Sentencia 24608 de marzo 21 de 2006 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 24608

Aprobado Acta de Sala 25

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Gómez Quintero

Bogotá, D.C., marzo veintiuno de dos mil seis.

Vistos

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta contra el fallo de fecha 15 de diciembre de 2005 por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá a través del cual negó la solicitud de amparo presentada por José Antonio Montoya Ortega, en búsqueda de protección al derecho fundamental al debido proceso y al principio de aplicación de la ley más favorable, presuntamente vulnerados por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con sede en esta ciudad.

Antecedentes

El accionante considera conculcadas sus garantías constitucionales con ocasión de la decisión de readecuación de la pena que actualmente descuenta, en la que se le reconoció una rebaja del 40% en aplicación de lo dispuesto por el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, en razón a que considera que esta debió ser equivalente a la mitad.

Por este motivo solicita al juez de tutela que restablezca sus garantías ordenando que se le rebaje el 50% de la pena de prisión.

Intervención de la autoridad accionada

La titular del despacho judicial demandado señala que mediante auto interlocutorio del 2 de junio de 2005 redosificó la pena impuesta al actor disminuyéndola en un 40% en la medida en que el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 consagra una rebaja para quien se allana a la imputación de hasta la mitad y que no la efectuó hasta ese porcentaje, en tanto ello es posible dentro del rango establecido por la citada norma.

El fallo impugnado

A través de la sentencia del pasado 15 de diciembre la Sala a quo niega la solicitud de amparo presentada por el interno José Antonio Montoya Ortega.

Como sustento de tal decisión el tribunal indica que la acción de tutela no es un medio alternativo para proteger derechos y que su utilización debe estar enmarcada dentro de claros parámetros de responsabilidad y razonabilidad, y que a ella se puede acudir cuando en definitiva no exista otra vía judicial que permita evitar un agravio, en virtud del carácter residual de la misma.

En este orden de ideas plantea que el accionante contó con los medios previstos en el trámite judicial ordinario y consagrados en la ley procesal y que a ellos debió acudir, aduce, para controvertir la decisión que adoptó el juzgado y no a la acción constitucional, de manera tal que —a su juicio— no resulta admisible que el juez de tutela revise la decisión censurada por el peticionario, quien pretende hacer de la tutela un mecanismo de reemplazo de los instrumentos de defensa creados por el legislador, toda vez que su incuria no puede ser remediada por esta vía.

Impugnación

El demandante muestra su inconformidad frente al fallo del a quo reiterando las razones que motivaron la petición de amparo constitucional.

Consideraciones

El fallo objeto de impugnación será confirmado por las razones que a continuación se exponen:

En el asunto de la especie resulta evidente la improcedencia del amparo por estar dirigido a atacar una decisión judicial que fue adoptada por el funcionario competente, como consecuencia del examen, de procedencia de la aplicación del principio de favorabilidad como manifestación concreta del derecho al debido proceso, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004.

En tal sentido es claro entonces, que, como lo sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992 al declarar la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591, en casos como el presente, no es válido acudir al mecanismo excepcional de amparo para propiciar procesos alternos o instancias adicionales a las que dentro del ámbito de las facultades conferidas a los sujetos procesales en desarrollo de los diferentes asuntos sometidos a conocimiento de la autoridad judicial, pueden ejercer para hacer valer sus derechos.

Por eso mismo se ha insistido en la naturaleza residual de la tutela como medio judicial para procurar la protección de los derechos fundamentales, pues precisamente siendo una obligación del Estado velar porque los ciudadanos gocen de ellos y puedan asimismo ejercerlos, es que al interior del ordenamiento se han previsto las diferentes jurisdicciones, competencias y ritualidades para regular el ejercicio del ius puniendi. Sin embargo, y aunque jurisprudencialmente se ha admitido en casos muy excepcionales la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales ante la comprobada presencia de causales de procedibilidad de la acción, ello no significa que en todos los eventos esta —per se— se abra paso.

