SENTENCIA 2485 DE OCTUBRE 26 DE 1990

 

Sentencia 2485 de octubre 26 de 1990 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

APORTES PARAFISCALES

SOBRE BONIFICACIONES HABITUALES

EXTRACTOS: «Son dos los puntos en que se funda la apelación:

a) El reconocimiento fiscal de las bonificaciones voluntarias efectuadas por el patrono a sus trabajadores, que la administración consideró salario y rechazó como deducción por no haberse pagado sobre ellas los aportes parafiscales.

Debe considerarse como salario para efectos legales, toda retribución cuya naturaleza sea, por la habitualidad, propósito y circunstancias las de remunerar los servicios personales del trabajador en beneficio directo y principal de éste aunque se le dé otra denominación.

Dice el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo que “Constituye salario no sólo la remuneración fija u ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie y que implique retribución de servicios, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas, comisiones o participación de utilidades”.

Cabe analizar entonces, si las sumas pagadas a los trabajadores como bonificación por nacimientos, matrimonio, muerte, antigüedad, inundaciones, constituyen salario para sus beneficiarios, o si por el contrario son gratificaciones ocasionales que no lo conforman.

De la certificación del contador público, aportada por la empresa y que obra a folio 24 del expediente, se observa que la bonificación se paga a aquellos trabajadores en quienes concurren ciertas circunstancias específicas inherentes a su núcleo familiar: nacimientos, matrimonio, muerte, antigüedad y calamidades domésticas, que han tenido reconocimiento del patrono de una manera habitual, de manera tal, que producido el hecho automáticamente se causa el pago.

No puede confundirse, como lo considera el apelante, la habitualidad del pago con la periodicidad del mismo. La primera indica lo que se hace por costumbre, rutina o tradición aun cuando no se repita dentro de un período de tiempo ni se produzca en una fecha cierta; la segunda periodicidad implica la frecuencia con que el hecho se repite en un determinado período de tiempo. De esta manera si el patrono por costumbre, convención o acuerdo, se obliga a conceder una bonificación a sus trabajadores por matrimonio, nacimiento de un hijo, muerte de parientes, antigüedad (5, 10, 20 años), por la circunstancia de que en varios períodos no ocurran tales hechos, no implica que el pago que efectúe por el cumplimiento ocasional de uno de ellos, no sea habitual, ni que el patrono se exonere de su pago alegando la no frecuencia del mismo.

De otra parte, del mismo contexto de la certificación del revisor fiscal en la que se califican pagos a seis (6) de sus trabajadores como “mera liberalidad”, permite concluir que los demás allí relacionados no corresponden a la voluntad liberal del patrono y que en consecuencia al no corresponder a tal calificación, sí era necesario cumplir con los requisitos de las contribuciones parafiscales para hacer viable su reconocimiento fiscal.

Asimismo, no resulta suficiente la contabilización de un pago, ni la certificación que sobre su asiento efectúe el contador público para derivar de la misma su naturaleza jurídica, ya que el alcance de tal certificación está limitado por el artículo 9º de la Ley 145 de 1960, que dispone:

“La atestación v firma de un contador público hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance”.

Por esta circunstancia, tampoco puede afirmarse que existe violación del artítulo 98 de la Ley 9a de 1983, porque en ningún momento se desconoce el valor de la prueba contable, sólo que ésta no fue suficiente para probar la naturaleza jurídica del hecho alegado».

(Sentencia de octubre 26 de 1990. Expediente 2485. Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos).

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