•Sentencia 9327 de abril 23 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 25000-23-27-000-12579-01-9327

Consejero Ponente:

Dr. Julio E. Correa Restrepo

Actor: Comunidad Franciscana Provincia de La Santafé

Sanción por no enviar información-1994-FALLO

Santafé de Bogotá, D.C., abril veintitrés de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, el debate en la presente instancia se concreta en determinar si la sentencia apelada en cuanto anuló los actos administrativos demandados y fijó la sanción por no enviar información en medios magnéticos a la Comunidad Franciscana Provincia de La Santafé, en la suma de $ 6.478.919, debe ser revocada y en su lugar declarar la legalidad de los actos acusados que fijó la sanción en la suma de $ 113.800.000.

Considera la Sala importante precisar que tanto en las resoluciones demandadas como en la sentencia de primera instancia, la base para imponer la sanción fue la suma de $ 6.478.919.000, que aunque el a quo afirma ser el “valor sobre el cual no rindió la información oportunamente”, ella constituye el total de costos y deducciones por el año gravable de 1994, toda vez que se encuentra demostrado que el valor de lo no informado a tiempo de acuerdo al formato de entrega del 24 de julio de 1996, visible a folio 15 del cuaderno de antecedentes, fue de $ 1.168.662.000.

No obstante lo anterior, el a quo tomó igual base a la de los actos acusados, asunto sobre el cual no se pronunciará la Sala, toda vez que dicha circunstancia no fue objeto de apelación por la parte actora.

Precisado lo anterior se observa, que la inconformidad de la parte demandada con la sentencia de primera instancia radica concretamente en el hecho de haberse aplicado a la mencionada base, la tarifa del 0.1%, cuando la administración aplicó el tope máximo permitido por el artículo 651 del estatuto tributario, esto es, el 5% de la misma base.

Ahora bien, encuentra la Sala que son dos los aspectos sobre los cuales la apoderada judicial de la Nación fundamentó su recurso de apelación, en primer lugar señaló que el tribunal de primera instancia había producido un fallo extra petita y en segundo lugar había procedido a adaptar una proporcionalidad no permitida para establecer la tarifa aplicable a la base de sanción.

Aduce la parte apelante que en ninguna parte de la demanda se había solicitado la reducción de la sanción, ni la aplicación de proporcionalidad alguna, por lo tanto correspondía al tribunal estudiar si la actora tenía un derecho o si su derecho había sido transgredido pero no le era dable crearle un derecho.

No comparte la Sala los argumentos aducidos por la demandada sobre el pronunciamiento de un fallo extra petita por parte del tribunal, toda vez que si se observan las pretensiones de la demanda, ellas fueron además de la nulidad de la resolución sanción y de su confirmatoria, el restablecimiento del derecho en el sentido de “declarar que la entidad que represento no está obligada a pagar la sanción determinada administrativamente en los actos acusados...”.

Pues bien, de acuerdo a lo anterior, el marco de acción para la decisión del a quo lo constituyó el total de la sanción impuesta, por lo tanto podía declararla ajustada a derecho o no y en este último evento y principalmente en lo que corresponde a su tasación, podía sustituir la disposición anulada como consecuencia del restablecimiento del derecho particular, de conformidad con el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo.

En efecto, estima la Sala que si a juicio del tribunal, la administración para determinar la sanción a la que se hizo acreedora la comunidad actora, estableció ilegalmente uno de sus elementos, como en el presente caso, la tarifa, con fundamento en las normas invocadas como violadas, correspondía anular los actos sancionatorios y estatuir una nueva disposición en su reemplazo, toda vez que el hecho irregular cometido debía ser de todas formas sancionado.

Comparte así la sección, el concepto emitido por la señora procuradora séptima judicial al señalar:

“La congruencia de la sentencia con lo solicitado en el presente caso se hace relievante precisamente, cuando la actora invoca como norma violada el artículo 683 del estatuto tributario, norma en que justamente se apoya el tribunal para reducir la sanción impuesta, solución que está en correspondencia con los hechos y pretensiones tal como lo exige el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil”.

Ahora bien, critica la apoderada judicial de la parte demandada en su escrito de apelación que en la sentencia impugnada se haya afirmado que la actora había proporcionado la información con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, “sin incorrección alguna”, cuando se encuentra probado que dicha información fue rechazada según el oficio 000214 del 24 de enero de 1997, como se informó en la Resolución 000246 del 29 de agosto de 1997, que agotó la vía gubernativa.

Se refiere igualmente a la no procedencia de las reducciones de la sanción del 10 y 20% que consagra el artículo 651 del estatuto tributario y a la impertinencia de las normas invocadas en la demanda como transgredidas, frente a la solicitada aplicación del artículo 240 de la Ley 223 de 1995.

Y finalmente controvierte la cuantificación de la sanción efectuada por el a quo en un 0.1% sobre el valor de lo no informado, cuando el artículo 651 del estatuto tributario es una norma muy clara que no admite distinción alguna respecto de las circunstancias que se consideran para su imposición.

