Sentencia 25000232500020040101601 de agosto 5 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 25000232500020040101601

Consejero Ponente:

Dra. María Nohemí Hernández Pinzón

Actor: Madeleine Faour Faour

Demandado: Empresa de Teléfonos de Bogotá

Acción de Cumplimiento – Auto

Bogotá D.C., cinco de agosto de dos mil cinco.

Resuelve la Sala la apelación interpuesta por la Empresa de Teléfonos de Bogotá contra el auto del 27 de agosto de 2004, por medio del cual la Sección Segunda, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le impuso una sanción por desacato por la suma equivalente a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

I. Antecedentes

1. La demanda.

La señora Madeleine Faour Faour solicitó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el cumplimiento por parte de la Empresa de Teléfonos de Bogotá – ETB, de la Resolución 8723 del 19 de mayo de 2003, a través de la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó a la mencionada empresa reconocer los efectos del silencio administrativo positivo respecto de la petición del 24 de mayo de 2002 (fls. 1 a 2A cdno. 1).

2. La decisión del asunto.

La Sección Segunda, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de sentencia proferida el 17 de junio de 2004 (fls. 93 a 103 cdno. 1), accedió a las pretensiones de la demanda, precisando que los efectos del silencio administrativo positivo en relación con la petición del 24 de mayo de 2002 deberían ser reconocidos, no en la forma estricta como lo solicitó la actora, sino de acuerdo con lo dispuesto en la ley; es decir, que aún cuando la señora Faour Faour buscaba no ser tenida como solidaria respecto del consumo de las líneas telefónicas cuyos usuarios eran sus arrendatarios, aquella debía responder hasta los dos meses del incumplimiento, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 689 de 2001, que modificó el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

3. El incidente de desacato.

3.1. Por medio de escrito presentado el 23 de julio de 2004 (fls. 1 a 2 cdno. 2), la actora aseguró que la ETB, particularmente la doctora María Pía Castro Carrillo, no había cumplido la decisión contenida en la sentencia del 17 de junio de 2004, en tanto no hizo los abonos conforme lo anunciado en el oficio 29942 del 10 de marzo de 2004.

3.2. El tribunal entendió el escrito de la actora como un incidente de desacato; por ello, mediante auto del 29 de julio de 2004 (fl. 43 cdno. 2) corrió traslado a la ETB por 3 días.

3.3. La coordinadora de acciones de tutela y de cumplimiento intervino en representación de la empresa (fls. 45 a 51 cdno. 2), quien afirmó haber acatado la orden impartida en el fallo del 17 de junio de 2004. Explicó que el cumplimiento de tal decisión implicaba realizar los abonos únicamente sobre las líneas telefónicas que figuraban a nombre de la señora Faour Faour y que fueron suspendidas o retiradas por falta de pago.

Las actuaciones adelantadas por la ETB para cumplir la orden judicial, fueron detalladas, así:

“1. Encontrándonos dentro del término para dar cumplimiento al fallo, el día 12 de julio de 2004 mediante escrito 81123 solicitamos a la señora Faour acreditar su condición de arrendadora de los inmuebles que citó en su carta del 24 de mayo de 2002, sobre la que fueron reconocidos los efectos del SAP. Este requerimiento obedeció al hecho de que en dicha petición la accionante firmó como gerente del edificio Fabe, en ningún momento acreditó su condición de suscriptora, propietaria o usuaria del servicio telefónico instalado en las direcciones por ella relacionadas en petición del 24 de mayo de 2002, razón por la que para ETB era indispensable establecer la condición de suscriptora, propietaria y/o usuaria del servicio, pues seria (sic) legalmente improcedente hacer abonos a una persona diferente al propietario del servicio.

