Sentencia 2500012315000200402430 01 de mayo 18 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 2500012315000200402430 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Fredy Alexander Niño Montenegro

Bogotá, D.C., dieciocho de mayo de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Se decide el recurso de apelación que el demandante interpuso contra la sentencia de 2 de febrero de 2005, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual niega su solicitud de pérdida de investidura de un concejal del municipio de La Mesa, Cundinamarca.

I. Antecedentes

1. La solicitud.

El 8 de noviembre de 2004 el ciudadano Fredy Alexander Niño Montenegro, en ejercicio de la acción instituida en los artículos 45, 55 y 70 de la Ley 136 de 1994, y 48 de la Ley 617 de 2000, presentó solicitud para que se decretara la pérdida de investidura de concejal del municipio de La Mesa, Cundinamarca, ostentada por el ciudadano Jaime Ernesto Cruz Ruiz para el período 2004-2007, por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

2. Los hechos en que se funda.

El solicitante refiere que el inculpado fue elegido presidente de la Asociación de Usuarios de Acueducto Rural La Pesquera, inspección La Esperanza, municipio de La Mesa, departamento de Cundinamarca, “Aquapesquera”, desde su fundación el 3 de marzo de 2001, y de la Asociación de Usuarios de Acueducto Urbano y Rural La Pesquera, inspección La Esperanza, municipio de La Mesa, departamento de Cundinamarca, “Aquaesperanza”, también desde su fundación el 4 de marzo del citado año.

Que teniendo esa condición se inscribió como candidato al concejo municipal de La Mesa para las elecciones que se realizaron el 26 de octubre de 2003, fecha en la que resultó elegido como tal para el período 2004-2007, por el movimiento “Somos Colombia”, tomó posesión como tal el 2 de enero de 2004, día en el que también fue elegido presidente de la citada corporación administrativa, y desde entonces desempeña simultáneamente su cargo de concejal y presidente de las dos asociaciones mencionadas, de allí que sea evidente su incompatibilidad.

3. La causal invocada.

Por lo anterior señala como causales de pérdida de la investidura solicitada la de violación de los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades, previstos en los artículos 40 y 41 respectivamente de la Ley 617 de 2000, en cuanto hace a los numerales 3º y 5º de dichos artículos, en concordancia con el artículo 55, numerales 2º y 4º de la Ley 136 de 1994.

4. Contestación de la demanda.

El acusado contestó la demanda manifestando que se opone a las pretensiones de la misma por carecer de soporte jurídico; porque las asociaciones en mención son sin ánimo de lucro, y no es cierto que se encontrara inhabilitado cuando fue elegido concejal, ya que además de que la violación del régimen de inhabilidades fue derogado por la Ley 617 de 2000 según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 no prevé la inhabilidad aducida en la demanda, el artículo 45 ibídem no establece la incompatibilidad a que se contrae la demanda, ni existen las empresas de servicios públicos de acueducto en la vereda La Esperanza de que habla la demanda y las asociaciones referidas no son otra cosa que eso, unas simples asociaciones de habitantes de la citada vereda.

(...).

Consideraciones

1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer de la apelación de las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, de una parte, en virtud del artículo 48 parágrafo 2º de la Ley 617 de 2000, que establece la segunda instancia para tales procesos y, de otra parte, atendiendo la decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de enero 25 de 1995, según la cual las impugnaciones contra las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los tribunales administrativos, son de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado.

2. Procedibilidad de la acción.

Se encuentra acreditado que el ciudadano Jaime Ernesto Cruz Ruiz ostenta la condición de concejal del municipio de La Mesa, Cundinamarca, para el período 2004-2007, según copia autenticada de la credencial que lo declara elegido como tal aportada al proceso (fl. 95) y certificación dada por la secretaría de esa corporación administrativa (fl. 16).

