Sentencia 20806 de abril 4 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Exp. Nº: 25000-23-26-000-2000-2344-01 (20806)

Consejero ponente:

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Actor: Edgar Marín Vallejo y otros

Demandado: Nación - Fiscal General y otros

Ref.: Reposición

Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil dos (2002)

Conoce la Sala del recurso de reposición interpuesto por la parte demandada, contra la providencia dictada por la Sala el 7 de febrero de 2002, mediante la cual se confirmó el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 22 de marzo de 2001, que negó el llamamiento en garantía solicitado por la Fiscalía General de la Nación.

Antecedentes procesales

1. El 24 de octubre de 2000, el abogado Javier Marin Gallego actuando como tal, en nombre propio y en representación de su hijo menor Juan Diego Marin Campo y como representante judicial de los señores Edgar Marin Vallejo en nombre propio y representación de su hija menor Martha Lorena Marin Rodríguez; José Hugo, Blanca Nubia, Fanny, Edilma, Fabio y Melba Marin Vallejo en nombre propio, formularon demanda de reparación directa, con el fin de que se declarara a la Nación - rama judicial - Fiscalía General de la Nación administrativamente responsable de los perjuicios causados con la errónea e injusta privación de la libertad de que fue víctima el señor Edgar Marin Vallejo, con ocasión de la investigación por concierto para delinquir en concurso con secuestro extorsivo que adelantó la Fiscalía Regional de Bogotá y en la que ordenó su captura hecha efectiva el 24 de octubre de 1997, situación que culminó el 18 de octubre de 2000 al precluirse la instrucción porque el sindicado no cometió los delitos que se le imputaban.

2. El apoderado judicial de la Fiscalía General de la Nación solicitó se llamara en garantía "al fiscal o fiscales regionales de Santafé de Bogotá que emitieron las decisiones cuestionadas por el actor... a efectos de que se le notifiquen todas las decisiones y actos que se emitan en el trámite procesal que nos ocupa, y conforme a los términos legales y en defensa de sus propios intereses haga conocer sus argumentos y consideraciones sobre la materia que nos convoca Advirtiendo que el funcionario o funcionarios llamados en garantía tienen reserva de identidad, razón por la cual se deberá requerir al director seccional de fiscalías de esta ciudad para que levante la reserva e informe a su despacho la identidad del o de los funcionarios mencionados".

3. El a quo mediante auto del 22 de marzo de 2001 no admitió el llamamiento en garantía por considerar que según la preceptiva del artículo 55 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 57 ibídem, el escrito del llamamiento en garantía deberá reunir entre otros requisitos "El nombre del denunciado ... y la indicación del domicilio del denunciado o en su defecto el de su residencia", y en el presente caso, el apoderado al solicitar el llamamiento en garantía, debió indicar el nombre del llamado y no solicitar que se librara oficio para poder establecer su identificación, toda vez que es carga procesal de la parte que solicita el llamamiento establecer el nombre del llamado.

Por lo anterior, no se puede vincular a una persona indeterminada, a fin de obtener de los mismos el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer la entidad demandada como resultado de la sentencia sin que se indique en forma clara y precisa quiénes son los presuntos responsables de la acción a la que se refiere la demanda.

En tales condiciones y, teniendo en cuenta que no se cumple a cabalidad los supuestos exigidos por el artículo 55 del Código de Procedimiento Civil, se negará el llamamiento en garantía solicitado por el apoderado de la Fiscalía General de la Nación, entidad demandada dentro del presente asunto".

4. La Sala confirmó el auto recurrido por considerar que si bien es cierto que el solicitante cumplió con los requisitos de forma exigidos por la ley y acreditó la existencia de una relación legal que le permitiría exigir, en principio, el reembolso total o parcial de las sumas a que pudiere ser condenado en la sentencia, no había lugar a aceptar el llamamiento en garantía por cuanto se invocaron como fundamento de la solicitud los mismos hechos narrados en la demanda, lo cual no es suficiente para determinar que la conducta del funcionario fue dolosa o gravemente culposa.

5. Contra esa decisión, el apoderado de la parte demandada interpuso recurso de reposición por considerar que

"No obstante soportado en el artículo 19 de la Ley 678 del 3 de agosto de 2001, considera esa alta corporación que se debió aportar la prueba sumaria que prevé dicha disposición y en tal virtud estimó que tal supuesto no se cumple con los hechos narrados en la demanda.

Debo señalar entonces, y en primer término que era imposible que el suscrito apoderado atendiera lo concerniente a la prueba sumaria, en cuanto tal disposición entró en vigencia después de efectuado el llamamiento, el cual se efectuó (sic) el día 29 de enero de 2001, de donde no es viable que se exijan presupuestos que no estaban previstos en la ley para el momento en que se incoó inicialmente el llamamiento, por lo cual en virtud de las disposiciones vigentes para el momento de la contestación de la demanda es viable y procedente el mismo, de donde solicitó a los Honorables Consejeros de Estado revocar el auto recurrido y en consecuencia se disponga su admisión".