“2. Como no recibimos respuesta alguna a nuestra solicitud, el día 16 de julio de 2004, aún encontrándonos en tiempo para cumplir el fallo, dimos cumplimiento a la sentencia que hoy es objeto de incidente de desacato. Al efecto, tal y como se puede observar en la copia adjunta de dicho escrito ETB explicó claramente a la señora Faour los términos en que ese honorable tribunal concedió la acción de cumplimiento y por ende la forma en que ETB cumpliría el mismo, esto es bajo los parámetros de legalidad de las leyes 142 de 1994 y 689 de 2001. Para mayor ilustración de la situación le fueron relacionadas las líneas telefónicas que el sistema registraba como instaladas en las direcciones por ella mencionadas en la petición del 24 de mayo de 2002, resaltándole en negrilla las que exactamente coincidían con las del escrito y que además eran de su propiedad, es decir de las que es suscriptora. Sobre el particular le fue advertido que en esas mismas direcciones aparecían otras líneas que figuraban a nombre de personas diferentes a ella y que en tal sentido no se haría referencia alguna a estas por efectos de la reserva que sobre los datos de cada suscriptor debe guardar ETB; posteriormente se discriminó en otro cuadro las líneas telefónicas que exactamente se registraban para las direcciones aportadas por la peticionaria. En este cuadro se indicó el nombre del suscriptor, el número telefónico, la dirección y el estado de facturación de cada una de las líneas. El estado de facturación se revisó con el fin de establecer qué líneas telefónicas habían sido suspendidas y/o retiradas por falta de pago para sí (sic) lograr saber a cuales (sic) debíamos dar aplicabilidad del artículo 18 de la Ley 689/01 y por ende al fallo de acción de cumplimiento. Encontramos que solo una (1) de las líneas telefónicas había sido retirada por falta de pago, se verificó la fecha del retiro del servicio (que no fuera antes del 2001), encontrando que fueron dos (2), el primero en septiembre de 2001 y el segundo en enero de 2003. Así se entró a efectuar los ajustes correspondientes a la facturación, es decir a descontar el servicio prestado después en la fecha en que la empresa advertía sobre la suspensión por no pago del servicio, esto es, 2 períodos consecutivos sin cancelar. En la carta adjunta se pueden ver las explicaciones y análisis hecho al respecto. Finalmente, la carta se refirió a las demás líneas que no había sido objeto de suspensión por falta de pago aclarándole a la accionante que no se efectuarían abonos dado que facturaban normalmente y no registraban retiros por falta de pago del año 2001 en adelante”.

Finalmente, agregó que la actora pretendía hacer entender que los efectos del silencio administrativo positivo debían reconocerse, junto con la petición de 24 de mayo de 2002 a que hace referencia el fallo, en relación con lo solicitado en el escrito presentado el 25 de noviembre de 2003, que no tenía nada que ver con la orden judicial presuntamente desacatada.

3.4. El tribunal, a través de auto del 9 de agosto de 2004 (fl. 125), solicitó a la ETB información acerca del estado de las líneas telefónicas relacionadas.

3.5. La ETB contestó reiterando que las líneas telefónicas incluidas para efectos de cumplir el fallo eran solo las que figuraban a nombre de la señora Faour Faour y que coincidieran con las referidas en la petición de 24 de mayo de 2002 (fls. 135 a 138).

3.6. Mediante auto de 27 de agosto de 2004 (fls. 192 a 197), la Sección Segunda, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió imponer a la ETB una multa de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por considerar que la empresa desconoció la orden judicial contenida en el fallo de 17 de junio de 2004.

Para el a quo, la ETB debía reconocer los efectos del silencio administrativo positivo en relación con todas las líneas telefónicas relacionadas por la actora en los escritos de 24 de mayo de 2002 y 25 de noviembre de 2003, solicitud esta última respecto de la cual señaló que, a pesar de no haber sido objeto de cumplimiento en la acción instaurada, la empresa debía acceder a lo pedido por la actora, en tanto está directamente relacionada con la otra petición. Sobre este aspecto indicó que: “si bien es cierto, que los efectos del silencio administrativo positivo fueron reconocidos sobre el escrito de 24 de mayo de 2002, los otros memoriales que pasara la actora posteriormente refieren a la misma circunstancia fáctica. Entre los cuales se destaca el de 25 de noviembre de 2003, mediante el cual solicita el reconocimiento del silencio positivo y el abono o reembolso del valor cancelado en las siguientes líneas…” (fl. 196).

3.7. La Empresa de Teléfonos de Bogotá apeló la providencia que impuso el desacato (fls. 199 a 209). Para ello, argumentó que la petición del 25 de noviembre de 2003 nada tenía que ver con la decisión contenida en el fallo de 17 de junio de 2004, razón por la cual los abonos se hicieron en relación con la solicitud inicial del 24 de mayo de 2002.

