Sentencia 12817 de agosto 16 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 25000-23-27-000-2000-1159-01

Interno: 12817

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor : Banco de Occidente S.A. C/la Nación

Sanción por recaudos 1997

Bogotá, D. C., dieciséis de agosto del año dos mil dos

Fallo

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes actora y demandada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 16 de agosto de 2001, parcialmente estimatoria de las súplicas de la demanda instaurada por el Banco de Occidente S.A. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra los actos administrativos mediante los cuales la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, le impuso una sanción por extemporaneidad en la entrega de documentos e información en medios magnéticos durante el período 1º de enero a 30 de junio de 1997.

EXTRACTOS: «Antecedentes

La subdirección de recaudación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales envió al banco actor el pliego de cargos 0070 del 14 de diciembre de 1998, mediante el cual propuso una sanción por haber incurrido en 17.446, días de extemporaneidad en la entrega de documentos e información en medios magnéticos, correspondiente al período 1º de enero a 30 de junio de 1997.

Oída la respuesta al pliego de cargos, presentada el 29 de marzo de 1999, la entidad oficial expidió la Resolución 1555 del 23 de septiembre de 1999, mediante la cual una vez analizados los descargos y verificada la información disminuyó 6.111 días e impuso la sanción en cuantía de $ 49.720.070 correspondiente a 11.335 días de extemporaneidad, por el período descrito anteriormente.

Contra la mencionada resolución, el banco interpuso recurso de reposición, el cual fue desatado mediante la Resolución 2893 del 17 de abril de 2000, que aceptó parcialmente los motivos de inconformidad, descontó 4.431 días, modificó la Resolución 1555 impugnada y fijó la sanción en cuantía de $ 30.283.844 por incurrir en 6.904 días de extemporaneidad. El acto anterior agotó la vía gubernativa.

(...).

Consideraciones de la Sala

En esta oportunidad le corresponde a la Sala pronunciarse acerca de las inconformidades expresadas en los recursos de apelación interpuestos por las partes.

En relación con el recurso de la parte demandada, quien reclama que el tribunal no hubiere aceptado la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa propuesta en la contestación de la demanda, y fundamentada en que el punto de la base monetaria, acogido por el tribunal no fue planteado en la etapa gubernativa, a juicio de la Sala no está llamado a prosperar, puesto que siguiendo la reiteradísíma jurisprudencia observada por el tribunal y que resulta innecesario reproducir, pero que se concreta en la viabilidad de que ante la jurisdicción se presenten nuevos argumentos de derecho, referentes o relacionados con los mismos hechos, es evidente que la proposición del cargo ante la jurisdicción, como una de las causales de nulidad de los actos acusados, solamente constituye otro argumento, para obtener idéntico propósito al perseguido en la vía gubernativa. No prospera la excepción.

En lo atinente a la modificación efectuada por el tribunal a la base monetaria y concretamente respecto al año de 1996, a la Sala no le merece ningún reparo el que el tribunal hubiere aplicado la tarifa de la sanción, vigente al período del incumplimiento, esto es la de $ 150.000 conforme al Decreto 2324 de 1995, como quiera que en tal evento la base que correspondía no era la establecida para el año 1997, que aplicó la administración, sino la que regía para el año de 1996.

Si bien el actor al sustentar el cargo de indebida aplicación de la base monetaria, no cumplió con la carga de separación y detalle concreto respecto a cada uno de los períodos para los cuales pretendía la modificación, el tribunal encontró que efectivamente la administración tomó una sola base monetaria, la correspondiente a 1997. Para practicar la nueva liquidación que disminuyó la oficial —únicamente en lo atinente a la base monetaria de 1996— tuvo en cuenta los datos que determinaban la extemporaneidad en la entrega de la información, registrada en los cuadros anexos al pliego de cargos obrantes a los folios 40 y 41 (cintas otros contribuyentes) y 1 a 38 (paquetes grandes y otros contribuyentes), como se observa en la liquidación inserta en la sentencia, acorde a la motivación. No prospera el cargo.

El recurso de la parte actora

El primer punto de inconformidad de la parte actora con la sentencia del tribunal es el relacionado con el término de prescripción para imponer sanciones y concretamente en lo concerniente a la disposición aplicable a la prescripción de la facultad sancionatoria de la administración. El recurrente insiste en que la facultad para sancionar por parte de la administración prescribió para los períodos anteriores al sancionado, especialmente las “extemporaneidades anteriores al 14 de diciembre de 1996”, dado que antes del vencimiento no se expidió el pliego de cargos.

Al respecto observa la Sala, que contrario a lo estimado por el tribunal, no es aplicable el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, puesto que debe observarse el principio de la prevalencia de los procedimientos especiales sobre el procedimiento general contemplado en el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo.

