectivo de intereses para la que fue convocado, pues sus funciones son temporales y están precisamente delimitadas por la ley.

Por esa razón, no les es dado dirimir situaciones ajenas al conflicto laboral sometido a su conocimiento, como lo es en este caso la extensión de los derechos establecidos en la convención colectiva de trabajo y quiénes deciden o no beneficiarse de ella, pues se trata de un asunto que depende del ejercicio del derecho de asociación sindical. Por lo tanto, no es tema de competencia de los árbitros solucionar situaciones jurídicas como la de garantizar el derecho a la igualdad de trabajadores que no son parte del diferendo económico laboral.

Y en este caso, por otro lado, que la convención colectiva de trabajo solo se aplique a determinado número de trabajadores no puede ser considerada como una situación abiertamente inequitativa, en cuanto tal situación está determinada por la libre voluntad de los trabajadores de la empresa de optar por ser beneficiarios de ese convenio regulador de condiciones de trabajo o de no hacerlo.

Por lo tanto, no podía el tribunal basarse exclusivamente en tal situación de aparente inequidad para proferir el laudo. Sin embargo, la objeción que plantea el sindicato, que considera ese argumento de los árbitros como “ridículamente inane”, no halla prosperidad porque la supuesta situación de inequidad a que arriba se aludió, no fue el único elemento de juicio que tuvieron en cuenta los arbitradores para adoptar su resolución, si se toma en cuenta que también aludieron a la equidad y consideraron muchos otros aspectos relevantes y plausibles, tales como las intervenciones de las partes, las pruebas aportadas, las diferentes sentencias de esta Sala, las nuevas normas legales que gobiernan a las cajas de compensación familiar, las decisiones del Ministerio de la Protección Social y de la Superintendencia del Subsidio Familiar que autorizaron el cierre definitivo de la IPS Comfenalco, los informes económicos y los estudios de viabilidad presentados por las partes. De igual modo, expresaron que propendían por “mejorar en lo posible las condiciones de los trabajadores, sin que afecte por ello la supervivencia de la empresa” (fl. 49).

Resulta pertinente la anterior precisión porque para el impugnante el laudo carece de suficiente motivación en equidad, pues no existen razones expresas que lo justifiquen, ya que simplemente se reiteró la decisión con las mismas o análogas palabras.

Conviene reiterar que esta Sala ha sido explícita en advertir que es deseable que los tribunales de arbitramento expongan de manera clara las razones que los llevan a conceder o a negar alguno de los puntos conflictivos sometidos a su solución, para permitir con ello a las partes concertar argumentos cabalmente y controvertirlos con suficientes elementos de juicio.

Empero, en este caso, aun cuando hubiese sido deseable una motivación particular para cada una de las decisiones que adoptó, las anteriormente reseñadas consideraciones del laudo demuestran, en términos generales, que existió una sustentación que, aunque breve, es suficiente para entender la orientación de la mayoría de las determinaciones que adoptó, lo que desvirtúa la crítica que se le hace sobre la ausencia en su fundamentación.

Tampoco tiene sustento la afirmación que hace el impugnante de que el fallo arbitral desconoce la realidad económica de la empresa, pues, como ya se expresó, uno de los soportes de la decisión arbitral lo constituyen los informes económicos y los estudios de viabilidad presentados por las partes.

En relación con esa manifestación del recurrente, cumple repetir que los arbitradores tienen la expresa facultad para dictar su fallo en equidad, por lo que se ha admitido que solo en casos excepcionalísimos al estudiar el recurso de anulación es posible enfrentar su criterio de equidad con el de la Corte y por tal razón ha sido aceptada la posibilidad de anular un laudo cuya inequidad resulte manifiesta. Mas, esa potestad debe manejarse con la mayor mesura, de tal suerte que solo puede acudirse a ella cuando exista una prueba suficiente que permita concluir la “manifiesta inequidad”, porque a los jueces laborales, y desde luego a la Corte Suprema de Justicia, no se les faculta para fallar con fundamento en su íntima convicción, aunque se les libera de la tarifa legal de pruebas.

Pero en este caso el impugnante de manera genérica se limita a criticar el laudo por no haber tenido en cuenta la realidad económica de la caja empleadora, pero no explica cuál es esa realidad ni las razones por las cuales, de ser cierto que el tribunal omitió tenerla en cuenta, su fallo resulta inequitativo o contrario a la justicia que debe buscarse en las relaciones entre empleadores y trabajadores.