3.8. El tribunal concedió el recurso instaurado, mediante auto de 7 de septiembre de 2004 (fl. 243).

II. Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a esta corporación conocer en segunda instancia de las acciones de cumplimiento, de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 393 de 1997 y, con el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003 por medio del cual se modificó el reglamento del Consejo de Estado. En el caso particular del incidente de desacato, la competencia deriva, además, de lo dispuesto en el artículo 29 de la misma ley.

2. El desacato en la acción de cumplimiento.

La figura del desacato se encuentra prevista para la acción de cumplimiento en el artículo 29 de la Ley 393 de 1997, norma que es del siguiente tenor:

“ART. 29.—Desacato. El que incumpla orden judicial proferida con base en la presente ley, incurrirá en desacato sancionable de conformidad con las normas vigentes, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias o penales a que hubiere lugar.

“La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental; de no ser apelada se consultará con el superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres (3) días siguientes si debe revocar o no la sanción. La apelación o la consulta se hará en el efecto suspensivo”.

La sanción que deriva del desacato hace parte de los poderes disciplinarios del juez establecidos en el artículo 39 del Código de Procedimiento Civil y su finalidad es establecerle una consecuencia ejemplar a la conducta negligente del funcionario directamente responsable del cumplimiento de una orden judicial.

En cuanto a los presupuestos para que pueda imponerse una sanción por desacato, esta corporación ha señalado los siguientes:

“1. Que se compruebe que la sentencia se notificó al demandado en la forma indicada en el Código de Procedimiento Civil para las providencias que deban ser notificadas personalmente (L. 393/97, art. 22 ).

“2. Que el fallo que ordenó el cumplimiento se encuentre en firme (art. 25 ibíd.).

“3. Que la autoridad renuente se encuentre en mora de acatar el fallo que ordena el cumplimiento del deber (art. 25 ibíd.)” (1) .

3. El asunto bajo análisis.

Corresponde a la Sala analizar si la Empresa de Teléfonos de Bogotá desacató el fallo proferido por la Sección Segunda, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le ordenó reconocer los efectos del silencio administrativo positivo respecto de la petición formulada por la actora el 24 de mayo de 2002.

Para el efecto, es indispensable conocer el contenido de tal solicitud y del acto administrativo cuyo cumplimiento perseguía la demandante, así como también el alcance de la orden judicial impartida por el tribunal de instancia a cargo de la ETB y las actuaciones adelantadas por esta empresa para acatar la decisión.

a) La petición del 24 de mayo de 2002 (fls. 3 a 4 cdno. 1): A través de este escrito, la señora Madeleine Faour Faour solicitó a la ETB, de una parte, no se le tuviera como solidaria de sus arrendatarios respecto del consumo por llamadas a “teléfonos celulares, avantel y servicio nacional e internacional” de las líneas telefónicas que funcionaban en los diferentes locales por ella indicados y, de otra, que no les fueran instaladas nuevas líneas cuando aquellos lo solicitaran sin su autorización.

b) Respuesta de 29 de junio de 2002 (fls. 5 a 6 cdno. 1): La ETB contestó en forma desfavorable a la solicitud referida, explicándole a la peticionaria que la empresa estaba en la obligación de instalar líneas telefónicas a los suscriptores o usuarios que lo solicitaran.

c) Recursos de reposición y el subsidiario de apelación (fls. 7 a 8 cdno. 1): La señora Faour Faour interpuso tales recursos contra la respuesta de la ETB.

d) Oficio 380121/20324 de 20 de agosto de 2002 (fls. 9 a 14 cdno. 1): por medio del cual la ETB ratificó la decisión anterior y concedió la alzada.

e) Resolución 8723 de 19 de mayo de 2003 (fls. 15 a 18 cdno. 1): Mediante este acto administrativo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se declaró inhibida para resolver el recurso de apelación y ordenó a la ETB reconocer a favor de la señora Faour Faour los efectos del silencio administrativo positivo respecto de la petición del 24 de mayo de 2002, por encontrar que la misma fue respondida en forma extemporánea.

f) La Sección Segunda, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 17 de junio de 2004 (fls. 93 a 103 cdno. ppal.), accedió a la pretensión de cumplimiento formulada por la actora respecto de la Resolución 8723 de 19 de mayo de 2003 expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domicliarios, pero con la salvedad de que los efectos del silencio administrativo positivo que reclamaba la actora debían reconocerse según el marco establecido por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001, es decir, que aquella debía responder solidariamente por los primeros dos meses de incumplimiento en el pago de las facturas correspondientes a las líneas telefónicas indicadas en la petición de 24 de mayo de 2002.

