SENTENCIA 2494 DE DICIEMBRE 10 DE 1991

 

Sentencia 2494 de diciembre 10 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

REGLAMENTACIÓN DEL ESTATUTO DOCENTE

ANULADAS ALGUNAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 2480 DE 1986

EXTRACTOS: «En el mismo orden señalado en la demanda, se estudiarán las censuras que respecto de cada una de las disposiciones acusadas del Decreto Reglamentario 2480 de 1986, formuló el accionante y se expondrá el criterio de la Sala al respecto. Así se tiene:

1. Segundo inciso del art. 6°:

“La disposición permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.

Ciertamente el art. 26 de la Constitución vigente para la época de la presentación de la demanda y el art. 44 de la Ley 153 de 1887, indicados por el impugnador como violados por la norma transcrita, consagran una excepción al principio legal de la irretroactividad de la ley, pero exclusivamente en materia penal. También lo es que el art. 21 del CST, establece la aplicación del derecho más favorable, pero en el ámbito de las relaciones laborales.

Igualmente, es verdad, que el proceso disciplinario en general constituye el llamado derecho, penal administrativo que según algunos tratadistas se nutre del derecho penal, ya que aplica sanciones, pero de ninguna manera puede subsumirse plenamente en éste, pues mira hacia las llamadas “faltas” o “contravenciones” administrativas, distintas de las contravenciones clásicas o de policía, gradaciones de la conducta punitiva que son materia exclusiva del derecho penal.

Ahora bien: en virtud del poder disciplinario, las autoridades administrativas, sin perjuicio del que corresponde a la Procuraduría General de la Nación, cumplen una función sancionadora, sancionando administrativamente a los funcionarios incursos en “faltas” de ese tipo, y sus decisiones se condensan en actos administrativos --no judiciales-- sometidos al procedimiento administrativo señalado por la ley y al control jurisdiccional, y deben ser respetuosas dichas autoridades de ciertas garantías que, así mismo, son comunes a las del derecho penal en general.

No obstante, no puede admitirse que en razón de las referidas similitudes entre el derecho penal y el “ derecho penal administrativo”-- cuya denominación más exacta es, en este campo, “derecho disciplinario”-- la totalidad de los preceptos constitucionales y legales reguladores del derecho penal, per se, sean aplicables a dicha rama, y mucho menos que a través de una normatividad de inferior categoría jerárquica como lo es un decreto reglamentario, puedan hacerse extensivos los privilegios que por mandato constitucional y legal se han reservado únicamente a una materia muy específica, como lo es la criminal.

De ahí que para la Sala, por carecer de esa jerarquía legal a que se ha hecho referencia, el principio de carácter excepcional consagrado en la disposición acusada, resulta violatorio del art. 26 de la anterior Constitución (tercer inciso del art. 29 de la nueva Carta de 1991) y del art. 44 de la Ley 153 de 1887.

2. Segundo inciso del art. 7º:

“Sancionado un educador, prescribe la sanción en un (1) año calendario cuando se trata de deberes y prohibiciones y en tres (3) años cuando se trate de causales de mala conducta”.

No atina el censor en sus planteamientos acerca de la violación del literal f) del art. 46 y de los arts. 48, 49 y 50 del Decreto-Ley 2277 de 1979 que, en su orden, erigen el incumplimiento sistemático de los deberes o la violación reiterada de las prohibiciones como causal de mala conducta de los educadores oficiales, establecen las sanciones por infracción de los deberes y prohibiciones y su imposición en forma progresiva, determinan las sanciones por mala conducta de los mismos y la gradación de dichas sanciones, por cuanto no es cierto que la prescripción de la sanción prevista en la disposición acusada implique la inaplicación de la causal de mala conducta consagrada en el literal f) del art. 46 y de las sanciones por infracción de los deberes y prohibiciones (art. 48) o por mala conducta (art. 49) o la gradación de las sanciones en general (art. 50).

En efecto, lo que la disposición acusada establece es la prescripción de la sanción --no del proceso-- , mas ello no entraña la exoneración de la misma, sino la imposibilidad de ejecutarla una vez hayan transcurrido los términos estipulados de conformidad con la naturaleza o la fuente de la sanción. Vale decir, la disposición parte de la base de que al educador se le sancionó por la comisión de la falta, y lo que castiga es la inactividad de la administración para ejecutarla, fenómenos de distinta estirpe y de ahí que se disponga la prescripción de la sanción.

