•Sentencia 9318 de abril 16 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

OPORTUNIDAD EN LA CONTABILIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS DESCONTABLES

EXTRACTOS: «En los términos del recurso de apelación corresponde a la Sala establecer la legalidad o ilegalidad del rechazo de los impuestos descontables declarados por la sociedad actora en cuantía de $ 20.048.000 en la liquidación privada del impuesto sobre las ventas por el segundo bimestre de 1995.

Vistos los antecedentes administrativos del presente proceso, se observa que la administración con fundamento en el acta de inspección contable el 27 de febrero de 1997, rechazó los impuestos descontables por cuanto la sociedad actora incumplió con el requisito de la contabilización de los descuentos en la forma como lo prevé el artículo 509 del estatuto tributario, toda vez que la cuenta “impuesto a las ventas por pagar” no se encontraba registrada en el libro mayor y balances y la corrección que sobre este libro efectuó la sociedad no cumplió con el requisito de la contabilización en forma oportuna como la prevé el artículo 496 ibídem.

A juicio del a quo, procedía el reconocimiento de los impuestos descontables toda vez que fueron contabilizados oportunamente como se indicó en el acta de visita, sobre el ajuste a la cuenta impuestos a las ventas por pagar, contabilización que se efectuó tanto en la cuenta del activo como del pasivo y que se encontró el registro auxiliar de ventas y compras.

Igualmente para el tribunal, constituyó un exceso de formalismo por parte de la administración no haber aceptado la corrección efectuada por la sociedad en el libro mayor para registrar en él la cuenta impuesto a las ventas por pagar, corrección autorizada por el artículo 57 del Código de Comercio y prevista además en el artículo 707 del estatuto tributario.

Controvierte el fallo apelado la parte demandada y considera que los fundamentos de la administración no correspondieron a un formalismo exagerado sino a la sujeción a la ley en función del principio de legalidad.

Ahora bien, desde su iniciación del impuesto a las ventas en Colombia se consagró un sistema de su registro en la contabilidad de los comerciantes a través de una “cuenta corriente” cuyo saldo debe mostrar el quantum del impuesto, así, actualmente la normatividad tributaria consagra dentro del artículo 509 del estatuto tributario, la obligación de llevar registro auxiliar y cuenta corriente para responsables del régimen común, en los siguientes términos:

“ART. 509.—Obligación de llevar registro auxiliar y cuenta corriente para responsables del régimen común. Los responsables del impuesto sobre las ventas sometidos al régimen común, incluidos los exportadores, deberán llevar un registro auxiliar de ventas y compras, y una cuenta mayor o de balance cuya denominación será “impuesto a las ventas por pagar” en la cual se harán los siguientes registros:

En el haber o crédito:

a) El valor del impuesto generado por las operaciones gravadas.

b) El valor de los impuestos a que se refieren los literales a y b del artículo 486.

En el debe o débito:

a) El valor de los descuentos a que se refiera al artículo 485.

b) El valor de los impuestos a que se refieren los literales a, y b del artículo 484, siempre que tales valores hubieran sido registrados previamente en el haber”.

Como ningún otro gravamen, el de ventas está fundamentado en la contabilidad del responsable, pues en ella se registra la totalidad de los factores que lo determinan y los mismos soportes y comprobantes de la contabilidad lo son igualmente del impuesto. La ley se refiere a una cuenta independiente, porque se requiere que no esté mezclada con otra clase de registros, y a una cuenta “de balance” en contraposición a una cuenta de resultado, que en la técnica contable se diferencian.

Si bien ha sido un hecho conocido en el proceso que la actora por la vigencia discutida no registró en el libro mayor y balances la cuenta impuesto a las ventas por pagar y éste ha sido concretamente el fundamento aducido por la administración para rechazar los impuestos descontables solicitados por la sociedad en su declaración del impuesto sobre las ventas por el segundo bimestre de 1995, también lo es que dicha inconsistencia fue subsanada o corregida por la contribuyente en la vía gubernativa.

Pues bien, en el acta final de la inspección contable practicada a la sociedad y levantada el 27 de febrero de 1997, los funcionarios comisionados dejaron la siguiente constancia sobre la inconsistencia referida anteriormente:

“OBSERVACIONES:

Al enterarse la sociedad de dicha inconsistencia, procedió a anular los folios correspondientes a los registros contables del segundo bimestre e imprimir nuevos folios con la corrección respectiva el 15 de octubre de 1996. (Copia de estas pruebas hacen parte del expediente).

En el acta de inspección contable levantada el día 07 de febrero de 1997 y firmada por las partes se dejó constancia del hecho mencionado anteriormente”. (fl. 351 del cuaderno de antecedentes).

Atendiendo a lo anterior, comparte la Sala las consideraciones expuestas por el tribunal de primera instancia, quien luego de efectuar un análisis probatorio sobre la oportunidad en la contabilización de los impuestos descontables en las diversas cuentas llevadas por la sociedad por la vigencia discutida, llegó a la conclusión que la corrección realizada por la sociedad en su libro mayor y balances no modificaba “la oportunidad de la contabilización en el libro diario”.

A juicio de la sección, no significa lo anterior un retroceso a los tiempos previos a la expedición del Decreto 2160 de 1986, como lo aduce la parte apelante, pues si bien con la expedición del plan único de cuentas adoptado por el Decreto Reglamentario 2650 de 1993, se buscó la uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente, su claridad, confiabilidad y comparabilidad (art. 1º), también lo es que en materia contable se permite la corrección de errores en los registros de esta naturaleza (C. Co., art. 57, D. 2649/93, arts. 106 y 132), pues la finalidad de estas disposiciones es precisamente la uniformidad en la contabilidad, dando oportunidad a las personas sujetas a esta obligación de corregir sus registros contables en la forma establecida por la ley.

En el anterior orden de ideas, considera la Sala que es claro que la señalada inconsistencia contable, corregida por la contribuyente posteriormente, no era suficiente para justificar el rechazo de los impuestos descontables solicitados, cuya realidad se demostró, al punto de no imponer una sanción por inexactitud; dada además su oportuna contabilización en el libro diario, como lo determinó el a quo, hecho que no fue controvertido en el escrito de apelación.

En atención a lo anterior, estima la Sala que si dentro del proceso de fiscalización, la sociedad contribuyente demostró haber subsanado el defecto encontrado por la administración, no hay razón para insistir en el desconocimiento de los impuestos descontables que como ya se anotó fueron reales y oportunamente contabilizados, si bien, no en un principio en el libro mayor y balances, sí en las cuentas que para el efecto llevaba la sociedad y de las cuales se pudo determinar la realidad fiscal de la actora, por lo tanto habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de los actos administrativos demandados que rechazaron los impuestos descontables declarados por la sociedad por el segundo bimestre de 1995».

(Sentencia de abril 16 de 1999. Radicación 9318. Consejero Ponente: Dr. Julio E. Correa Restrepo).

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