Sentencia 12578 de septiembre 5 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2000-0481-01 12578

Consejera Ponente:

María Inés Ortiz Barbosa

Bogotá, D.C., septiembre cinco de dos mil dos.

Actor: Comité regional de rehabilitación de Antioquia.

Demandado: La Nación, comité de entidades sin ánimo de lucro.

Ref.: Apelación sentencia de abril 4 de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en juicio de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos mediante los cuales se declaró que la actora no es contribuyente del régimen especial por el año de 1996.

Fallo

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el comité regional de rehabilitación de Antioquía contra el fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante el cual se denegaron las súplicas de la demanda.

Antecedentes

El demandante solicitó al comité de entidades sin ánimo de lucro, que se declarara la deducción de egresos efectuados en el año gravable de 1996 y la exención respecto del beneficio neto o excedente.

Mediante la Resolución 941 del 10 de marzo de 1999 la demandada desconoció como egresos procedentes la suma de $ 56''079.599. Contra del anterior acto el afectado interpuso recurso de reposición, el cual fue decidido por la Resolución 71 de noviembre 29 de 1999, confirmando en todas sus partes la actuación recurrida.

(...).

Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales el comité de entidades sin ánimo de lucro declaró que el comité regional de rehabilitación de Antioquía no goza de la exención de parte del beneficio neto en 1996 en cuantía de $ 56.079.599 por desconocer como egresos no procedentes, que fiscalmente considera que son ingresos gravables en el 20%.

Las partidas objeto del rechazo son:

Gastos no deducibles$ 18.556.198
Provisión de inversiones$ 11.398.995
Depreciación de activos fijos$ 4.624.406
Inversión en Finsocial$ 21.500.000

El a quo denegó las súplicas de la demanda.

El debate planteado se centra en determinar si procede la exención del beneficio neto en la forma solicitada por el demandante o si por el contrario son válidas la razones de la administración para objetar los rubros ya indicados.

El artículo 358 del estatuto tributario, única norma que el actor cita como trasgredida dice:

“ART. 358.—Exención sobre el beneficio neto o excedente. El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo anterior, tendrá el carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen dicho objeto social.

El beneficio neto o excedente generado en la no procedencia de los egresos, no será objeto del beneficio de que trata este artículo.

La parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas que desarrollen su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año en que esto ocurra”.

El beneficio neto o excedente, debe determinarse, en la forma prevista en el artículo 357 que indica:

Determinación del beneficio neto o excedente. Para determinar el beneficio neto o excedente se tomará la totalidad de los ingresos, cualquiera sea su naturaleza, y se restará el valor de los egresos de cualquier naturaleza, que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su objeto social de conformidad con lo dispuesto en este título incluyendo en los egresos las inversiones que hagan en cumplimiento del mismo”.

El demandante manifiesta que el artículo 358 del estatuto tributario se violó “por indebida aplicación, la cual consiste en asimilar los gastos no deducibles con la no procedencia de egresos”.

Esta afirmación la sustenta en que el comité de entidades sin ánimo de lucro incurre en una confusión tanto lógica como jurídica al pretender tomar los gastos no deducibles como no procedencia de los egresos, conceptos diferentes pues el egreso no procedente es aquél que no cumple los requisitos de apuntar al desarrollo del objeto social mientras que los gastos no deducibles son conceptos que no necesariamente son egresos y que fiscalmente no se captan y contablemente es obligatorio su registro.

Al respecto observa la Sala:

En primer término debe tenerse presente que los conceptos contables de costo o gasto, no siempre coinciden con el concepto fiscal, y que en todo caso de incompatibilidad entre las normas que regulan la contabilidad y las de carácter tributario, para fines fiscales prevalecen estas últimas.

Aclarado lo anterior procede la Sala a analizar cada una de las partidas objetadas por la entidad demandada.

Gastos no deducibles

La demandante adicionó a la utilidad comercial gastos no deducibles por valor de $ 18.556.198. De este valor aceptó que sobre $ 1.899.404 no habría beneficio. Sobre la suma de $ 16.656.794 aduce que corresponde a la cancelación de una cuenta adeudada por el municipio de Medellín y anexa fotocopia de la facturación para demostrar que el ingreso fue doblemente contabilizado. Por tanto debían efectuarse los correctivos necesarios. Anota que el comité de rehabilitación en lugar de restar ese valor a los ingresos lo tomó “como gasto no deducible, procedimiento que es erróneo, pero que de manera alguna puede tomarse como gasto no deducible sujeto a inversión y menos a gravamen”.

Al respecto se observa que las facturas que anexa, folios 28 y 29, no le permiten a la Sala aceptar que efectivamente se cometió el supuesto error pues en la primera, de fecha noviembre 1º de 1994 dice que corresponde a un anticipo del 50% del contrato 147 suscrito con la secretaría de bienestar social de Medellín y la segunda de 10 de noviembre de 1995 al 50% restante del valor total del contrato 147. Luego no es cierto lo que sostiene el recurrente que “en ambas se dice que corresponden al anticipo del 50% del valor del contrato” (fl. 141). Además, las cifras no coinciden y no se aportaron los registros contables. Por ello se comparte la apreciación del tribunal en el sentido de que la prueba no es suficiente para demostrar el hecho que alega el demandante y por consiguiente desvirtuar la razón por la cual el comité desconoció la partida por improcedente. Con el recurso aporta fotocopia simple de una certificación del revisor fiscal, la cual no se puede apreciar por no reunir las condiciones de oportunidad y autenticidad que se requieren para ese fin (fl. 150).