Ello significa que el acusado es sujeto pasivo de la presente acción de pérdida de la investidura que en su contra ha sido incoada, atendiendo el artículo 45 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

3. Examen del recurso.

3.1. Las causales de pérdida de investidura invocadas.

La demanda se basa en los artículos 43, numeral 3º parte final, de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40, numeral 3º, de la Ley 617 de 2000, norma esta que establece una inhabilidad; y 45, numeral 5º, de la Ley 136 de 1994 según adición que le hace el artículo 41 de la Ley 617 de 2000, disposición que contiene una incompatibilidad; es decir, que al acusado se le endilgan dos causales de pérdida de la investidura, una por violación del régimen de inhabilidades y otra consistente en violación del régimen de incompatibilidades, las cuales el a quo ha estimado no probadas por falta de adecuación normativa o tipicidad de la conducta del demandado frente a las citadas disposiciones, apreciación que respalda el Ministerio Público en esta instancia y controvierte el actor según atrás se reseña.

3.2. Los elementos que estructuran la primera.

A fin de establecer la conducencia de las razones de inconformidad del impugnante, se ha de empezar por precisar los elementos que estructuran la primera de las citadas causales de pérdida de la investidura, así:

Los preceptos de la Ley 617 de 2000 que prevén la inhabilidad esgrimida en la presente acción es del siguiente tenor:

“ART. 40.—De las inhabilidades de los concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

“ART. 43.—Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

(...).

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito”.

3.2.1. En cuanto a esa primera causal: violar la inhabilidad por haber sido dentro del año anterior a la inscripción representante legal de entidades que presten servicios públicos domiciliarios en el respectivo municipio o distrito, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación dejó precisado que el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no derogó la causal de pérdida de investidura relativa a la violación del régimen de inhabilidades, razón por la cual esta conserva su vigencia y por tanto era aplicable al caso sometido a su consideración (1) , luego vale decir que la cuestión planteada por el demandado sobre el punto de la vigencia de dicha causal, está resuelto en el sentido anotado por esa posición jurisprudencial, y por ello es aplicable al caso que aquí se examina.

De las inhabilidades transcritas se tiene, entonces, que la que se le enrostra al inculpado es la de haber sido dentro del año anterior a la inscripción representante legal de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios en el respectivo municipio o distrito, por su calidad de presidente que era de las dos asociaciones mencionadas.

De esa descripción se pueden extractar como sus elementos constitutivos los siguientes:

i) Que la persona de que se trate sea representante legal de una entidad, ii) que esa entidad sea de las que por su carácter, es decir, por su definición legal sea de las que presten servicios públicos domiciliarios, iii) que dichos servicios se presten en el municipio o distrito donde dicha persona tenga interés en inscribirse como candidato para el concejo; y iv), que se halle como representante legal de la misma dentro del año inmediatamente anterior a la elección del correspondiente concejo municipal.

En relación con esta causal, la controversia propuesta en el recurso viene planteada en torno del alcance o la connotación de la palabra “entidad”, de la cual el impugnante reclama que se atienda su tenor o sentido natural y que este es aplicable a las asociaciones motivo de sus pretensiones por considerar que son entidades y que como tales prestan el servicio público domiciliario de acueducto en la zona anotada, por ende son entidades que prestan servicio público.

Al respecto la Sala halla que la discusión de si tales asociaciones son entidades o no es superflua por cuanto vista en sentido lato en realidad son entidades en tanto persona jurídica de derecho privado, de modo que el problema no radica allí sino en establecer si la norma utiliza en el mismo sentido genérico del lenguaje natural la expresión entidades que presten servicios públicos domiciliarios, o si se aplica con un carácter técnico jurídico específico, lo cual implica establecer en primer lugar el alcance de esa expresión completa, de suerte que el debate tiene como punto de partida aclarar o precisar a cuáles entidades se refiere la norma.

En ese orden, cabe advertir que uno es el lenguaje natural y otro es el lenguaje técnico o específico de los diferentes campos de la ciencia y de la técnica, no obstante que estos se sirven del lenguaje natural, y en virtud de ello muchas de sus expresiones o elementos pueden ser utilizadas con su sentido propio de dicho lenguaje, o adquirir connotaciones o alcances conceptuales mucho más delimitados y determinados por el contexto de la respectiva disciplina, y aun en una misma disciplina puede tener variaciones en su contenido o significado.

