Sentencia 650 de junio 29 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Exp.: 25000 23 24 000 2006 00650 01

Consejero Ponente:

Dr. Héctor J. Romero Díaz.

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio del dos mil seis (2006).

Acción de tutela de Aurelio Ignacio Cadavid López contra el magistrado Jaime Araújo Rentería y la Corte Constitucional.

Impugnación.

Fallo

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el actor contra la sentencia de 6 de abril de 2006 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que denegó el amparo solicitado.

1. Antecedentes.

Aurelio Ignacio Cadavid López, instauró acción de tutela en nombre propio contra el magistrado Jaime Araújo Rentería de la Corte Constitucional, para que se le amparen los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

2. Petición y fundamentos.

El accionante solicitó el amparo de los citados derechos fundamentales, para lo cual pidió:

2.1. Suspender los procesos D-6122, D-6123 y D-6124 de 2005.

2.2. Retirar de la sustanciación y participación de los procesos al magistrado Araújo, nombrar un nuevo sustanciador y designar un conjuez en su reemplazo.

2.3. Requerir al nuevo magistrado para que solicite opiniones especializadas que defiendan la inviolabilidad del derecho a la vida, en condiciones de igualdad respecto de quienes tienen un concepto opuesto.

2.4. Restituir el término de diez días para las intervenciones de la ciudadanía, los dictámenes omitidos de las organizaciones especializadas y el concepto del Procurador General de la Nación.

Las pretensiones se fundaron en los hechos que se compendian así:

El 16 de diciembre de 2005, el magistrado accionado admitió las demandas de inconstitucionalidad, con radicación D-6122, D-6123 y D-6124, contra los artículos 122, 123 (parcial) y 124 del Código Penal. Previamente, las demandas fueron acumuladas en Sala Plena de la Corte Constitucional el 13 de diciembre de 2005.

En el auto admisorio se invitó a 19 organizaciones para que rindieran opinión especializada acerca del aborto, de las cuales, 4 defienden el derecho a la vida, mientras que las 15 restantes apoyan la despenalización.

El 19 de diciembre de 2005, se recurrió en reposición y en subsidio súplica (sic) el auto admisorio, por existir pleito pendiente. Los recursos se denegaron por improcedentes.

Dentro de los pleitos pendientes, que terminaron con las sentencias inhibitorias C-1299 y C-1330 de 2005, el magistrado Araújo salvó voto, en el cual conceptuó sobre la despenalización del aborto.

Brenda Rocha recusó al magistrado Araújo, por haber conceptuado sobre la constitucionalidad de las normas acusadas, en el salvamento de voto de las sentencias C-1299 y C-1330, y por tener interés en la decisión del proceso. Estas recusaciones fueron rechazadas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, por falta de legitimación.

Finalmente, por orden verbal del accionado, se alteraron las fechas del traslado para la intervención ciudadana, en el proceso D-6122, por lo cual el accionante interpuso incidente de nulidad, en el cual alegó vicios de procedimiento.

3. Oposición.

El magistrado Jaime Araújo Rentería se opuso a la tutela, por las siguientes razones:

La acción de tutela, como mecanismo excepcional, no procede contra las acciones u omisiones de la Corte Constitucional o de los magistrados que la integran, en virtud del artículo 241 de la Constitución y el artículo 48 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

Ello explica que los artículos 1º y 4º del Decreto 1382 de 2000, se refieran únicamente a la instauración de dicha acción contra las altas cortes, menos la Corte Constitucional.

No existen recursos contra las sentencias que deciden la constitucionalidad de una norma, por lo tanto la acción de tutela es improcedente. No obstante, proceden las solicitudes de nulidad antes y después de la sentencia, pero siempre son resueltas por la misma Corte.

Los procesos de constitucionalidad terminan con sentencia que produce efectos erga omnes, y mal podría una tutela, cuyos efectos son inter partes, modificar lo tramitado en ese proceso.

En virtud del artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, el magistrado sustanciador está facultado para invitar a las organizaciones que él considere que deben intervenir en el proceso.

La admisión de las demandas de inconstitucionalidad no está sujeta a que un pleito esté pendiente. La Corte estudia si la corporación ya se ha pronunciado sobre ciertos temas, evento en el cual el fallo puede ser de cosa juzgada constitucional. Por lo tanto, no se vulneró el debido proceso.

