Sentencia 13161 de julio 18 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Exp. 13161

Radicación 25000-23-26-000-1995-0780-01

Consejero Ponente:

Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros

Actor: Édgar Corredor Bernal y otros

Demandada: La Nación (Ministerio de Defensa - Policía Nacional).

Naturaleza: apelación sentencia indemnizatoria

Bogotá, D.C., julio dieciocho de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 26 de septiembre de 1996 por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que decidió:

"Primero. Deniéganse las súplicas de la demanda.

Segundo. Sin costas".

Antecedentes

1. Demanda.

El 29 de marzo de 1995 , los señores Édgar Corredor Bernal y Rosalba Ruiz Vesga, en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, demandaron a la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional, para que se les declare responsables de los daños materiales causados a su casa por agentes de la Policía Nacional en cumplimiento de un operativo militar (fls. 2-13).

Solicitan que se condene a la demandada a pagar daños materiales por la suma de 1.247.300 pesos y por daños morales la suma de 1.000 gramos oro.

Como hechos señalan que el 31 de marzo de 1993, a las 6:00 a.m., miembros de la Policía Nacional, con el objeto de llevar a cabo un operativo militar de rescate en una casa vecina, ingresaron en el inmueble de la familia Corredor Ruiz, generando daños materiales a la casa y agrediendo verbalmente a sus habitantes.

(....).

Consideraciones de la Sala

La Sala hará las siguientes consideraciones tendientes a confirmar la sentencia proferida por el tribunal, y para ello abordará el estudio del tema bajo el régimen del daño especial, al mismo que se recurrió en la demanda.

Responsabilidad patrimonial por daño especial

El artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, es decir, exige la existencia del daño antijurídico y de la imputabilidad de dicho resultado lesivo a la actuación u omisión de las autoridades.

El daño especial es aquel que la administración, en un actuar legítimo, causa a una persona sin que esté en la obligación de soportarlo, rompiéndose así el principio de igualdad de los asociados frente a las cargas públicas y la ley. Aquí el Estado estará obligado a reparar dicho daño para así restablecer el aludido principio.

Por consiguiente, para que haya lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, es necesario que se den tres presupuestos esenciales: en primer término, la existencia de un daño antijurídico, es decir que el ordenamiento jurídico no le haya impuesto a la víctima el deber de soportarlo, y que el daño carezca de causales de justificación; además ese daño debe estar plenamente demostrado y determinado dentro del proceso. En segundo lugar, la acción desplegada por las autoridades, actuación legítima o ilegítima pero que conforme a la ley y la Constitución haya causado daño reparable; y finalmente una relación de causalidad entre el daño y dicha actuación.

La demanda en virtud de la cual se inició el presente proceso tiene como propósito obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños materiales causados a los actores en su casa, por agentes de la Policía Nacional, carga que no tenían la obligación de soportar, rompiéndose así, el principio de igualdad frente a las cargas públicas de los asociados. No obstante el deber de parte de establecer los elementos necesarios para el éxito de la causa, no lo hizo y está llamado al fracaso por carencia absoluta de pruebas.

Caso concreto

Ahora, dentro del proceso encontramos las siguientes pruebas:

Registro civil de matrimonio de Édgar Corredor Bernal y Rosalba Ruiz Vesga (fl. 1).

Registro civil de nacimiento de los menores Angélica María, Carol María y Édgar Corredor Ruiz (fl. 2 a 4).

Fotocopia auténtica de la escritura pública 3299 de 14 de julio de 1982 otorgada en la Notaría 14 del Círculo de Santa fe de Bogotá (fls. 5 a 7).

Certificado de tradición y libertad donde consta que la señora Rosalba Ruiz Vesga es propietaria de la casa a la cual se le causaron los daños en la operación militar mencionada (fl. 8).

Constancia de pago expedida por la arquitecta Ana Cecilia Molina donde certifica que la señora Rosalba Ruiz Vesga canceló por concepto de arreglos en su casa de habitación la suma de $1.247.300 (fl. 9).

Recortes de prensa donde se relata los hechos ocurridos el 31 de marzo de 1993 (fl. 10).

Fotografías de los inmuebles ubicados en la carrera 75 con los números 48-43, 48-45 y 48-47 (fls. 11 a 13).

De las pruebas anteriormente enunciadas podemos inferir que no obstante encontrarse plenamente demostrado la titularidad del bien inmueble y el interés legítimo de los actores para iniciar la presente acción, mal haría la Sala en acceder a las pretensiones de los demandantes, por cuanto no se encuentra demostrado la existencia del daño, presupuesto indispensable sin el cual no habría lugar a la indemnización y resulta inoficioso continuar con el estudio de los demás elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Además, tampoco está probado que las personas que ingresaron en el inmueble de los demandantes fueran miembros de la Policía Nacional, y si dichos agentes efectivamente ingresaron a la casa de los actores.

En ese orden de ideas, lo único que se encuentra plenamente demostrado en el presente caso, es que los actores cancelaron una suma de dinero por arreglos realizados en su casa y que en la casa vecina se llevó a cabo un operativo militar de rescate; hecho notorio conocido por la comunidad en general puesto que fue publicado en prensa, pero estas pruebas no son suficientes y no demuestran efectivamente que esos hechos incidieron o causaron daños materiales a la propiedad de los actores.

Sin bien es cierto, que el a quo enfocó el presente caso bajo el régimen de la falla del servicio, la ausencia de pruebas conduce al mismo resultado, es decir, a la desestimación total de las pretensiones, pues no basta afirmar simplemente unos trechos sin que exista seguidamente la correspondiente prueba de cada uno de ellos. Así lo establece el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil que señala que a las partes le incumben probar los supuestos de hecho que están invocando, para la prosperidad de sus pretensiones.

Así lo ha expresado la Sala en diferentes oportunidades, como en aquella donde sostuvo:

"…el estudio del plenario permite deducir que la acción incoada no prospera fundamentalmente en atención a que la parte actora incumplió con la carga que le imponía el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, de probar los supuestos de hecho tanto de las normas como de la jurisprudencia en los cuales se prevea las consecuencias jurídicas de sus pretensiones...". (1)

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 18 de 1996, expediente 9338.

Además se sabe que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso; precisamente los hechos aducidos al expediente y las pruebas presentadas son las herramientas con las que cuenta el operador de justicia para esclarecer la verdad y fundamentar su decisión.

Por consiguiente, en estas condiciones puede concluirse que en el presente caso no existe prueba suficiente e idónea que conduzca a la certeza de que realmente los actores sufrieron un daño especial que desborde las cargas públicas obligados a soportar, causado por la actuación de las autoridades públicas, ni el daño, elemento esencial para que pueda declararse evidente el nexo causal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 6 de septiembre de 1996, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Ejecutoriada la presente sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

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