Sentencia 245-01 de octubre 22 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 110010324000200300245 01

Consejera Ponente:

Dra. Olga Inés Navarrete Barrero

Actor: Grupo Telemando S.A.

Bogotá, D.C., octubre veintidós de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

Se demanda la nulidad de las siguientes disposiciones contenidas en el Decreto 600 de 2003, por el cual se expiden normas sobre los servicios de valor agregado y telemáticos y se reglamenta el Decreto-Ley 1900 de 1990.

Las normas demandadas disponen:

Inciso 2º del artículo 2º del Decreto 600 de 2003:

“Para que el servicio de valor agregado se diferencie del servicio básico, es necesario que el usuario de aquel perciba de manera directa alguna facilidad agregada a la simple telecomunicación que le proporcione beneficios de telecomunicaciones adicionales, independientemente de la tecnología o el terminal utilizado o que el operador de servicios de valor agregado efectúe procesos lógicos sobre la información que posibiliten una mejora, adición o cambio al contenido de la información, de manera tal que genere un cambio neto de la misma independientemente del terminal utilizado. Este cambio a su vez debe generar un beneficio inmediato y directo, que debe ser percibido por el usuario del servicio”.

Parágrafo del artículo 4º del Decreto 600 de 2003.

“PAR.—Cuando un operador de telefonía pública básica conmutada, TPBC, demuestre a través de pruebas técnicas que un operador de valor agregado está prestando ilícitamente el servicio de telefonía pública básica conmutada de larga distancia nacional y/o internacional, podrá suspender la prestación del servicio soporte. El operador de telefonía pública básica conmutada, TPBC, al tomar la decisión, deberá garantizar el debido proceso a favor del operador de los servicios de valor agregado”.

El demandante considera que las normas demandadas vulneran el artículo 31 del Decreto-Ley 1900 de 1990, por el cual se reforman las normas y estatutos que regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines, el cual fue expedido en virtud de las facultades otorgadas en la Ley 72 de 1989.

En este decreto se establece que los servicios de telecomunicaciones se clasifican en básicos, de difusión, telemáticos y de valor agregado, auxiliares de ayuda y especiales. Los servicios básicos comprenden los servicios portadores y los teleservicios.

El artículo 31 que se considera vulnerado con las normas demandadas, consagra:

“ART. 31.—Servicios de valor agregado son aquellos que utilizan como soporte servicios básicos, telemáticos, de difusión, o cualquier combinación de estos, y con ellos proporcionan la capacidad completa para el envío o intercambio de información, agregando otras facilidades al servicio soporte o satisfaciendo nuevas necesidades específicas de telecomunicaciones.

Forman parte de estos servicios, entre otros, el acceso, envío, tratamiento, depósito y recuperación de información almacenada, la transferencia electrónica de fondos, el videotexto, el teletexto y, el correo electrónico.

Solo se considerará servicios de valor agregado aquellos que se puedan diferenciar de los servicios básicos”.

Antes de proceder al análisis de los cargos formulados es necesario precisar el alcance de algunos términos técnicos:

Se consideran servicios de valor agregado aquellos que se puedan diferenciar de los servicios básicos. En otros países se conocen con el nombre de servicios de valor añadido o servicios mejorados. Estos servicios agregados o mejorados ofrecen funciones adicionales por encima y más allá de las funciones de transporte básicas representando una mejora del uso originalmente previsto de la red. Los servicios de valor agregado no pueden existir sin servicios soporte los cuales son esenciales a la prestación del servicio de valor agregado.

En el Decreto 1900 de 1990, se definieron los servicios de valor agregado como aquellos que utilizan como soporte servicios básicos, telemáticos, de difusión o de cualquier combinación de estos y con ellos proporcionan la capacidad completa para el envío o intercambio de información, agregando otras facilidades al servicio soporte o satisfaciendo nuevas necesidades específicas de telecomunicaciones.

Se entiende por telecomunicación toda emisión, transmisión o recepción de señales, escritura, imágenes, signos, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio, u otros sistemas ópticos o electromagnéticos.

En el Decreto 1794 de 1991, por el cual se expiden normas sobre los servicios de valor agregado y telemáticos y se reglamenta el Decreto 1900 de 1990 se incluyen las siguientes definiciones que son de utilidad para la comprensión de la forma como operan los servicios de valor agregado:

“ART. 1º—Servicios telemáticos. Servicios telemáticos son servicios de telecomunicaciones que, haciendo uso de servicios básicos, permiten el intercambio de información entre terminales con protocolos establecidos para sistemas de interconexión abiertos.

ART. 2º—Servicios de valor agregado. Servicios de valor agregado son aquellos que proporcionan la capacidad completa para el envío o intercambio de información, agregando otras facilidades al servicio soporte o satisfaciendo necesidades específicas de telecomunicaciones. Solo se considerarán servicios de valor agregado aquellos que se puedan diferenciar de los servicios básicos, en los términos del Decreto 1900 de 1990 y de conformidad con el presente decreto.

