•Sentencia 9314 de mayo 28 de 1999

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

ERROR MECANOGRÁFICO EN LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA

EXTRACTOS: «El debate que en esta oportunidad ocupa la atención de la sección, se centra en establecer la legalidad de los actos administrativos que impusieron a la sociedad actora sanción por no informar correctamente la actividad económica, en la declaración del impuesto sobre las ventas por el sexto bimestre de 1994.

(...).

Como a esta altura del debate no existe desacuerdo entre las partes y el tribunal sobre el fundamento jurídico que sustentó la obligación de informar la actividad económica, como tampoco discrepancia acerca del hecho de que la actora en su declaración de ventas omitió un dígito en el código de actividad que le correspondía, resulta innecesario hacer referencia a tales aspectos claramente fijados en el debate. Lo que debe dilucidarse es, si el yerro cometido configura la conducta descrita como hecho sancionable de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 650-2 del estatuto tributario pues la sociedad actora alega no haber infringido la citada disposición, por cuanto incurrió en un error mecanográfico inocuo, ausente del elemento volitivo y de efectos en el monto de sus impuestos.

Sobre el particular, apreciado el denuncio, se observa que en el formulario el espacio correspondiente a la consignación del “código de actividad” se halla dividido en cuatro casillas y que al efectuar la transcripción correspondiente a la actividad “principal”, inadvertidamente se dejó en blanco la primera casilla, consignándose en las siguientes los números 523, cuando los correctos eran 5231, incurriendo en el yerro de omitir el respectivo dígito final, ésto es, el número 1 que completaba el código.

El artículo 650-2 del estatuto tributario, preceptúa:

“Sanción por no informar la actividad económica. Cuando el declarante no informe la actividad económica, se aplicará una sanción hasta de un millón de pesos ($ 1.000.000) que se graduará según la capacidad económica del declarante. El procedimiento para la aplicación será el señalado en el inciso segundo del artículo 651.

Lo dispuesto en el inciso anterior será igualmente aplicable cuando se informe una actividad económica diferente a la que le corresponde o a la que le hubiere señalado la administración una vez efectuadas las verificaciones previas del caso” (subraya la Sala).

Cotejados los hechos con los presupuestos de la norma transcrita, se observa que los mismos en manera alguna se adecuan a la descripción típica hecha por el legislador de modo que de dicha adecuación pueda inferirse, en primer término, la conducta que la ley quiso sancionar y en segundo lugar, la sanción misma.

En efecto, en el asunto concreto la contribuyente informó su actividad económica y al señalarla incurrió en error puramente mecanográfico o de transcripción, inadvertencia que a juicio de la sección, no alcanzó a tipificar la conducta descrita en el primer inciso de la disposición.

Y respecto del segundo supuesto jurídico, no informó, tampoco, una actividad económica diferente a la que le corresponde o a la señalada oficialmente, evento que tendría ocurrencia si, por ejemplo, estando obligado a informar la actividad 1530, hubiese informado la 4018.

En el sub lite lo acontecido es que la sociedad actora suministró de manera incompleta, por evidente error mecanográfico, la actividad económica desarrollada, presupuesto fáctico no descrito por el legislador como configurativo de conducta punible administrativamente, máxime cuando la información consignada no se prestó a confusión alguna en tanto dicho código no guarda similitud con los que describen las actividades clasificadas bajo el grupo 0500 (pesca, producción de peces en criaderos, etc.) por lo que fácilmente podía deducirse que el citado era el verdadero, solamente que a éste le faltaba el último dígito.

Más aún, la información numérica proporcionada por la contribuyente conducía, como en efecto conduce, a identificar su específica actividad (comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos, etc.) y no otra, de manera que la incompleta información suministrada no podía llevar al funcionario a pensar que podría tratarse de una actividad distinta y de modo que se pudieran desvirtuar los criterios de valoración que para efectos de estudios económicos, investigación y determinación de los tributos hace la administración.

El error de tipo mecanográfico incurrido, que realmente no desfiguró el código de la actividad ejercida por la actora, no alcanza a configurar el hecho sancionable descrito en la norma y a juicio de la sección no tuvo la trascendencia que la administración y el tribunal le atribuyeron, en contravía de la tipificación y sentido finalístico contenidos en el artículo 650-2, por lo que imponerla en las condiciones señaladas, no solamente result a violatorio de esta disposición, sino del artículo 683 en materia de espíritu de justicia.

En efecto, el objeto de la disposición es suministrar los parámetros de tributación de acuerdo con la actividad. La insuficiencia detectada en la información numérica no tuvo la capacidad de desviar la actividad del funcionario, en su tarea previa a la determinación del tributo hacia otro tipo de actividad económica; de manera que la citada insuficiencia deviene inocua, por tanto no reprochable jurídicamente.

Por otra parte, no se vislumbra tras el referido yerro mecanográfico la voluntad y el efecto de sustraer una información que, de otra manera sería importante para los fines del establecimiento del tributo, ni menos aún suficiente para la elusión de éste. A punto tal es ello cierto que, por razón del error que la administración sancionó, en decisión que el tribunal prohijó, el ente oficial no estableció monto de impuesto diferente del que la actora determinó.

Así las cosas, evidenciada la ilegalidad de la sanción impuesta por fuera de lo estipulado por el artículo 650-2 que la consagra y regula, no procedía la modificación de la determinación del monto deducido, sino se imponía el decreto de nulidad de los actos administrativos, por infracción a las disposiciones en que deberían fundarse, de conformidad con el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo».

(Sentencia de mayo 28 de 1999. Radicación 9314. Consejero Ponente: Dr. Julio E. Correa Restrepo).

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