Sentencia 24812 de febrero 21 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 24812

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Acta 13

Bogotá, D.C., veintiuno de febrero de dos mil seis.

La Corte decide el recurso de casación interpuesto por Olga Lucía Cano Medina, contra la sentencia del 4 de junio de 2004, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por la recurrente contra el Instituto de Seguros Sociales Seccional Antioquia.

Antecedentes

Olga Lucía Cano Medina, demandó al Instituto de Seguros Sociales Seccional Antioquia, para que le pague la pensión por invalidez de origen común, las mesadas adicionales, la sanción por no pago o la indexación, y las costas del proceso.

En sustento de sus pretensiones adujo que fue declarada inválida el 3 de julio de 2001, con una pérdida de la capacidad laboral del 56.25%; que el ISS le negó el reconocimiento pensional por la falta de los aportes requeridos por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, dado que en el año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez no tuvo semanas cotizadas; que alcanzó a aportar 657 semanas para los riesgos de IVM, las cuales le hubieran dado el derecho, bajo el régimen anterior a la reseñada Ley 100.

El instituto demandado aceptó los hechos de la demanda referentes a que la actora solicitó la pensión de invalidez, la cual le fue negada y la invalidez de la actora, en un porcentaje del 56.25; de los demás negó el primero y en cuanto al cuarto manifestó que no era un hecho, sino una apreciación jurídica. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe, improcedencia de la indexación e imposibilidad de condena en costas.

La primera instancia terminó con sentencia de 5 de septiembre de 2003, mediante la cual, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, absolvió al ISS e impuso las costas a la demandante.

Sentencia del tribunal

Al decidir la apelación de la demandante, el ad quem por providencia de 4 de junio de 2004, teniendo en cuenta las resoluciones 12653 del 28 de octubre de 1997 y 6013 del 12 de junio de 1998, adujo que no quedaba duda de la pérdida de la capacidad de la actora, en más del 50%, y que como la estructuración de la invalidez se produjo el 19 de diciembre de 1996, la disposición aplicable para efecto de la pensión respectiva, era el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Transcribió apartes del pronunciamiento de esta Sala de la Corte, sin indicar la fecha, ni la radicación del mismo.

Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

Alcance de la impugnación

El impugnante pretende que se case totalmente la sentencia; y que en sede de instancia, se revoque el fallo de primer grado y en su lugar se disponga el pago de la pensión reclamada, junto con sus intereses moratorios.

Con tal propósito formula dos cargos que no fueron replicados.

Primer cargo

Denuncia en la sentencia, por “(...) la vía directa, interpretación errónea de los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, en relación con sus artículos 50, 141,142, de la misma ley artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional”.

Al desarrollar el cargo afirma que:

“La seguridad social, se ha dicho, es un derecho de raigambre superior, en tanto, su consagración normativa fue prevista desde la misma Carta de Derechos, refrendado, obviamente, en su carácter de derecho positivo, por la Ley 100 de 1993.

“La pensión de invalidez, es de todos sabido, está instituida para satisfacer las necesidades mínimas de aquellas personas que han perdido su capacidad de trabajo, y pretenden, por este sendero, que se procurase lo necesario para su congrua subsistencia.

“Es por lo anterior que los operadores jurídicos, como ejecutores de la ley (Art. 228 C. N.), deben efectuar una interpretación de los textos legales que guarde armonía con los postulados Constitucionales que garantizan, a todos los habitantes del territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad social.

“Si bien, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, para eventos como el de autos, consagra como requisitos para acceder a la prestación, que el asegurado haya sido declarado inválido y que, además, haya satisfecho 26 semanas de cotización en el año anterior a la estructuración de la invalidez, es evidente que tal requisito, el de las semanas, se fijó como un mínimo, es decir, que basta que el asegurado haya aportado al sistema las 26 semanas y queda protegido frente a el riesgo, habida cuenta que 26 semanas, aunque aportadas en el último año anterior a la estructuración de la invalidez,, no pueden dar más derecho que 657, que igualmente fueron sufragadas con antelación a la fecha en que se estructuró el estado de invalidez.

“Resulta inequitativo y contrario al postulado legal, se insiste, que solo 26 semanas concedan el derecho a la pensión y 657, cotizadas también todas antes de la fecha en que se entiende causado el derecho (fecha de estructuración), no otorguen igual protección, de cara a un mismo derecho.

“Es palmar, que el tribunal equivoca el sentido y alcance de las normas que gobiernan la pensión de invalidez, y ello conduce a la quiebra del fallo.

“Colofón de lo expresado es que el Tribunal, al interpretar la norma en cita, le restringió su alcance y le fijó uno que no se compadece con su espíritu y finalidad (...)”.