Nótese que en el presente asunto, la funcionaria demandada dio aplicación al artículo 351 de la Ley 906 de 2004 y bajo el entendido que el procesado se sometió a sentencia anticipada después de la presentación de la acusación y con antelación a la apertura del juicio y que para el caso, la Ley 600 de 2000 resultaba desfavorable, consideró que este se hacía acreedor a una rebaja mayor a la tercera parte señalada en el artículo 40 de la misma.

En consecuencia, planteó que a José Antonio Montoya Ortega se le tasó inicialmente la pena de 348 meses de prisión y multa de 3.499.99 salarios mínimos legales mensuales y en virtud de la diminuente punitiva de la tercera parte se le impuso la pena de 232 meses de prisión y multa de 2.333.4 s.m.l.m.v, esto es, una rebaja del 33.33% y que a la luz de la nueva normativa procesal penal, equiparando el momento procesal en el que se acogió a la terminación anticipada del proceso respecto del contemplado en el inciso 1º del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, se hacía acreedor a una rebaja hasta la mitad de la pena y agregó, “el juez discrecionalmente puede graduar la pena, sin que forzosamente tenga que realizar una rebaja que comporta el 50%, como lo pretende el sentenciado, por cuanto así como puede coincidir, debe advertirse que esta proporción de una mitad se otorga a quienes colaboran con la Fiscalía en términos de preacuerdo, luego tiene gran incidencia el comportamiento del procesado (hoy sentenciado) en la actuación procesal para proceder a otorgar el descuento a lugar”.

Por estas razones, resolvió descontar de la pena impuesta un total de 139 meses y 6 días y en el mismo sentido fijó la multa en 2100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ahora bien, en el presente caso debe tenerse presente que de acuerdo con la posición mayoritaria de la Sala con respecto a la aplicación favorable de la rebaja consagrada en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 (hasta la mitad) esta no resulta procedente en ningún caso (1) . En ese contexto, entonces, la consecuencia lógica inmediata no podría ser distinta a la de dejar sin efectos el reconocimiento hecho en las instancias.

Sin embargo, al tiempo que no puede el juez constitucional soslayar que la funcionaria accionada reconoció una disminución de la pena equivalente al 40% a favor del sentenciado Montoya Ortega, de igual manera por la vía de la acción de tutela no puede revocar esa decisión en tanto fue proferida y quedó plenamente consolidada al interior del proceso, sin que —desde luego— la tutela pueda convertirse en un mecanismo a través del cual el recurrente-demandante pueda ser sorprendido con una decisión inesperada y adversa a su interés, en razón a que lo reclamado y pretendido al acudir a este medio extraordinario es el reconocimiento de una rebaja mayor y nunca el que se le desconozca la ya declarada, situación que recoge la filosofía de la apelación en cuanto ha de entenderse interpuesta en lo desfavorable.

De otra parte, nótese que la decisión censurada por el actor le fue debidamente notificada sin que hubiese sido impugnada, de modo que si este se abstuvo de ejercer los recursos a su alcance, tal situación torna improcedente el amparo, bajo el entendido de que no es la acción de tutela el mecanismo diseñado para revivir los términos que se han dejado vencer, habida cuenta que una actitud de desprecio o desdén frente a los medios ordinarios de defensa no puede ser revertida a través de este excepcional instrumento de protección (2) .

En síntesis, si el actor obró en forma descuidada desde el momento en que tuvo la oportunidad de recurrir la decisión adversa a sus intereses, tal circunstancia —se insiste— torna improcedente protección solicitada, sin que sea viable en consecuencia la intervención del juez de tutela porque ello equivaldría a desconocer el carácter residual de esta excepcional acción.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia del 15 de diciembre de 2005 emitida por el Tribunal Superior de Bogotá.

2. DISPONER la remisión de lo actuado a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados Mauro Solarte Portilla—Sigifredo espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Marina Pulido de Barón—Joege Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Javier Zapata Ortiz, excusa justificada.

Teresa Ruiz Nuñez, Secretaria.

(1) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sentencia 21954 del 23 de agosto de 2005 y 21347 del 14 de diciembre de 2005.

(2) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-272 de 1997, según la cual: "Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios constitucionales (arts.29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsudiado de la acción”

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