Sentencia 1059 de septiembre 21 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 25000-23-25-000-2001-1059-01, Num. interno 1235, sep. 21/2001

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Sandra Yucelly Bejarano Jaime C/ Datacrédito y la Cifin.

Asuntos constitucionales-Acción de tutela.

Fallo

Se decide la impugnación interpuesta por las accionadas Datacrédito y la Cifin contra la providencia del 6 de agosto de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “D” que concedió la acción de tutela impetrada por la señora Sandra Yucelly Bejarano Jaime C/ Datacrédito división administrativa de la sociedad Computec S.A. y la central de información financiera, Cifin.

Invocó la accionante la protección a los derechos fundamentales al buen nombre, al libre desarrollo de la personalidad, a la honra, a la dignidad y a tener una vivienda digna consagrados en los artículos 15, 16, 21, 42 y 51 de la Constitución Nacional.

Antecedentes

Hechos

Manifestó la señora Sandra Yucelly Bejarano Jaime que solicitó un crédito para compra de vivienda al Fondo Nacional de Ahorro con el previo cumplimiento de los requisitos para obtenerlo, tales como antigüedad y puntaje conseguidos por el aporte de sus cesantías durante 5 años. Que una vez radicada su solicitud, el fondo, en forma verbal, le informó que no es posible su participación en la adjudicación del crédito por cuanto se encuentra reportada en Datacrédito situación que hasta ese día era desconocida para ella. Se dirigió a las oficinas de esa entidad en donde consultaron en el sistema y le dijeron que el Banco Davivienda la había reportado por haber incurrido en mora de 150 días en el pago de la tarjeta de crédito 001604308 fecha de apertura agosto de 1997 y vencimiento agosto de 2001, obligación cancelada por mal manejo; por mora de 120 días de la tarjeta de crédito Crediexpres 000013658 fecha de apertura agosto de 1997 y vencimiento agosto de 2001, sin que fuere cancelada dicha tarjeta.

Sin embargo, dijo que se encontraba registrado en Datacrédito:

1. Que a la fecha ya estaba a paz y salvo con los dos productos del Banco Davivienda.

2. También se encontraba reportada por cartera de telefonía celular Comcel 20885273 fecha de apertura diciembre de 1997 y vencimiento mayo de 2000, obligación pagada voluntariamente, presentando su manejo histórico mora superior a los 180 días y encontrándose en la actualidad a paz y salvo.

La peticionaria preguntó que por qué razón si estaba al día por todo concepto aun estaba reportada, a lo que respondieron que Datacrédito decidió sancionarla por 5 años por mal manejo de productos, es decir que permanecerá en su sistema hasta el año 2006.

De igual manera, se acercó a las oficinas de la Cifin en donde le informaron que el Banco Davivienda la había reportado al igual que en Datacrédito por mora de 150 días de la obligación la tarjeta de crédito 5471300001604308 y que como ya se dijo encuentra a paz y salvo. A su vez, el Banco Central Hipotecario también la había reportado, en este caso por una obligación hipotecaria con mora de 120 días que fue trasladada al Banco Granahorrar y que actualmente está a paz y salvo. Ambas obligaciones fueron pagadas el 2 de febrero del 2001, teniendo en cuenta esto, la fecha de permanencia hasta la cual debe estar registrada en la base de datos de la Cifin la información de la última mora de las obligaciones contabilizada desde el día en que se efectuó el pago y de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, es de enero del 2002.

Concluyó que la fecha se encuentra al día con el total de sus obligaciones por pago voluntario y todas las entidades le han suministrado certificado de paz y salvo. Una vez obtenidas estas certificaciones, procedió a llevarlas al Fondo Nacional de Ahorro, pero se las rechazaron expresando nuevamente que aun demostrando que no le debía nada a ninguna entidad, no era posible la adjudicación del crédito por encontrarse reportada.

