Sentencia 24696 de diciembre 7 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

PRUEBA DE LA CAUSA DE LA MUERTE

Si no se realizó necropsia, es válido acudir a otros medios probatorios.

EXTRACTOS: «Sobre el falso juicio de convicción. Constituye una de las formas a través de las cuales se presenta el denominado error de derecho. Se incurre en él cuando en el proceso de análisis, el juez desconoce la tarifa legal probatoria, esto es, el valor positivo o negativo que previamente el legislador le ha asignado a determinado medio de prueba, o cuando le confiere uno no previsto en la ley.

El demandante señala este yerro porque considera que la causa probable del deceso se estableció a partir de un concepto médico de un miembro del Cuerpo Técnico de Investigaciones, cuando, en su criterio, solo la necropsia podía hacer viable esa inferencia, de conformidad con los artículos 5º a 7º del Decreto 786 de 1990.

Sobre el particular, se observa:

1. Mediante la Ley 9ª de 1979 se dictaron diversas “medidas sanitarias”. En su artículo 517 se estableció el “certificado individual de defunción”, documento que debe contener “la causa o causas de la muerte..., las causas antecedentes y la causa básica o fundamental, así como la existencia de otros estados patológicos”.

Si ese estatuto, fundamento del cargo del casacionista, reglamenta el documento de que se trata e impone el deber de que en su diligenciamiento se determinen las causas de la muerte, es claro que la conclusión del recurrente, en cuanto solamente la necropsia puede dar cuenta de esa situación, es inadmisible, pues el legislador no pudo reglar el alcance de un certificado para luego negarle eficacia, y menos a través del Decreto 786 de 1990, expedido con el fin exclusivo de reglamentar la Ley 9ª de 1979.

Es evidente que un decreto reglamentario, por su misma razón de ser, no puede derogar o modificar la ley que reglamenta. Simplemente debe desarrollarla para hacerla viable, pero sin restarle eficacia.

2. Nótese que el literal (a) del artículo 520 de la Ley 9ª de 1979, ordenó al Ministerio de Salud

“Determinar los medios que empleará aquel médico distinto del tratante, si no se practica autopsia, para determinar la causa probable de la muerte” (resalta la Sala).

Es claro, entonces, que el legislador previó la necesidad de acudir a medios diversos de la necropsia (al tenor del diccionario la necropsia es la autopsia o examen de los cadáveres) para determinar la causa del deceso, circunstancia que repele, en consecuencia, la tarifa legal que el impugnante creyó ver en el decreto que reglamentó la Ley 9ª de 1979. Además, esa tarifa resultaría inadmisible en casos como los atinadamente citados por la procuraduría (cuerpos incinerados, desmembrados, etc.).

3. Las disposiciones a que acude el demandante no tienen el alcance por él entendido. En efecto, el Decreto 786 del 16 de abril de 1990, por medio del cual se reglamentó parcialmente la Ley 9ª de 1979, “en cuanto a la práctica de autopsias clínicas y médico-legales...”, en su artículo 5º relacionó los fines perseguidos con las autopsias.

Pero esa norma y el artículo 6º, que impone como obligatoria la necropsia en eventos de homicidio o “sospecha de homicidio”, armonizados con las disposiciones de la Ley 9ª, solo pueden significar que ese examen brinda la información requerida, siempre y cuando se realice, y que su práctica es imperiosa exclusivamente cuando existe “sospecha de homicidio”.

Por consiguiente, siguiendo el propósito legislativo, cuando no “hay sospecha” de homicidio, no es imperativa la autopsia y si esta no se lleva a cabo, la causa del fallecimiento puede ser establecida con los medios probatorios previstos en la ley procesal.

No se debe olvidar que en el caso estudiado, luego de un procedimiento aparentemente normal, se expidió certificado de defunción. Así las cosas, el sentido común podía llevar a los dolientes a dejar de lado cualquier posibilidad de irregularidades.

Pero si con posterioridad obtuvieron detalles, se llenaron de razones y “presunciones”, y por el paso del tiempo, ante la descomposición del cadáver, se tornó inviable la necropsia, mal se podía esperar que no hubiera lugar a determinar esas causas, cuando el proceso penal ofrecía diversos elementos para dilucidarlas: a partir de la historia clínica y las posiciones de quienes directa o indirectamente participaron en o conocieron los hechos, era factible disponer la práctica de un dictamen médico, como efectivamente se hizo.

4. En estas condiciones, los funcionarios judiciales no incurrieron en el falso juicio de convicción denunciado, porque la ley no estableció tarifa alguna para determinar las causas de una muerte.

Se desprende de todo lo anterior que eran aplicables las normas del Código de Procedimiento Penal, que no se oponían a las traídas por la defensa, conforme con las cuales existe “libertad probatoria”, esto es, que “los elementos constitutivos del hecho punible, la responsabilidad del imputado... podrán demostrarse con cualquier medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial” (L. 600/2000, y D. 2700/91, arts. 253 y 237 respectivamente)».

(Sentencia de casación, 7 de diciembre de 2005. Radicación 24696. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón).

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