Sentencia 24642 de noviembre 30 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Bogotá, D.C., noviembre treinta de dos mil seis.

Expediente: 24.642 (R-01603)

Actor: Wenceslao Hemer Antequera y otros

Demandado: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora.

Resuelve la Sala el recurso de apelación formulado por el Instituto de la Reforma Agraria, Incora, contra la sentencia del 30 de octubre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que declaró no probada la excepción de pago total propuesta por la ejecutada, y ordenó seguir adelante con la ejecución.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Antes de hacer cualquier clase de consideración, respecto de los puntos planteados por la entidad ejecutada, en el recurso de apelación, la Sala advierte que los documentos aportados en la demanda, por el actor, en este caso, no cumplen los requisitos de ley para ser valorados por el juez, de suerte que impiden seguir adelante con la ejecución.

En efecto, el actor aportó, en fotocopia simple, la escritura pública de compraventa 263, otorgada por la Notaría Única de Sabanalarga, Atlántico, mediante la cual el Incora adquirió al señor Wenceslao Hemer Antequera, los predios denominados “Arroyo Hondo” y “Bajo Grande Orijata”, por un valor de $ 880.134.923, suma que debía pagarse, de acuerdo con las siguientes cláusulas:

“Forma de pago: el Incora pagará estos valores así: el 60% del avalúo comercial, es decir la suma de quinientos veintiocho millones ochenta mil novecientos cincuenta y cuatro pesos ($ 528.080.954), en bonos agrarios de deuda pública, con vencimiento final a cinco años parcialmente redimibles en cinco (5) vencimientos anuales, iguales y sucesivos, el primero de los cuales vencerá un (1) año después de la fecha de su expedición, libremente negociables sobre los que se causará y pagará semestralmente un interés del 80% de la tasa del incremento del índice de precios al consumidor certificado por el DANE, para cada período. El 40% del valor del avalúo comercial, es decir la suma de trescientos cincuenta y dos millones cincuenta y tres mil novecientos sesenta y nueve pesos ($ 352.053.969) en dinero efectivo, así: una tercera (1/3) parte del valor total como contado inicial, es decir la suma de ciento diecisiete millones trescientos cincuenta y un mil trescientos veintitrés pesos ($ 117.351.323), dentro de los sesenta días siguientes a la firma y registro de la escritura de compraventa, el saldo del 40% en dinero efectivo, es decir la suma de doscientos treinta y cuatro millones setecientos dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos ($ 234.702.646) en dos contados, el primero por valor de ciento diecisiete millones trescientos cincuenta y un mil trescientos veintitrés pesos ($117.351.323) a seis (6) meses y el otro por valor de ciento diecisiete millones trescientos cincuenta y un mil trescientos veintitrés pesos ($ 117.351.323) a doce (12) meses, los cuales se computarán a partir de la fecha del pago del contado inicial.

(...).

Formalidades para el pago: el Incora cancelará el precio de la negociación previa la presentación de la correspondiente cuenta de cobro acompañada del certificado de libertad y tradición en que conste la libre propiedad de los predios enajenados, de dos (2) copias autenticadas de la escritura pública de compraventa, copia auténtica del acta de entrega y recibo material de los predios (fl. 11, cdno. 1)”.

Fotocopia simple de la petición radicada el 21 de mayo de 1998, mediante el cual el actor solicitó, al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, el pago de $ 234.702.646, correspondientes al saldo insoluto de la obligación adquirida (fls. 17 a 19, cdno. 1).

De igual manera, obran en el expediente los siguientes documentos aportados por la ejecutada:

Órdenes de pago números 0681, 1083 y 1319 del 25 de julio, 20 y 31 de noviembre de 1997, en su orden, expedidas por el Incora, por un valor de $ 117.351.323, cada una (fls. 85 a 87, cdno. 1).

Relación de bonos agrarios expedidos por el Banco de la República, el 22 de agosto de 1997, a nombre del señor Wenceslao Hemer Antequera, por un valor de $ 521.510.305 (fl. 88, cdno. 1).

Acta de entrega y recibo material del predio denominado “Bajo Grande Uno”, ubicado en jurisdicción del municipio de Sabanalarga, Atlántico (fls. 96 a 99, cdno. 1).

Conforme con lo anterior, es menester señalar que las condiciones del contrato de compraventa celebrado por el señor Wenceslao Hemer Antequera y el Incora, se encuentran consignados en la escritura pública 263 del 21 de marzo de 1997, en la cual se acordó que el Incora pagaría el valor de los predios, previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro, acompañada del certificado de libertad y tradición, en el que constara la libre propiedad de los bienes enajenados, documento que no fue aportado al proceso, como tampoco lo fue la escritura pública de compraventa, en copia auténtica, la cual solo fue allegada, en fotocopia simple.