Petición

La accionante solicitó que se le tutelen los derechos a la honra, el buen nombre, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad y en consecuencia se ordene a Datacrédito y a la Cifin levantar la sanción y eliminar su nombre de sus archivos como deudora ya que nunca fue su pretensión evadir su responsabilidad frente al pago de esas deudas, encontrándose actualmente a paz y salvo por todo concepto, e informar al Fondo Nacional de Ahorro este hecho lo más pronto posible con el propósito de que le sea otorgado el crédito para la compra de vivienda.

Contestaciones

La abogada de la vicepresidencia jurídica de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia —Cifin—, Afirmó que todos los datos reportados en relación con el accionante son veraces y actuales, mal podría la base de datos manejada por la Asobancaria estar vulnerando algún derecho fundamental del accionante y que en tal sentido, no procede la acción de tutela, por no existir violación de ningún derecho fundamental.

Tampoco es procedente la tutela porque no se acreditó que en forma previa se hubiera solicitado la rectificación de la información que aparece en la base de datos. Ya que si una persona solicita una rectificación de sus datos, el procedimiento a seguir es acudir a la institución reportante con el fin de pedirle aclare la verdadera situación del cliente antes de poner en movimiento el aparato judicial, aclaración con la cual la central de información procede a la rectificación del dato, si a ello hubiere lugar.

El apoderado de Datacrédito división de Computec S.A., solicitó se niegue la presente acción de tutela por cuanto, la información reportada por la compañía de telefonía celular Comcel, no debe ser borrada de su base de datos ya que no ha transcurrido el término de caducidad señalado por la Corte Constitucional (Sent. T-082/95), por un período de dos años término contado a partir del pago voluntario siempre y cuando en este término no se hayan reportado nuevos incumplimientos del mismo deudor con otras obligaciones. Por tanto, la información proveniente del Banco Davivienda, deben permanecer por dicho término.

La señora Sandra Yucelly Bejarano Jaime, en escrito (fls. 75 y 76), luego de tener conocimiento de los informes suministrados por las accionadas, expone que en una acertada interpretación del sistema jurídico colombiano debe prevalecer la Constitución frente a cualquier norma de inferior categoría, máxime cuando es dictada por particulares en detrimento de los intereses de la mayoría de la población colombiana, ante la manifiesta situación de indefensión en la que se encuentra el cliente respecto a las instituciones de carácter financiero. Que la discrecionalidad de tener o no en cuenta la información que llevan las accionadas para conceder un crédito no es cierta, pues el Fondo Nacional de Ahorro concentra toda su atención en dichos reportes.

Consideró que el argumento de falta de solicitud de rectificación, no puede ser tenido en cuenta ya que éste se entiende efectuado cuando se realiza el pago y porque además se realiza de manera verbal ante los funcionarios que tiene la Cifin, resaltando que ellos expresan que no es posible recibir certificados de paz y salvo ya que únicamente se entienden con las entidades financieras.

El fallo impugnado

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “D”, concedió la tutela por cuanto de la información suministrada por las accionadas se desprende que si bien es cierto la accionante poseía unas obligaciones crediticias en las cuales estuvo en mora, en este momento respecto de todas ellas se encuentra a paz y salvo, por haber efectuado pago en forma voluntaria sin que hubiera existido necesidad que las entidades crediticias adelantaran cobro coactivo y sin embargo continúa reportada en las centrales de información. Aclaró que cuando se presenta un incumplimiento en el pago de las obligaciones crediticias por parte de un ciudadano la entidad acreedora lo reportará como moroso, pero tal reporte debe ser cancelado cuando se verifique el pago de la obligación, ya que dicha actuación enerva los efectos del incumplimiento al igual que sus consecuencias.

Estimó que la conducta asumida por las entidades accionadas en el sentido de pretender mantener en los bancos de datos lo relacionado con la peticionaria por el tiempo previsto en sus reglamentos, cuya legalidad constituye tema de discusión e inclusive de considerar que cuanto la mora es inferior a un año como ocurrió en el caso de la peticionaria, el tiempo de permanencia del registro debe ser superior al fijado por la Corte, corresponde a una sanción, que como tal, no puede ser impuesta por un particular ni por el intérprete de la jurisprudencia de la Corte, porque desconocería el principio de legalidad de las penas, en la medida que a través de un contrato o mediante un criterio jurisprudencial se establece la duración de una sanción.