Por manera que la sanción, jurídicamente, se impuso; sucede que no se puede cumplir después de transcurrido el término indicado en la disposición, lo cual no obsta para que, en caso de que el educador sancionado incurra nuevamente en hechos constitutivos de infracción a sus deberes y prohibiciones o de mala conducta, le sean impuestas en forma progresiva las sanciones previstas en la ley y efectuar su gradación al tenor de los derroteros plasmados en el art. 50 del Decreto-Ley 2277 de 1979. Se repite: una cosa es la sanción y otra la prescripción; aquella sirve, aunque haya prescrito, como antecedente disciplinario, porque, como sanción subsiste.

No es, pues, violatorio de las citadas normas constitucionales y legales, el analizado segundo inciso del art. 7° del Decreto 2480 de 1986, y ha de denegarse, por tanto, la solicitud de la nulidad.

3. Primer inciso del art. 9°:

“Por infracción a los deberes y prohibiciones. Para investigar y aplicar las sanciones de que trata el artículo 48 del Decreto-Ley 2277 de 1979, se considera como inmediato superior:

a) El director del establecimiento educativo y quien haga sus veces respecto de los docentes y directivos docentes de educación pre-escolar o básica primaria;

b) El rector, respecto de los docentes y directivos docentes de básica secundaria o media vocacional;

c) El director de núcleo de desarrollo educativo, respecto de los directores y rectores;

d) El jefe de distrito educativo, respecto de los directores de núcleo de desarrollo educativo y supervisores de educación;

e) Para los inspectores nacionales, así como para los jefes de distrito educativo donde estos cargos sean de carácter docente directivo, el inmediato superior será el mismo superior académico, entendiendo por éste al jefe de la oficina, división o sección de enseñanza primaria o secundaria o media respectiva....”.

En sentir de la Sala, esta disposición no transgrede el art. 32 del Decreto-Ley 2277 de 1979 según lo cree el actor. Esta norma define el carácter docente de ciertos cargos directivos y establece que, en consecuencia, deberán ser provistos con educadores escalafonados, porque ella no atribuye a los directivos allí señalados la competencia para conocer de los procesos disciplinarios contra los maestros. Por tanto, bien podía el Gobierno Nacional otorgar a todos los directivos a que el art. 32 del Decreto-Ley 2277 de 1979 se refiere, o sólo a unos de tales directivos, la aludida competencia, que fue lo que hizo al señalar que el director del establecimiento educativo, el rector, el director de núcleo de desarrollo educativo, el jefe de distrito educativo se consideran superiores inmediatos respecto del personal que discrimina el inciso ya no atribuyendo tal carácter ni a los supervisores ni a los inspectores de educación a que se contrae el literal e) ibídem. Es evidente que ese inciso, en sus literales, sólo se ocupa en definir quién es el inmediato superior de tales funcionarios para lo señalado en el art. 48 del Decreto-Ley 2277 de 1979. No se declarará, entonces, la nulidad del inciso 1° del art. 9°.

4. Artículo 16:

“Sujetos de la acción. Son sujetos de la acción disciplinaria los educadores oficiales escalafonados, cualquiera que sea la índole de su relación laboral sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente”.

En opinión del actor, tal disposición quebranta el art. 3° del Decreto-Ley 2277 de 1979, que define así a los educadores oficiales:

“Educadores oficiales. Los educadores que presten sus servicios en entidades oficiales de orden nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal, son empleados oficiales de régimen especial que, una vez posesionados, quedan vinculados a la administración por las normas previstas en este decreto”.

De acuerdo con lo anterior, tales docentes inequívocamente son empleados oficiales sometidos a un régimen especial y se hallan vinculados a la administración mediante una relación legal y reglamentaria. De suerte que al señalar la disposición acusada como sujetos pasivos de la acción disciplinaria a los educadores oficiales, se está refiriendo exclusivamente a los docentes que prestan sus servicios en virtud de una relación legal y reglamentaria y no a otra clase de docentes, porque la locución “educadores oficiales” se contrae, por mandato legal, a aquellos y no a otros docentes, pues no existen educadores oficiales con otro tipo de vinculación laboral en el sector público.