Por otro lado, no puede tildarse el laudo arbitral de inequitativo por el solo hecho de haberse acogido algunos de los planteamientos realizados por la empresa en la denuncia parcial que hiciera de la convención colectiva e imponerse cargas onerosas a los trabajadores, pues al gozar de amplitud los árbitros para decidir sobre las demandas de los trabajadores pero también respecto de las aspiraciones del empleador, no puede considerarse contrario a la equidad que admita pretensiones de las dos partes involucradas en el diferendo, si estima que ello se acomoda a la mejor solución del conflicto por resultar equitativo y conveniente para el desarrollo de las relaciones laborales en la empresa.

No obstante, cumple precisar que para aceptar algunos de los planteamientos de la empresa los árbitros tuvieron en cuenta todos los elementos de juicio atrás mencionados y como fin de su actuación “contribuir a la armonía de las relaciones laborales entre las partes...” (fl. 49), sin que, aparte de la simple afirmación del impugnante, aparezca demostrado lo contrario.

Con todo, la manifestación de la organización sindical respecto a que el laudo arbitral accedió a todas las peticiones formuladas por Comfenalco en la denuncia parcial que presentara de la convención colectiva de trabajo, mientras que a los sindicalizados, presentes y futuros se les desarticuló su convención colectiva de trabajo, es una mera apreciación personal del apoderado de la organización sindical, que releva a la Corte de cualquiera consideración.

Finalmente, se tiene que las consideraciones del laudo arbitral dejan en claro que los falladores en equidad sí adoptaron dicho pronunciamiento a la luz de los estudios económicos presentados por las partes, por lo que la crítica que se le hace a manera de epílogo en el recurso de anulación no es exacta.

No prospera este reproche contra el laudo arbitral y, por ende, por tal acusación no se anulará.

3. Objeciones que se le hacen a ciertos artículos del laudo.

3.1. En cuanto al artículo 8º de la convención colectiva de trabajo, se dice por el sindicato impugnante que se le introdujeron modificaciones no solicitadas por Comfenalco; que los regímenes de indemnización de perjuicios ahí establecidos constituyen un asunto jurídico; que viola el principio de igualdad y que no se dieron razones para justificar la modificación de dicha norma.

El artículo 8º de la convención colectiva, que trata sobre indemnización por despido sin justa causa, fue denunciado expresamente por la empresa, en consideración a que el mismo dificulta e impide el cumplimiento de los requerimientos y exigencias contenidas en la Ley 789 de 2002, limita el desarrollo de la caja e impide la ejecución de una política de contratación ajustada a las necesidades del mercado y los programas de inversión exigidos a ella legalmente y aunque no indicó específicamente lo que pretendía en relación con ese artículo, manifestó en su denuncia de manera general que “se deben establecer nuevas condiciones extralegales para que se reduzcan sustancialmente las que aplican a aquellos trabajadores actualmente beneficiados...”.

De la anterior afirmación se desprende que se pretendía la reducción de los beneficios convencionales, incluyendo el relativo a la indemnización por despido. Por lo tanto, carece de validez la crítica formulada en este aspecto por el impugnante, quien considera que en lo decidido en torno a tal precepto se introdujeron enmiendas no solicitadas por la empleadora, porque el tribunal acogió lo solicitado por ella y redujo el monto de la referida indemnización.

También resulta infundado sostener que los árbitros no tenían facultades para pronunciarse sobre el régimen indemnizatorio de perjuicios, pues no existe prohibición legal en este sentido, tanto así, que sobre dicho tema ya existía una disposición en el laudo arbitral proferido el 31 de marzo de 2000.

Igualmente, no puede decirse que dicha disposición arbitral desconozca el principio de igualdad, ya que se establece una diferenciación positiva en favor de los trabajadores de mayor antigüedad, lo que consulta la equidad, pues resulta razonable considerar que los perjuicios ocasionados a un trabajador con un despido sin justa causa son proporcionales al tiempo que lleve prestando sus servicios al empleador —al punto que es el criterio utilizado por la ley entratándose de la indemnización tarifada para quienes tengan contrato a término indefinido—, de tal suerte que no constituye un trato discriminatorio otorgar una mayor indemnización a los trabajadores que sean más antiguos, como aquí lo dispuso el tribunal. De otro lado, la diversidad de vigencias no resulta por sí misma contraria a ley.

