Sentencia 24533 de mayo 13 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 24533

Acta Nº 50

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá, D.C., trece de mayo de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Se resuelve el recurso de casación interpuesto por Carmen Gómez de Pérez, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla el 20 de febrero de 2004, en el proceso que la recurrente adelanta contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal.

(...).

VII. Se considera

El artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, regulaba diversas situaciones pare el trabajador oficial que no alcanzaba a completar los 20 años de servicios que en conjunción con la edad requerida le permitían acceder a la pensión plena de jubilación.

Su numeral 1º consagró la hipótesis del servidor público vinculado mediante contrato de trabajo que era despedido sin justo causa con más de 10 años de servicio y menos de 15, consagrándole el derecho a la pensión proporcional de jubilación a los 60 años de edad, bien que ya los tuviera cumplidos al momento de su despido, o ya cumpliéndolos con posterioridad al despido. El numeral 2º dispuso que si el trabajador era despedido injustamente llevando más de 15 años de servicio, la pensión se causaría a los 50 años de edad. Y el numeral 3º, contempló que si el servidor oficial se retirara voluntariamente después de 15 años de servicios, tendría derecho a la pensión proporcional cuando cumpliera 60 años de edad.

La renuncia voluntaria, como su propia expresión lo refleja, constituye la libre e inequívoca decisión del trabajador de retirarse de su empleo. La muerte, en cambio, constituye un proceso natural de extinción de las funciones vitales, que a veces ocurre por el paso del tiempo, por causas violentas, por enfermedad o inclusive por la propia voluntad del ser que la procura por razones que solo a él le competen.

No pueden, por tanto, para efectos laborales, asimilarse las dos figuras, pues la dejación voluntaria del empleo, supone únicamente la separación del asalariado de la actividad que hasta entonces desempeña, mientras que la muerte, en tanto se produce la cesación definitiva de las funciones como ser viviente, implica su desaparición del universo físico, comprendiendo lógicamente al mundo jurídico.

Para el derecho del trabajo, la distinción es relevante, por cuanto, para el caso bajo examen, el artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, establece como modos de terminación del contrato de trabajo, en su literal e) la muerte del asalariado y en su literal g) por decisión unilateral de cualquiera de las partes, en los eventos previstos en los artículos 16, 48, 49 y 50 de dicho decreto.

Así las cosas, si como lo dejó sentado el tribunal, en presupuesto fáctico que necesariamente la censura debe compartir dada la formulación del cargo por la vía directa, el fenecimiento del vinculo laboral que unía al cónyuge de la demandante con la administración ocurrió por la muerte de aquel, es imperativo concluir que no hubo renuncia voluntaria o decisión unilateral del asalariado. Y como lo uno o lo otro tienen efectos jurídicos diferentes, es indiscutible que falta uno de los supuestos de hecho que contempla el numeral 3º del artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, para que el asalariado hubiera dejado causado el derecho a la pensión proporcional de jubilación, con la eventualidad de que su cónyuge, la aquí demandante, tuviera vocación a la sustitución pensional que pretende, esto es, el retiro voluntario del servidor oficial.

En cuanto al ejemplo que en apoyo de su tesis, expone la censura, se debe advertir que parte de un soporte que no fue del tribunal como es el de afirmar que el causante se había retirado del servicio por problemas de salud, cuando para el sentenciador de la alzada, fue claro que la vinculación laboral se terminó por la muerte del trabajador, hecho ocurrido el 2 de agosto de 1981.

En las condiciones anotadas, el cargo no puede prosperar.

No hay condena en costas por cuanto no hubo réplica a la demanda extraordinaria.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla el 20 de febrero de 2004, en el proceso adelantado por Carmen Sofía Gómez de Pérez contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal.

Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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