Despréndese de lo anterior que la frase “cualquiera que sea la índole de la relación laboral” contenida en el art. 16 del Decreto 2480 de 1986, resulta ser un apéndice que excede lo previsto en el art. 3° del Decreto-Ley 2277 de 1979, pues la norma se refiere a los educadores oficiales, los cuales no son otros que los definidos en el mencionado artículo.

Es imperioso, entonces, la declaratoria de nulidad de la mencionada frase: “cualquiera sea la índole de la relación laboral”.

5. Segundo inciso del art. 20:

“Para los efectos de la toxicomanía se tendrá en cuenta el daño que se cause a la comunidad educativa por razón del consumo o tráfico de drogas o substancias estupefacientes o narcóticas sometidas al control o prohibición de las autoridades”.

No comparte la Sala los planteamientos del accionante en el sentido de que lo dispuesto en el canon transcrito va más allá de lo previsto en el literal a) del art. 46 del Decreto-Ley 2277 de 1979 que reglamenta; para la Sala, la circunstancia de que la conducta del docente toxicómano haya producido daño a la comunidad educativa, a la luz del art. 50 ibídem, que establece la gradación de las sanciones. comporta un factor determinante de ésta. por cuanto resultan ser más graves las consecuencias del proceder del docente adicto a las drogas toxicómanas, cuando con el mismo se produce daño a la comunidad que cuando sus hábitos trascienden a ésta.

Por tanto, en el primer caso, el educador amerita una sanción más drástica que en el segundo.

La disposición demandada, por ende, no transgrede el literal a) del artículo 46 del Decreto-Ley 2277 de 1979, porque no lo entiende como configurante de tipicidad, sino que se refiere sólo a la calificación. En consecuencia, no se dispondrá su nulidad.

6. Artículo 21:

“En la aplicación del literal b) del artículo 46 del Decreto número 2277 de 1979 se tendrá en cuenta que ningún comportamiento que atente contra la libertad y el pudor sexuales debe tener lugar bajo ninguna circunstancia entre docente y alumno”.

A su turno, el artículo 46, literal b), a que se refiere la disposición y que el demandante estima conculcado, reza:

“Causales de mala conducta. Los siguientes hechos debidamente comprobados constituyen causales de mala conducta:

b) El homosexualismo o la práctica de aberraciones sexuales; ...”.

No ve la Sala que la disposición contenida en el art. 21 del Decreto Reglamentario 2480 de 1986 vaya más allá del alcance del literal b) del art. 46 del Decreto-Ley 2277 de 1979 que se ha transcrito también para una más fácil comparación. Aunque éste sólo habla de la práctica del homosexualismo y de aberraciones sexuales entre docentes y alumnos, él no estipula un campo más cerrado en esta materia, sino que solamente hace énfasis en la no aceptación, bajo ningún punto de vista, de comportamientos que atenten contra la libertad y el honor sexuales entre docente y alumnos. A juicio de la Corporación, se quiso resaltar la especial gravedad que debe darse a una conducta de tal naturaleza dentro del proceso disciplinario, pero no exonerar de responsabilidad a los educadores que incurran en homosexualismo o en aberraciones sexuales con personas distintas a los alumnos que es la conclusión a que se llega de acuerdo con los planteamientos de la parte actora.

No ha de anularse, pues, el art. 21.

7. Artículo 22:

“En la aplicación del literal c) del artículo 46 del Decreto 2277 de l979 se tendrá en cuenta el mayor o menor provecho indebido obtenido por el docente para sí o para un tercero, así como el daño causado a la economía del establecimiento o al proyecto concreto a que estuvieren destinados los fondos respectivos” .

La Sala estima que al determinarse en este artículo que para la aplicación del literal c) del art. 46 del Decreto-Ley 2277 de 1979, que cataloga como causal de mala conducta “la malversación de fondos, bienes escolares o cooperativas”, al tener en cuenta las circunstancias indicadas, no excede ese literal, porque únicamente está precisando unos parámetros para una adecuada y mejor calificación y gradación de la conducta para efectos de la sanción contemplada en el art. 50 del decreto-ley mencionado, no ha, por tanto, de anularse.

8. Artículo 23:

“En la aplicación del literal d) del artículo 46 del Decreto 2277 de 1979 se tendrá en cuenta el provecho ilícito para el educador, o para el estudiante o para un tercero o el perjuicio para estos últimos como resultado de cualquier negociación con calificaciones, certificados de estudio o de trabajo, o documentos públicos”.