Debe la Sala primero señalar que en el fallo apelado, el tribunal de primera instancia en ningún momento decidió reducir la sanción ni al 10% ni al 20%, con fundamento en que la actora subsanó la omisión de no enviar la información de acuerdo a los presupuestos de hecho que consagra el inciso tercero del artículo 651 del estatuto tributario, sino que decidió reducirla de conformidad con la facultad que se desprende del inciso 1º del literal a) de la misma disposición en aplicación de tarifa diferente, aspecto sobre el cual volverá la Sala más adelante.

En consecuencia no habrá pronunciamiento sobre este punto de inconformidad con lo aducido por la apelante, ni sobre la aplicación del artículo 240 de la Ley 223 de 1995 respecto a la exoneración de liquidación de revisión frente a las declaraciones de renta correspondientes a los años gravables 1993 y 1994, toda vez que el tribunal no fundamentó su decisión en dicha disposición y por lo tanto son impertinentes tales argumentos al respecto, toda vez que el a quo no tuvo en consideración la alegada aplicación de la Ley 223 de 1995, para la determinación de la sanción impuesta.

Ahora bien, no hace parte de discusión en el presente proceso la obligatoriedad de la Comunidad Franciscana Provincia de La Santafé de enviar la información de que trata el artículo 631 del estatuto tributario, de acuerdo a los presupuestos que consagra la Resolución 5987 del 28 de diciembre de 1994, en concordancia con el artículo 31 del Decreto Reglamentario 2798 de 1994 para las personas o entidades que el último día del año anterior a aquél en el cual se le solicita la información hubiesen poseído un determinado patrimonio bruto o hubiesen obtenido una determinada suma de ingresos brutos.

Se discute en cambio la reducción de la sanción efectuada por el a quo de conformidad con el artículo 651 del estatuto tributario al aplicar, no el 5% que aplicó la administración, sino el 0.1% sobre la base determinada en los actos acusados, en atención al principio de justicia establecido en el artículo 683 ibídem, así como la capacidad contributiva de la actora, la proporcionalidad de la sanción y el daño causado con la entrega extemporánea de la información.

Pues bien, reza el artículo 651 del estatuto tributario:

“Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquéllas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

a) Una multa hasta de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

— Hasta del 5% de las sumas respecto de los cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea.

— Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

b) El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, debe conservarse y mantenerse a disposición de la administración de impuestos.

(...)”.

En la presente oportunidad se observa que la comunidad actora el 24 de julio de 1996 presentó ante las autoridades tributarias la información a la cual estaba obligada de conformidad con el artículo 631 del estatuto tributario, hecho que ocurrió con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, sin embargo, ello no le permitió la exoneración de la sanción, pues fue presentada con posterioridad al plazo establecido para el efecto por el artículo 8º de la Resolución 5987 de 1994 (31 de julio de 1995), por lo tanto procedía, como en efecto ocurrió la imposición de la sanción contemplada en el artículo 651 transcrito anteriormente.

Ahora bien, se observa que en atención al principio de gradualidad de la sanción previsto en el artículo 651 del estatuto tributario “hasta el 5%” de las sumas respecto de las cuales se suministró la información en forma extemporánea, el tribunal decidió aplicar el 0.1%.

Sobre el particular considera la Sala que no hay motivo para modificar dicha tarifa, pues si bien es cierto mediante oficio 000214 del 24 de enero de 1997 dirigido por la jefe de la división de análisis y programación a la jefe de la división de liquidación, se rechazaron 16 registros de 280 informados por la actora (folio 32 del cuaderno de antecedentes). Por consiguiente no se ha determinado la entidad del daño, para que procediera la aplicación del tope máximo, en el acto acusado y alegado en el escrito de apelación, en consecuencia, para la Sala la actuación del tribunal a quo, en cuanto tasó la sanción estuvo ajustada a derecho.

No es de recibo para la Sala el fundamento aducido por la parte demandada en los alegatos de conclusión de que la facultad discrecional para tasar la sanción se halla sólo en cabeza de la administración de impuestos y en manera alguna en cabeza del tribunal, por cuanto, si los funcionarios que emiten los actos administrativos en ejercicio de sus funciones no acatan los ordenamientos legales a los cuales están sujetos, por ejemplo el espíritu de justicia consagrado en el artículo 683 del estatuto tributario, quien más, si no es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la llamada a restablecer los derechos transgredidos por dicha omisión, en cumplimiento de su objeto de control de legalidad de los actos administrativos que mediante las acciones consagradas en la ley ejercen las personas que se crean lesionadas en un derecho amparado en una norma jurídica.

Adicionalmente no evidencia la Sala que la administración hubiese explicado o fundamentado el porqué de la aplicación del tope máximo de la sanción, pues aunque se alegue que es “discrecional” debe estar motivado o presidido al menos por el espíritu de justicia, de lo contrario se podría catalogar de arbitrario, cuando no hay motivo o causa justificativa para no graduar la sanción de acuerdo a las circunstancias que rodearon el presente caso.

En atención a lo anterior se impone la confirmación de la sentencia de primera instancia que anuló los actos administrativos y fijó la sanción a cargo de la comunidad actora en la suma de $ 6.478.919, toda vez que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada no logró desvirtuar las consideraciones expuestas por el a quo.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. RECONÓCESE PERSONERÍA al Dr. Enrique Guerrero Ramírez para representar a la Nación.

3. ORDÉNASE la devolución de los gastos del proceso si a ello hubiere lugar.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

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