Es el caso justamente de la expresión entidades que presten servicios públicos domiciliarios, pues vista en el contexto del simple lenguaje natural cabe entenderla referida de manera genérica a todo ente jurídico que presta los mencionados servicios, independientemente de su origen y del derecho que la rige.

Pero la misma y en lo que aquí interesa se debe considerar ya no en el contexto del lenguaje natural, sino del derecho administrativo toda vez que su relevancia para el presente caso emerge de ser parte de una disposición o de una norma de ese derecho.

En ese contexto, la Sala observa que su sentido no coincide con el lenguaje lato o natural enteramente, sino que tiene un sentido técnico jurídico específico y como tal con una específica delimitación conceptual, como quiera que no se está refiriendo a todo ente que en cualquier circunstancia desarrolle la actividad en comento, sino a unas determinadas entidades cuya cualificación o especificidad o naturaleza jurídica está dada justamente por tener asignado legalmente como objeto esa actividad. Dicho de otra forma, son definidas jurídicamente o por disposición legal y que un componente sustancial y determinante de esa definición es el de que su objeto consiste en la prestación de esos servicios, de modo que este no resulta de o está dado por la voluntad de quienes constituyen una de tales entidades en particular, sino por la ley que las prevé y define.

Síguese de ello que a efectos del artículo 40, numeral 3º, de la Ley 617 de 2000, en lo que a la inhabilidad bajo examen concierne, las entidades a que se refiere son tanto las entidades de cualquier orden territorial cuyo objeto es o era la prestación de servicios públicos domiciliarios, dentro de las que se hallaban tanto las empresas públicas municipales como las empresas de otros órdenes territoriales prestadoras de algunos de esos servicios (telefonía, energía eléctrica, entre otras), sea que tuvieran el carácter de empresa industrial y comercial del Estado o de establecimiento público, bajo el régimen de los decretos 1050 y 3130 de 1968, al igual que las empresas de servicios públicos —“ESP”— que con el carácter de sociedades por acciones introdujo la Ley 142 de 1994.

En ese sentido la expresión entidades que presten servicios públicos domiciliarios es específica frente a su acepción genérica en el lenguaje natural de la palabra entidades (entendidas como personas jurídicas) e incluso frente a quienes pueden prestar servicios públicos, los cuales están señalados en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 con la denominación de “Personas que prestan servicios públicos”; pero a la vez es genérica en relación con las personas jurídicas a quienes por definición legal les está dado ese objeto, como es el caso de las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial que antes de esa ley venían prestando algunos de esos servicios como su principal objeto, y de las empresas de servicios públicos previstas en la citada ley, a las cuales justamente debían convertirse aquellas entidades descentralizadas después de la vigencia de la misma y por mandato de ella.

De modo que cuando el artículo 40, numeral 3º, de la Ley 617 de 2000 alude a entidades que presten servicios públicos domiciliarios, se está refiriendo a las entidades que tenían como objeto legal dicha prestación, sea cual fuere su denominación (empresa, instituto o establecimiento público), al igual que a las empresas de servicios públicos delimitadas en la Ley 142 de 1994.

Las anteriores precisiones tienen respaldo en las disposiciones pertinentes de la Ley 142 de 1994, en especial en sus artículos 15, 16 y 17, parágrafo, para cuya ilustración conviene traer sus textos respectivos, así:

“ART. 15.—Personas que prestan servicios públicos. Pueden prestar los servicios públicos:

15.1. Las empresas de servicios públicos.

15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos.

15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta ley.

15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas.

15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de transición previstos en esta ley.

15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse esta ley estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del artículo 17”.