Provisión de inversiones

Argumenta el demandante que el artículo 358 se limita a sostener que los egresos no procedentes no tiene beneficio fiscal pero en parte alguna se dice que los gastos no deducibles no pueden beneficiarse de este tratamiento, lo que son cosas bien distintas. Anota que el comité asimila los conceptos de gastos no deducibles con egresos no procedentes, lo que constituye un error porque el gasto cobija aún sumas que no constituyen egreso como son las provisiones que dan lugar a un mayor beneficio neto para invertir.

Sobre el particular advierte la Sala que el procedimiento para determinar el beneficio neto o excedente, se encuentra expresamente previsto en las normas que consagran el régimen especial y conforme al mismo de la totalidad de los ingresos, cualquiera sea su naturaleza, se deben restar todos los egresos realizados en el respectivo año gravable que tengan relación de causalidad con los ingresos o con las actividades correspondientes al objeto social.

Ahora bien, por tratarse de un régimen excepcional y además de un procedimiento legal no admite interpretaciones como la que aduce el actor cuando indica que nada impide que los gastos no deducibles no puedan beneficiarse con el tratamiento especial. Por el contrario las elementales normas de hermenéutica jurídica prohíben extender las normas excepcionales a casos no contenidos en ellas expresamente porque de lo contrario se desnaturaliza la excepción para convertirse en disposición general.

El demandante acepta que la provisión de inversiones no es un egreso procedente sino un gasto no deducible pero precisamente por tener esa connotación la ley no lo tiene en cuenta para determinar el beneficio neto.

Depreciación de activos fijos

Se trata según el contribuyente, de depreciaciones sobre activos fijos en las cuales su costo ya había sido solicitado desde 1988 y pretende sumar esos valores a la utilidad comercial para aumentar el valor que se debe invertir. El tribunal entendió que se trataba de solicitarla como egreso procedente y la negó.

Al igual que en el caso anterior la Sala estima que el procedimiento aplicado por el contribuyente se aparta del establecido en el artículo 357 del estatuto tributario porque en la norma no se contempla adiciones a la utilidad comercial para determinar el beneficio neto sino la diferencia entre los ingresos y los egresos con las condiciones que ya se han indicado.

Inversión en Finsocial

El recurrente explica que el contribuyente tiene constituida una inversión permanente en esa entidad. En 1996 la asamblea general de Finsocial decidió capitalizar parte de los rendimientos a distribuir entre los socios. Se aprueba por unanimidad que se destinan a realizar la labor social del comité y que puede ser calificada como egreso según el artículo 4 literal b) del Decreto 124 de 1997, norma citada por la administración en la actuación impugnada.

Esta última norma preceptúa:

“ART. 4º—Egresos. Los egresos procedentes serán aquellos de cualquier naturaleza, realizados en el respectivo período gravable, siempre y cuando cumplan alguna de las siguientes condiciones: a) Que los egresos constituyan costo o gasto y tengan relación de causalidad con los ingresos. Los egresos realizados con ocasión de las actividades comerciales, deberán ser necesarios y proporcionados de acuerdo con cada actividad. En cualquier caso se deberán tener en cuenta las limitaciones establecidas en el capítulo V del libro I del estatuto tributario, y b) Que los egresos que no teniendo relación de causalidad con los ingresos, o que no sean necesarios y proporcionados de acuerdo con las demás actividades comerciales, se destinen directamente a las siguientes actividades: salud, educación formal, cultura, deporte aficionado, investigación científica o tecnológica, ecología y protección ambiental, o a programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad.

Dentro de los egresos se incluyen las inversiones amortizables previstas en el artículo 142 del estatuto tributario y la adquisición de activos fijos que se hagan en cumplimiento de las actividades anteriormente señaladas. También se incluyen en los egresos los que se destinen indirectamente mediante donaciones efectuadas a otras instituciones sin ánimo de lucro que desarrollen tales actividades.

Para que proceda la deducción de los egresos por este último concepto, se requiere que la entidad donataria efectivamente haya realizado dichas actividades y programas, hecho que se demostrará a través de certificado de contador público o revisor fiscal del donatario, según el caso.

(...)”.

La inversión para respaldar obligaciones laborales de la demandada no tiene la destinación directa a las actividades sociales relacionadas en el literal b) del artículo 4º del Decreto 124 de 1997 y por consiguiente carece de la condición para calificarla como un egreso procedente.

Así la cosas, analizada la actuación de comité de entidades sin ánimo frente al artículo 358 del estatuto tributario encuentra la Sala que el recurrente no demostró su violación, razón por la cual se confirmará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la Dra. Flor Elena Fierro Manzano, de conformidad con el poder que obra a folio 178.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha».

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