La norma que se pretende reglamentar (literal d) del art. 46) se refiere al “tráfico con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo, o documentos públicos”. Se trata de una anómala situación que no permite las gradaciones que le hace la disposición reglamentaria, dado que incide en la fe pública que descansa en la probidad de los educadores, bien jurídicamente tutelado por el literal d) del art. 46 del decreto-ley. Es por ello que la Sala decretará su nulidad.

9. Artículo 26:

“Circunstancias atenuantes o eximentes. Se consideran como circunstancias que atenúan o eximen la responsabilidad, las siguientes:

a) El haber observado buena conducta anterior;

b) El haber obrado por motivos nobles o altruistas;

c) El haber confesado voluntariamente la comisión de la falta;

d) El haber procurado evitar espontáneamente los efectos nocivos de la falta, antes de iniciarse la acción disciplinaria;

e) La ignorancia invencible;

f) El haber sido inducido a cometer la falta por un superior;

g) Cometer la falta en estado de alteración motivada por la concurrencia de circunstancias o condiciones difícilmente previsibles y de gravedad extrema” .

En su ataque a este artículo, el demandante no dice cuál es la norma de superior jerarquía que se quebrante; solamente afirma que en él se consideran como equivalentes los vocablos “atenuante” y “eximente”.

Ahora bien, no obstante la existencia de la deficiencia anotada, gramaticalmente hablando (las cuales son abundantes en el texto del decreto reglamentario), la Sala considera útil apuntar que en el artículo cuestionado, realmente, no se da a las palabras mencionadas una paridad o sinonimia en sus significados, puesto que de su lectura se colige que en él se quiso determinar que las circunstancias en él previstas, podrían tomarse por la autoridad nominadora como causal para disminuir la responsabilidad del docente inculpado, y, entre otros, como eximente de la misma. Esa es la cabal inteligencia que amerita la disposición.

Empero, no escapa al Consejo de Estado la ostensible carencia de precisión del artículo 26 que se comenta, toda vez que no se determinó los eventos en los cuales los comportamientos en él señalados debían tenerse como liberadores de responsabilidad o sólo como atenuantes de ella. Dicho en otras palabras, la disposición se quedó corta en la especificación, no de las razones, sino de las circunstancias en que debían operar dichas causales como eximentes o como atenuantes de responsabilidad; lo que significa que hubo un inadecuado desarrollo del texto legal, que inclusive permite convertir la disposición reglamentaria en un instrumento que, en manos de sancionadores inescrupulosos, podría tornarse en medio para dejar impunes faltas verdaderamente graves cometidas por educadores, a quienes por amistad o por cualquier otro motivo recóndito, se les exoneraría de responsabilidad por la comisión de aquellas.

No obstante, esta circunstancia no determina por sí misma la viabilidad de la declaratoria de nulidad del citado artículo 26.

De otra parte, en cuanto al cuestionamiento que se hace al mismo artículo 26 del Decreto 2480 de 1986, en razón de estipular como circunstancia de atenuación o de exoneración de responsabilidad “la ignorancia invencible”, la Sala siente no compartir el criterio de la agencia del Ministerio Público, no porque se aparte de la más sana hermenéutica, sino porque el actor no citó ninguna norma concreta de superior jerarquía (y esta jurisdicción es eminentemente rogada) y porque el art. 40 del C. P. erige “la ignorancia invencible” como causal de inculpabilidad (num. 4°).

No ha de anularse, en consecuencia, el art. 26 acusado.

10. Literal a) del art. 27:

Circunstancias agravantes. Se consideran como circunstancias que agravan la responsabilidad, las siguientes:

a) El haber sido objeto de sanción por mala conducta dentro de los tres (3) años anteriores a la comisión de la nueva falta; ...”.

Ciertamente asiste razón al demandante cuando sostiene que esta disposición excede lo previsto en el art. 50 del Decreto-Ley 2277 de 1979 en virtud de que en ella se establece un límite en el tiempo (3 años anteriores a la comisión de la falta que se sanciona), a efecto de considerar como circunstancia agravante de la responsabilidad el haber incurrido el docente inculpado en faltas graves, cuando el mencionado art. 50 que regula la “gradación de sanciones”, establece sin restricción alguna que se tengan en cuenta para tales efectos los antecedentes personales del infractor. No se podía entonces, a través de un decreto reglamentario, limitar en el tiempo la facultad del funcionario sancionador en este aspecto.