ART. 3º—Servicios soporte del servicio de valor agregado. Los servicios de valor agregado hacen uso de servicios básicos, telemáticos, de difusión o cualquier combinación de estos, bien sea través de una red operada por otro o de una red propia de telecomunicaciones.

(...).

ART. 4º—Características diferenciables. Solo se consideran servicios de valor agregado aquellos que se puedan diferenciar de los servicios básicos. Las características que hacen diferenciable un servicio de valor agregado se pueden referir a la transmisión de información de cualquier naturaleza o a la información transmitida o a una combinación de ambas posibilidades.

Hacen parte de las características diferenciables referidas a la transmisión, entre otras, la conversión de protocolos, la conversión de códigos, la conversión de formatos, la conversión de velocidades, la protección de errores, el encriptamiento, la codificación y el enrutamiento de la información y la adaptación a requerimientos de calidad.

Hacen parte de las características diferenciables referidas al tratamiento de la información, entre otros el acceso, almacenamiento, tratamiento, depósito y recuperación a distancia de información, el manejo de correo electrónico y de mensajes, las transacciones financieras y la telebanca”.

La red de valor agregado es una red especializada de telecomunicaciones a través de la cual se prestan al público principalmente servicios telemáticos y de valor agregado. Las redes de valor agregado pueden interconectarse a la red pública telefónica conmutada o a cualquier otra red de telecomunicación del Estado y pueden ser redes nacionales o internacionales.

El actor confunde la naturaleza de la acción de simple nulidad mediante la cual pretende la declaratoria de nulidad del inciso 2º del artículo segundo y del parágrafo del artículo 4º del Decreto 600 de 2003, con la de nulidad y restablecimiento del derecho que persigue ya un interés particular y concreto en la cual concentra toda la fundamentación de la demanda.

No se precisa el cargo concreto de violación de las normas generales limitándose la demanda a consignar: “El nuevo decreto reglamentario pretende, cambiar y restringir los conceptos de los dos últimos renglones, como es agregar otras facilidades y satisfacer nuevas necesidades específicas.

Hace 13 años, cuando se redactó la norma, se pensó que algo adicional, sería que técnicamente la comunicación pudiera cambiar de códigos, o que se pudiera empaquetar; precisamente lo que hoy día hace internet; es decir, que pueda pasar por un computador, volver a una central telefónica, pasar por un satélite, pasar por otro computador y regresar a un teléfono; ello es agregar facilidades en telecomunicaciones, desde la concepción que se le quiso dar en ese momento.

(...).

Ahora se pretende cambiar la ley con la reglamentación, quitándole la parte relativa al aspecto novedoso, para satisfacer nuevas necesidades.

La simple telefonía que se tenía hace 13 años, hoy está al alcance de la mano de todos, en cualquier momento y lugar, con la capacidad de cambio de protocolos y empaquetamiento; y ello conforme al Decreto 1900 de 1990, es un servicio de valor agregado; ahora la reglamentación pretende quitarle ese carácter”.

No explica el demandante en qué consiste el cambio que la reglamentación introduce para quitar el carácter de servicio de valor agregado.

Lo que observa la Sala al confrontar el texto de las normas demandadas con la disposición que se considera vulnerada, es que no existe ninguna violación de la norma superior por parte de aquellas.

En efecto, el inciso segundo del artículo 2º del Decreto 600 de 2003 que se acusa, simplemente dispone que para que el servicio de valor agregado se diferencie del servicio básico, lo cual constituye característica fundamental de aquel, el usuario debe percibir alguna facilidad agregada a la simple comunicación que le proporcione beneficios adicionales de telecomunicaciones o que el operador de servicios de valor agregado efectúe procesos lógicos sobre la información que posibiliten una mejora, adición o cambio al contenido de la información, cambio que debe generar un beneficio inmediato y directo que debe ser percibido por el usuario del servicio.

Esta es la naturaleza de un servicio de valor agregado en los términos de las definiciones a que se hizo referencia.

En cuanto al parágrafo del artículo 4º que también se demanda, simplemente dispone que cuando un operador de telefonía pública básica conmutada, TPBC, demuestre a través de pruebas técnicas que un operador de valor agregado está prestando ilícitamente el servicio de telefonía pública básica conmutada de larga distancia nacional y/o internacional, puede suspender la prestación del servicio soporte, garantizando el debido proceso a favor del operador de los servicios de valor agregado.

En la demanda no se desarrolló el concepto de la violación respecto de este parágrafo lo cual no permite al juzgador realizar la confrontación de la norma acusada con las normas superiores que se consideran infringidas. Aparece además entendible que si se demuestra la prestación ilícita del servicio de telefonía pública conmutada de larga distancia nacional y/o internacional por parte de un operador de servicio de valor agregado, pueda suspenderse la prestación del servicio soporte garantizando el debido proceso. No aparece la vulneración de normas superiores con esta disposición.

Al no desvirtuarse la legalidad de las normas acusadas, se denegarán las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de veintidós (22) de octubre del año dos mil cuatro».

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