Sentencia 16415 de julio 5 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: expediente 25000-23-27-000-2006-01304-01-16415

Consejero ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Polimetal S.A. en Liquidación C/ U.A.E. DIAN

Apelación interlocutorios

Auto

Bogotá, D.C., cinco de julio de dos mil siete.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la sociedad Polimetal S.A. en Liquidación contra el auto de 22 de noviembre de 2006 proferido por la subsección “A” Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual negó el beneficio de amparo de pobreza por ella solicitada y modificó la caución fijándola en el 1% de la suma discutida, sin incluir el valor de las sanciones.

EXTRACTOS: «Para resolver se considera:

En orden a resolver el recurso interpuesto, la Sala estima conveniente manifestar que a través del instituto procesal del amparo de pobreza, la persona en situación económica ciertamente precaria, puede solicitar al juez de conocimiento que le conceda el beneficio y por ende ser exonerada o relevada de gastos judiciales tales como prestar cauciones procesales, pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia, entre otros. La finalidad de este beneficio es la de garantizar y hacer efectiva la igualdad de las partes ante la ley, porque el Estado, al asumir el riesgo del proceso, confiere la oportunidad y el derecho de acudir a la administración de justicia a quien carece de recursos económicos.

Este beneficio se encuentra regulado por el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, que dispone:

“Procedencia. Se concederá el amparo de pobreza a quien no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso adquirido a título oneroso”.

De la lectura de la norma transcrita, que es aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, se infiere que el amparo de pobreza es un beneficio previsto expresamente a favor de las personas naturales, con la finalidad de que por la carencia de recursos económicos no se imposibilite el acceso a la justicia, posición que ha sido reiterada por la Sala en diferentes oportunidades (1) .

Pero, debe advertirse que la Sala, ha aceptado la posibilidad de que las personas jurídicas, en cada caso concreto, también accedan al beneficio en mención; ello teniendo en cuenta que los derechos a la igualdad y al acceso a la administración de justicia también les son predicables (2) .

Las personas jurídicas al igual que las naturales, se pueden encontrar en situaciones económicas que les impidan atender los gastos del proceso, obstaculizando su acceso a la justicia para la defensa de sus intereses e inclusive contribuyendo a su total resquebrajamiento económico, afectando de paso, a las personas naturales que la conforman.

Estima la Sala, como lo ha sostenido en anterior oportunidad (3) , que no es posible afirmar de manera categórica, que las personas jurídicas se encuentran excluidas del beneficio previsto en el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, pues debe dársele un alcance amplio a la norma, adecuándola a las condiciones propias de dichas personas jurídicas; pero en todo caso, la posibilidad de que ellas accedan al amparo de pobreza es excepcional, debiéndose valorar en cada situación particular su verdadera situación financiera conforme a los medios probatorios allegados para tal fin.

Ahora bien, el apoderado de la sociedad actora fundamenta el recurso de apelación interpuesto, en el hecho de que la póliza o caución exigida por el tribunal, es considerada por las aseguradoras como de alto riesgo, por lo que para su expedición exigen la constitución de un CDT por el valor asegurado, valor que está en incapacidad de pagar en atención a su precaria situación económica. Alega además, que se encuentra en estado de disolución, razón por la cual su liquidador está obligado a realizar todos los actos tendientes a su liquidación final y por mandato del artículo 222 del Código de Comercio no puede realizar inversiones tales como constituir un CDT.

Pues bien, encuentra la Sala, luego de revisado el expediente, que en el caso particular de la sociedad demandante, no obstante los razonamientos expuestos en relación con su situación económica, no se aportaron pruebas de su situación financiera, tales como declaraciones de renta y estados financieros actualizados, que permitan concluir con certeza que se encuentra en incapacidad de garantizar mediante caución judicial, los resultados del proceso en el evento de que fuera desfavorable la sentencia.

Con lo anterior, la Sala estima que es acertada la decisión del tribunal, máxime si se tiene en cuenta que en atención a lo dispuesto en el artículo 229 de la Constitución Política y en aras de garantizar a la demandante el derecho al acceso a la administración de justicia, redujo al 1% la caución inicialmente fijada en el 10% de la suma discutida sin incluir el valor de las sanciones, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo; norma que dicho sea de paso, fue establecida por el legislador, con el fin de evitar el abuso del derecho de acción para evadir el cumplimiento de una obligación tributaria y para que en parte se satisfagan los créditos liquidados a favor del tesoro público, si la decisión resulta adversa al demandante.

Así las cosas, la Sala confirmará la decisión del tribunal en cuanto negó el amparo de pobreza solicitado por la sociedad demandante y fijó la caución en el 1% de la suma discutida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto apelado. En consecuencia la sociedad demandante deberá prestar la caución dispuesta por el tribunal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(1) Providencias de 21 de mayo de 1993. Expediente 4717. Consejera Ponente Consuelo Sarria Olcos y de 2 de febrero de 2001. Expediente 12701. Consejero Ponente Juan Ángel Palacio Hincapié, entre otras.

(2) Auto de 12 de abril de 2007. Expediente 16377. Consejera Ponente María Inés Ortiz Barbosa.

(3) Auto de 3 de mayo de 2007. Expediente 16313. Consejera Ponente Dra. Ligia López Díaz.

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