Sentencia 25000-23-27-000-2002-01224-01 (15334) de noviembre 14 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación 25000-23-27-000-2002-01224-01 (15334)

Consejera ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa

Bogotá, D. C., catorce de noviembre de dos mil seis

Actor: Banco Andino Colombia S.A. en Liquidación

Fallo

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del 11 de noviembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, mediante la cual anuló los actos administrativos que modificaron la declaración de retención en la fuente del período enero de 1999.

Antecedentes

El Banco Andino Colombia S.A. en Liquidación, presentó el 17 de febrero de 1999, declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de enero del mismo año y determinó un total de retenciones de $ 429.330.000.

La Superintendencia Bancaria de Colombia mediante la Resolución 750 de mayo 20 de 1999, dispuso la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la actora, con el objeto de proceder a su liquidación.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Se controvierte la legalidad de los actos administrativos en virtud de los cuales la administración de impuestos nacionales grandes contribuyentes de Bogotá, adicionó la retención en la fuente a cargo del Banco Andino Colombia S.A. en liquidación, determinada en la declaración presentada por el mes de enero de 1999, en cuanto a la decisión de no aceptar la reducción de la sanción por inexactitud a la cuarta parte.

Según los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, la Sala debe establecer si la situación de liquidación forzosa administrativa en que se encuentra la actora, en donde se reconoció mediante acto administrativo la reclamación de la administración sobre los créditos contingentes a su favor, implica el cumplimiento del requisito del pago de los mayores valores aceptados a que se refiere el artículo 709 del Estatuto Tributario, para que proceda la reducción de la sanción, o si por el contrario, ante la ausencia de una cancelación efectiva de ellos y dada la especialidad y prevalencia de las normas tributarias, no es posible acceder a reducir la sanción impuesta.

Como sobre el asunto en discusión y entre las mismas partes, solo que por un período diferente (feb./99), la corporación se pronunció en sentencia del 25 de septiembre de 2006, consejera ponente, doctora María Inés Ortiz Barbosa, la Sala retomará lo dicho en esa oportunidad, de acuerdo con lo elementos de hecho que enmarcan la presente litis.

Mediante la Resolución 750 de 20 de mayo de 1999, la Superintendencia Bancaria dispuso la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios del Banco Andino Colombia S.A., para su liquidación (fl. 62 e.).

El procedimiento de toma de posesión, así como el de liquidación forzosa de instituciones financieras, se rige por las disposiciones de carácter especial consagradas en el estatuto orgánico del sistema financiero, artículos 291 y siguientes, regulado a su vez por el Decreto Reglamentario 2418 de 1999. Según esta normatividad la toma de posesión para liquidar conlleva, entre otras consecuencias, la suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión y que todos los acreedores queden sujetos a las medidas que se adopten en desarrollo del proceso (EOSF, art. 116).

En relación con el reconocimiento y pago de los créditos a cargo de la masa de liquidación, el citado decreto reglamentario dispone que, corresponde al liquidador decidir sobre las reclamaciones formuladas por los acreedores, aceptando o rechazando los créditos, “señalando la naturaleza de los mismos, su cuantía y la prelación para el pago y los privilegios o preferencias que la ley establece, de conformidad con los numerales 1º y 6º del artículo 300 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero”. Y que una vez “constituida la provisión respectiva, en la medida en que las disponibilidades de la intervenida lo permitan, el liquidador fijará, cuantas veces sea necesario, períodos para realizar el pago parcial o total de los créditos a cargo de la masa de liquidación, con sujeción a la prelación de pagos establecida” (art. 5º).

La administración con oficio de 7 de julio de 1999 (fls. 78 a 81 e.), solicitó al liquidador se le reconociera como acreedora del Banco Andino, por los conceptos y cuantías señalados en liquidación anexa, así como los que surgieran con posterioridad, producto de la modificación de las liquidaciones privadas presentadas por la contribuyente, “en el caso de que se llegue a determinar un mayor valor por concepto de impuesto sobre la renta, timbre, ventas y retenciones en la fuente, así como anticipos, intereses, indexaciones o sanciones...”.

Adicionalmente, en el numeral cuarto del mismo oficio, hizo la siguiente solicitud: “En caso de que la sociedad hubiere corregido o corrija sus declaraciones privadas, deberán reconocerse dentro del proceso liquidatorio los mayores valores liquidados como consecuencia de la corrección”.

Mediante la Resolución 1 de septiembre 17 de 1999, expedida por el liquidador del banco, se aceptó la reclamación formulada por la administración, sin ninguna objeción, y según anexo 5 (fl. 88 a 95 e.), se reconoce en su favor por concepto de “créditos contingentes”, la suma de $ 835.782.000, en la categoría 1.

El banco actor en respuesta al requerimiento especial 310632000000428 de diciembre 19 de 2000, en el cual se propuso la modificación de la declaración de retención en la fuente de enero de 1999, en el sentido de incrementar el valor de las retenciones en $ 21.094.000 y aplicar sanción por inexactitud por $ 33.750.000, manifestó aceptar el mayor valor propuesto y acogerse a la reducción de la sanción por inexactitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 709 del Estatuto Tributario (fl. 31 e.).

