Sentencia 24692 de febrero 23 de 2006 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 18

Magistrado Ponente:

Mauro Solarte Portilla

Bogotá D.C., veintitrés de febrero de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Hechos

El 22 de julio de 1998, a través de apoderado judicial, Cecilia Esther Ibáñez Castillo presentó ante la oficina de reparto judicial de la ciudad de Barranquilla, demanda ordinaria de prescripción adquisitiva de dominio en contra de la Sociedad e Inversiones Socinvers, la cual le correspondió conocer al Juzgado Cuarto Civil de esa sede a cargo de la doctora Josefina Isabel Gallardo Pérez.

El 3 de agosto del mismo año, el juzgado le ordenó al demandante que subsanara los defectos formales de la demanda, tendientes a que acreditara la existencia y representación de la Sociedad e Inversiones Socinvers, como efectivamente el actor lo hizo en el término que se le indicó para tal efecto.

Después de remediar esos defectos formales, el despacho admitió la demanda el 31 de agosto siguiente y ordenó en dicha decisión notificar mediante edicto a la parte demandada en la forma establecida en los artículos 318 y 407 del Código de Procedimiento Civil, pese a que en el certificado de existencia legal figuraba expresamente que la empresa tenía su domicilio en la carrera 4ª número 57 80 de la ciudad de Bogotá.

(...).

Consideraciones de la Corte

1. La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto como superior funcional que es de la Sala Única del Tribunal Superior de Barranquilla que profirió la decisión que se impugna (numeral 3º del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal).

2. El injusto de prevaricato se estructura cuando el servidor público profiere resolución, dictamen o conceptos manifiestamente contrarios a la ley (arts. 149, D. 100/80 y 413, L. 600/2000) (2) . Se trata, como se comprende, de sancionar contradicciones superlativas y no disfunciones menores en la aplicación de la ley. De responder, tratándose de la administración de justicia, ante conductas que desdicen de la esperada expectativa de que los conflictos se solucionan aplicando la ley y no apartándose groseramente de ella.

Esas definiciones, que son nucleares a la hora de interpretar la densidad antijurídica de las conductas, se explican en el principio de progresiva protección de los bienes jurídicos, según el cual el derecho penal se ocupa solo de lo injusto merecedor de pena y no de todos los atentados contra la relación social que el tipo penal protege. En fin, de lo que en realidad es delito y no de lo que se le parece o lo que de él solo tiene su apariencia.

En ese giro se ha dicho, con razón, que “acogiendo el sentido del mandato de ser los actos de autoridad manifiestamente contrarios a la ley, no configura realización del tipo penal, cualquier error en que incurra el funcionario. Se requiere, como viene en juzgarlo la Sala, que entre lo que decidió o dictaminó, y la ley o el derecho aplicable, se presente contradicción clara y evidente” (3) .

3. En los tiempos de ahora no puede ser suficiente argumento para construir una imputación por prevaricato la sola consideración acerca de la claridad del texto legal, aun cuando ciertamente la simplicidad de los textos normativos puede ayudar a deslindar la grave y manifiesta contradicción entre lo que se decide y lo que la ley ordena.

Pues bien, el expediente indica que la juez acusada ordenó notificar el auto admisorio de la demanda al demandado, tal como se lo solicitó el demandante, quien afirmó no conocer el lugar de residencia de la persona contra quien dirigía su pretensión. Así lo consignó en el auto del 3 de agosto de 1998 (fl. 14) y la juez lo admitió en su diligencia de indagatoria (fl. 82), explicando que en un proceso civil son las partes las que deben cuidar de probar sus afirmaciones y que a ellas les incumbe la carga de ser leales en sus aseveraciones.

Como lo expresa el fiscal, la lectura de los textos legales —sobre todo de los artículos 87, 318 y 320 del Código de Procedimiento Civil— no fue la más afortunada. Claro, porque la oficiosidad del juez y el principio de publicidad de las decisiones que tienden a garantizar una justicia transparente, llevaban a la juez a ordenar la notificación personal, teniendo como base la información que reposaba en el documento con el cual se acreditaba la existencia y representación legal de la persona jurídica demandada.

Pero esto —que es lo que a juicio de la fiscalía y de la parte civil demuestra la ostensible contradicción entre lo que dice la ley y la decisión judicial— lo que indica es que en el proceso civil subyace un vicio de procedimiento que como tal, según el criterio de protección progresiva de los bienes jurídicos, debe corregirse con los medios que consagra el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil —la revisión de la sentencia, entre otras posibilidades, cuando no ha sido posible hacerlo en el curso de las instancias—, pero no puede significar que esa conducta sea delictual, pues solo lo será si de la aplicación de la ley y de lo que ella manda, surge una contradicción manifiesta y evidente y no cuando el juez se equivoca, sin quererlo, al aplicar la misma.