En aquel fallo, precisó el tribunal:

“A la señora Faour Faour, como antes quedó expuesto, la empresa formalmente le reconoció los efectos positivos respecto del recurso presentado contra el acto administrativo de fecha 3 de julio de 2002; y se manifiesta que formalmente por cuanto, la solución ofrecida, no es lo que la citada señora pretendía.

“(…)

“Y lo pretendido por la actora, consiste en que no se le tenga por deudora solidaria, respecto de deudas que han dejado inquilinos en inmuebles de su propiedad.

“Ahora, es evidente que la demandante tiene una decisión a su favor, fundamentada en las normas antes señaladas.

“¿Sin embargo, corresponde al tribunal preguntarse, si debe reconocer esa decisión, en términos absolutos como se pretende, y de manera contraria a la ley?

“Antes de la vigencia de la ley 689 de 2001, el propietario era deudor solidario frente a las obligaciones de los inquilinos o arrendatarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

“Esta norma fue modificada por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001, que literalmente prescribió:

Partes del contrato. Son partes del contrato la empresa de servicios públicos, el suscriptor y/o usuario.

‘(…)

‘PAR.—Si el usuario o suscriptor incumple su obligación de pagar oportunamente los servicios facturados dentro del término previsto en el contrato, el cual no excederá dos períodos consecutivos de facturación, la empresa de servicios públicos estará en la obligación de suspender el servicio. Si la empresa incumple la obligación de la suspensión del servicio se romperá la solidaridad prevista en esta norma.

“Lo anterior significa que, la solidaridad del propietario va hasta los dos meses de incumplimiento por parte del suscriptor. De allí en adelante, si la empresa no suspende el servicio, la obligación queda radicada solo en cabeza de este.

“De manera que en los términos expuestos, se deberá dar cumplimiento a las resoluciones 8723 del 19 de mayo de 2003, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y 801 del 30 de diciembre del mismo año, proferida por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y reconocer los efectos del silencio positivo a la señora Faour Faour y no como se reclama; esto es, se privilegia la legalidad, frente a la seguridad jurídica. Ya que no se concede la petición en la forma incoada, sino conforme a la ley, así formalmente se tenga una decisión a favor.

“No quiere el tribunal dejar de anotar, que esta decisión cobija solo a las obligaciones que se encuentren bajo la vigencia de la Ley 689 de 2001”. (fls. 100, 101 y 102).

g) El incidente de desacato: el mismo juez resolvió el incidente de desacato promovido por la actora, a través de auto de 27 de agosto de 2004 (fls. 192 a 197 cdno. 2), ante el supuesto incumplimiento de la ETB frente a la orden impartida en la sentencia de 17 de junio de 2004. En la primera providencia mencionada, el tribunal reiteró el deber de reconocer los efectos del silencio administrativo positivo respecto de la petición de 24 de mayo de 2002, e incluyó otra petición, la de 25 de noviembre de 2003 que, por tener que ver con el mismo asunto planteado en la primera solicitud, también respecto de ella consideró que debían reconocerse tales efectos. En ese sentido, el tribunal anotó:

“Considera el tribunal que en el escrito de 24 de mayo de 2002, la accionante reclamaba sobre las líneas ubicadas en las direcciones que indicó en dicho escrito. Estas líneas vienen identificadas en el documento que se enviara a la señora Madeleine Faour Faour, adiado el 15 de julio del año en curso, visible a folios 8 a 17 del cuaderno del incidente. Por lo tanto, la ETB, debía reconocer su responsabilidad frente a las referidas líneas en los términos ordenados por esta Sala; es decir, si estas líneas, debiendo ser suspendidas vencida la factura en dos períodos, no lo fueron.