Según el citado artículo 709, son dos los requisitos para que proceda la reducción de la sanción por inexactitud con ocasión de la respuesta al requerimiento especial, a saber: que el declarante corrija su liquidación privada “... incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida, y adjuntar a la respuesta al requerimiento, copia ... de la respectiva corrección y de la prueba el pago o acuerdo de pago, de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la inexactitud reducida”.

Con el fin de dar cumplimiento a la citada disposición, la actora anexó copia de la declaración de corrección presentada “sin pago” el 15 de febrero de 2001, en la cual incluyó el mayor valor de las retenciones y la sanción por inexactitud reducida ($ 8.438.000), que equivale a la cuarta parte de la sanción propuesta. En relación con el pago, expresó que dada la obligatoriedad de cumplir las etapas procedimentales del proceso liquidatorio, el pago (de las retenciones y la sanción reducida), se haría “luego de cancelar la totalidad de las sumas excluidas de la masa de la liquidación o constituir las reservas para el pago de las mismas, sujetándose a la subsistencia de recursos” pero que se haría una revocatoria parcial de la resolución 1, para incluir el valor adeudado, que sería notificada oportunamente”.

Consta en la certificación suscrita por el liquidador del banco, allegada con la demanda, que posteriormente se expidieron las resoluciones 191 y 197 de 20 de noviembre de 2000 y de 20 de abril de 2001, respectivamente, relacionadas con la reclamación de la administración, que fueron notificadas a la entidad fiscal y se encuentran en firme (fl. 96, c.p).

Lo anterior demuestra que hubo un reconocimiento expreso del crédito fiscal, producto del mayor valor de las retenciones aceptadas por la actora y de la sanción reducida, punto respecto del cual la demandada no adujo objeción alguna.

Así las cosas, no puede desconocerse que existe una causa legal derivada del proceso administrativo de liquidación forzosa, en virtud de la cual, la sociedad intervenida queda impedida para cumplir con el pago de las acreencias a su cargo, pues la satisfacción de estas solo es posible en la medida en que se agoten los trámites que la ley ordena para el efecto, los cuales no dependen de la voluntad del funcionario liquidador designado, quien está obligado a cumplir su gestión dentro de los límites legales, tal como se deduce de las disposiciones contenidas en los artículos 292 y 300 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Por ello, no es posible exigir el pago efectivo de los mayores valores aceptados por la actora, para negarle el derecho al beneficio de la reducción de la sanción por inexactitud, toda vez que existe un reconocimiento expreso del crédito fiscal en el proceso de liquidación forzosa, que comprende los valores que se originen en las correcciones efectuadas por la contribuyente, tal como consta en los antecedentes reseñados, que son precisamente los determinados en la declaración de corrección presentada el 15 de febrero de 2001.

En cuanto a la especialidad de la norma contenida en el artículo 709 del Estatuto Tributario, debe precisarse que es imposible desconocer las normas que regulan el proceso de liquidación forzosa administrativa, pues contrario a lo estimado por la demandada, no puede hacerse una interpretación exegética y aislada de la norma tributaria, sino en concordancia con aquellas.

Tampoco puede afirmarse que la interpretación armónica o método sistemático excluye la remisión a otros ordenamientos jurídicos, dado que la interpretación sistemática implica la aproximación a la fuente formal, en función de la institución jurídica de la cual forma parte la normatividad aplicable.

Se observa que en el proceso de liquidación forzosa administrativa, todos los acreedores participan en igualdad de condiciones de los beneficios y limitaciones previstos en la ley para el pago de sus acreencias (EOSF, art. 293) y que también tienen las entidades intervenidas el derecho de acceder al beneficio de la reducción de la sanción por inexactitud (E.T., art. 709), aun estando ante la imposibilidad legal de hacer efectivo el pago de los mayores valores aceptados y la sanción reducida, pues el bien jurídico que protege la normatividad aplicable es el derecho a la igualdad.

En cuanto a la disposición prevista en el artículo 236 de la Ley 222 de 1995, con fundamento en la cual afirma la demandada debe reconocerse la prevalencia de las normas tributarias, sobre las que rigen el proceso de liquidación forzosa administrativa, debe precisarse en primer término que ella hace parte del régimen legal aplicable al proceso liquidatorio dentro del concordato, para sociedades distintas a las vigiladas por la Superintendencia Bancaria.

De otra parte, se advierte que la remisión expresa que hace el artículo 236 de la citada ley al artículo 135 del mismo ordenamiento, no significa que se reconozca prevalencia a las normas tributarias respecto de las que rigen los procesos liquidatorio y concordatario de tales sociedades, sino que se confirma el derecho a la igualdad de los acreedores.

El artículo 236 reza: “Salvo lo previsto en el artículo 135, lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de las normas tributarias...”. A su vez dispone el artículo 135: “Todos los créditos estatales, estarán sujetos a las reglas señaladas en el acuerdo para los demás créditos y no se aplicarán respecto de los mismos las disposiciones especiales existentes”.

En conclusión, no existen razones para modificar la decisión del a quo, por lo que habrá de confirmarse la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada

Se reconoce al doctor Jaime Humberto Bernal Torres como apoderado de la demanda, en los términos del poder que obra en el informativo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

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