Se anulará. pues, el literal a) del art. 27.

11. Artículo 30:

“¿Cómo se decreta la acumulación?

(...).

Contra el auto que decrete o niegue la acumulación no procede recurso alguno....”.

No atina el demandante en la argumentación que expuso a fin de demostrar que la disposición transcrita infringe una norma de rango superior a la que debía sujetarse (arts. 351, num. 4° y 150, del. CPC).

En efecto, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 1° del CCA que al definir el radio de aplicación dispone que los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas y en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas contenidas en su parte primera, en el procedimiento administrativo disciplinario de los docentes oficiales, que se rige por lo previsto en los decretos 2277 de 1979 y 2480 de 1986, no cabe aplicar el Código de Procedimiento Civil, puesto que por mandato legal en caso de cualquier vacío en tales estatutos, debe recurrirse al Código Contencioso Administrativo.

No siendo aplicable en el campo de las actuaciones administrativas, como es el procedimiento disciplinario, el Código de Procedimiento Civil, no es dable dilucidar la legalidad de la disposición demandada, bajo la óptica de las disposiciones consagradas en él, puesto que es un instituto ajeno a esta clase de actuaciones. Lo único que sorprende en este artículo es la forma interrogativa, no enunciativa, de su titulación, mas ello no hace vocación a su ilegalidad o quebranto de cánones de rango superior.

12. Artículo 35:

“Destitución de las personas nombradas según el Decreto 85 de 1980. No obstante lo dispuesto en el artículo 1º del presente decreto, las personas que hayan sido nombradas de acuerdo con el artículo 1° del Decreto 085 de 1980 y se encuentren amparadas por el fuero especial que señala esa disposición podrán ser destituidas por las causales mencionadas en dicha norma; pero, en todo caso, la autoridad nominadora deberá solicitar y analizar los descargos respectivos y expedir una resolución motivada”.

Considera el actor que al consagrar este artículo la destitución de las personas nombradas según el Decreto 85 de 1980, sin ninguna otra fórmula de juicio que la de solicitar y analizar los descargos, deja en manos de la autoridad nominadora el aceptar o negar la solicitud de pruebas, violándose así el derecho de defensa de] docente y el principio del debido proceso de que trataba el art. 26 de la Constitución vigente en la época.

El art. 1° del Decreto 85 de 1980 establece unas excepciones a la regla general consagrada en el art. 5° del Decreto 2277 de 1979, en el sentido de que a partir de la vigencia de este último estatuto no pueden nombrarse para ejercer la docencia en planteles oficiales de educación quienes no posean título docente o acrediten estar inscritos en el escalafón nacional, pues permite designar en las zonas rurales de difícil acceso a personas que demuestren tener título de bachiller en cualquier modalidad, siempre y cundo no exista personal titulado o en formación que esté en capacidad de prestar el servicio, y en los institutos de educación media diversificada, técnicos agrícolas, centros auxiliares de servicios docentes, concentraciones de desarrollo rural y demás instituciones que ofrezcan educación diversificada en los niveles de media vocacional e intermedia profesional, a personas con título de bachiller técnico o de bachiller en otra modalidad, pero sólo en las áreas tecnológicas, científicas o artísticas.

También se establece en esa norma (art. 1° del Decreto 85 de 1980) que las personas nombradas de conformidad con lo anterior, tienen un plazo de tres años contados a partir de la fecha de posesión, para inscribirse en el escalafón docente y que en caso de no hacerlo, la autoridad nominadora podrá declararlos insubsistentes.

Igualmente se estatuye que durante el referido período dichas personas podrán ser separadas de sus cargos, solamente por las causales previstas en los arts. 29, 30, 47, 48, 49, 51 y 53 del Decreto-Ley 2277 de 1979.

Se tiene entonces que esas personas vinculadas a la docencia oficial según los nortes del art. 1° del Decreto 85 de 1980, sí pueden ser destituidas de sus cargos, porque el fuero especial que los ampara hace relación no a esta medida sancionatoria de faltas disciplinarias, sino exclusivamente a la declaratoria de insubsistencia esto es, a su remoción en ejercicio del poder discrecional de la autoridad nominadora. Así, en esta disposición se prevé que pueden ser destituidos por orden de autoridad competente, por infracción de sus deberes y prohibiciones, por mala conducta, por ineficiencia profesional (arts. 29, 48, 49 y 51 del Decreto-Ley 2277 de 1979). Además, también se dispone que pueden ser suspendidos de sus empleos en los eventos contemplados en los arts. 30 y 53 ibídem y retirados del servicio por abandono del cargo (art. 47 del mismo estatuto).

