Sentencia 24687 de abril 26 de 2006 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

PENA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN

Se comienza a descontar una vez cumplida la pena privativa de la libertad.

EXTRACTOS: «Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 1999, cuando regía el Código Penal de 1980, es decir, el Decreto 100 de ese año.

En la sentencia de 1ª instancia, proferida el 11 de enero del 2002, ya en vigencia del nuevo Código Penal, la Ley 599 del 2000, se dijo que se había incurrido en los delitos de

“Homicidio agravado del artículo 104, numeral 2º del Código Penal, tentativa de homicidio del artículo 104, numeral 10 ibídem, hurto calificado y agravado, artículo 350, numeral 1º y artículo 351, numeral 6º y 10 y la genérica del artículo 372, numeral 1º del código represor anterior y, porte de armas de defensa personal del artículo 365 del nuevo Código Penal”.

Por esas infracciones les fijó como pena principal 33 años de prisión.

Es claro, entonces, que —como lo afirmó el señor juez— condenó teniendo en cuenta los dos estatutos y la favorabilidad.

Enseguida, dentro de las motivaciones, dijo que

“Como pena accesoria, se les impondrá a los procesados... la de interdicción de derechos y funciones públicas, por un período igual al de la pena principal”.

Y posteriormente, en el literal tercero de la parte resolutiva del fallo, el despacho condenó a los acusados “A la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un período igual al de la pena principal”.

En la sentencia del 13 de mayo del 2005, el tribunal confirmó el fallo de primer grado.

Se desprende de lo anterior que sobre la pena accesoria de interdicción o inhabilitación no se expresó ni se explicó nada, pues no fue referida ni a la legislación pretérita ni a la actual.

La Corte debe dilucidar, entonces, si en el evento examinado esa pena se debe entender sustentada en el Código Penal de 1980 o en el del 2000.

Para efectos de circunscribir el problema, las normas de trascendencia son las siguientes:

El artículo 55 del Código Penal de 1980, que disponía:

“Cumplimiento de penas accesorias. Las penas de interdicción de derechos y funciones públicas, suspensión de la patria potestad y prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio, se aplicarán de hecho mientras dure la pena privativa de la libertad concurrente con ellas. Cumplida esta, empezará a correr el término señalado para aquellas en la sentencia, salvo lo dispuesto en el artículo 68”.

Y el artículo 53 del Código Penal del 2000, que dice:

“Cumplimiento de las penas accesorias. Las penas privativas de otros derechos concurrentes con una privativa de la libertad, se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con esta.

A su cumplimiento, el juez oficiosamente dará la información respectiva a la autoridad correspondiente”.

El tema en el Código Penal de 1980.

Siguiendo las huellas de la ley y la jurisprudencia, se hallaba regulado de la siguiente forma:

a) Era una pena accesoria, excepto cuando se establecía como principal (art. 42.3).

b) Su duración genérica máxima era de 10 años (art. 44).

c) En todo caso, accedía a la de prisión, por un período igual al fijado para esta en la sentencia (art. 52), pero nunca más allá de 10 años.

d) Se aplicaba de hecho mientras duraba la pena privativa de la libertad (art. 55).

e) Cumplida la pena privativa de libertad, empezaba a correr el término definido para ella en el fallo, salvo si se reconocía el derecho a la condena de ejecución condicional (art. 55).

El Código Penal del 2000.

Con la letra, en este estatuto, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas está reglamentada así:

a) Es una de las penas accesorias, o privativas de otros derechos (art. 43), excepto cuando ha sido establecida como principal (art.52).

b) Como regla general, tiene una duración entre 5 y 20 años (art. 51).

c) En todo caso, sigue a la pena de prisión, “por un tiempo igual al de la pena a que accede” (art. 52.3), es decir, el mismo de la prisión, afirmación que exonera de cualquier necesidad de sustentar su imposición.

d) El lapso anterior de inhabilitación se puede aumentar “hasta por una tercera parte más”, sin exceder el máximo fijado en la ley para la interdicción, es decir, 20 años, afirmación que se hace para mantener la interpretación que primaba mientras regía el Código Penal pasado y con base en el principio de proporcionalidad de la pena, también conocido como prohibición del exceso.

e) De acuerdo con el artículo 53, las penas privativas de otros derechos concurrentes con una privativa de la libertad, “se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con esta”.