ART. 16.—Aplicación de la ley a los productores de servicios marginales, independiente o para uso particular. Los productores de servicios marginales o para uso particular se someterán a los artículos 25 y 26 de esta ley. Y estarán sujetos también a las demás normas pertinentes de esta ley, todos los actos o contratos que celebren para suministrar los bienes o servicios cuya prestación sea parte del objeto de las empresas de servicios públicos, a otras personas en forma masiva, o a cambio de cualquier clase de remuneración, o gratuitamente a quienes tengan vinculación económica con ellas según la ley, o en cualquier manera que pueda reducir las condiciones de competencia. Las personas jurídicas a las que se refiere este artículo, no estarán obligadas a organizarse como empresas de servicios públicos, salvo por orden de una comisión de regulación. En todo caso se sobreentiende que los productores de servicios marginales, (independiente) o para uso particular de energía eléctrica están sujetos a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993”.

“ART. 17.—Naturaleza. Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta ley.

PAR. 1º—Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional, cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones, deberán adoptar la forma de empresa industrial y comercial del Estado”.

Mientras la ley a la que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política no disponga otra cosa, sus presupuestos serán aprobados por las correspondientes juntas directivas. En todo caso, el régimen aplicable a las entidades descentralizadas de cualquier nivel territorial que presten servicios públicos, en todo lo que no disponga directamente la Constitución, será el previsto en esta ley. La Superintendencia de Servicios Públicos podrá exigir modificaciones en los estatutos de las entidades descentralizadas que presten servicios públicos y no hayan sido aprobados por el Congreso, si no se ajustan a lo dispuesto en esta ley”.

De suerte que dentro de lo que la ley relaciona como personas que prestan servicios públicos cabe distinguir las que son entidades prestadoras de esos servicios (entidades descentralizadas y empresas de servicios públicos) y las que no son entidades prestadoras de tales servicios, como serían las de los numerales 15.2, 15.3 y del artículo 16, esto es, las “personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos”; los “municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta ley”, y los productores de servicios marginales, que son aquellos que los producen para sí por falta de suministro regular del servicio y mientras este no sea prestado por una empresa, entidad u organización autorizada, y no lo ofrezcan de forma masiva a terceros.

Valga explicar en el caso de los municipios que si bien son entidades territoriales, no cabe calificarlos como entidades que prestan servicios públicos, por cuanto si bien es responsabilidad suya de que esos servicios se presten adecuadamente, no es ese el objeto específico de los mismos, ni su carácter jurídico está determinado por ese objeto, sino que la prestación directa que hacen de ellos es excepcional o eventual, según se observa en la norma, pues la forma normal como deben asegurar dicha prestación es a través de empresas de servicios públicos, sean oficial, mixtas o privadas.

En el caso del numeral 15.4, “Las organizaciones autorizadas” conforme a esa ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas, se debe destacar que son diferentes a los productores marginales, ya que ellas están sujetas a la Ley 142 de 1994, y los productores marginales no, excepto a sus artículos 25 y 26, salvo que ofrezcan el servicio de forma masiva a terceros, caso en el cual quedan sujetos a dicha ley.

Un productor marginal puede tener la forma de una agrupación de habitantes de una zona rural que por no disponer del servicio público institucional, se conforma circunstancialmente para proveerse así misma el servicio, situación que por lo demás se asemeja a la de las personas jurídicas o naturales que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos, prevista en el numeral 15.2; es decir, situaciones en las cuales el servicio se genera para autoconsumo, y que para ello no se configura una estructura organizacional ni un sistema o régimen de tarifa propiamente dichos.

En ese sentido, se ha de resaltar que no es procedente considerar como entidad que presta servicio público a todas las personas relacionadas en los artículos 15 y 16 en comento, puesto que si así se considerara tendría que incluirse en la inhabilidad a los representantes legales de las personas jurídicas o de las comunidades que de manera informal producen para ellas cualquiera de esos servicios; y que en el caso de los municipios, la inhabilidad no surge por ser representante de entidad que presta servicios públicos, sino por la condición de ser alcalde del respectivo municipio, o funcionario o empleado del municipio en lo que a las personas encargadas del funcionamiento del servicio se refiere.

En lo que atañe al punto, se ha de concluir, entonces, que no son entidades que prestan servicios públicos, en el sentido técnico jurídico con que ese concepto se utiliza en el artículo 40, numeral 3º, de la Ley 617 de 2000, las personas naturales o jurídicas que los generan para sí mismas, los municipios cuando las circunstancias hacen que deban prestarlos directamente, ni los productores marginales para autoabastecerse del servicio que generan y, por ende, para su exclusivo autoconsumo.