Los salvamentos de voto de las sentencias C-1299 y C-1300 de 2005, no son un concepto sobre las disposiciones acusadas, por ende no estaba impedido para conocer del expediente D-6122 (acumulado).

No existió confusión en relación con el término de citación y fijación en lista, para la participación ciudadana.

4. El fallo impugnado.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó la tutela por improcedente, sin embargo, estudió de fondo la posible vulneración de los derechos invocados, así:

La desigualdad en el número de opiniones de las 19 organizaciones invitadas al proceso, no vulneró el derecho a la igualdad, pues, los dictámenes de estas son ilustrativos y no obligan al juez constitucional.

El derecho al debido proceso no se violó, porque el actor ha participado y expresado sus opiniones en el debate de las normas acusadas. Así lo prueban los recursos y el incidente de nulidad interpuestos.

El salvamento de voto del accionado en las sentencias C-1299 y C-1300 de 2005, no es una opinión sobre la despenalización del aborto, y si la fuere, tal postura no es causal de inhabilidad o impedimento.

5. Impugnación.

El accionante impugnó el fallo, para lo cual reiteró los argumentos de la solicitud de tutela (fls. 251 a 267).

Posteriormente, solicitó la suspensión provisional del acto de convocatoria a sesión de Sala Plena de la Corte Constitucional, para decidir el expediente D-6122 (acumulado), por vías de hecho procesal (fls. 279 a 282).

6. Auto que resuelve la solicitud de suspensión.

El tribunal rechazó la solicitud de medida provisional, por haberse pedido con posterioridad al fallo de primera instancia.

7. Consideraciones de la Sala.

7.1. Competencia del Consejo de Estado para conocer de acciones de tutela contra la Corte Constitucional.

El Consejo de Estado tiene competencia para conocer, en este caso en segunda instancia, de acciones de tutela contra las omisiones y actuaciones de la Corte Constitucional, salvo cuando se trate de providencias judiciales, por cuanto el ordenamiento jurídico colombiano no la consagra.

En efecto, la Constitución Política (art. 86), dispuso que la acción de tutela se puede interponer por toda persona para reclamar ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Las autoridades judiciales son de naturaleza pública y eventualmente pueden vulnerar los derechos fundamentales de los administrados, mediante omisiones o actuaciones diversas a las providencias judiciales. Así lo entendió la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, mediante la cual se declaró la inexequibilidad de la norma que la consagraba y se fijó de esa manera el alcance del artículo 86 constitucional. Dijo entonces la Corte:

“[...], de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones [u omisiones] de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales [...]. En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia” (resalta la Sala).

En otros términos, la acción de tutela procede contra actuaciones que no sean providencia judicial y omisiones de los jueces, en cuyo caso, la tutela se convierte en la única vía para la protección de los derechos fundamentales, por cuanto no existen otros mecanismos de defensa judicial para controvertirlas.

Ahora bien, el artículo 1 [2] del Decreto 1382 de 2000 estableció que lo accionado “contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la sala de decisión, sección o subsección que corresponda [...]”.

El artículo 86 de la Constitución Política establece la cláusula general de competencia contra todas las autoridades públicas. En consecuencia, las actuaciones u omisiones de la Corte Constitucional, salvo sus providencias judiciales, se encuentran sujetas a control mediante la acción de tutela, en razón de que tal órgano judicial es autoridad pública y, desde luego, también puede vulnerar derechos fundamentales. Se precisa además, que el Decreto 1382 de 2000 en su artículo 1 [2] no incluyó en su regulación a la Corte Constitucional, no para excluir la revisión de sus acciones u omisiones de la acción de tutela, sino por cuanto esta norma tuvo como finalidad reorganizar la competencia entre las tres jurisdicciones que conocían a prevención de las tutelas contra sus propias acciones u omisiones, sin que ello contradiga la competencia general establecida en la norma constitucional.

En efecto, el artículo 1 [1] del Decreto 1382 de 2000 establece que “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, [...], serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura” (resalta la Sala).

En conclusión, el Consejo de Estado es competente en este caso para conocer en segunda instancia de la presente acción de tutela, en razón de que la Corte Constitucional es una autoridad pública del orden nacional y sus omisiones y actuaciones, salvo las providencias judiciales, pueden vulnerar derechos fundamentales.

7.2. Pretensiones del accionante.

El accionante funda la presunta violación del derecho a la igualdad en que en el proceso D-6122 la Corte omitió resolver la recusación formulada contra el magistrado ponente por un tercero interviniente, mientras que en los procesos D-5764 y D-5807, sí lo hizo.