Análisis y conclusiones de la Corte.

La Sala encuentra que, en principio, y con sujeción al examen de cada asunto concreto, ante la sucesión de leyes en el tiempo, es más favorable la legislación anterior porque la interdicción se cumplía de hecho, es decir, aparte del derecho, mientras se pagaba la pena privativa de libertad, y purgada esta comenzaba a ser contado el lapso de la accesoria, tiempo que nunca podía superar diez (10) años, de acuerdo con un criterio jurisprudencial de la Sala que finalmente se tuvo como indiscutible y, por supuesto, como pacífico.

En las normas del nuevo código la situación es esencialmente similar.

En efecto.

Para las personas que desde el 25 de julio del 2001 hayan cometido delitos sancionados con prisión, está prevista como obligatoria la inhabilitación, que se cumple de hecho, es decir, fuera del derecho, mientras se paga la de prisión, y, culminada esta, comienzan a correr los términos fijados para ella en la sentencia, hasta por un plazo máximo de veinte (20) años.

Las razones de esta última aseveración son las siguientes.

Primera. 

Sin duda, a primera vista, cualquiera podría decir que de la gramática de los dos artículos citados, el 55 del código anterior, y el 53 del actual, resulta una diferencia notoria que conduce a la afirmación según la cual sobre el punto hubo modificaciones de fondo.

La interpretación gramatical o literal, entendida como simple percepción, aprehensión o lectura de símbolos lingüísticos, realmente no es una forma hermenéutica porque con ese ejercicio no es posible hallar el sentido ni el contenido de las disposiciones, y porque, como afirma H. H. Jescheck,

“Toda norma jurídica necesita ser interpretada, incluso en casos de claro tenor literal, pues el sentido jurídico de un precepto legal puede ser distinto a lo que el normal entendimiento deduce del texto literal aparentemente claro” [Tratado de derecho penal. I. Barcelona, Bosch, 1981, T: S. Mir P y F. Muñoz C., pág. 208].

No basta, pues, con afirmar que como la redacción de los estatutos es diversa, ello necesariamente obedece a que hubo cambios severos en la normatividad que ocupa el cuidado de la Sala. Es imprescindible, entonces, acudir a la hermenéutica jurídica, más allá de la pura letra, para hallar el sentido y el contenido de la ley.

Si por interpretación gramatical o literal se entiende la búsqueda de la voluntad de la ley a partir del significado filológico de las palabras [Rozo Rozo, Julio E. Derecho Penal General. Bogotá, Universidad Sergio Arboleda, 2ª edición, 1999, pág. 228]; o la relación de los términos utilizados por la ley con el uso general del lenguaje o con el uso especial del mismo resaltado por el propio legislador, bien puede decirse que esta manera hermenéutica presta alguna utilidad, al menos a título de orientación, de guía.

Veamos.

Literalmente existe diferencia fácilmente palpable entre los dos estatutos (arts. 55 y 53, respectivamente) pues, recuérdese, para el anterior, la interdicción se aplica de hecho, mientras se paga la pena corporal y, concluida esta, comienza el término fijado para aquella en la sentencia; mientras tanto, en el actual la pena accesoria se aplica y ejecuta simultáneamente con la privativa de la libertad.

Aplicar significa poner en contacto, apoyar en, adherir, pegar, doblar juntos, plegar. También es arreglar, atribuir, referir a, adaptar, sobreponer, acomodar.

De hecho quiere decir efectivamente, de veras, en verdad, por vía de fuerza, sin derecho, con eficacia, mientras tanto.

Ejecutar es cumplir, efectuar, hacer, realizar, ajusticiar, seguir, desarrollar, dar curso.

