•Sentencia 9426 de junio 4 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 25000-23-27-000-12292-01-9426

Consejero Ponente:

Dr. Julio E. Correa Restrepo

Actor: Florez Guaicata Ltda.

Impuesto ventas I bimestre 1994.

Fallo

Santafé de Bogotá, D.C., junio cuatro de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «Para decidir, una vez más reitera la sección que la facultad que a la administración le confiere el artículo 589 del estatuto tributario, para practicar la liquidación oficial de corrección dentro de los 6 meses siguientes la presentación de la solicitud, no autoriza al ente oficial para entrar a debatir cuestiones atinentes a aspectos de fondo del proyecto de corrección, que deban ser discutidos a través del procedimiento de revisión, tal como se efectuó en el sub lite, cuando se entró a dilucidar sobre el mecanismo empleado por la actora para corregir la declaración del sexto bimestre de 1993, pues consideró que la vía para el efecto era la indicada en el artículo 589 y no la que siguió la sociedad, la regulada en el 588, así como la existencia misma del saldo a favor que se pretendía imputar con el proyecto de corrección. Igualmente desestimó la validez del denuncio inicial, por carecer de la firma del revisor fiscal.

En efecto, la solicitud de corrección elevada por la sociedad actora, mediante proyecto presentado con fundamento en el artículo 589 del estatuto tributario en relación con su declaración del IVA correspondiente al primer bimestre de 1994, fue equivocadamente tomada por la administración como la oportunidad y el procedimiento para efectuar cuestionamientos de fondo.

Primero, planteó la improcedencia del saldo a favor del sexto bimestre de 1993, que la actora pretendía trasladar al primer bimestre de 1994, ya que lo consideró inexistente, cuestionando el procedimiento de corrección del saldo del período anterior.

Segundo, entró a controvertir lo atinente a la eficacia de la declaración inicial del primer bimestre de 1994 que a través del procedimiento establecido en el artículo 589 del estatuto tributario, se pretendía corregir, por carecer de la firma del revisor fiscal.

Para la Sala el proceder gubernativo es a todas luces ilegal, pues en la forma como lo estimaron el tribunal y la Procuraduría, sobre tales aspectos de fondo no le era dable fundamentar el rechazo del proyecto elevado por la actora, el que cumplió los requisitos formales, los que no fueron materia de cuestionamiento por parte del ente oficial.

Por lo mismo, por corresponder a aspectos ajenos a la procedencia de la corrección, la Sala no entrará a efectuar procunciamiento adicional sobre los demás temas que plantea la apelación.

A juicio de la Sala y como quiera que los argumentos del recurso no desvirtuaron los fundamentos que apoyaron la decisión del tribunal de declarar la nulidad de los actos acusados y disponer que se tuviese como declaración de la actora por el primer bimestre de 1994 el proyecto presentado el 19 de enero de 1996, ésta habrá de ser confirmada.

Finalmente, se refiere la Sala a la solicitud del apoderado de la parte actora, quien reclama la modificación de la sentencia en el sentido de que se disponga la devolución del saldo a favor, a cuyo propósito argumenta que omitir tal decisión conduce a hacer inocuo el derecho de la actora, en tanto tendría una declaración del año de 1994 con saldo a favor, pero que no podría solicitar en devolución por estar ya vencidos los dos años para el efecto, máxime cuando fue la DIAN quien la colocó en imposibilidad de solicitarlo antes.

Sobre el particular advierte la sección, que en el sub lite se decidió tener como declaración privada del primer bimestre de 1994, el proyecto de corrección que la administración se negó a oficializar. De manera que de la decisión jurisdiccional surgió para la sociedad el derecho a reclamar el crédito tributario, el que antes no podía ser solicitado, sino “hasta tanto se resuelva definitivamente sobre la procedencia del saldo” como lo previene el inciso 2º del artículo 854. Por tanto la negativa del tribunal en manera alguna implica hacer nugatorio el derecho de la actora, quien para la concreción de su derecho deberá acudir al procedimiento establecido en el título X del estatuto tributario en materia de devoluciones».

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