De suerte que es equivocado afirmar, como lo hace el accionante, que respecto de las referidas personas, sólo puede la administración declarar insubsistentes sus nombramientos, pues, precisamente, esto es lo que se le prohibe hacer, salvo después de que haya transcurrido un lapso de tres (3) años a partir de la fecha de su posesión, siempre y cuando no se hayan inscrito en el escalafón nacional docente. Mientras que por normatividad legal, sí puede destituirlas, por las causales taxativamente enumeradas en el art. l ° del Decreto 85 de 1980.

Por lo demás, piensa la Sala, al establecer la disposición acusada que en todo caso la autoridad nominadora “deberá solicitar y analizar los descargos respectivos”, se está advirtiendo a aquella que de ninguna manera le es dable conculcar el derecho de defensa del encartado; por consiguiente, no significa que se les esté cercenando tal derecho porque no se le da la posibilidad de pedir pruebas, puesto que si se obliga al funcionario sancionador a analizar los descargos, ello presupone, en sana lógica, que debió darse al docente la ocasión de presentarlos y con esos descargos, la oportunidad de solicitar las pruebas en que se fundamentan los descargos, porque no puede concebirse el análisis de los descargos sin el de las pruebas que le sirven de sustento, toda vez que el concepto de “descargos” subsume el de las probanzas en que se apoyan.

De acuerdo con lo anterior, no es viable declarar la nulidad del art. 35 del Decreto 2480 de 1986, acusado.

13 . Artículo 58:

“De la práctica de las pruebas. Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de los descargos, el secretario ejecutivo, dictará el auto decretando la práctica de las pruebas que considere pertinentes, las cuales se practicarán en un plazo hasta de veinte (20) días, término que no podrá prorrogarse.

Para el decreto y la práctica de pruebas se observará el principio de contradicción previsto en el Código de Procedimiento Civil”.

Se propone por el actor la nulidad del aparte que establece la improrrogabilidad del término de veinte (20) días que se tiene para practicar las pruebas, en razón de que se infringe, según él, el art. 180 del C. de P. C., que sí consagra la posibilidad de la prórroga del término probatorio cuando no sea posible practicar, dentro de las oportunidades que disponen las partes, aquellas pruebas que el juez haya ordenado de oficio.

La improcedencia de aplicar el Código de Procedimiento Civil a las actuaciones administrativas regladas en los decretos 2277 de 1979 (ley) y 2480 de 1986 (reglamentario, parcialmente acusado en el sub-judice), ya se analizó en este proveído y, por los mismos motivos que se expusieron al tratar sobre la legalidad del inciso segundo del art. 30 del decreto últimamente mencionado, sirven de apoyo ahora, al Consejo de Estado para no declarar la nulidad de la disposición que en esta oportunidad se cuestiona.

14. Artículo 65:

“Procedimiento abreviado. Recibida por la junta seccional la sentencia en firme que condene a un educador por delito o delitos dolosos, ésta procederá de inmediato a decidir sobre la clase de sanción a que hubiere lugar. Sin embargo, antes de fallar la junta podrá solicitar al secretario ejecutivo la práctica de las diligencias que considere necesarias para adoptar la decisión y deberá en todo caso oír al inculpado”.

Se acusa este artículo por el actor, porque, según él, se vulnera el principio del debido proceso consagrado en el art. 26 de la Constitución de 1886- Pero, en criterio de la Corporación, esta situación no se presenta, por cuanto la sanción al docente obedecería en ese evento, al hecho de haber sido condenado mediante sentencia en firme por un delito o delitos dolosos, y de ahí que no se requiera de otras pruebas distintas a la respectiva sentencia para demostrar el presupuesto fáctico que autoriza sancionar al educador. Por manera, que no es menester agotar todo el procedimiento disciplinario porque la comisión de la falta, en este caso es delito, ya fue debidamente demostrada en el proceso penal, de modo que cualquier diligencia con este fin sobraría, dado que la autoridad sancionadora se halla frente a una causal de sanción originada en el hecho que fue suficientemente probado ante la jurisdicción en lo penal.

Así las cosas, no procede la nulidad del art. 65 del Decreto 2480 de 1986.