Y sí lo son, las empresas de servicios públicos, las entidades descentralizadas que venían prestando ese servicio bajo el régimen anterior a la Ley 142 de 2000, y las organizaciones autorizadas conforme a dicha ley para prestarlos en municipios menores, en zonas rurales y áreas o zonas urbanas específicas. Eventualmente lo serán las personas naturales o jurídicas que generan un servicio público para sí misma, así como un productor de servicios marginales, cuando celebren contratos o realicen actos para suministrar los bienes o servicios cuya prestación sea parte del objeto de las empresas de servicios públicos, a otras personas en forma masiva, o a cambio de cualquier clase de remuneración, o gratuitamente a quienes tengan vinculación económica con ellas según la ley, o en cualquier manera que pueda reducir las condiciones de competencia, pues de la normativa comentada se deduce que material o sustancialmente se tornan en empresa y como tal en entidad que presta servicios públicos bajo el régimen de la Ley 142 de 1994 y, por ende, la persona natural o el representante legal de la persona jurídica respectiva quedarían incurso en la inhabilidad bajo examen.

De lo dicho se puede colegir que otro elemento o criterio que complementariamente a lo antes expuesto determina que una persona distinta de los municipios se deba considerar como entidad que presta servicios públicos es que lo haga para consumo masivo de terceros, tal como lo hace una empresa de servicios públicos, y ello es lo que viene a explicar la inhabilidad, ya que de allí puede generarse un poder institucional y amplio sobre los miembros de la comunidad que le permita a quien aparece al frente del servicio situarse en una situación de ventaja objetiva, es decir, no por su ascendencia personal y social sobre la comunidad, sino por el control exógeno a la comunidad, es decir, ajeno a ella, de un instrumento de alta incidencia en la comunidad. Esa ventaja institucional u objetiva es la que se busca evitar en la confrontación política bajo las reglas y postulados de la democracia, y no la ventaja que surge de las condiciones personales y sociopolíticas de las personas, como son las propias del liderazgo social, ya por razones ideológicas, políticas, religiosas o gremiales, por el grado de servicio a la comunidad, etc., pues esa ventaja la otorga la misma comunidad según el grado de reconocimiento y aceptación que por dichas razones tenga la persona entre sus miembros, en la cual, justamente es que se suelen hacer fincar legítimamente las posibilidades de acceder al apoyo de los electores.

3.3. El caso concreto respecto de la causal precisada.

3.3.1. Consta en el plenario lo siguiente:

a) Por Acta 19 de 3 de marzo de 2001 fue constituida la “Asociación de Usuarios de Acueducto Rural La Pesquera, inspección La Esperanza, municipio La Mesa, departamento de Cundinamarca (Acuapesquera)” (fls. 6 ss.).

No obstante, desde el 12 de octubre de 1999 venía registrada ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como “ente prestador del servicio público domiciliario de acueducto” (fl. 10).

El objetivo de dicha asociación es el de dotar de agua potable a cada una de las viviendas que cubra el sistema de acueducto y desarrollar una serie de actividades relacionadas con el apoyo a ese objetivo, tales como procurar la conservación de la cuenca que sirve de fuente al acueducto, el buen uso de las aguas, organizar y comprometer a los usuarios en tales actividades y en el mejoramiento del acueducto y de su administración, entre otras afines a esos propósitos.

Esa asociación obtuvo personería jurídica el 3 de marzo de 2001 y fue inscrita en la cámara de comercio el 31 de agosto de ese año como entidad sin ánimo de lucro.

b) Por Acta 52 de 4 de marzo de 2001 fue constituida la “Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado Urbano y Rural de la inspección La Esperanza, municipio de La Mesa, departamento de Cundinamarca (Acuaesperanza)” (fls. 11 ss.).

Sin embargo, desde el 12 de octubre de 1999 venía registrada ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como “ente prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado” (fl. 15).