Segundo cargo

Dice que la sentencia “(...) infringe directamente (por falta de aplicación, según reiterada jurisprudencia de esa Sala) los artículos 6 y 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el 1° del Decreto 758 de 1990; en armonía con los artículos 48 y 53 de la C. N.; y de paso aplica indebidamente los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993”.

En su demostración sostiene que:

“Para lo que interesa al recurso, el tribunal consideró que al caso de autos le eran aplicables las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y no las del Acuerdo 49 de 1990,y aunque si bien cita una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, igualmente se apoya en la inadmisibilidad de aplicar el régimen anterior, en razón de no operar el principio de condición más beneficiosa.

“El principio de condición más beneficiosa, ha entendido la jurisprudencia, se encuentra gobernado en el artículo 53 de la Constitución Nacional, y comporta, que se confronten dos regímenes pensiónales para determinar cuál de los dos es el que gobierna la situación fáctica.

“Por ello, en estricto sentido, el memorado principio tiene alguna similitud con el de retrospectividad, entendiendo que un nuevo régimen no puede fijar unas condiciones de acceso más gravosas que el anterior, por cuanto siempre la norma jurídica posterior se entiende como un avance cualitativo de la base normativa, máxime que en eventos como el presente, el derecho a la seguridad social encuentra respaldo, inclusive, en la propia Carta de derechos.

“Por manera que en el sub lite si es aplicable el principio atrás aludido, habida cuenta que el régimen de la Ley 100 de 1993, desmejoró los requisitos de acceso a la prestación y, de esa manera, truncó en el demandante el derecho a adquirir el derecho (sic) en unas condiciones más favorables, que no son otras que las fijadas en los artículos 6º, 9º y 25 del Acuerdo 49 de 1990 (aprobado por Decreto 758 del mismo año), por cuanto la densidad de semanas aludidas en los citados preceptos, que se negó a aplicar el tribunal, se encuentran más que satisfechas (...)”.

Se considera

El tribunal estableció que la demandante sufrió una incapacidad para trabajar del 56.25%; que la invalidez se estructuró el 19 de diciembre de 1996; que para esa fecha no estaba cotizando al sistema; que solo acreditó aportes por 23 semanas en el año inmediatamente anterior a la estructuración de la invalidez; que al momento de tal estructuración estaba vigente el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que exigía 26 semanas de cotización en dicho período; pero olvidó el ad quem que con anterioridad a la vigencia de dicho régimen, la demandante ya había cotizado en el ISS más de 600 semanas para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, hecho este cuyas consecuencias tampoco reconoció el mencionado tribunal.

En las condiciones anteriores, no cabe duda que la actora tiene derecho a que se le reconozca la pensión de invalidez, porque en su vida laboral acumuló 657 semanas, de las cuales cotizó más de 300 en cualquier época, tal como lo exigía el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, aplicable a este asunto, tal cual a continuación se explica.

Como lo sostiene el impugnante, resulta inequitativo y contrario al postulado legal, que la persona que haya cotizado más de 300 semanas durante su vida laboral, no pueda ser beneficiaria de la pensión de invalidez, únicamente por el hecho de no haber aportado las 26 semanas en el último año anterior a la estructuración de tal estado.

En ese orden, es de obligatoria aplicación el principio de la condición más beneficiosa previsto por el artículo 53 de la Constitución Política, para reconocer la pensión reclamada con fundamento en lo previsto por el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

En torno al punto, esta Sala de la Corte, en decisión mayoritaria de 5 de junio de 2005, radicación 24280, luego de un razonado estudio, concluyó que en casos como el presente, resultaría ineficaz, si se negara el derecho pensional a quien estuvo o está afiliado a la seguridad social, y cumplió con la densidad de cotizaciones suficientes, que, de no haber variado la disposición, para disminuir la densidad de las mismas, el beneficiario hubiera obtenido el derecho sin objeción alguna. Su texto es el siguiente:

“Pues bien, la seguridad social, como lo advierte la acusación, tiene su sustento en el artículo 48 de la Constitución Política y en la Ley 100 de 1993, como derecho inherente al ser humano y, por consiguiente, con la garantía para éste de protección y amparo frente a las posibles contingencias que puedan afectarlo junto con su núcleo familiar, derivadas de la prestación de un servicio, de la ejecución de una relación laboral del trabajo independiente o sencillamente del amparo previsto para quienes se aplica el régimen subsidiado, entre otros. De allí, la efectiva acción del legislador, para procurar la realización de los fines del régimen de la seguridad social y para cubrir aquellas contingencias, como la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte.