Y que como está demostrado que las obligaciones de los reportes cuestionados fueron pagadas a más tardar en febrero del año en curso, en criterio del tribunal, desde el momento en que se extinguieron las obligaciones debió excluirse del historial de la base de datos, la información relacionada con la aquí petente. En conclusión con lo analizado en las anteriores consideraciones, para el a quo fue claro que las entidades demandadas estaban lesionando con su actuación el derecho al habeas data de la actora, por lo que, se debía restablecer en forma inmediata la prerrogativa conculcada, cancelando los datos de la señora Sandra Yucelly Bejarano Jaime y ordenó que finalmente, se expidieran las respectivas certificaciones.

Impugnación

La apoderada de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia —Cifin—, solicita se revoque el fallo de primera instancia y en su lugar se permita que las obligaciones de la accionante que presentaron mora, cumplan con el término de caducidad establecido por la Corte Constitucional, toda vez que el fallo que se impugna desconoce la jurisprudencia (Sent. SU-082/95) en relación al habeas data y el término de caducidad de los datos negativos. Se da cumplimiento a la sentencia por parte de la Cifin, toda vez que no disponen de un reglamento especial donde se indique el término a que debe someterse la caducidad de la permanencia en la base de datos.

También que el fallo desconoce las distintas situaciones de hecho en que se encuentran los demandados, pues Asobancaria-Cifin y Datacrédito son bases de datos diferentes, que operan con diferentes criterios ya que la Cifin no tiene en reglamento de caducidades propio sino que aplica lo señalado por la Corte.

Según la apoderada, la entidad en ningún momento manifestó que cuando la mora es inferior a un año el término de caducidad que aplica es mayor al establecido por el juez constitucional. Crítica el fallo del tribunal porque sigue la sentencia de la Corte, pero desconoce su contenido, resultando incoherente.

El apoderado de Datacrédito división de Computec S.A., impugnó el fallo proferido por el tribunal, en los siguientes términos: en cuanto a la caducidad de las obligaciones reportadas por mal manejo, la información no podía ser borrada de la base de datos de la entidad ya que no había transcurrido el término de caducidad señalado por la Corte Constitucional en su sentencia de Sala Plena dentro de la revisión 094 de 1995, donde es claro que la interpretación analógica jurisprudencial entrega una vía para aplicar a este caso el mismo término de caducidad a las tarjetas de crédito, que les da a las cuentas corrientes bancarias. El criterio emitido por la Corte no se constituye como norma de estricta aplicación, sino como un criterio de interpretación para asuntos similares se debe hacer extensiva.

En cuanto a las obligaciones reportadas por el Banco Davivienda por mal manejo histórico de mora, de 150 y 120 días cada una, para las cuales no ha transcurrido el término de caducidad señalado en la sentencia mencionada, que estableció que para estos casos el término debe ser del doble de la mora. Lo mismo sucede con la información reportada por Comcel.

Dice que si se aceptara en gracia de discusión que efectivamente procede la exclusión de la información por haberse verificado la caducidad, sólo hay lugar a aplicar ésta, con relación a la información y no con las anotaciones de mal manejo.

Consideraciones de la Sala

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares. Y el artículo 86 de la Constitución Política dice que procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.

En el presente caso quien actúa como titular de la acción pretende que se le tutelen los derechos constitucionales a la honra, libre desarrollo de la personalidad, buen nombre, dignidad y derecho a una vivienda digna, los cuales considera vulnerados con el proceder de Datacrédito y la Cifin, bancos de datos, que en sus registros consignaron información de su comportamiento comercial moroso encontrándose ya a paz y salvo con todas las obligaciones crediticias.