Simultáneamente es al mismo tiempo, a la vez, coincidencialmente, común a varias cosas.

Así, con una simple mirada, es posible concluir que en el lenguaje ordinario, común, aplicar y ejecutar son sinónimos, y que lo que se cumple de hecho en compañía, también se verifica simultáneamente.

Desde este punto de vista, no hay ninguna distinción entre los dos códigos con fundamento en que el primero habla de aplicar y el segundo de aplicar y ejecutar. El último, simplemente, quiso ser más reiterativo, recabar.

Y en el Código Penal de 1980, mientras se pagaba la sanción privativa de la libertad, de hecho, obviamente, la persona se encontraba interdicta; y en el del 2000, mientras purga la pena privativa de la libertad, a la vez, de todas formas, simultáneamente, de hecho, se ejecuta la pena accesoria.

Más. Jurídicamente, aplicación y ejecución son equivalentes. Así se lee en el Vocabulario Jurídico preparado por la Asociación Henri Capitant y publicado bajo la dirección de Gérard Cornu (Bogotá, Temis, 1995, T: Jaime Restrepo y Jorge Guerrero —de la 2ª edición francesa, de 1990—).

“2. Aplicación de la pena. Aplicación de la pena impuesta por un juez. La ejecución de tal condena, considerada en el conjunto de sus modalidades (o en régimen carcelario o en prisión abierta).

Ejecución de penas. Conjunto de medidas relacionadas con la aplicación y adaptación de una pena.

Por eso, según el mismo texto, tanto el juez de aplicación de penas como el de ejecución de las mismas, entre otras cosas, debe controlar y facilitar la ejecución de las sanciones y todo otro acto ejecutorio.

Aquí toman fuerza de nuevo las reglas de interpretación que ofrece desde hace tantos años el Código Civil. El artículo 28 dispone que

“Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal”.

Y como el legislador patrio no ha definido “aplicar”, “ejecutar”, “de hecho”, ni “simultáneamente”, bien se puede acudir al artículo siguiente, así sea solo parcialmente.

“ART. 29.—Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso”.

Segunda. 

En la exposición de motivos que el Fiscal General de la Nación anexara al proyecto de Código Penal que sometiera a consideración de las cámaras legislativas y que hoy rige, dijo que el tema “Consecuencias jurídicas del delito” era sensible y explicó las modificaciones que se hacían al anterior estatuto. En ninguna parte, sin embargo, aludió al punto que ahora ocupa la atención de la Sala. Y si no lo hizo, fue porque estimaba que el tema legal seguía siendo el mismo. Es que no puede olvidarse que según esa misma exposición, el código se debía adaptar a la nueva Constitución, al bloque de constitucionalidad y, desde luego, al nuevo modelo de Estado. Por eso el Fiscal General de la Nación expuso en ese documento:

“Lo anterior se refleja en necesarios cambios al nivel de la parte general y especial del Código Penal, tanto en materia de las normas rectoras como de la estructura del delito y, muy especialmente, en la materia de punibilidad” (destaca la Corte).

Y, se repite, sobre la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas, nada se expresó como para pensar que el Fiscal General y su amplio comité de expertos hubieran optado por hacer variaciones respecto de la legislación pasada.

Como ya se indicó, en el proyecto presentado por la fiscalía se leía el artículo 53, que decía:

“Cumplimiento de las penas accesorias. Las penas privativas de otros derechos concurrentes con una privativa de la libertad, se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con esta.

A su cumplimiento, el juez oficiosamente dará la información respectiva a la autoridad correspondiente”.

Ciertamente, a primera vista daría la sensación de que al creador del proyecto se le hubiera ocurrido una transformación importante. Sin embargo, como cosa rara, no se explicó esa supuesta modificación, como sí se hizo, por ejemplo, en materia de subrogados, de motivación de todo lo relacionado con la punibilidad, de prisión domiciliaria, y de método para la determinación judicial de la pena.