Respecto a las copias de los documentos, sean estos públicos o privados, el estatuto procesal civil les confiere el mismo valor probatorio del documento original, en los siguientes casos expresamente señalados por el artículo 254 (modificado D. 2282/89, art. 1º, num. 116):

— Cuando hayan sido autorizados por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

— Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

— Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa.

Resulta pertinente aclarar que la vigencia del artículo 11 de la Ley 446 de 1998 y la del artículo 25 del Decreto 2651 de 1991, en nada modifica lo afirmado, pues el primero de ellos se refiere solo a documentos privados, y el segundo, como bien lo ha establecido la Corte Constitucional, alude a documentos originales y no a copias.

En efecto, la Corte, mediante sentencia de febrero 11 de 1998, en la que declaró exequibles los numerales segundo del artículo 254 y tercero del artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, aclaró que:

“El artículo 25 citado se refiere a los “documentos” y hay que entender que se trata de documentos originales. En cambio, las normas acusadas versan sobre las copias, como ya se ha explicado. Sería absurdo, por ejemplo, que alguien pretendiera que se dictara mandamiento de pago con la copia simple, es decir, sin autenticar, de una sentencia, o con la fotocopia de una escritura pública, también carente de autenticidad (se resalta).

Un principio elemental que siempre ha regido en los ordenamientos procesales es el de que las copias, para que tengan valor probatorio, tienen que ser auténticas. Ese es el principio consagrado en las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan lo relativo a la aportación de copias de documentos.

De otra parte, la certeza de los hechos que se trata de demostrar con prueba documental, y en particular, con copias de documentos, está en relación directa con la autenticidad de tales copias. Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial.

En tratándose de documentos originales puede el artículo 25 ser explicable, porque su adulteración es más difícil, o puede dejar rastros fácilmente. No así en lo que tiene que ver con las copias, cuyo mérito probatorio está ligado a la autenticación.

Si el artículo 25 hubiera querido referirse a las copias así lo habría expresado, porque en el derecho probatorio es elemental la diferencia entre documentos originales y copias. Pero, no lo hizo, como se comprueba con su lectura...” (2) (resalta la Sala).

Queda claro, pues, que los documentos mediante los cuales se pretende ejecutar una obligación, deben aportarse en original o copia autentica. En este caso, la escritura pública de compraventa 263, del 21 de marzo de 1997, mediante la cual las partes acordaron las condiciones del negocio jurídico celebrado, adolece de tales requisitos, es decir, no cumple con ninguna de las previsiones del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, y no podrá tenerse como prueba idónea para seguir adelante con la ejecución.

Si bien en este caso, dicha circunstancia no fue excepcionada por la demandada, el juez está facultado para declararla de oficio, tal como lo ha hecho en otras oportunidades. En efecto, en un caso semejante al que ahora ocupa a la Sala, en el cual el Incora adquirió varios predios de propiedad de la sociedad Bojani Safdie & Cía S. en C., la Sala declaró, de oficio, la excepción de inexistencia del título ejecutivo y revocó la sentencia del tribunal. En dicho fallo, sobre la facultad del juez contencioso administrativo para declarar excepciones de oficio en el trámite de un proceso ejecutivo, la Sala dijo:

“Es pertinente anotar que en esta jurisdicción, de lo contencioso administrativa, a diferencia de la civil el juzgador sí puede declarar oficiosamente cualquier hecho exceptivo. En la jurisdicción civil el fallador tiene limitada esa competencia. En efecto el Código de Procedimiento Civil dispone:

“ART. 306.—Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda” (inc. 1º).

Destacado con negrilla por fuera del texto original(sic).

Mientras que el Código Contencioso Administrativo prevé:

“ART. 164.—(...).

En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.

Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.

El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus” (destacado con negrilla por fuera del texto original)(sic).

En esta jurisdicción contencioso administrativa se destaca, especialmente, que nada impide que el superior estudie todos los hechos probados en el juicio ejecutivo, constitutivos de excepciones, pese a la no proposición del hecho y a la no declaración de la excepción por el a quo.

La facultad oficiosa para declarar probados hechos exceptivos cobra más dimensión cuando se trata de situaciones en que, como en este juicio, los documentos con los cuales el ejecutante afirma la configuración de un título ejecutivo no lo integran.

Resulta que para el proceso ejecutivo el título ejecutivo a más de ser su punto de partida es de necesaria demostración, puesto que las providencias que se profieren con fundamento en un título tienen como finalidad su ejecución.

(...).

Lo estudiado conduce a la revocatoria de la sentencia apelada y a que, en su lugar, se declare oficiosamente la excepción de inexistencia del título ejecutivo; se ordena el levantamiento de las medidas cautelares decretadas mediante auto de 16 de mayo de 2001 (fls. 69 y 70, cdno. 3) y se declare la terminación del proceso. Además se condenará al ejecutante en costa y en perjuicios ocasionados al ejecutado, estos últimos con ocasión de las medidas cautelares de que fue objeto, tal como lo establece el literal d) del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil (3) .