También solicitó restituir el término de diez días para la intervención ciudadana, por cuanto las fechas, tanto de fijación como de desfijación en lista, fueron alteradas por la secretaría, en virtud de una orden verbal del accionado.

Comoquiera que el proceso D-6122 terminó con la Sentencia C-355 de 10 de mayo de 2006, no habrá lugar a que la Sala entre a estudiar de fondo los argumentos del accionante, por cuanto, en primer término, no es procedente invalidar providencias judiciales a través de la acción de tutela y, en segundo lugar, como ya se profirió sentencia, ante el hecho consumado, en acatamiento del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, no es posible decidir sobre la eventual protección de los derechos que el reclamante alega se vulneraron.

7.3. Improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

Respecto de las demás pretensiones de la tutela, la Sala observa que están dirigidas contra providencias judiciales emitidas por el magistrado doctor Jaime Araújo, en el trámite del proceso D-6122 (acumulado), esto es, el auto admisorio de la demanda (fls. 58 a 60) y el que resolvió los recursos de reposición y súplica contra la anterior decisión (fls. 48 a 50).

Al respecto, se reitera la jurisprudencia de esta corporación frente a las solicitudes de tutela contra providencia judicial, en los siguientes términos (1) :

Las normas que consagraban la posibilidad de interponer acción de tutela contra providencias judiciales, es decir, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, fueron declaradas inexequibles, por la Corte Constitucional en Sentencia C-543 de 1992, por lo tanto, no es posible, ante la ausencia de la mencionada preceptiva jurídica, admitir la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

No obstante, la misma Corte en Sentencia C-590 de 2005, se pronunció sobre la posibilidad de interponer acción de tutela contra providencias judiciales cuando sobrevengan supuestos sumamente excepcionales que vulneren o amenacen derechos fundamentales. Empero, tal postura no es aceptable, por cuanto rompe la estructura política del Estado, conforme a la cual corresponde privativamente al legislador —no a los jueces— con sujeción a la Constitución Política, establecer las normas que reglamenten la procedencia de la tutela.

Así mismo, no es admisible ni lógica ni jurídicamente que por un procedimiento sumario como el de esta acción, se invaliden providencias judiciales surtidas en un proceso diseñado precisamente para garantizar los derechos constitucionales y legales de las partes, pues ello implicaría que en aras de la protección de un derecho fundamental, se vulneren otros de igual rango como el debido proceso. Además, todos los juzgadores están en la obligación de defender los derechos fundamentales, y el más indicado para hacerlo, en cada caso, es el especializado, a quien la Constitución y la ley, por serias razones y fundado criterio, han asignado competencia.

Aceptar que el juez de tutela puede invalidar providencias de otros jueces en asuntos para cuyo conocimiento estos tienen asignada precisa competencia, se traduce en un claro quebranto al principio democrático de autonomía e independencia del juzgador, que conduce a la violación del trámite propio de los procesos judiciales, en desconocimiento de postulados jurídicos como el de la cosa juzgada, el de la seguridad jurídica (2) y el de la desconcentración de la administración de justicia, consagrados en el artículo 228 de la Carta Política.

Como en este punto la solicitud está dirigida contra decisiones judiciales, dichas pretensiones no tienen vocación de prosperidad a través de la acción de tutela, por lo que se rechazarán por improcedentes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 6 de abril de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó la acción de tutela, por las razones expuestas.

ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

Héctor J. Romero Díaz, Presidente—Ligia López Díaz—María Inés Ortiz Barbosa—Juan Ángel Palacio Hincapié.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

(1) Cf. entre otras providencias, sentencia de Sala Plena de 3 de febrero de 1992, expediente AC-015, M.P. Luis Eduardo Jaramillo; auto del 29 de junio de 2004, expediente AC-10203, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda; sentencia de la Sección Cuarta de 16 de septiembre de 2004, expediente AC-1004, M.P. Ligia López Díaz.

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992. “La cosa juzgada, que confiere a las providencias la fuerza de verdad legal dentro del ámbito individualizado del asunto litigioso resuelto, se funda en el principio de la seguridad jurídica, la cual para estos efectos, reside en la certeza por parte de la colectividad y sus asociados en relación con la definición de los conflictos que se llevan al conocimiento de los jueces”.

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