Si se trata de un asunto de fondo, componente de las consecuencias del delito con repercusiones en los ámbitos laboral, social, político y económico, no se entiende por qué si se querían realizar mutaciones hondas, no fueron explicadas.

Lo que sí se deduce fácilmente, es que ante la ausencia de justificación, que sí la hubo en muchísimas otras hipótesis de trabajo en relación con las cuales fueron mudadas algunas disposiciones, la conclusión es obvia: quien hizo el proyecto no estimó necesario ocasionar transmutaciones en este tema.

Y durante los largos debates al proyecto en el Congreso, y aún después, se habló y se escribió sobre bastantes reformas al Código Penal derogado.

No obstante, a pesar de que sobre el tópico que ocupa a la Sala siempre se mantuvo el artículo como fue concebido inicialmente por la fiscalía, jamás se planteó ni se insinuó observación y explicación alguna vinculada con alteraciones o rectificaciones que tuvieran como objeto la pena de inhabilidad.

Al contrario. El legislador siempre pensó en que sostenía el tratamiento que la ley penal existente le dispensaba a la pena de inhabilidad. Obsérvese, si no, por ejemplo, lo sucedido con la ponencia para primer debate al proyecto de Ley 40 de 1998, del Senado de la República:

Debajo del artículo 44 (la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas), se “comentó”: “Se adecúa la redacción de la norma vigente”.

Tras el artículo 52 (las penas accesorias), se “comentó”: “Se recogen las disposiciones del código vigente, y se ordenan temáticamente”.

Y luego del artículo 53, según el cual “las penas privativas de otros derechos concurrentes con una privativa de la libertad, se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con esta”, se “comentó”: “Se recogen las disposiciones del código vigente y se ordenan temáticamente”.

Lo anterior se resume así: si se siguen los rastros dejados por la evolución del código del 2000, desde la elaboración y presentación del proyecto primigenio, hasta las respuestas y soluciones del Congreso de la República a las objeciones presidenciales, naturalmente pasando por los juiciosos debates habidos en las cámaras legislativas, se concluye:

De una parte, que nunca se tuvo la intención de variar el tema estudiado.

Y, de la otra, que, por el contrario, en forma expresa se dejó constancia que simplemente se recogían y reordenaban las normas del código vigente.

En definitiva, entonces, hasta aquí, los dos códigos son iguales.

Siendo así, para robustecer todavía más lo dicho, es interesante recordar los pasos seguidos por las reformas que precedieron al texto final del Código Penal de 1980.

A propósito de la confección del anteproyecto de Código Penal de 1974, uno de los comisionados, el doctor Luis Enrique Romero Soto, expresó lo siguiente el 28 de junio de 1973, como se lee en el Acta nº 60:

“No encuentro en el proyecto presentado por el doctor Gutiérrez una norma que solucione el problema del cómputo del tiempo de detención preventiva como parte cumplida de la pena, ni encuentro texto que resuelva el problema planteado por el mismo ponente, es decir, aquel según el cual las penas de interdicción de derechos y funciones públicas, pérdida o suspensión de la patria potestad y prohibición del ejercicio de un arte o profesión deben cumplirse una vez que se ha pagado la pena principal, pues de hecho se sobreentiende que mientras un individuo se encuentra privado de su libertad, no puede ejercer funciones públicas, o ejercer un arte o profesión. Por lo anterior, me permito presentar a la consideración de ustedes los siguientes proyectos de artículos:

ART... El tiempo de detención preventiva se tendrá como parte cumplida de la pena privativa de la libertad.

ART... Las penas de interdicción de derechos y funciones públicas, pérdida o suspensión de la patria potestad y prohibición del ejercicio de un arte o profesión, se aplicarán de hecho mientras durare la pena principal; cumplida esta, empezará a correr el término que se señale para ellas en la sentencia”.

Y se añadió allí mismo, por parte del comisionado Gutiérrez Anzola: “No existiendo objeción alguna, se aprueban por unanimidad las anteriores normas”.