Por lo anotado, y por cuanto no constituye un menoscabo de los derechos constitucionales o legales reconocidos a los trabajadores, no se anulará la decisión atacada.

3.2. En cuanto a la disminución de los montos dispuestos en los artículos décimo, undécimo, duodécimo, quinceavo y dieciseisavo no se puede decir que se hiciera sin mediar un análisis económico, ya que, como se ha visto, los árbitros en sus consideraciones manifestaron que tuvieron en cuenta los informes económicos y los estudios de viabilidad presentados por las partes.

3.3. Se cuestiona lo dispuesto en los artículos 13 (auxilio extralegal de transporte), 14 (auxilio de invalidez), 17 (auxilios en los servicios), 22 (vacaciones extralegales), 23 (prima extralegal de servicios), 27 (pensión de jubilación), 32 (prendas de trabajo) y 33 (dominicales y festivos), porque restarle a estos beneficios los efectos salariales que se le venían reconociendo por la convención colectiva de trabajo representa una violación flagrante de la ley, así como del principio de igualdad.

En lo relativo a ese cargo del impugnante, observa la Corte que establecer la naturaleza de un pago o beneficio consagrado en una convención colectiva de trabajo, comporta una decisión que implica un análisis jurídico que, en principio, resulta ajeno a lo que es materia de un conflicto económico o de intereses, en el que no se debaten asuntos de puro derecho, razón por la cual la jurisprudencia ha expresado que definir el carácter retributivo de servicios de determinado concepto extralegal no es facultad de los árbitros, salvo que, se precisa ahora, se trate de un derecho por ellos creado en el mismo laudo en el que se define la índole de tal derecho extralegal; que ese derecho no tenga una indiscutible naturaleza salarial a la luz de las normas laborales y de los criterios jurisprudenciales —caso en el cual no pueden conferirle otro carácter jurídico—; y, que con esa calificación no afecten el mínimo de derechos y garantías consagradas por las leyes laborales a favor de los trabajadores.

Pero si se trata de un derecho extralegal ya establecido en un convenio regulador de condiciones de trabajo, su naturaleza no puede ser definida o modificada por los árbitros al resolver un conflicto colectivo posterior, pues con ello se menoscabaría ese derecho si su carácter ya fue acordado por las partes o establecido por la interpretación que ellas le hayan dado a ese convenio. Además, como quedó dicho, se trata de una cuestión definida por la ley, que establece cuando un ingreso laboral es salario.

Es así, como en la sentencia de homologación de fecha 7 de febrero de 2002 (rad. 18.241), la Sala expresó:

“Sabido es que el contrato de trabajo, como vínculo existente entre empleador y trabajador originado en la prestación personal del servicio, constituye fuente de diversas obligaciones —entre ellas las de contenido económico—, revestidas de diferente naturaleza en su contenido individual, pero como un todo; esta la razón para que sea oportuno precisar que el carácter salarial, indemnizatorio o prestacional es inherente al concepto como tal dadas sus diferentes características, sin que sea dable fraccionar o predicar proporcionalidad de su calidad. Por ello, el estatuto sustantivo se ocupa de atribuir, enunciar y regular qué constituye salario y qué no, al igual que sus modalidades, artículos 127 al 135 del Código Sustantivo del Trabajo, y dedica otros capítulos a las prestaciones patronales comunes y a las especiales. En consecuencia, un beneficio no puede desnaturalizarse y darle carácter o no salarial en un determinado porcentaje.

“Además, los árbitros no podrían atribuirse la facultad de otorgar naturaleza o no salarial a determinados conceptos extralegales, por cuanto, el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, expresamente la difiere a las “partes”. Por lo tanto, es claro que la decisión del tribunal no guardó armonía, desbordó el objeto para el cual fue convocado y no atiende la restricción impuesta por el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto afecta derechos de las partes, ya que, como se dijo las cláusulas convencionales que obran en el expediente, no determinan la naturaleza salarial de las primas extralegales”.

