Sentencia 9914 de junio 2 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

TÍTULO EJECUTIVO

CERTIFICACIONES DEL ADMINISTRADOR DE IMPUESTOS

EXTRACTOS: «Debe precisar la Sala si debía o no prosperar la excepción de ausencia de título ejecutivo, pues, a juicio del recurrente, el Distrito Capital, y por tratarse del cobro del impuesto predial por los años 1993 y anteriores, constituye título ejecutivo la certificación expedida por la división de cuentas corrientes y contabilidad tributaria de la jefatura de recaudos de la Dirección Distrital de Impuestos, con base en el artículo 13 del Acuerdo Nº 15 de 1987, aplicable por mandato del artículo 165 del Decreto 807 de 1993, en tanto que en criterio del banco actor, acogido por el a quo, la aludida certificación no es título ejecutivo a la luz del artículo 828 del estatuto tributario, por cuanto no se soporta en ninguna liquidación privada u oficial.

Pues bien, el título que sirvió de fundamento para el mandamiento de pago contenido en las resoluciones 12 de fecha 20 de agosto de 1997 y 19 del 16 de septiembre del mismo año, fue la certificación expedida por la división cuenta corriente y contabilidad tributaria, en donde se hizo constar lo siguiente:

“Que el contribuyente Banco de Colombia, presenta mora en el pago del impuesto predial por el predio de su propiedad, ubicado en la calle 31 6-39, oficina 1001, con cédula catastral Nº D 30 5 A 58 10, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nº 000500249807, correspondiente a las vigencias fiscales 1986 a 1993, cuya cuantía asciende a la suma de $ 8.233.962 como capital, tal y como consta en la liquidación efectuada por este grupo, con corte al 31 de julio de 1997, anexo a esta, más los intereses causados desde la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta la cancelación total de la misma”.

En relación con el carácter de título ejecutivo de la certificación en mención, la Sala, en sentencia de 15 de octubre de 1999, expediente Nº 9585, con ponencia del doctor Daniel Manrique Guzmán, precisó que dicho documento no presta mérito ejecutivo, para lo cual sostuvo lo siguiente:

“Al respecto se precisa que el artículo 165 transitorio del Decreto 807 de 1993, que el apelante cita como fundamento para aplicar el Acuerdo 15 de 1987, no es aplicable al caso de autos, pues como lo advirtió la señora procuradora, dicha norma regula la “reliquidación del impuesto por modificaciones de la base gravable”, aspecto al cual no se refiere el sub lite, pues se trata de un procedimiento administrativo de cobro coactivo.

Ahora bien, en relación con dicho procedimiento el artículo 140 del Decreto 807 de 1993, aplicable por ser la norma vigente al momento de la iniciación del proceso administrativo de cobro (con la expedición del mandamiento de pago de sep. 30/96), regula el “cobro de las obligaciones tributarias distritales” y al efecto establece que debe seguirse el procedimiento administrativo de cobro establecido en el título VIII del libro quinto del estatuto tributario.

Dentro de dicho título del libro quinto del estatuto tributario se encuentra el artículo 828, que no contempla como título ejecutivo la certificación del tesorero distrital ni la constancia y certificación expedida por la División de Cuentas Corrientes y Contabilidad Tributaria de la Jefatura de Recaudos de la Dirección Distrital de Impuestos, que en el caso se pretendió aducir como título ejecutivo.

Al respecto se precisa que la certificación del administrador de impuestos o su delegado a que se refiere el parágrafo del artículo 828 ib. debe recaer sobre la existencia y valor de las “liquidaciones privadas u oficiales” previstas en los numerales 1º y 2º de la norma citada, esto es, las “liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas” y “las liquidaciones oficiales ejecutoriadas”.

Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia arriba citada, que de nuevo se reitera, del texto de la certificación transcrita es dable concluir que la misma no da cuenta de “la existencia y valor de las liquidaciones privadas u oficiales”, como lo exige el parágrafo del artículo 828 del estatuto tributario, pues sólo da fe de una información obtenida con base en datos que reposan en la entidad demandada.

Así mismo, y siguiendo la providencia que se reitera, la liquidación manual del impuesto, a que se refiere la aludida certificación (folio cuaderno de antecedentes), no indica a qué contribuyente y a qué predio se refiere, tampoco tiene fecha, y mucho menos se puede calificar de liquidación oficial ejecutoriada, por lo que se reitera, en el caso sub judice no existe título ejecutivo.

Es de anotar que en idéntico sentido se pronunció la Sala en sentencias del 26 de noviembre de 1999, expediente Nº 9660, con ponencia del doctor Julio Enrique Correa Restrepo y del 3 de marzo de 1999, expediente Nº 9685, Consejero Ponente, doctor Germán Ayala Mantilla.

Así las cosas, y por cuanto el cargo propuesto por la entidad recurrente no tuvo vocación de prosperidad, pues según las precisiones efectuadas debía declararse probada la excepción de ausencia de título ejecutivo propuesta por la actora, la Sala habrá de confirmar el fallo apelado».

(Sentencia de junio 2 de 2000. Radicación 9914. Consejero Ponente: Dr. Delio Gómez Leyva).

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