Sentencia 2481 de junio 21 de 2002 

SECCIÓN QUINTA - SALA DE CONJUECES 

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

DIFERENCIACIÓN VOCACIONAL COMO CRITERIO DE SU DESIGNACIÓN

EXTRACTOS: «Como se recordó en su momento, el líbelo de demanda endereza contra la validez de la elección del doctor Escobar Gil un último ataque fundado en la carencia de otro supuesto requisito constitucional, el de ser abogado especializado. Dice al respecto el documento:

"No probó ni acreditó ser abogado especializado en cualquier rama del derecho conforme a lo señalado en el artículo 44 de la Ley 270 de 1996. Se engañó a la opinión pública manifestando que el abogado Rodrigo Escobar Gil es doctorado en derecho administrativo, cuando lo cierto es que tiene un título de doctor en derecho para ejercer la profesión en España, lo que equivale en Colombia a tener el título de doctor en derecho o de abogado para ejercer la profesión en Colombia" (fl. 69).

Y más adelante, en el acápite concepto de la violación precisa que el demandado

"...no acredita poseer especialización alguna en cualquiera de las ramas del derecho como lo exige perentoriamente el inciso primero del artículo 239 de la Constitución Nacional y el segundo inciso del artículo 44 de la Ley 270 de 1996".

La norma constitucional citada por la actora efectivamente manda:

“ART. 239.—La Corte Constitucional tendrá el numero impar de miembros que determina la ley. En su integración se atenderá el criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del derecho..." (subraya la sección).

A su turno el segundo inciso del artículo 44 de la ley estatutaria de la administración de justicia, reitera:

"Las ternas deberán conformarse con abogados de distintas especialidades del derecho y el Senado elegirá un magistrado por cada terna, procurando que la composición final de la Corte Constitucional responda al criterio de diversidad en la especialidad de los magistrados" (subraya la sección).

De los varios problemas que plantea este régimen interesa a la resolución de este litigio la dilucidación de dos: a) cuál es el alcance de la exigencia de "especialidad" y, b) si ella constituye, en sentido estricto, un requisito para ser magistrado.

Origen de esta sistemática fue el querer de la asamblea constituyente, cuando erigió la Corte Constitucional en estructura especializada en el control de constitucionalidad sustrayendo esta función de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, de conservar en el nuevo órgano una característica propia del antiguo, la multidisciplinariedad que resultaba para éste del hecho de ser los componentes de la Sala Plena de la Corte Suprema profesionales de alta calificación vinculados al cultivo de las disciplinas jurídicas distintas cuyos ordenamientos están protegidos por el recurso de casación. Reputó la asamblea como un mérito del control de constitucionalidad, digno de preservación en la nueva estructura, la circunstancia de ser su ejercicio concreto el resultado del análisis de las normas que se someten al mismo desde perspectivas científicas diferentes, y el fruto de sensibilidades jurídicas también distintas.

De allí que la compleja ordenación técnica necesaria para reflejar este propósito en el entramado constitucional no haya adquirido la forma de un requisito subjetivo del magistrado que forma parte de la Corte Constitucional, lo que habría conducido a su regulación en el artículo 232 o en uno separado que le diera fisonomía de tal a la institución de la multidisciplinariedad. Como la asumió efectivamente la Constitución, esta última es una característica del conjunto de integrantes de la Corte Constitucional, es decir del órgano en si mismo, y no una exigencia que se plantea individualmente a cada uno de sus componentes. Dicho en otros términos: el énfasis de la norma está puesto sobre el concepto de diversidad en el cultivo de las disciplinas jurídicas, que se predica del sujeto colectivo formado por los magistrados. De ahí también que la Constitución no la proponga como un mandato irrefragable sino como un "criterio de designación" según la expresión que usa el artículo 239 y que la ley, fiel a ese espíritu, la defina como un propósito que debe "procurarse" en la “composición final" de la Corte.

No puede atribuírsele entonces a la institución en comentario el rigor de un requisito subjetivo adicional a los establecidos con precisión en el artículo 232 de la Constitución Política.

La segunda inquietud que surge de la norma versa sobre el alcance de la expresión "diversas especialidades del derecho" utilizada por ella que, a juicio de la sección no alude a las especializaciones académicas o científicas de que se ocupa la investigación universitaria del ordenamiento jurídico sino al encauzamiento de la vocación de los profesionales del derecho dentro de una particular materia. Como bien expuso el libelo de contestación de la demanda, "especialidad" y "especialización" son fenómenos distintos cuando se les refiere a las disciplinas jurídicas: aquella es modalidad del desarrollo vocacional en el ejercicio de la profesión, al paso que esta indica la acotación de un ámbito científico particular como materia de estudio académico que, en la organización universitaria moderna, se refleja en un reconocimiento solemne para quien la cursa con éxito en un programa especifico.

Lo que la Constitución exige a los magistrados de la Corte Constitucional es, entonces, mera diversidad en la adscripción de cada uno de ellos a vocaciones distintas y no la ostentación de un titulo académico determinado, de lo cual resulta la irrelevancia de la discusión sobre si el que obtuvo el magistrado Escobar Gil en la Universidad Completense tiene o no un determinado alcance dentro de la jerarquía y organización establecida para los títulos en el ordenamiento jurídico colombiano o en el español.

Si alguna significación como exigencia individualizada tiene la normatividad constitucional que postula la diferenciación vocacional de los magistrados como un criterio de su designación es el de que cada uno de estos caracterice su fisonomía de jurisconsulto como inclinación científica o profesional activa en un campo identificable dentro del corpus normativo. Ello ocurre visiblemente en el caso del magistrado Escobar Gil, según demuestran los documentos que acopió para la comisión de acreditación del honorable Senado. En efecto, su hoja de vida singulariza el campo de interés del doctor Escobar Gil como adscrito a la especialidad del derecho administrativo que (i) ha captado su atención científica como tratadista (lo indican los títulos de las obras de que es autor, en particular las enumeradas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 del capítulo "Publicaciones" de la hoja de vida, a "libros" y las cuatro enunciadas como publicaciones en revistas); (ii) ha caracterizado al ejercicio docente, (concretado en las cátedras de "responsabilidad patrimonial de la administración publica" en la Universidad Javeriana, fl. 19; de derecho administrativo de la U. de la Sabana, fl. 20; de Derecho Administrativo General en la U. Militar Nueva Granada, fl. 21, y en los cursos, seminarios y conferencias enumerados bajo ese título en la hoja de vida, fl. 11); y, (iii) ha canalizado el ejercicio profesional de abogado (a esa especialidad pertenecen los 17 litigios ante la jurisdicción contencioso administrativa identificados en las actas 3009 y 3012 de declaración extraprocesal, fls. 25 a 30 del expediente).

La última de las razones de impugnación dirigidas por la actora contra el acto complejo producido por el honorable Senado de la República a partir de terna propuesta por el H. Consejo de Estado mediante el cual se eligió como magistrado de la Corte Constitucional al doctor Escobar Gil, tampoco es, entonces, idónea para desvirtuar su legitimidad».

(Sentencia de 21 de junio de 2002. Expediente 2481. Conjuez Ponente: Dr. Hernando Yepes Arcila).

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