El objetivo de dicha asociación es el de dotar de agua potable a cada una de las viviendas que cubra el sistema de acueducto y desarrollar una serie de actividades relacionadas con el apoyo a ese objetivo, tales como procurar la conservación de la cuenca que sirve de fuente al acueducto, el buen uso de las aguas, organizar y comprometer a los usuarios en tales actividades y en el mejoramiento del acueducto y de su administración, entre otras afines a esos propósitos.

Dicha asociación obtuvo personería jurídica el 3 de marzo de 2001 y fue inscrita en la cámara de comercio el 31 de agosto de ese año como entidad sin ánimo de lucro.

c) Ambas asociaciones aparecen inscritas como prestadoras de los servicios indicados, en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (fls. 161 y 162).

d) Que el señor Jaime Ernesto Cruz Ruiz, identificado con la cédula de ciudadanía 298116 fue elegido presidente de ambas asociaciones en sendas asambleas de las mismas, así:

— De Acuapesquera el 3 de marzo de 2001, según acta de la respectiva asamblea, visible en fotocopia simple a folios 77 a 79 del expediente; y

— De Acuaesperanza el día 4 siguiente de ese mismo mes y año, cuya acta obra a folios 81 a 86.

El presidente tiene el carácter de representante legal de las mismas, y como funciones las de A) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la junta directiva, B) Controlar el manejo del dinero y bienes de la asociación, ordenar el pago que demande la administración y operación del acuerdo con el presupuesto; C) Representar a la asociación ante entidades públicas o privadas; D) Estudiar los reclamos de los usuarios, resolver los que sean de su competencia y hacer las decisiones adoptadas por la junta directiva y la asamblea general; E) Firmar las actas; F) Ordenar por escrito al fontanero las nuevas instalaciones, las reparaciones, el corte y las reconexiones del servicio, previo el cumplimiento de los requisitos, entre otras funciones.

e) En virtud de tales elecciones, el referido ciudadano fue inscrito con los demás miembros de la correspondiente junta directiva en la cámara de comercio, según consta en los respectivos certificados de constitución y gerencia de cada una de esas asociaciones, los cuales militan en el expediente.

Atendiendo la fecha de los citados certificados, a 3 de junio de 2004 el mencionado señor Jaime Ernesto Cruz Ruiz mantenía esa condición de presidente y representante legal de ambas asociaciones.

f) El ciudadano Jaime Ernesto Cruz Ruiz, identificado con la cédula de ciudadanía 298116 se inscribió el 5 de agosto de 2003 para las elecciones que se celebraron el 26 de octubre de año (sic), como concejal del municipio La Mesa, Cundinamarca, por el período 2004 a 2007, y resultó elegido como tal en esas elecciones, en virtud de lo cual le fue expedida la credencial debida, cuya copia obra a folio 95 del expediente, y se posesionó de esa investidura el 2 de enero de 2004, según consta en el acta de la sesión de esa fecha (ver fls. 129 y ss.).

g) Lo anterior significa que se inscribió, fue elegido, se posesionó y ejerció la investidura de concejal del municipio de La Mesa, Cundinamarca, siendo presidente y, por ende, representante legal de ambas asociaciones.

3.3.2. Confrontando esa situación fáctica con la normativa antes reseñada y precisada en sus alcances por la Sala, cabe hacer las inferencias que a continuación se exponen:

En cuanto a la causal de pérdida de la investidura por violación del régimen de inhabilidades por haber incurrido en la inhabilidad señalada en el artículo 40, numeral 3º, de la Ley 617 de 2000, esto es, haber sido dentro del año anterior a la inscripción representante legal de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios en el respectivo municipio o distrito, se observa que se configura por cuanto se dan todos los elementos atrás reseñados de dicha causal, pues atendiendo la configuración jurídica que tienen ambas asociaciones en comento, es evidente que constituyen entidades que prestan servicios públicos domicilios(sic) en la forma de “organizaciones autorizadas para prestar los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico”, una de ellas de solo acueducto en zona rural y la otra (Acuaesperanza), de acueducto y alcantarillado tanto en zona urbana como zona rural según su denominación, pues además de hacerlo de forma masiva y general, se ajusta a las formalidades señaladas por la ley y el reglamento, en especial los artículos 1º y 3º del Decreto 421 de 2000 que reglamenta la norma pertinente, esto es, el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, en relación con las referidas organizaciones, que a la letra dicen:

“ART. 1º—Ámbito de aplicación. Para los efectos de lo establecido en la Ley 142 de 1994, en cuanto a los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, podrán prestar dichos servicios en municipio menores, zonas rurales y áreas urbanas específicas, las comunidades organizadas constituidas como personas jurídicas sin ánimo de lucro”.