Así las cosas, excede las facultades de los árbitros restarle naturaleza de salario a beneficios respecto de los cuales en ese aspecto nada decía la convención colectiva que los consagró, como la prima extralegal de servicios del artículo veintitrés.

En este orden de ideas, también desborda las atribuciones de los arbitradores otorgarle a un concepto laboral carácter salarial para unos trabajadores y no reconocerle la misma índole respecto de otros empleados, cual sucedió con el auxilio de transporte del artículo trece, pues la condición salarial de un ingreso no puede estar sujeta a circunstancias distintas a la de su propia naturaleza, como lo es en este caso la calidad del contrato laboral que el trabajador haya celebrado con la empleadora.

En consecuencia, se anularán parcialmente, de los comprendidos en el artículo primero del laudo, los siguientes artículos:

El artículo trece en los siguientes apartes: En el que dice “Sin embargo, en el caso de aquellos trabajadores que devenguen más de dos veces el salario mínimo legal dicho beneficio no constituirá factor salarial para ningún efecto”, y en el que expresa “en las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior”.

El artículo veintitrés en el siguiente aparte: “Este beneficio no constituye salario para ningún efecto”.

En cuanto a los restantes artículos mencionados por el impugnante, si bien contienen previsiones análogas en cuanto a la exclusión de la naturaleza salarial de los conceptos allí consagrados, los árbitros en ese aspecto se limitaron a repetir lo dispuesto por la convención colectiva de trabajo vigente, que en ese específico tema no fue materia de denuncia por el sindicato.

4. Exclusión del aumento salarial a los trabajadores con contrato a término fijo.

La organización sindical cuestiona el artículo veintinueve porque excluye del aumento salarial a los trabajadores miembros del sindicato vinculados mediante contrato de trabajo a término fijo o que posteriormente se adhieran al laudo, por no existir razón legal para ello. Por su parte, la empresa al confutar ese cuestionamiento sostiene que “la redacción arbitral no hace cosa distinta que reiterar las convenciones colectivas de trabajo celebradas en el pasado”.

Entiende la Corte que lo que pretende el impugnante no es extender el referido artículo a todos los trabajadores que tengan pactado contrato a término fijo, así no sean miembros del sindicato, como lo sugiere el apoderado de la empleadora, ni definir el campo de aplicación del laudo, como tampoco el del posible incumplimiento de la convención colectiva de trabajo, pues lo que principalmente cuestiona es la redacción del artículo veintinueve del laudo arbitral en cuanto implica dejar por fuera del aumento salarial a trabajadores sindicalizados con un contrato de trabajo a término fijo. Bajo ese entendimiento la Corte abordará la acusación contra dicho artículo.

Es cierto que al precisar los beneficiarios del aumento de sueldo el tribunal dispuso que Comfenalco “aumentará los sueldos de los trabajadores a término indefinido con contrato de trabajo vigente a 27 de abril de 2004 ...”, redacción que es idéntica a la utilizada por el artículo veintinueve de la convención colectiva de trabajo suscrita el 6 de junio de 2001.

Empero, que el tribunal repitiera lo decidido anteriormente por las partes no otorga, per se, legitimidad a su decisión en este específico punto, por cuanto es claro que dentro de la libertad contractual que caracteriza al convenio colectivo de trabajo es dado que las partes acuerden que algunos de los derechos o beneficios que allí se otorguen no sean aplicables a todos los trabajadores que resulten por tal convenio beneficiados, sin que con ello incurran en una discriminación proscrita por la ley.

Empero, de esa atribución de que gozan trabajadores y empleadores no pueden hacer uso los tribunales de arbitramento en las mismas condiciones, si se toma en consideración que, en los términos del artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, en su decisión no pueden afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, por las leyes o por normas convencionales vigentes.

Y si bien excepcionalmente la jurisprudencia ha admitido que los árbitros pueden excluir de determinados beneficios del laudo a un sector de trabajadores, igualmente ha sido explícita en manifestar que una disposición de esa naturaleza no es intrínsecamente ilegal, pero puede serlo por razón de sus motivos determinantes, de tal manera que en cada caso específico habrá de averiguarse las razones del trato desigual y sus efectos.

