Sentencia 8920 de agosto 6 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

EXTRACTOS: «En cuanto al fondo de la litis, de manera reiterada la Sala ha considerado que en materia tributaria la actividad fiscal tendiente a la determinación del gravamen debe comenzar no en el momento en que la administración comprueba la realización de un hecho irregular sancionable, sino a partir del momento en que el contribuyente presenta su declaración tributaria, fecha a partir de la cual comienza a correr el término de fiscalización y determinación del respectivo gravamen. En consecuencia, el procedimiento aplicable en cada caso es el vigente para ese momento, de conformidad con los precisos términos del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, norma que dispone textualmente:

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación” (se subraya).

De acuerdo a lo anterior, es claro para la Sala que en el caso de estudio cuando entró en vigencia el Decreto 807 del 17 de diciembre de 1993 ya había empezado a correr el término de dos (2) años contados a partir de la presentación de la declaración privada (abr. 26/93) para que la administración notificara la liquidación oficial, de acuerdo con lo dispuesto para el efecto en la norma vigente y aplicable contenida en el artículo 48 del Acuerdo 21 de 1983.

En consecuencia el procedimiento aplicable era el previsto en esta última norma, por lo que en oposición a lo afirmado por la entidad demandada dicho procedimiento no fue afectado por el nuevo régimen procedimental que entró a regir a partir de la entrada en vigencia del Decreto 807 de 1993, pues como ya se dijo, en este caso tiene plena vigencia la excepción establecida en el citado artículo 40 de la Ley 153 de 1887, según la cual los términos que ya hubiesen comenzado a correr, así como las actuaciones y diligencias iniciadas, se rigen por las normas vigentes al momento de su iniciación.

Causa extrañeza a la Sala que el a quo, no obstante considerar que la norma aplicable al caso era el artículo 48 del Acuerdo 21 de 1983 (vigente en el momento en que se presentó la declaración privada), haya aceptado que el término para notificar el requerimiento especial fue suspendido por 68 días en virtud de los decretos distritales 807 de 1993 y 267 de 1995, pues ello implica una contradicción, toda vez que los citados decretos no estaban vigentes el 26 de abril de 1993, fecha en la cual la actora presentó la declaración del impuesto de industria y comercio correspondiente al período 1992, y por lo tanto, de acuerdo con lo expresado anteriormente, no podían aplicarse.

Conforme a lo expuesto, para la Sala no resulta aceptable el criterio sostenido por la parte recurrente en cuanto concierne a la aplicación inmediata de las normas procedimentales contenidas en el Decreto 807 de 1993. Porque a más de lo dicho, el mismo Decreto 807 de 1993 en su artículo 166 previó la continuidad del conocimiento por parte de las dependencias de la dirección distrital de impuestos de las solicitudes y demás actuaciones que se encontraran en trámite, en desarrollo de lo previsto en el citado artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

En conclusión, como la declaración privada del impuesto de industria y comercio correspondiente al período gravable de 1992 fue presentada por la sociedad actora el día 26 de abril de 1993, la administración tenía competencia para expedir y notificar válidamente la liquidación oficial de revisión hasta el 26 de abril de 1995. Pero tal acto sólo fue expedido y notificado el día 13 de diciembre de 1995 cuando ya había transcurrido el plazo de los dos (2) años previsto en el artículo 48 del Acuerdo 21 de 1983.

Por lo anterior, se presentó la “extemporaneidad” en la expedición y notificación de la liquidación oficial de revisión, circunstancia que constituye causal de nulidad del mencionado acto administrativo por incompetencia relativa al factor temporal, y determina la ilegalidad de la actuación administrativa demandada».

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