“Y entendido el derecho a la seguridad social, dentro de esa especial categoría, sobre los principios que lo inspiran, vale decir, la eficiencia, la integralidad, la universalidad, y la solidaridad, es indudable que no podría truncársele a una persona el derecho a pensionarse, como en este caso, si ha cumplido aportaciones suficientes para acceder a él, bajo un régimen como el del Acuerdo 49 de 1990, porque, en perspectiva de la finalidad de protección y asistencia de la población, con el cubrimiento de los distintos riesgos o infortunios, no resultaría viable vedar el campo de aplicación de dicha normativa, con el pretexto de que la nueva ley, sin tener en cuenta aquella finalidad y cotizaciones, exige que se aporten por lo menos 26 semanas anteriores a la invalidez (si se trata de un cotizante), o, contabilizadas en el año anterior al suceso, así no se encuentre cotizando, o se halle desafiliado. Desde luego que no se desconoce el efecto general inmediato de las normas laborales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 16 del C.S. del T. Lo que ocurre es que en eventos como el analizado, se debe tener en cuenta que para acceder a la pensión de invalidez, así como a la causada por muerte, no resulta válido considerar como único parámetro para determinar si existe o no el derecho correspondiente, la fecha del respectivo acontecimiento (incapacidad para laborar o deceso); es necesario adicionalmente observar el conjunto de postulados y la naturaleza misma del derecho a la seguridad social, con miras a lograr el amparo y la asistencia propuestos constitucionalmente, y a los cuales se arriba con la puesta en vigor de las instituciones legalmente previstas.

“Resultaría el sistema ineficaz, sin sentido práctico y dinámico además, si se negara el derecho pensional a quien estuvo o está afiliado a la seguridad social, y cumplió con un número de aportaciones tan suficiente —971— que, de no haber variado la normatividad, se repite, para disminuir la densidad de cotizaciones, con inmediatez al año anterior al infortunio, hubiera obtenido el derecho pensional sin reparo alguno. De suerte que no resulta acorde con la lógica, ni conforme con los ordenamientos constitucionales y legales, que una modificación como la introducida por la Ley 100 de 1993, desconozca aquellas cotizaciones, y le impida procurarse su subsistencia y, posiblemente, la de su grupo familiar, a través de la pensión, pues ello contrariaría los principios del régimen antes anotados, que le permiten, a quien ha padecido una novedad hacerle frente, mediante el acceso a la pensión, como consecuencia de los aportes válidamente realizados antes de su acaecimiento.

“Es indudable que el propósito del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 fue hacer más sencillo el reconocimiento de la pensión de invalidez, frente a las disposiciones anteriores a su vigencia que regulaban el tema.

“Efectivamente dentro del antiguo régimen era indispensable para pensionarse haber cotizado como mínimo 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al advenimiento de la invalidez o un mínimo de 300 semanas en cualquier tiempo, mientras que en el nuevo régimen basta estar cotizando y haber completado 26 semanas en el momento de invalidarse o las mismas 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a ese insuceso para conseguir el mismo resultado.

“Pero sería una paradoja jurídica entender que quien había cotizado dentro del régimen anterior con abundancia de semanas, como acontece con la actual demandante, quede privada de la pensión por falta de las 26 semanas exigidas en el nuevo régimen, ya que de antemano tenía consolidado un amparo para sobrellevar la invalidez dentro del régimen antiguo, amparo éste que ni los principios constitucionales tutelares del trabajo humano ni la justicia y la equidad permiten desconocer. Más aun cuando la entidad obligada a reconocer la pensión de invalidez ya lo estaba dentro del antiguo régimen, sin que ahora pueda escudarse en el nuevo, para abstenerse de cumplir ese deber jurídico que de antemano ya pesaba sobre tal entidad.

“Aun cuando pudiera argumentarse que la ausencia legal de un régimen de transición frente a la pensión de invalidez, como sí lo tiene la de vejez, impide tener en cuenta las cotizaciones pagadas suficientemente por quien no aportó el mínimo de 26 semanas requerido en el mencionado artículo 39 de la Ley 100 de 1993, cabe decir que la situación es distinta en uno u otro caso, porque en la de vejez es viable para el legislador considerar la mayor o menor aproximación a la edad y al total de cotizaciones exigidas bajo un régimen, para determinar el grupo de la población que eventualmente puede acceder a esa prestación (por el transcurso del tiempo —hecho determinable—, ya para completar cierta edad, o, para sumar un período de cotizaciones); mientras que en la de invalidez, obedece a contingencias improbables de predecir, y por ende, no regulables por un régimen de transición.

