Sentencia 24629 de julio 5 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 24629

Acta 60

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., cinco de julio de dos mil cinco

EXTRACTOS:«Se considera

La glosa que la oposición le hace a la demanda, en el alcance de la impugnación, no tiene trascedencia pues el recurrente agrega que “...en su lugar obrando la honorable Corte Suprema de Justicia en función de instancia se absuelva a la recurrente de todos los cargos formulados por el actor...”, con lo cual se puede entender que aspira a la infirmación de las condenas.

La controversia gira en torno a determinar si la función de celador que cumplía el causante García Orozco, corresponde a una de las actividades consagradas por el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968 —como de la construcción y sostenimiento de las obras públicas—, pues mientras para el tribunal, el fallecido trabajador: “...debe reputarse un trabajador oficial...”, para el impugnante, tenía la categoría de empleado público.

Para dirimir la litis, se advierte que es un hecho no controvertido que el fallecido desempeñaba el cargo de celador “en el ‘matadero’ o en las ‘plaza de mercado’ de propiedad de la demandada”.

A juicio de la Sala, pese a que no puede desconocerse que tales lugares al ser propiedad del establecimiento público demandado hacen parte de su patrimonio, ello no indica que la labor de vigilancia, en este caso la que ejecutaba el actor, corresponda a las propias que señala la ley como de sostenimiento de obra pública.

Debe entenderse que cuando el legislador, como lo ha precisado la jurisprudencia, excepcionó de la condición de empleados públicos a aquellos servidores que prestaran la actividad relacionada con la construcción y sostenimiento de la obra pública, sin duda alguna quiso referirse, en el primer caso, a los que ayudaran en su construcción, y, en el segundo, a los que contribuyeran a sostenerla, esto es, a los que directamente inciden en que aquella no se deteriore, se destruya, o se derribe.

En el anterior orden de ideas, es claro que la labor de vigilancia de un matadero o de una plaza de mercado, no hace parte de actividades como las descritas en el párrafo precedente.

Queda claro, entonces, que el ad quem incurrió en la infracción legal denunciada y por lo tanto se casará la sentencia impugnada.

Para la definición de instancia son suficientes las consideraciones que anteceden, las que conducen a revocar la decisión condenatoria de primer grado.

Sin costas en el recurso extraordinario, las de la primera instancia serán a cargo de la demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 30 de abril de 2004, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario instaurado por María Doris Marín de García contra Empresas Varias de Medellín ESP, en tanto confirmó las condenas impuestas por el a quo y la declaración de estar prescritas unas mesadas pensionales.

En sede de instancia, se REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto condenó a la empresa demandada a reconocer a la demadante, la pensión de sobrevivientes y al pago de las mesadas pensionales causadas a partir de agosto 8 de 1999, en su lugar la ABSUELVE de tales pretensiones. También se REVOCA respecto a la declaración de la prescripción.

Cópiese, notifíquese, publíquese, y devuélvase al tribunal de origen.

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