15. Artículo 74:

“Tiempo de servicio para el nuevo ascenso. El artículo 23 del Decreto 259 de 1981 quedará así:

El tiempo de servicio para el nuevo ascenso se contará a partir de la fecha en que se hubieren cumplido todos los requisitos para el ascenso inmediatamente anterior: tiempo de servicio y curso de capacitación si fuere el caso.

El tiempo de servicio laborado por el docente, que éste acredite, con el lleno de las formalidades del caso, debe contabilizarse y de este hecho quedará constancia en la correspondiente resolución. En ningún caso el docente perderá el tiempo de servicio laborado. Pero su demora u omisión en solicitar el ascenso sólo le afectará para la determinación de la fecha de efectos fiscales. Si la documentación presentada por un docente no reúne los requisitos exigidos, se procederá a su devolución para que subsane la omisión. Corregida la deficiencia observada se empezará a contar el término de sesenta (60) días calendario, como máximo, para la expedición de la resolución de ascenso.

Cuando por acumulación de requisitos un docente deba ascender varios grados, la junta seccional debe decidir dichos ascensos mediante un solo acto administrativo” .

Centra, pues, el censor la crítica en lo que atañe al último inciso y la hace consistir en un quebranto del art. 10 del Decreto-Ley 2277 de 1979, por que según ese párrafo es posible que un educador ascienda varios grados en el escalafón sin que hubiera permanecido en cada uno de los grados anteriores por el tiempo establecido en el citado artículo 10 del decreto-ley.

El artículo 10, consecuencia obvia del artículo 9° que establece el Escalafón Nacional Docente para la clasificación de los educadores conformado por catorce grados en orden ascendente del 1 al 14, señala los requisitos para ingreso y ascenso en los distintos grados. Dice que al grado 1 corresponde el que haya obtenido el título de bachiller pedagógico; el grado 2, al que sea “perito o experto en educación” o “bachiller pedagógico” siempre que haya permanecido 3 años en el grado 1 y así, según el título que vaya obteniendo irá ascendiendo. Mas la norma de tipo legal permite que un docente entre de lleno en el escalafón en un grado superior, como es el caso, por ejemplo. del “licenciado en ciencias de la educación” o el “profesional con título universitario diferente al de licenciado en ciencias de la educación” que entra de una vez al grado 7 sin haber pertenecido necesariamente a los grados anteriores. De modo que es la propia norma legal la que permite la “ acumulación de requisitos” para ascender varios grados, sin necesidad de que haya permanecido, indispensablemente, tiempos en los grados anteriores.

No observa, pues, la Sala la violación anotada por el demandante, y de allí que haya de denegar la anulación.

16. Artículo 75:

Revocatoria de las resoluciones de ascenso. Las resoluciones de ascenso dictadas en contradicción del artículo anterior serán revocadas por las juntas seccionales o a solicitud de parte en los términos de los artículos 66 y 69 del Código Contencioso Administrativo” .

La censura también la basa el actor en el art. 10 del Decreto-Ley 2277 de 1979. Supone que al resultar anulado el art. 74 del decreto reglamentario, se impone, como consecuencia, la anulación del siguiente. Por lo tanto, establecida la legalidad del art. 74, es apenas lógico que el art. 75 se declare ajustado también a derecho, máxime si se observa que la revocatoria directa de los actos administrativos los acomoda a las normatividades que sobre el tópico indica el Código Contencioso Administrativo que unos años antes-- en 1984-- había comenzado a regir. En otras palabras, el decreto reglamentario sólo pretendió, a través del art. 75, actualizar la actuación administrativa en materia de ascensos en el escalafón docente a la nueva realidad constitucional con el fin de facilitar su aplicación, lo que no constituye en modo alguno violación a la potestad reglamentaria por cuanto la normatividad del nuevo código (Decreto-Ley 1 de 1984) guarda, a grandes rasgos, semejantes lineamientos que instituía el Decreto 2733 de 1959 sobre “revocatoria directa” (arts. 21 a 25).