Véase en ese sentido que la juez acusada optó por la solución dispuesta en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil —como lo reconoce—, consistente en notificar por edicto a la persona demandada, teniendo en cuenta que el actor le indicó que no conocía su lugar de residencia. Esa opción la escogió la juez, en vez de aquella que consultaba mejor los principios y el debido proceso, lo cual muestra que existe una tensión entre dos alternativas y por lo tanto un error de selección de la norma que permite concluir que la infracción de la ley no es manifiesta ni ostensible.

En efecto, por fuera de la situación fáctica concreta los textos que regulan el proceso de notificación pueden ofrecerse claros, como lo sostiene el fiscal recurrente, pero su mejor interpretación y aplicación no surge de su sola lectura ni en abstracto, sino de su relación con los principios del debido proceso aplicados al caso concreto y con la información disponible, que es como se debe interpretar el proceso de interferencia que se genera con la conducta.

Así lo ha dicho la Corte al indicar que “la valoración de la trascendencia social y jurídica de la conducta realizada, debe consultar a más de la contrariedad entre la decisión y lo reglado, las concretas circunstancias de adopción de la resolución tildada de prevaricante, la información disponible, la complejidad del caso, y la claridad y contenido de la decisión llamada a regular el asunto sometido a conocimiento del funcionario, no desde la perspectiva de cómo habría actuado quien lo investiga o juzga, pues de lo que se trata en esencia es de realizar un juicio en el cual la ilegalidad manifiesta de la resolución resulte de la sola comparación entre lo decidido y aquello que la ley manda” (4) .

En ese orden de ideas no se debe perder de vista la información que bajo juramento le brindó el demandante a la juez acusada y que ella decidió atender por sobre otras, con la creencia de que la relación jurídico procesal se articulaba convenientemente con la notificación por edicto, lo que incluso no le mereció mayor preocupación a la Sala Civil del Tribunal de Barranquilla cuando verificó la legalidad del procedimiento (fl. 10 anexo).

4. Se ha pretendido por la fiscalía y por la parte civil, explicar el conocimiento y la voluntad de realización típica en la afirmación que le hiciera la juez a la demandante acerca de la viabilidad de la demanda, de la buena marcha del proceso, pero no se ha reparado en que si hubiese existido contubernio entre el abogado y la juez, como lo supone la acusación, esta no le habría exigido justamente el documento en el cual aparecía anotada la dirección del demandado, para después ordenar una notificación que desconocería ese supuesto, lo que ciertamente constituiría una maniobra burda que pondría al descubierto la manipulación entre la juez y la parte, de haber existido.

En ninguna parte, además, Cecilia Esther Ibáñez Castillo (fl. 79) afirma que hubiese compromiso de la juez con ella, sino que en la diligencia de inspección judicial le comentó acerca de la viabilidad de la demanda, lo cual sí bien, no es prudente, es distinto a tener por cierto que entre aquellas existiese el amañado compromiso para sacar avante un proceso judicial.

Si esta declaración, en esos términos, no permite inferir que la juez construyó una amañada interpretación de los textos legales, sino que los aplicó de acuerdo con su trayectoria y conocimiento en el marco de una de las opciones posibles (ordenarle a secretaría que lo hiciera por edicto por habérsele informado que desconocía el lugar de residencia del demandado), entonces la conducta pese a que pueda considerarse irregular, no tiene la relevancia jurídico penal que solo surge cuando conscientemente se profiere una decisión manifiestamente contraria a la ley.

La conducta, en consecuencia, es atípica, y en tal sentido la providencia de instancia debe confirmarse.

5. El derecho penal, al describir el delito de prevaricato, no se ocupa de disfunciones menores en la aplicación de la ley —como la conducta que se viene en juzgar—, porque si se sancionase la más mínima irregularidad se extendería indebidamente el ámbito de protección de la norma a situaciones no previstas en ella, hasta el punto que la justicia tendría que suponerse infalible y la penal ocuparse de solucionar todos los errores judiciales —de procedimiento o de aplicación del derecho sustancial—, pues siempre se encontrará en ellas una disconformidad entre lo que se hizo y lo que la ley manda hacer.

Por eso, como se ha explicado, solo se sanciona la voluntad dolosa de querer apartarse conscientemente de lo que dicen los textos legales con el fin de desconocer abiertamente la ley. Ese es el núcleo del injusto y de ello, por supuesto, no hay prueba en el expediente.

Decisión

Por lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Confirmar la providencia de fecha y origen impugnada.

Notifíquese y cúmplase».

(2) La Corte ha señalado que resolución quiere decir: “acción y efecto de resolver, 5. Decreto, providencia, auto o fallo de autoridad gubernamental o judicial”. Sentencia de segunda instancia del 4 de agosto de 2004, radicado 17907.

(3) Cfr., Corte Suprema de Justicia, sentencias de julio 10 de 1980, agosto 16 de 1983, mayo 22 de 1984, febrero 13 de 1991, marzo 2 de 1993 y 3 de septiembre de 2003.

(4) Corte Suprema de Justicia. Sentencia de segunda instancia, 16 de enero de 2005, radicado 22586.

_______________________________