En efecto, se advierte que dentro de los procedimientos especiales como lo son los regulados en el estatuto tributario, y concretamente el artículo 638 que forma parte de las previsiones sobre “Normas generales sobre sanciones”, al referirse a la prescripción de las sanciones, regula todas aquellas que se imponen tanto a contribuyentes, como a quienes, sin reunir tal condición deben cumplir determinados deberes con la Administración de Impuestos, entre ellos los bancos en su condición de entidades recaudadoras.

De conformidad con el citado artículo 638 del estatuto tributario, el término para imponer las sanciones (por resolución independiente) es de dos años. La entidad oficial deberá formular el pliego de cargos, previo a la imposición de la sanción, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que “ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad para el caso de las infracciones continuadas” y vencido el término de respuesta al pliego de cargos, dispone de un plazo de 6 meses para proferir la sanción correspondiente, como en otras oportunidades lo ha indicado la Sala (1) .

(1) Cfr. Sentencias del 5 de julio de 1996, expediente 7727, del 15 de agosto de 1997, expediente 8371 y 6 de junio de 1998, expediente 8722, entre otras.

Si bien el tribunal no aceptó la argumentación de la parte actora, en cuanto a la norma aplicable, artículo 638 del estatuto tributario, se observa que dicha negativa no tuvo ningún efecto concreto desfavorable para el apelante, conforme a la advertencia hecha por el a quo al darle prosperidad al cargo relativo a la base monetaria, en el sentido de que la propia administración había excluido la sanción por los años de 1994 y 1995, que se encuentran incluidos en los 4.314 días que rebajó la administración.

Sobre el particular, se observa la forma genérica utilizada por la parte actora para sustentar el cargo, limitada al enunciado teórico y a la escueta manifestación de hallarse prescrita la facultad sancionatoria respecto a las irregularidades de períodos anteriores “al primer semestre de 1997 y de días anteriores al 28 de diciembre de 1996”, sin concretar y especificar detalladamente los días y los extremos necesarios tendientes a la demostración de la prescripción, —en el caso reducida a 1996— para establecer la fecha de iniciación del término con la entrega efectiva de los documentos (momento en el que cesa la irregularidad), carga probatoria que desde luego radicaba en cabeza de la actora, dada la concreción de los actos acusados, que no permite su controversia en forma abstracta. No prospera el cargo.

De otra parte, la recurrente controvierte la liquidación practicada por el tribunal para 1996 e indica que aceptó tomar la base correcta, pero que no utilizó el factor de variación correcto, puesto que tomó el que arroja la fórmula que corresponde al año de 1997, de 0.024369, en lugar de utilizar el factor “que la fórmula arroje para cada año”.

Para desestimar lo pedido, la Sala tiene en cuenta que en la demanda no se presentó objeción alguna respecto al factor de graduación utilizado por la administración, únicamente se reclamó lo atinente a la base monetaria, a lo que accedió el tribunal en la forma que se indicó al resolver el recurso de la parte demandada.

Ahora, en esta instancia, se pide obtener y aplicar el factor de graduación, pero sin siquiera determinar y cuantificar los datos precisos que a su juicio deberían ser tenidos en cuenta para el período de 1996, limitándose al enunciado genérico: “(Nº documentos banco período, total documentos bancos y factor de graduación —500 o 1.000, según el caso—) que corresponda a cada año...”, lo que imposibilita a la Sala establecer cuál sería el factor de graduación aplicable al demandante para el año discutido.

Finalmente, acerca del punto relacionado con la forma de contabilizar la extemporaneidad en la entrega de la información, la Sala no ha variado su criterio, que corresponde al expuesto en diversas oportunidades (2) , en las que con apoyo en las normas que rigen la materia, artículo 676 del estatuto tributario en concordancia con la Resolución 770 de 1995, ha sido constante en precisar que los días extemporáneos se contabilizan a razón de un día por cada uno de los paquetes y cintas, contrario a como lo plantea el banco actor, de tomar la totalidad de la información en relación con todos los documentos y cintas correspondientes a un mismo día de recaudo.

(2) Cfr. Entre otras, sentencia 19 de junio de 1998, expediente 8832, ponente doctor Germán Ayala Mantilla. Sentencia del 15 de agosto de 1997, expediente 8371, ponente doctora Consuelo Sarria Olcos. Sentencia del 18 de mayo de 2001, expediente 11677, con ponencia de la señora consejera Ligia López Díaz.

Así las cosas, al no dar prosperidad a los recursos de apelación interpuestos por las partes, la Sala procederá a confirmar la sentencia apelada.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. RECONÓCESE personería al doctor Antonio Granados Cardona, para representar a la Nación, de conformidad con el poder obrante a folio 172 del expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

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