Y ese texto ratificado, tal cual, pasó a ser el artículo 64 del anteproyecto mencionado.

La misma fórmula fue adoptada íntegramente por los proyectos de 1976 (art. 60) y de 1978 (art. 61).

Y en el proyecto de 1979 se hizo énfasis en lo mismo: la interdicción opera de hecho mientras dura la pena privativa de la libertad y, cumplida esta, comienza a correr el tiempo señalado en la sentencia para aquella (art. 59).

En el seno de los comités que prepararon los proyectos anteriores no hubo discrepancias sobre el punto sino, al contrario, acuerdo. Como tampoco las hubo en el seno de los comités que hicieron el Código Penal del 2000, quienes, lo mismo que antes, al contrario, se identificaron en cuanto se mantenía la regulación pasada.

Sobre el punto estudiado, perfectamente cae todo el peso del artículo 27 del Código Civil:

“Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.

Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento”.

Y en supuestos como este el espíritu o intención del legislador es más que atendible, porque se percibe uniformidad de pensamiento en la pluralidad de estudiosos que lo conformaban pues, como se advirtió, nadie, ningún miembro del Congreso, ningún asesor, ningún académico colaborador, nadie del ejecutivo, etc., es decir, ninguna de las personas que intervino en la preparación del código, hizo constar que la normatividad sobre la pena de inhabilidad hubiera sido corregida o enmendada, o que estuviera en contra de lo aceptado por todos, es decir, que nada había variado y que, más bien, se reproducía lo ya existente en el estatuto penal anterior.

Tercera. 

El derecho comparado es un importante instrumento de hermenéutica jurídica, especialmente cuando las normas foráneas corresponden a países cercanos al que interpreta o han servido de abrevadero a la legislación de este, o hay parecidos culturales o legales, entre quien aporta y quien recibe.

No se requiere ninguna observación detallada del derecho penal colombiano para afirmar que tradicionalmente se ha nutrido del derecho penal italiano y que en los últimos años su fuente mayoritaria ha sido el derecho penal alemán, ya por la vía de la traducción y repetición española, ya por la ruta directa.

Pues bien.

El artículo 19 del Código Penal italiano sitúa la interdicción de funciones públicas dentro de las penas accesorias, y su artículo 139 expresa que

“En el cómputo de las penas accesorias temporales no se tendrá en cuenta el tiempo durante el cual el condenado descuenta la pena de detención o está sometido a medidas de seguridad detentivas, ni el tiempo en que se hubiere sustraído voluntariamente a la ejecución de la pena o de la medida de seguridad”.

Es claro, así, que cumplida la pena “detentiva”, empieza a ser descontada la accesoria.

El Código Penal alemán prevé en su artículo 45 como consecuencia accesoria del delito, la pérdida de la capacidad para el desempeño de cargos públicos, para ser elegido y el derecho al sufragio.

Y su artículo 45a (2) dispone:

“La duración de la pérdida de una capacidad o de un derecho se computará desde el día en que la pena privativa de la libertad se haya cumplido, prescriba o se haya perdonado. Si se ordena además de la pena privativa de la libertad una medida de corrección y seguridad privativa de libertad, entonces, el período se empieza a contar desde el día en que también la medida haya concluido”.

Es diáfano, entonces, que los dos principales manantiales legislativos del derecho penal colombiano, establecen que las penas accesorias principian a ser ejecutadas después de cumplidas las penas privativas de libertad.

Otros códigos, más alejados de los nuestros, aproximadamente siguen la misma línea, por ejemplo, el de Portugal de 1982, con las reformas de 1995 (arts. 66 y 100); el de Noruega de 1902-5 (art. 32); el de Cuba de 1987/8 (art. 37.3); el de Argentina —Ley 11.179 de 1984— (arts. 12, 19, 20 y 20.4); y el de Bolivia (arts. 34 y 36).

Por supuesto, existen legislaciones que siguen la otra corriente, es decir, aquella que concibe el cumplimiento de la pena accesoria paralelamente al cumplimiento de la principal. Pero los textos más seguidos, más estudiados y más socorridos por nuestro medio, apuntan en la dirección ya mencionada.