“Desde la anterior perspectiva, la invalidez simplemente llega, y ese hecho impide, a quien la padece en más del 50% (proporción establecida legalmente, igual en el Acuerdo 49 de 1990, que en la Ley 100 de 1993), laborar y procurarse un modo de subsistencia, de forma que el sistema no puede dejar de prestarle la asistencia debida, teniendo en cuenta las cotizaciones antecedentes a ese estado, las cuales, sin lugar a duda, deben tener un objetivo práctico, tendiente a no dejar desamparado a quien aportó al régimen, así que posteriormente, al cumplir la edad para una eventual pensión por vejez, de esta no puede despojársele, pero mientras ello sucede, no debe quedarse sin defensa, por la ineficacia, que pretende la demandada, se le dé a las citadas aportaciones, que finalmente contribuyeron a la consecución de la prestación, por vejez, por invalidez o por muerte”.

El anterior criterio fue reiterado en sentencias de 19 y 26 de julio de 2005, radicación 23178 y 23414, respectivamente, el cual se mantiene inmodificable, por no existir fundamentos para variarlo.

Resulta entonces, que el tribunal incurrió en la infracción legal que señala el impugnante.

Por consiguiente se casará la sentencia, en cuanto confirmó la decisión absolutoria de primer grado.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Para mejor proveer y proceder en instancia a determinar el valor de la mesada, se dispondrá por secretaría solicitar al Instituto de Seguros Sociales, certificar los salarios o rentas semanales sobre los cuales cotizó la demandante durante toda su vida laboral.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 4 de junio de 2004, en el proceso que promovió Olga Lucía Cano Medina contra el Instituto de Seguros Sociales, en cuanto confirmó la decisión absolutoria del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín.

Para la decisión de instancia, la Secretaría proceda en la forma señalada en la parte considerativa de esta sentencia.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Camilo Tarquino Gallego—Gustavo José Gnecco Mendoza Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Francisco Javier Ricaurte GómezIsaura Vargas DíazJuan Hernández Sáenz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

Aclaración de voto

Comparto la decisión adoptada en este caso, pero estimo pertinente aclarar que en mi opinión el principio de la condición más beneficiosa no podía servir de fundamento para resolver el asunto materia de debate en el proceso, pues, como es sabido, tal principio se halla referido a condiciones laborales concretas anteriormente reconocidas, que deben ser respetadas en cuanto resulten más favorables para el trabajador que las que surjan de la nueva disposición; de suerte que, desde esa perspectiva, se refiere a situaciones o condiciones laborales individuales y por ello no puede ser utilizado para solucionar una situación pensional como la discutida en el presente proceso.

Y si bien es cierto que tiene cabida respecto de la situación de un trabajador cuando se presenta un cambio de normatividad, esto es, cuando se está en presencia de una situación de sucesión normativa, a mi juicio no tiene cabida en tratándose de modificación de preceptos legales, pues para este fenómeno jurídico existen en nuestro medio regulaciones precisas que ofrecen una solución concreta, como el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo.

Por lo tanto, creo que la mención al referido principio no es afortunada pues, adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional no acepta que el artículo 53 de la Constitución Política en su último inciso lo consagre en los términos planteados por la Sala y por tal razón en la Sentencia C-168/95 de 20 de abril de 1995, señaló que esa norma se circunscribe a establecer la añeja doctrina de los derechos adquiridos y la prohibición de que la ley los desconozca.

Pienso que para llegar a la conclusión obtenida por la Sala bastaba remitirse a los argumentos expuestos en la sentencia del 13 de agosto de 1997, radicado 9758, en la cual se fijó por primera vez el criterio que sirvió de guía a la presente decisión y en la que igualmente se aludió a los principios de equidad y proporcionalidad y a los orientadores del sistema de seguridad social integral, así como a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993; principios y norma legal que, a mi juicio, al lado de lo dispuesto por el artículo 272 de la citada ley, ofrecen suficiente soporte jurídico para garantizar las prerrogativas de los derechohabientes originadas por afiliados que durante su vinculación como sujetos activos de la seguridad social habían cumplido todas las cotizaciones exigidas en el reglamento aplicable y antes de entrar a regir la nueva ley se desafiliaron del sistema.

De tal modo, es claro que para proteger tales prerrogativas no es necesario acudir al comentado principio de la condición más beneficiosa.

Con el acostumbrado respeto,

Fecha ut supra. 

Gustavo José Gnecco Mendoza 

Salvamento parcial de voto

Me remito a las razones ya expuestas a mi salvamento de voto en la sentencia dictada de casación en este proceso.

Fecha ut supra, 

Eduardo López Villegas