“ART. 3º—Las personas jurídicas descritas en el artículo 1º de este decreto deberán, según lo dispuesto por los artículos 40 del Decreto 2150 de 1995, 7º del Decreto 427 de 1996 y 3.9 de la Ley 142 de 1994, registrarse en la cámara de comercio con jurisdicción en su respectivo domicilio, inscribirse ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y obtener las respectivas concesiones, permisos y licencias a que se refieren los artículos 25 y 26 de la Ley 142 de 1994”.

No obstante que las asociaciones aludidas están conformadas por usuarios del mismo servicio, lo cual podría permitir verlas como productores de servicios marginales o para uso particular previstos en el artículo 16 de la Ley 142 de 1994, en la medida en que los mismos usuarios estarían generando los bienes necesarios para los servicios anotados, lo que se advierte es que encuadran más en organizaciones que por definición legal y reglamentaria tienen como objeto prestar de manera masiva, para el municipio o para la zona urbana o rural de que habla la norma, y por ende de modo general los susodichos servicios; es decir, que constituyen entidades que prestan servicios públicos en el sentido técnico jurídico atrás delimitado, como quiera que se configuran conforme la ley y para el objetivo o los cometidos que en su regulación les establece esta. La voluntad de quienes las crearon se manifestó ante todo en la decisión de crearlas o no, pero el objeto y sus características les viene dados por la ley.

Si bien las personas que se ponen al frente de ese tipo de organizaciones desarrollan un trabajo comunitario y por ende de servicio a la comunidad, y que su papel o posición en las mismas depende de la voluntad de los miembros de la misma comunidad que las integra, y que ello antes que un obstáculo debería ser un título justo para merecer el apoyo de aquellos para procurar el acceso a cargos de representación popular dentro del proceso democrático en la conformación de los órganos del poder político y el ejercicio del derecho fundamental a participar en ello, se tiene que las condiciones en que desarrollan su actividad de liderazgo se confunden con las señaladas en la ley como constitutivas de la inhabilidad bajo examen, de allí que en lo concerniente al concejo del respectivo municipio al demandado le estaba vedado inscribirse como candidato en los comicios municipales realizados el 26 de octubre de 2003, por su condición de representante legal de las entidades prestadoras de los servicios públicos a que se viene haciendo alusión dentro del año anterior a esa inscripción.

Así las cosas, es claro que hubo violación del régimen de inhabilidades por haberse inscrito como candidato a la elección del concejo municipal de La Mesa, Cundinamarca, en las circunstancias descritas, y consiguientemente incurrió en la causal de pérdida de la investidura en cuestión; lo cual es suficiente para deba(sic) revocarse la sentencia apelada sin necesidad de otras consideraciones, para, en su lugar, decretar la pérdida de la investidura de concejal del encausado, como concejal del municipio de La Mesa, Cundinamarca, elegido como tal para el período 2004-2007, como en efecto se decretará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada, de 28 de febrero de 2005, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual niega las pretensiones de la demanda presentada en acción de pérdida de la investidura y, en su lugar, DECRÉTASE la pérdida de la investidura de concejal del municipio La Mesa que ostenta el ciudadano Jaime Ernesto Cruz Ruiz.

2. COMUNÍQUESE esta providencia al presidente del concejo municipal de La Mesa, Cundinamarca, para lo de su competencia.

En firme esta decisión, regrese el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 18 de mayo de 2006».

(1) Sentencia de Sala Plena de 10 de septiembre de 2002, Expediente IJ-0566, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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