En tal sentido, debe destacarse que la disposición de la convención colectiva vigente que sirvió de apoyo al tribunal y en la que se precisó que el aumento de sueldos que allí se estableció solo cobijaba a los trabajadores con contrato a término indefinido, fue decidida por las partes directamente, sin que aparezca que ella resulta discriminatoria, de cara al anterior diferendo laboral, pues sobre el particular no existen elementos de juicio.

Pero esa situación no se da en iguales circunstancias en el presente conflicto, porque, tal como surge de lo expresado por el presidente de la organización sindical a los árbitros en el documento de folio 23, al dar respuesta a un requerimiento efectuado por el tribunal, algunos de los trabajadores que están vinculados a la caja mediante contrato laboral a término fijo “se encuentra (sic) directamente afiliados al sindicato, pero la organización se reserva el derecho de identificar sus nombre (sic) porque de no hacerlo así esos afiliados quedaría (sic) expuestos a que sobre ellos se adoptaran por aquella caja medidas de represión...”.

No hay razón para que la Corte no otorgue credibilidad a ese documento en lo que concierne a la existencia en la empresa de trabajadores sindicalizados con contrato a plazo. Si ello es así, resulta que tales trabajadores como miembros de la organización sindical comprometida en el conflicto laboral no estarían comprendidos dentro de aquellos beneficiarios del aumento de sueldo dispuesto por el laudo arbitral, lo que a todas luces resultaría discriminatorio y, en consecuencia, así no fuera la intención de los arbitradores, violatorio del derecho fundamental a la igualdad establecido en la Constitución Política en su artículo 13, pues la naturaleza del contrato laboral que se tenga convenido con el empleador no puede ser un factor jurídicamente admisible para determinar el derecho a un incremento de sueldos de trabajadores que, por pertenecer a una organización sindical minoritaria, están llamados a ser beneficiarios de un laudo arbitral que resuelve un conflicto laboral en el que esté tal organización involucrada.

Por lo tanto, habrá de disponerse la nulidad del artículo veintinueve del artículo primero del laudo, en la parte que dispone “a término indefinido”.

5. Efecto retrospectivo del laudo.

Carece de fundamento la observación que se hace por el impugnante respecto de la fecha a partir de la cual el tribunal de arbitramento dispuso el efecto retrospectivo del fallo frente al aumento salarial, toda vez que, como atinadamente lo pone de presente el apoderado de la empresa, la jurisprudencia ha expresado que “si no se impone de manera inexorable a los árbitros que los incrementos salariales sean retrospectivos mucho menos que lo sean a partir de una fecha determinada” (sent. de anulación, oct. 1º/2002, rad. 19.870).

En consecuencia, el tribunal de arbitramento no incurrió en ninguna infracción legal cuando reconoció en este caso el incremento salarial con retrospectividad al 1º de enero de 2004 y no al 1º de octubre de 2003 como lo pretende el impugnante.

6. Vigencia del laudo.

Igualmente resulta infundada la crítica que se le hace al tribunal de arbitramento por disponer que el laudo arbitral tenga vigencia entre el 27 de abril de 2004 y el 31 de diciembre de 2005, ya que dicha vigencia se encuentra dentro del marco temporal previsto en el numeral 2º del artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, y en consonancia con el criterio fijado por esta Sala en la sentencia de anulación de fecha 16 de febrero del presente año (rad. 23.318), en el sentido de que el fallo arbitral surte sus efectos hacia el futuro, esto es, que no tiene carácter retroactivo, pudiendo ser, excepcionalmente, retrospectivo en materia de salarios.

La Corte ya ha tenido oportunidad de ilustrar sobre este aspecto. En la sentencia del 14 de julio de 2001, radicación 16.831, se repitió lo dicho en la 14048 del 15 de febrero de 2000, cuyos apartes pertinentes son del siguiente tenor:

“La institución de los tribunales de arbitramento es una de las más preciosas conquistas democráticas. Ante todo es un mecanismo de solución pacífica de conflictos de intereses, en los eventos en que los protagonistas del fenómeno colectivo no ha podido resolverlos a través de los mecanismos ordinarios de autocomposición consagrados en la ley.

“Nuestro ordenamiento positivo fija a los árbitros algunas restricciones cuando actúan en ejercicio de su cometido de dirimir el conflicto a ellos propuesto; pero también los dota de amplias facultades, para que sin prescindir de la ley, dicten por sí solos la sentencia colectiva obligatoria, con criterio de equidad, en busca de la justicia al caso concreto y procurando armonizar los intereses sociales y económicos.