En fallo del 12 de agosto de 2004, la Sala reiteró su posición, en cuanto a que el juez contencioso está facultado para declarar excepciones de oficio, en el proceso ejecutivo. Al respecto, señaló:

“Frente a los argumentos que fundamentan la prohibición para que el juez declare oficiosamente la existencia de una excepción de mérito dentro del proceso ejecutivo, la Sala considera:

a) Si bien es cierto que algunas de las excepciones propuestas dentro de un proceso ejecutivo se dirigen a atacar el derecho u obligación ejecutada, también es cierto que el objeto fundamental del proceso ejecutivo radica en el cumplimiento forzado de una obligación, y no en la declaración o constitución de dicha obligación; sin embargo, las excepciones que se pueden presentar en el proceso de ejecución, se pueden referir tanto al derecho ejecutado, como a la solicitud de ejecución en sí.

Bajo el anterior razonamiento, se advierte que dentro del proceso ejecutivo también cabe excepcionar la pretensión del demandante referente a la ejecución pretendida, puesto que este es el objeto de todo proceso ejecutivo (4) . Al ser el asunto central del proceso, la ejecución se torna materia de debate a lo largo del proceso, por lo que desde la presentación de la demanda, el derecho del demandante a recibir la tutela del Estado para que use su poder coercitivo en la ejecución de la obligación, también se encuentra en análisis y puede ser objeto de demostración o desvirtuación.

En este orden de ideas, en el transcurso del proceso puede surgir o evidenciarse algún hecho que afecte la ejecución, hecho que puede ser percibido por las partes o por el juez, por lo que procede, si es un hecho que desvirtúa la ejecución, convertirse en una excepción a la misma.

Si bien el objetivo del proceso ejecutivo se refiere al cumplimiento, mediante la fuerza del Estado, de un derecho que ha sido desconocido por el sujeto llamado a cumplirlo u observarlo, se debe anotar que no todos los procesos que se originan en una ejecución, conducen a que el juez conductor del proceso se limite a la ejecución propiamente, ya que si se ataca el derecho ejecutado, el proceso pasa a ser un proceso de conocimiento. Esta dualidad del proceso ejecutivo instituido en el ordenamiento procesal civil, ha sido expuesta por la doctrina así:

En el sistema colombiano es innegable que el proceso ejecutivo, no se limita a hacer efectiva la obligación contenida en el título ejecutivo de acuerdo con lo solicitado por el demandante, sino que, si se formulan excepciones su naturaleza será la de un proceso de cognición, un ordinario al revés como lo señalaba con afortunada frase el profesor Hernando Morales, pues la sentencia que las resuelve puede tener un contenido idéntico a la que se profiere en un proceso ordinario” (5) .

Sin embargo, esta posible mutación del proceso ejecutivo en proceso de conocimiento, no obvia el objeto principal del proceso, que es el obtener la tutela del Estado para que se obligue al deudor incumplido a cumplir el derecho del ejecutante. De esta manera, si bien el proceso instaurado inicialmente como ejecutivo, se transforma en proceso de conocimiento en virtud de la proposición de una excepción, el juez debe resolver todos los extremos de la litis, bien para declarar o negar la excepción, o para aceptar o negar usar el poder de ejecución del Estado.

De esta manera, la Sala estima que el juez de ejecución analiza, al momento de dictar sentencia, la existencia de dos tipos de derechos: i) en el evento de proposición de excepciones, el juez estudia la existencia y titularidad del derecho que se pretende ejecutar; y ii) aun en la ausencia de un ataque directo al derecho que se pretende ejecutar, el juez de la ejecución debe tener certeza sobre los requisitos de existencia del título, de tal manera que no exista equívoco en que se trate de una obligación clara, expresa y exigible, que permita el cumplimiento del derecho mediante la fuerza del Estado.

Una vez han sido establecidos los puntos sobre los cuales el juez del proceso ejecutivo puede ejercer su función jurisdiccional, la Sala se referirá a la capacidad oficiosa del juez para pronunciarse sobre hechos que afecten las situaciones sometidas a su consideración.

a) No existe en el ordenamiento procesal actual, ni en el Código Judicial que se esgrimió como fundamento legal para prohibir la declaratoria oficiosa de excepciones en un proceso ejecutivo, norma que impida la declaratoria oficiosa de excepciones en un proceso ejecutivo.

Al respecto, se observa que la congruencia de las sentencias se define en los artículos 305 y 306 del Código de Procedimiento Civil, así:

“ART. 305.—Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 135. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley (negrillas fuera de texto)”.