A continuación hace la Sala las siguientes precisiones:

En el artículo 15 de la Carta Política se consagra el derecho fundamental al habeas data, dentro del cual se consagra el deber de cualquier entidad pública o privada de dar a conocer, actualizar y rectificar las informaciones de carácter crediticio que sobre los ciudadanos se hayan consignado en bancos de datos y demás archivos. Derecho que, además, debe comprender el de actualización.

Con la actualización y rectificación de la información se libera a la persona de las ataduras que significan estar negativamente incluido en una base de datos y se le posibilita la libertad de ejercer su actividad comercial.

Ahora bien, lo anterior no significa que deba borrarse el pasado crediticio del ciudadano, o que se haga desaparecer por arte de birlibirloque, sino que las bases de datos deben reflejar la situación actual del interesado, para que sea tenida en cuenta en sus nuevas transacciones comerciales. Definitivamente el macartismo, el señalamiento, las listas negras, no ayudan a la marcha de las relaciones socioeconómicas, sino que, por el contrario, contribuyen al desasosiego y a la alteración de relaciones que se originan en el seno de la sociedad.

En estas condiciones, reitera la Sala el derecho que tiene toda persona a que la información respecto de su conducta crediticia sea conocida en primer término por ella, a que sea actual, a que contenga los hechos nuevos que la beneficien o la perjudiquen y que reflejen siempre su comportamiento presente. Por lo mismo, el estudio crediticio de una persona no puede partir del bloqueo en “un datacrédito”, sino en sus antecedentes comerciales, en el cumplimiento de sus obligaciones y en su capacidad de crédito, lo cual puede obtenerse con el historial de sus obligaciones y en las referencias comerciales que de ella expresen sus antiguos acreedores.

Sería ilógico e injusto que un buen comportamiento de años anteriores como el que presenta la accionante en este caso, no atenuara el retraso que expresa la base de datos, máxime que el pago de sus obligaciones fue hecho en forma libre, es decir, sin ser ejecutada, lo que nos permite deducir, con los elementos de juicios disponibles, que sólo se dio un retardo, el cual no constituye mora, concepto que implica la existencia de una conducta culposa del deudor.

Actuar de manera contraria sí sería colocar al deudor en una relación de desventaja e inferioridad con cualquier actividad de tipo comercial que desee desarrollar. En efecto, prolongar, sin justificación el registro negativo de una persona en un banco de datos, respecto de su mal comportamiento pasado, es desproporcionado e injusto, afecta “in continenti” su credibilidad, que pudo estar disminuida por circunstancias ajenas a las que tiene en el día de hoy, vaivén que no es irracional en las circunstancias económicas del país.

No se encuentra razón valedera alguna para que la accionante continúe reportada en la base de datos de Datacrédito y la Cifin. La accionante, al estar al día en sus obligaciones, tiene derecho a que se refleje esa situación en las bases de datos de aquellos organismos, de lo contrario, se está recibiendo por parte de ella una sanción sin sustento alguno, adicional a la que ya fue sometida con el cobro de intereses moratorios sobre la obligación.

De otro lado, en este caso, de contera, se le vulnera a la actora el derecho a acceder a una vivienda digna, porque al no rectificar la información con las datos actuales de la misma, le impide a la accionante acceder al crédito con el Fondo Nacional de Ahorro, el cual ya ha ganado al cumplir con el requisito de ahorro y tiempo necesario para que se lo concedan.

Es cierto que la Corte Constitucional ha señalado en sus decisiones un plazo para la permanencia de la sanción (Sent. mayo 8/2000, exp. T-264778, actor: Campo Elías Gómez Sánchez, demandado: Datacrédito CAC), sin embargo, mantener tal regla, deja latente la vulneración de derechos fundamentales, como en este caso, el de gozar de una vivienda digna.

En consecuencia se confirmará el fallo proferido el 6 de agosto del año 2001, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “D” en el que se concedió la tutela y por ende la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE EL FALLO IMPUGNADO

Dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y envíese copia al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Juan Ángel Palacio Hincapié—Germán Ayala Mantilla—Ligia López Díaz—María Inés Ortiz Barbosa.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria.

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