“La vigencia de los laudos es uno de los puntos de mayor trascendencia en cuanto concierne a la equidad. Por lo tanto, exige de los falladores un cuidado especial para procurar la realización teleológica de la función arbitral. Este tema constituye uno de los aspectos de “envoltura” de la normatividad colectiva en la medida en que lo dispuesto por los árbitros sobre él afecta al conjunto de ella. Por eso mismo, en principio, no puede ser avocado aisladamente, sino dentro del contexto de las resoluciones del tribunal.

“En ese orden de ideas, las únicas limitaciones en derecho que tienen los árbitros al señalar los linderos temporales del fallo colectivo que profieran son las que determine expresamente la ley, sin que estén sujetos a la camisa de fuerza de las aspiraciones de las partes sobre el particular.

“Y esa única restricción legal está contenida en el artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo que precisamente regula “El efecto y vigencia de los fallos arbitrales”, y en su numeral 2º prescribe que “La vigencia del fallo arbitral no puede exceder de dos años”.

“De tal modo que los árbitros pueden disponer que desde la fecha de expiración de la convención colectiva denunciada en adelante rija el fallo arbitral durante el lapso que en equidad estimen razonable, sin exceder de dos años y siempre que ese punto haya sido sometido a su decisión.

“Del precepto invocado se desprende que así los mismos trabajadores hayan fijado en el pliego de peticiones una vigencia superior al bienio y ello no hubiera sido materia de acuerdo en la etapa de arreglo directo, si el conflicto se resuelve por medio de arbitramento, el laudo que allí se profiera, por disposición expresa del legislador, no puede exceder de dos años. Ello quiere decir que en ese evento, no priva la voluntad de quienes promovieron el conflicto, en virtud del mandato legal y de la misma naturaleza económica afectada por la constante evolución de las condiciones económicas, que exigen una revisión del contenido convencional para efectos de adecuar sus cláusulas a la realidad del momento y del inmediato futuro, como también de estabilizar las condiciones de la prestación de los servicios.

“La razonable limitación de los dos años es válida ya que por lo explicado sería poco probable en la realidad, que los mismos trabajadores en la autocomposición suscribieran una convención colectiva de trabajo a perpetuidad o por lo menos durante un lapso mayor.

“Mas dentro de ese lindero legal, los árbitros están facultados para señalar el ámbito temporal de la nueva normatividad arbitral no avenida por las partes, llegando incluso a disponer que su expiración sea ulterior a la propuesta por los trabajadores en el pliego de peticiones.

“Esta modalidad de vigencia, que la doctrina denomina de “duración estipulada” o “impuesta legalmente”, evita inclusive el desgaste tanto de las organizaciones sindicales como de las empresariales que se ven en la necesidad de tramitar un conflicto cuando no han resuelto el anterior, como se ha visto en algunos casos en que el tribunal profiere un laudo cuando ya ha vencido el plazo propuesto por los trabajadores en el pliego de peticiones, como tuvo oportunidad de expresarlo esta Sala en homologación del 22 de noviembre de 1989. De manera que es ahí donde esa disposición legal cumple con el cometido de garantizar también la estabilidad en las condiciones de prestación del servicio”.

Por lo expuesto, no asiste razón al impugnante en este tema.

VII. El recurso de anulación propuesto por la empresa

Lo interpuso el representante legal de la empresa, pero se desistió del mismo por parte de su apoderado judicial. Sin embargo, se presentó un escrito de oposición al recurso de anulación que se tuvo en cuenta por la Corte al momento de desatar la impugnación presentada por el sindicato contra el laudo arbitral.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

VIII. (Sic) RESUELVE:

1. Anular parcialmente el artículo trece del ARTÍCULO PRIMERO DEL LAUDO ARBITRAL proferido el 27 de abril de 2004, por el tribunal de arbitramento obligatorio para dirimir el conflicto colectivo de trabajo existente entre la Caja de Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco, Cundinamarca y el Sindicato de Empleados de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco, Sindecom, en los siguientes apartes: En el que dice “Sin embargo, en el caso de aquellos trabajadores que devenguen más de dos veces el salario mínimo legal dicho beneficio no constituirá factor salarial para ningún efecto”, y en el que expresa “en las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior”.

