Sentencia 24470 de mayo 24 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 24470 de 2005

Acta 53

Magistrado ponente

Dr. Carlos Isaac Náder

Bogotá, D.C., veinticuatro de mayo de dos mil cinco.

EXTRACTOS:«Se considera

El punto jurídico que en realidad se discute tiene que ver con el alcance del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, pues mientras el tribunal aduce que el despido que se hace invocando la autorización del Ministerio de la Protección Social (antes del trabajo) no encaja en el supuesto de los despidos permitidos en esa disposición legal por cuanto en ese caso no se trata de una “justa causa debidamente comprobada”, la empresa recurrente sostiene que la autorización administrativa para el despido es un modo legal de terminación del contrato del trabajo ante el cual deben ceder las normas convencionales de estabilidad y el fuero circunstancial.

De manera que la acusación se examinará desde la perspectiva planteada en el primer cargo, para lo cual basta recordar que esta Sala en pronunciamiento anterior dilucidó el punto en cuestión, haciendo las siguientes reflexiones:

“... hay que empezar por anotar que, como lo advierte el recurrente, esta Sala de la Corte en las providencias que este cita y transcribe, ha sostenido que la estabilidad en el empleo que para los trabajadores consagra bien sea la ley, las convenciones y pactos colectivos, no subsiste ante despidos colectivos autorizados.

“ Por lo tanto, con base en el precitado criterio, que se reitera, se tiene que aunque se esté en conflicto colectivo, la autorización administrativa para despido colectivo puede invocarse para dar por terminado el contrato de trabajo, sin que ello implique vulneración a la protección que consagra el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965.

Y no implica infracción a la estabilidad que esa norma prevé porque aunque el tribunal haya concluido fundado, se repite, en jurisprudencia de la Corte, que la autorización administrativa para despidos colectivos no se encuentra citada entre los modos de terminación legal del contrato de trabajo del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, ni dentro de las justas causas para el despido previstas por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, también lo es que el efecto que la ley le otorga a aquella es que el empleador pueda dar por finalizado el contrato. Por lo tanto, siendo la autorización administrativa para despido colectivo un móvil legitimo para despedir al trabajador, ello permite que así en su literalidad el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 aluda a “justa causa comprobada”, la misma tenga operancia en conflictos colectivos, ya que la finalidad de tal precepto cuando hace esa exigencia, es evitar que el rompimiento de los contratos sea represalia del empleador a raíz del conflicto. Supuesto que obvia y lógicamente queda descartado cuando se invoca la autorización administrativa para el despido.

Quiere decir lo hasta aquí comentado que el tribunal interpretó erróneamente la norma legal antes citada, al restringir su alcance frente a los conflictos colectivos del trabajo y, por este aspecto, el segundo cargo debe tenerse como fundado...” (Sent. mayo 12/2004, exp. 21338).

De manera que tiene razón el recurrente al endilgar al ad quem el equivocado entendimiento que atrás se dejó reseñado.

No obstante, esa ventura parcial no es suficiente para quebrar la sentencia acusada toda vez que en sede de instancia se llegaría, por razones diferentes, a la misma decisión a que llegó el tribunal por cuanto según se colige del documento de los folios 2 y 3 del expediente, el despido se produjo trascurrido más de un año después de haber obtenido la empresa autorización para despido colectivo y solo lo concretó en una época en que precisamente en la empresa se desarrollaba un conflicto colectivo.

Sobre esta situación dijo también la corporación en el fallo arriba mentado:

“Para la Sala, al igual que lo ha sostenido para el caso del rompimiento del contrato invocándose justa causa, tratándose de despido colectivo con autorización administrativa, la efectividad de tal determinación debe ser oportuna, en forma tal que no queden dudas que el rompimiento del contrato sea producto de los motivos que justificaron la autorización y no por otro móvil”.

Adicionalmente es menester puntualizar que el hecho de que por mutuo acuerdo se suspendan las conversaciones durante la etapa de arreglo directo no significa que el proceso también se suspende y quede en interdicción la protección del fuero circunstancial, pues no puede olvidarse que tal garantía surge, en términos generales y siempre que el proceso se surta normalmente, desde el momento en que se “presenta el pliego de peticiones y termina cuando se ha solucionado el conflicto colectivo, de tal suerte que la suspensión del diálogo para su posterior reanudación no tiene las consecuencias que el recurrente señala insinuando que deja de aplicarse en ese lapso la protección foral referida.

En consecuencia, el cargo no prospera.

No hay lugar a costas en el recurso, dado que el recurso fue parcialmente fundado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 30 de abril de 2004, en el proceso adelantado por Armando Aníbal Sánchez González a la sociedad Aerovías Nacionales de Colombia S.A., “Avianca” S.A.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.»

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