“Resulta importante relevar, que si bien es cierto, que los efectos del silencio administrativo positivo fueron reconocidos sobre el escrito de 24 de mayo de 2002, los otros memoriales que pasara la actora posteriormente refieren a la misma circunstancia fáctica. Entre los cuales se destaca el de 25 de noviembre de 2003, mediante el cual solicita el reconocimiento del silencio positivo y el abono o reembolso del valor cancelado en las siguientes líneas: 2497819, 2480096, 3476826, 2355876, 2489504, 2350792 y 2100208.

“Evidenciado el desacato en que incurrió la Empresa de Teléfonos de Bogotá, la Sala impondrá una multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales vigentes a la Empresa de Teléfonos de Bogotá, suma que deberá ser consignada a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura en cualquier Banco Agrario de la ciudad.

“No obstante la sanción que se impone, es de anotar que continúa vigente el deber de cumplir con la sentencia de 17 de junio del año en curso, so pena de imponer nuevamente sanciones pecuniarias por retardo en el cumplimiento”. (fl. 196 cdno. 2).

h) En respuesta al requerimiento hecho por la Sala en auto de 16 de diciembre de 2004 (fls. 111 a 112), la ETB relacionó las líneas telefónicas instaladas en las direcciones indicadas por la actora en la petición de 24 de mayo de 2002, las que adeudaron más de 2 períodos de facturación y las suspendidas o retiradas por falta de pago (fls. 116 a 130).

Pues bien, aun cuando el trámite de un incidente de desacato únicamente apunta a determinar si la entidad involucrada ha desatendido una orden judicial por dolo o culpa grave, la Sala no puede dejar de advertir que en este asunto se ha discutido un aspecto que en estricto sentido no corresponde a la reclamación que dio origen a la actuación administrativa que culminó en el acto proferido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Es decir, el cumplimiento de la orden judicial presuntamente desacatada desconocería los términos en que fue formulada la petición inicial y la intención de la demandante.

En efecto, la petición de 24 de mayo de 2002 estuvo encaminada a que, de una parte, la señora Madeleine Faour Faour fuera exonerada de la responsabilidad solidaria como propietaria de los locales que tenían instaladas unas líneas telefónicas, en cuanto en estas figuraban una serie de llamadas distintas al discado local cuyo pago no estaba dispuesta a reconocer, y de otra, que no les fueran instaladas más líneas telefónicas a los arrendatarios sin su autorización.

Los términos en que fue presentada la solicitud, son los que se trascriben a continuación:

“Debido a que últimamente hemos tenido innumerables problemas con nuestros arrendatarios, quienes sin autorización nuestra y abusando de nuestra confianza en lo que respecta al pago de los servicios telefónicos de las líneas instaladas sin consultarnos, nos vemos abocados a poner en su conocimiento que nosotros no somos solidarios con las llamadas efectuadas con dichas personas a: teléfonos celulares, avantel y servicio nacional e internacional. Solamente somos solidarios con el servicio local ya que es el único contratado por nosotros y que se entrega en cumplimiento del contrato de arrendamiento de los inmuebles donde se encuentran instaladas las líneas telefónicas.

“Relacionamos una lista completa de nuestras oficinas y locales comerciales con sus respectivas direcciones, para que en caso tal que alguno de nuestros arrendatarios solicite la instalación de una línea telefónica a su empresa ustedes de antemano tengan en su sistema esta carta y se abstengan de otorgarles el servicio, ya que este lo tienen instalado porque ha sido contratado con otra empresa.

“Nos vemos obligados a enviar esta comunicación y no nos hacemos responsables a pesar de que el estatuto nacional de servicios en el artículo 3º Decreto 1842 de 1991 reza lo siguiente: ‘Toda persona o grupo de personas tiene derecho a solicitar y obtener los servicios públicos, sin pedir autorización de la administración o dueño del inmueble’, lo cual no se aplica al caso que nos ocupa, por cuanto que dicha norma obliga en el caso que no se cuente con el servicio, y este ha sido otorgado por nosotros como arrendadores al hacer entrega del inmueble con el servicio instalado.

“Si ustedes a pesar de ser conocedores que el peticionario ya tiene servicio telefónico, le adjudican otras líneas serán los únicos responsables de las cuentas de servicios que se causen, ya que repetimos no somos solidarios con ellas; y, si a pesar de ello, las instalan, ustedes serán los únicos responsables. (…)” (fl. 3).

Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la Resolución 8723 de 19 de mayo de 2003, limitó el análisis del asunto a la respuesta extemporánea de la reclamación, de la que derivó la obligación de reconocer los efectos del silencio administrativo positivo, pero no explicó qué actuaciones debía adelantar la ETB.

Pese al marco fáctico y jurídico que antecedía el caso concreto, el tribunal de instancia entendió que la pretensión de la actora era “que no se le tenga por deudora solidaria, respecto de deudas que han dejado inquilinos en inmuebles de su propiedad” (fl. 101). Por consiguiente, dirigió el estudio a la responsabilidad solidaria del propietario consagrada en el artículo 18 de la Ley 689 de 2001 que modificó el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, para concluir que la demandante debía responder solidariamente únicamente por los 2 períodos de facturación dejados de cancelar por sus arrendatarios y, lo cancelado después de este término, debía ser reembolsado, abonado o ajustado a las correspondientes cuentas internas.

Pero ocurre que en la petición de 24 de mayo de 2002 lo que buscaba la actora era no quedar comprometida con el pago de llamadas distintas a las locales que realizaban algunos de sus arrendatarios y que en el futuro le fueran cobradas por la responsabilidad solidaria que tiene en calidad de propietaria, pero no impugnó ninguna factura en concreto ni hizo referencia a deudas acaecidas en esa época que hubiere tenido que cancelar por tales conceptos. Adicionalmente, pretendía que la empresa se abstuviera de instalar líneas telefónicas cuando lo solicitaran los arrendatarios sin su autorización.

Así, los efectos del silencio administrativo cuyo reconocimiento ordenó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por la respuesta extemporánea de la empresa frente a dicha petición, se traducían en dos actuaciones:

a) Una debida explicación sobre las condiciones de cobro de las llamadas por las que la actora se niega a responder.

b) Si había lugar o no a la instalación de líneas telefónicas por solicitud únicamente suscrita por el usuario, es decir, los arrendatarios.

El escrito de 24 de mayo de 2002, si bien es una petición y, como tal, es susceptible de que respecto de ella se reconozcan los efectos del silencio administrativo positivo porque no fue respondida en tiempo por la ETB, como lo ordenó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante el acto administrativo objeto de cumplimiento, lo cierto es que la forma y términos en que fue presentada sugiere que la intención de la actora fue prevenir una situación que podría presentarse en el futuro, mas no tuvo que ver con una reclamación sobre facturas o líneas telefónicas en concreto sobre las cuales debieran hacerse abonos o ajustes por valores ilegalmente cobrados.

Ahora bien, la Sala también observa que la ETB no ha procedido en la forma anteriormente indicada, puesto que no ha remitido a la demandante escrito alguno que satisfaga los interrogantes planteados por ella. Sin embargo, no hay lugar a sancionar por desacato a la empresa demandada, habida cuenta de la confusión respecto del alcance de la petición de 24 de mayo de 2002 y la forma en que debieron reconocerse los efectos del silencio administrativo positivo.

En consecuencia, se revocará el auto apelado y se advertirá a la ETB que cuenta con cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, para explicar en detalle a la señora Madeleine Faour Faour los aspectos involucrados en la petición de 24 de mayo de 2002.

Por último, se advierte que, en el evento en que la empresa demandada desatienda las órdenes que le serán impartidas en la parte resolutiva de este auto, la demandante podrá iniciar nuevamente incidente de desacato, en razón a que solo hasta esta oportunidad existió claridad en el proceso sobre las actuaciones que debían adelantarse en cumplimiento de la Resolución 8723 de 19 de mayo de 2003.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

RESUELVE:

REVÓCASE el auto de 27 de agosto de 2004 por medio del cual la Sección Segunda, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca impuso una sanción por desacato a cargo de la Empresa de Teléfonos de Bogotá “ETB”. En su lugar:

INSTAR a la Empresa de Teléfonos de Bogotá “ETB” que dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remita a la señora Madeleine Faour Faour oficio en el que responda en detalle a los interrogantes planteados en la petición de 24 de mayo de 2002.

Ejecutoriada esta providencia, envíese al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Filemón Jiménez Ochoa—Reinaldo Chavarro Buriticá—María Nohemí Hernández Pinzón—Darío Quiñones Pinilla. 

(1) Consejo de Estado, Sección Cuarta. Expediente ACU-1724, sentencia del 24 de noviembre de 2000.

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