2. Anular parcialmente el artículo veintitrés de ese mismo artículo en el siguiente aparte: “Este beneficio no constituye salario para ningún efecto”.

3. Anular parcialmente el artículo veintinueve, contenido en el artículo primero, en la parte que establece: “a término indefinido”.

4. No acceder a las demás solicitudes de anulación efectuadas por el Sindicato de Empleados de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco, Sindecom, contra el laudo arbitral de fecha 27 de abril de 2004.

5. Aceptar el desistimiento que del recurso de anulación presentado contra el fallo arbitral de fecha 27 de abril de 2004 hizo el apoderado de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco, Comfenalco, Cundinamarca.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Ministerio de la Protección Social para lo de su cargo.

Magistrados: Gustavo José Gnecco Mendoza—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Carlos Isaac Náder—Eduardo López Villegas, salvo voto—Luis Javier Osorio López—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

Con el respeto acostumbrado me aparto parcialmente de las consideraciones y decisión de la sentencia de anulación proferida por la Sala en el proceso de anulación del laudo arbitral que resuelve el conflicto colectivo entre la Caja de Compensación Familiar de Fenalco, Comfenalco, Cundinamarca y el Sindicato de Empelados de la Caja de Compensación Familiar Fenalco —Sindecom— en lo relacionado con las facultades de los árbitros en lo que a continuación se precisa.

La Sala invoca una sentencia suya (rad. 18.241) en la que le niegan a los árbitros la facultad de otorgar naturaleza o no salarial a determinados conceptos extralegales por cuanto el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo expresamente la difiere a las “partes”; y justamente de la misma premisa se ha de llegar a la conclusión contraria: las materias sobre las que los árbitros pueden decidir son solo aquellas de las que se pueda predicar disponibilidad por las partes; si no tienen esta particularidad es porque solo pueden ser configuradas por la ley o definidas por el juez; aquí es donde está el límite de las funciones de los árbitros.

La sentencia acoge igualmente un criterio de la Sala sobre competencias de los árbitros para definir cuándo un beneficio tiene o no el tratamiento de salario, al proclamar: “definir el carácter retributivo de servicios de determinado concepto extralegal no es facultad de los árbitros, salvo que se trate de un derecho por ellos creado en el mismo laudo en el que se define la índole de tal derecho extralegal”.

Siendo la vocación legal de los árbitros el superar controversias entre las partes que estas no hayan podido resolver, no tiene pacífico acomodo la restricción doctrinaria de excluir fragmentos de un tema de manera que se llegue a esta paradoja: el tribunal puede eliminar el beneficio pero no restringir sus efectos económicos. Nótese que esta construcción argumental se cimenta en criterios de circunstancia, —si la incidencia salarial lo es en relación con un beneficio que el mismo tribunal consagra— y no con criterios sobre el fondo de la materia, por cuanto esa tesis supone que resolver sobre tal incidencia no es en principio materia vedada para los árbitros.

La decisión del tribunal sobre si el beneficio obra o no como factor salarial para la liquidación prestacional, se ha de entender limitada a las consecuencias económicas hacia el futuro, sin la virtualidad de definir controversias sobre la incidencia prestacional de los beneficios ya causados. Planteado así el tema la resolución del tribunal no tiene por qué concernir juicios jurídicos reservados al juez; ni se ha de entender con esta denotación la utilización de conceptos que aunque propios del derecho sean de uso corriente.

Finalmente, también me aparto de la consideración de la Sala respecto a la privación de incidencia salarial al auxilio extralegal de transporte, bajo el argumento adicional de que no puede el tribunal diferenciar entre trabajadores como lo hace al aplicar la medida a quienes ganen más de dos salarios mínimos, por cuanto no es el tribunal el que la establece; este se limita a respetar la obligación de incorporar al salario para efectos de liquidar prestaciones el auxilio legal de transporte, tal como lo dispone el artículo 7º de la Ley 1ª de 1963.

Así, entonces, no comparto la decisión de anulación del laudo de las expresiones que restan de entre los factores salariales el beneficio de la prima extralegal de servicios y del auxilio extralegal de transporte para quienes devenguen más de dos salarios mínimos legales.

Fecha ut supra.

Eduardo López Villegas 

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