Finalmente agregó, que no se tuvo en cuenta el análisis de los hechos narrados en la demanda, como es la afirmación puntual de responsabilidad del funcionario "hecha por el actor y retomada por quien llama en garantía, como es que no existía prueba para la acusación, entendida ésta como vinculación al proceso, es decir apertura, indagación, detención etc., omisión señalada por la actora y que se traduce en un obrar gravemente culposo pues ni más ni menos se está señalando que el funcionario profirió una decisión sin existir soporte para ello, y ello no es otra cosa, más que la gravedad de haber obrado supuestamente de manera contraria a los supuestos legales, de donde sí existe en los hechos de la demanda el soporte con el cual se da cumplimiento a un nuevo requisito traído por la Ley 678".

Consideraciones de la Sala

La Sala confirmará el auto recurrido por las razones que a continuación se exponen.

1. La Fiscalía General de la Nación sostiene que es procedente que se llame en garantía al fiscal que adelantó la investigación que por el delito de concierto para delinquir y extorsión se siguió en contra del señor Edgar Marin Vallejo, ya que al momento de solicitarlo no se le podía exigir la presentación de prueba sumaria que demostrara la culpa grave o el dolo del funcionario, toda vez que la Ley 678 de 2001 no se encontraba en vigencia.

Agrega, además, que con las afirmaciones realizadas por la parte actora en la demanda se satisface dicho requisito.

2 La Sala en el auto recurrido reitero que para que sea procedente la figura procesal del llamamiento en garantía, por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, deben cumplirse los requisitos y condiciones que sobre la materia establecen los artículos 55, 56 y 57 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, partiendo de estas disposiciones se hizo un recuento de la evolución jurisprudencial sobre la materia y se citó la Ley 678 del 3 de agosto de 2001.

Dijo la Sala que en la actualidad la mencionada ley exige en su artículo 19 la prueba sumaria de la existencia de culpa grave o dolo por parte del funcionario a quien quiere vincularse al proceso, pero también manifestó al citar el auto del 9 de julio de 1998, que

"el Estado debe hacer uso serio y razonable del derecho a llamar en garantía, sin abusar, menos "burocratizar" el mecanismo, hasta el punto de formular un llamamiento, cada vez que contesta cualquier demanda donde se ventilan hechos o actos dañosos a cargo de servidores públicos. Si el Estado formulara sin razón ni medida, tantos llamamientos como procesos se le entablaran, desestimularía el ejercicio eficiente de la actuación administrativa o judicial, a la vez que colocaría en situación de eventuales "demandados" a todos y cada uno de sus servidores".

"El uso serio y responsable del derecho a llamar en garantía, implica la realización efectiva de una valoración de los hechos de la demanda, de donde surjan conductas con visos de haber sido dolosas o gravemente culposas. Sólo así, la administración o el Estado, podrá adquirir legitimación para formular el llamamiento en garantía".

"Además, a efecto de garantizar el derecho de defensa, el Estado tiene la carga procesal de proponer en el escrito respectivo, los hechos, en concreto, constitutivos de una supuesta conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario que llama en garantía" (Resaltado fuera de texto)

Lo anterior indica que la utilización de la figura procesal del llamamiento en garantía requiere del cumplimiento de varias exigencias, entre ellas, que los fundamentos que sirvan de soporte para realizarlo sean lo suficientemente serios, esto es, expuestos de tal manera que indiquen que la conducta del funcionario amerita tal llamamiento.

Remitirse simplemente al texto de la demanda, indicando que se vincule al proceso a un funcionario "a efectos de que se le notifiquen todas las decisiones y actos que se emitan en el trámite procesal que nos ocupa, y conforme a los términos legales y en defensa de sus propios intereses haga conocer sus argumentos y consideraciones sobre la materia que nos convoca," es una actitud facilista que por contera vulneraría el derecho de defensa del funcionario llamado en garantía.

.Cuando la Sala afirmó "que se ha venido sosteniendo que cuando se llama en garantía a un servidor público, se hace no porque se tenga la prueba del dolo y de la culpa grave sino porque se estima que dentro del proceso puede eventualmente probarse (1) ", también sostuvo que a partir de la vigencia de la Ley 678 de 2001 debe entenderse que sí es necesaria la prueba sumaria del dolo y la culpa grave, exigencia que no se estaba haciendo al recurrente sino que se mencionó a manera de pedagogía judicial. En consecuencia, no se le dio aplicación retroactiva a la Ley 678 del 3 de agosto de 2001.

(1) Providencias de la sección del 4 de mayo de 2000, expediente 15.414 y del 31 de agosto de 2000, expediente 17.672.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

CONFÍRMASE el auto proferido por la Sala el 7 de febrero de 2002.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

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