“ART. 306.—Resolución sobre excepciones.Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda (negrillas fuera de texto)”.

Disposición similar se encuentra contenida en el Código Contencioso Administrativo, que respecto de la facultad de declarar excepciones de fondo dentro de los procesos adelantados en esta jurisdicción, dispone:

ART. 164.—Excepciones de fondo. En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos.

En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada .

Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.

El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la “reformatio in pejus” (negrilla y subraya fuera de texto).

La lectura de las normas citadas permite a la Sala concluir que el principio general de congruencia faculta al juez para declarar excepciones en los siguientes eventos:

• Cuando el demandado las alega, en aquellos eventos en que así lo exige la ley.

• Y de oficio, cuando encuentre que los hechos, en que se fundan las mismas, están probados.

Se observa que el enunciado es expreso respecto del poder oficioso del juez para la declaratoria oficiosa de excepciones, enunciación que también es expresa respecto de los casos en que la ley exija que las excepciones tengan que ser alegadas, para ser declaradas. De este modo, se observa que frente al caso de la procedencia de la declaratoria de excepciones por parte del juez, siempre y cuando hayan sido alegadas, el ordenamiento procesal indica que:

• El poder oficioso del juez para el reconocimiento y declaratoria de excepciones, es la regla general para todo tipo de proceso, ya que es un enunciado expreso de los artículos 305, 306 del Código de Procedimiento Civil y 164 Código Contencioso Administrativo.

• La excepción a este poder oficioso es previsto por la propia norma general, sometiendo su ocurrencia a reserva legal.

Los razonamientos expuestos permiten concluir que la excepción al poder oficioso para el reconocimiento de hechos exceptivos, debe ser establecida y limitada expresamente por el legislador, pues la excepción a dicha regla quedó sometida a reserva legal. Por lo anterior, la excepción a la regla general no puede provenir de una interpretación restrictiva y equivocada, sobre el alcance de los poderes oficiosos del juez.

En consecuencia, si del debate del proceso ejecutivo, se llega a la demostración de un hecho que afecte el derecho que se pretende, o que indique la falta de los requisitos de existencia y validez del titulo de recaudo ejecutivo, la declaratoria de dicha situación no atenta contra el principio de congruencia exigido en las providencias judiciales, porque el fundamento de la declaratoria oficiosa, es el resultado de los hechos demostrados en el debate procesal, situación que le da al juez la certeza necesaria para proferir un fallo que obedezca a la realidad probatoria.

Una posición similar ha sido adoptada por el autor Hernán Fabio López Blanco, que a pesar de ser contradictoria con el concepto del mismo doctrinante a favor de la prohibición de la declaratoria de excepciones de oficio en el proceso ejecutivo (6) , a renglón seguido del concepto de prohibición expuso:

“... Pero si excepciona, y de la práctica de las pruebas surge la existencia de un hecho exceptivo diverso del alegado (por ejemplo, se presentó como excepción el pago pero se probó una novación), creemos que el juez faltaría a su deber si no declara probada la excepción: Tal rigor no lo quiere ni lo puede patrocinar el estatuto procesal civil (7) ””.

Vistos los anteriores considerandos, resulta claro que, en el presente caso, los documentos que soportan la obligación pretendida por el actor no cumplen los requisitos de ley, es decir, el título ejecutivo, mediante el cual se pretende seguir adelante con la ejecución, no se encuentra acreditado. En consecuencia, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que ordenó seguir adelante con la ejecución del proceso, será revocada.

Si bien en el presente caso, el apoderado de los actores pidió que se decretaran medidas cautelares, el tribunal no se pronunció respecto de dicha medida, por lo que la Sala no hará ningún pronunciamiento, al respecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 30 de octubre de 2002.

2. DECLÁRASE terminado el proceso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 1998, de febrero 11 de 1998.

(3) Expediente 22.900, marzo 27 de 2003, Sección 3ª, M.P. María Elena Giraldo.

(4) La Corte Constitucional se ha referido sobre el objeto del proceso ejecutivo así: “El proceso ejecutivo tiene como finalidad asegurar que el titular de una relación jurídica que genera obligaciones pueda obtener, a través de la intervención del Estado, el cumplimiento de ellas, obligando al deudor a ejecutar la prestación a su cargo, para lo cual es necesario tener presente que es el patrimonio de este el llamado o responder y garantizar el cumplimiento de esas obligaciones en el caso de la acción personal, o el bien gravado en el caso de la acción real”. Sentencia C-198 del 29 de agosto de 2001.

(5) López Blanco, Hernán Fabio. Instituciones de derecho procesal civil, tomo II, 1999, pág. 11.

(6) Ob. Cit., pág. 9.

(7) López Blanco, Hernán Fabio. Instituciones de derecho procesal civil, tomo II, 1999, pág. 440.

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