Aparte el reconocido alcance hermenéutico del derecho comparado, sin duda incontrovertible desde siempre, pero sobre todo en el mundo actual, no sobra recordar el inciso 2º del artículo 30 del Código Civil, que tras explicar la interpretación sistemática, concluye, extensivamente concebido, que “Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto”.

Cuarta. 

El artículo 55 del Código Penal pasado afirmaba que la accesoria de interdicción se cumplía de hecho mientras se descontaba la principal, y añadía que cumplida esta se iniciaba el término establecido para la inhabilitación.

Esta última previsión, sin embargo, no aparece expresamente reproducida en el nuevo estatuto, que se limita a decir en su artículo 53 que la accesoria se aplica y ejecuta simultáneamente con la privativa de la libertad.

Lo sintetizado podría dar lugar a pensar que se omitía esa parte final del artículo 55 del Código Penal de 1980 porque en el nuevo estatuto bastaba con cumplir la inhabilitación mientras se ejecutaba la privativa de la libertad, es decir, porque ya no se admitía que después de pagar la pena corporal, el condenado fuera sometido, a partir de allí, a comenzar a cumplir otra, la accesoria.

Pero también cabría creer otra solución: no se repitió esa parte, por innecesaria, por superflua.

Y esta interpretación sería la más aceptable, porque:

Uno. Obedecería, como se demostró, a la tradición. Si los dos códigos en sustancia son iguales, el segundo no tenía por qué repetir y repetir fórmulas ya más que conocidas.

Dos. Tendría lógica: si de hecho, si por fuerza de las circunstancias, una persona privada de la libertad está sustraída al ejercicio de derechos y funciones públicas, carecería de sentido legislar para decir que en caso de prisión era obligatoria la inhabilitación pero solamente mientras durara la pena privativa de la libertad. Y no tendría sentido afirmar que se haría algo que ya, de hecho, se sabía se haría. Y si el legislador hizo lo que hizo, fue porque pensó en la tesis aquí adoptada.

Con razón, anota Vincenzo Manzini:

“El hecho de que la pena accesoria temporal tenga la misma duración de la pena principal temporal impuesta, no significa que la primera produzca sus efectos solamente durante el tiempo en el cual la pena principal es ejecutada o ejecutable. Si así fuera, las penas accesorias serían meras ilusiones, porque sus efectos, como regla general, se identificarían con los efectos de la pena principal. No puede, manifiestamente, ejercer oficios públicos, etc., quien se encuentra detenido” [Trattato di diritto penale italiano. III. Torino, UTET, 1981, 5ª edizione, pág. 221].

Esta directriz general es más o menos seguida por Linda Govoni, quien a pesar de referir la regla al caso en vez de hacer determinaciones a priori, denomina inutiliter data a la teoría jurídica que se desprendería de estimar cumplida la pena accesoria mientras se paga la privativa de la libertad [“Le pene accessorie”. En, Ugo Di Benedetto —a cura di—, Diritto penale. Gurisprudenza e casi pratici. Parte generale. Parte speciale. San Marino, Maggioli Editore, 1998, págs. 800 a 802].

La solución del caso.

De lo anterior se colige, entonces, que cuando el juzgado de 1ª instancia condenó a inhabilitación por el mismo tiempo de la prisión, sin establecer con fundamento en qué código, lo hizo por un lapso de 33 años, determinación ratificada por el tribunal.

Y como en esta materia el Código Penal de 1980 resulta más favorable porque prevé un máximo para esa pena de diez (10) años, mientras el del 2000 permitiría una inhabilitación hasta de veinte (20) años, es claro que la Corte casará el fallo para fijar la pena de inhabilitación en diez (10) años, sanción que comenzará a ser descontada una vez cumplida la pena privativa de la libertad».

(Sentencia de casación, 26 de abril de 2006. Radicación 24.687. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón).

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