17. También estima el demandante que los ya mencionados artículos 74 y 75 y, además, los arts. 76 y 77, que integran el Título IV del Decreto 2480 de 1986, que se denomina “disposiciones varias”, deben ser anulados por quebrantar los arts. 77 y 92 de la Carta Fundamental vigente en la época (que corresponden a los arts. 158 y 169 de la Constitución de 1991) en relación con el principio de la “unidad de materia” al ordenar que las leyes o titular de éstas, deben corresponder al contenido o texto; de allí que al hablar ese título de “disposiciones varias” se aleja de lo que pretendió reglamentar, o sea, el “régimen disciplinario”, y reglar sobre el tiempo de servicio para los ascensos, revocatoria de las resoluciones, tiempo doble y competencia para determinar ese tiempo doble (fl. 20).

La Sala cree necesario puntualizar que el Decreto 2480 acusado se expidió en ejercicio de las facultades que le otorgaban al Presidente de la en República los ords. 3° y 12 del art. 120 de la Constitución Política en 1886 (hoy ords. 11 y 21 del art. 189 de la nueva Carta de 1991) y no sólo en lo que atañe al “régimen disciplinario”, sino “parcialmente “ lo atinente al “ ejercicio de la profesión docente” que es de lo que se ocupa el Decreto-Ley 2277 de 1979, conocido con razón como “ESTATUTO DOCENTE”. Por eso no tenía que circunscribirse a temas sobre régimen disciplinario de los docentes.

Además, las reglas contenidas en el Título IV (“disposiciones varias” ) se refieren todas a cuestiones relacionadas con los educadores en general y los oficiales en particular, por lo que ni aún aceptando que los arts. 77 y 92 de la anterior Constitución fueran aplicables a los decretos reglamentarios, se configuraría la pretendida violación por parte de los artículos en comento.

No procede entonces su anulación por este concepto.

18. No obstante lo expuesto, como el actor también propone la nulidad del art. 76 por rebasar lo dispuesto en el art. 37 del Decreto-Ley 2277 de 1979 al consagrar la figura de “escuela nueva” como aspecto para contabilizar “tiempo doble” de servicio, que no aparece en el decreto-ley, valiéndose de la misma motivación de que hizo uso cuando se accedió a su suspensión provisional. En efecto, el art. 37 dice a la letra:

“Tiempo doble. A los educadores con título docente que a partir de la fecha de expedición de este decreto desempeñen sus funciones en escuelas unitarias, áreas rurales de difícil acceso y poblaciones apartadas, se les tendrá en cuenta como doble el tiempo de servicio para efectos de ascenso en el escalafón ...”.

Como se observa, el decreto-ley no habla de “escuela nueva”.

No ocurre lo mismo con el segundo inciso del art. 76 que dice:

“El tiempo de servicio prestado por los educadores con título docente en los territorios nacionales (intendencias y comisarías) se les tomará como doble para efectos de ascenso en el escalafón”.

Y ello, porque el segundo inciso del art. 37 que se basa la censura enseña:

“El Gobierno Nacional determinará los criterios para definir dichas áreas y poblaciones”.

Que es lo que hizo, al precisar que las poblaciones de los entonces llamados territorios nacionales (las antiguas intendencias y comisarías) eran “rurales” de difícil acceso y poblaciones apartadas. como la misma realidad geográfica lo revelaba y lo sigue revelando. El espíritu de la norma legal es claro: crear una especie de estímulo para los docentes que presten sus servicios de tales en esas áreas y poblaciones. No se accederá, pues, la nulidad, y ha de disponerse el levantamiento de la suspensión provisional que de ella se resolvió en el auto correspondiente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declárase la nulidad del inciso segundo del art. 6°; de la frase “cualquiera sea la índole de la relación laboral” del art. 16; del art. 23; del literal a) del art. 27 y de la locución “escuela nueva” del art. 76 del Decreto 2480 de 1986 (reglamentario) expedido por el Gobierno Nacional.

2. No se accede a declarar la nulidad del segundo inciso del art. 7°; del primer inciso del art. 9°; del segundo inciso del art. 20; de los arts. 21, 22, 26, 30, 35, 58, 65, 74, 75 y 77 del mismo decreto.

3. Queda sin efecto la suspensión provisional del segundo inciso del art. 76 a que se refiere el auto de cuatro (4) de agosto de mil novecientos ochenta y siete (1987).

4. Deniéganse las demás peticiones de la demanda incoada por el ciudadano Hernando Osorio Delgado.

Cópiese, notifíquese, comuníquese al Ministerio de Educación y archívese el expediente. Cúmplase».

(Sentencia de diciembre 10 de 1991. Expediente 2494. Magistrado Ponente: Dr.Álvaro Lecompte Luna).

_______________________________________________