Sentencia 25000232600020040044501 de agosto 4 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 25000 2326 000 2004 00445 01, ago. 4/2005

Consejero Ponente:

Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: John Freddy Bustos Lombana

Acción popular

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia proferida el 1º de septiembre de 2004 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en cuanto negó las pretensiones de la demanda.

I. La demanda

El 1º de marzo de 2004 el ciudadano John Freddy Bustos Lombana promovió acción popular contra el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos —Invima— y el Ministerio de la Protección Social, tendiente a la protección de los derechos e intereses colectivos a la seguridad y salubridad públicas, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y de los consumidores y usuarios, contenidos en los literales g), I) y n) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998.

1. Las pretensiones.

Solicitó el demandante que el tribunal accediera a las siguientes pretensiones:

1. Ordenar a las entidades demandadas iniciar todos los trámites y acciones tendientes a verificar quién es el fabricante del producto y la eventual infracción de las normas sanitarias a que hubiere lugar;

2. Fijar a su favor el incentivo previsto legalmente;

3. Integrar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia;

4. Compulsar copias del fallo que se dicte en el asunto a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para lo de su competencia.

2. Los hechos y las omisiones en que se funda la acción.

La empresa Toscafé Oma S.A., fabricante de la crema instantánea para el café Oma, en el empaque, etiqueta o rotulado del producto no señala su fecha de elaboración ni de vencimiento, lo cual no permite determinar si el tiempo de vida útil es el correcto, con lo que pretende eludir cualquier responsabilidad ante eventuales perjuicios que pudiese ocasionar el consumo de productos alterados, vencidos o en estado de descomposición.

La deficiente información al consumidor puede generar grandes problemas de salubridad, en especial de los niños, madres en estado de embarazo, en período de lactancia o al propio lector.

Mediante auto del 10 de marzo de 2004 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó adelantar el trámite de rigor.

Il. La contestación de la demanda

Al contestar la demanda la jefe de la oficina jurídica y apoyo legislativo del Ministerio de Protección Social solicitó que se desvinculara a esa cartera del trámite de la presente acción, porque de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 205 del 2002, mediante el cual se fijan sus funciones y competencias, no le compete conocer del asunto, toda vez que existe una entidad encargada legalmente de ello, esto es, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima, a quien dio traslado de la demanda.

Por su parte, la apoderada del Invima se opuso a las pretensiones de la demanda con el argumento de que la entidad no ha vulnerado los derechos invocados en ese escrito, toda vez que ejerce de manera diligente y oportuna la actividad de control y vigilancia sanitaria de los productos indicados en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, entre los que se encuentran los alimentos.

Al efecto indicó que de los hechos narrados en la demanda no resulta claro que con la supuesta omisión de información en el rótulo del producto denominado crema para el Café OMA pueda deducirse una responsabilidad atribuible a la entidad, como quiera que eventualmente ella sería imputable al infractor de la norma, esto es, al titular del registro sanitario, si a ello hubiera lugar.

En relación con las presuntas omisiones en el referido rotulado señaló lo siguiente:

— En cuanto a la fecha de elaboración del producto que no es exigible según lo previsto en la norma técnica colombiana NTC 512-1 oficializada por la Resolución 2387 de 1999, razón por la cual frente a ese aspecto no existe infracción sanitaria.

— En lo atinente a la fecha de vencimiento que inició proceso sancionatorio a fin de establecer la responsabilidad por el presunto incumplimiento de la normativa señalada, como quiera que de la muestra del producto aportada con la demanda por el actor popular se desprende que supuestamente el rótulo del mismo no la indica.

Adujo que con ocasión de la acción y en el marco de sus averiguaciones preliminares el instituto procedió a investigar la comercialización del producto en una presentación distinta a la que fue incluida en la ficha técnica que presentó la firma Toscafé Oma S.A. para obtener el registro sanitario RSAD031501 y sin que se hubiese comunicado a la entidad sobre el cambio de la información inicialmente presentada, según lo ordena el artículo 51, en concordancia con el 53 del Decreto 3075 de 1997.

Consideró evidente la falta de fundamento jurídico de la acción en la medida en que ella parte de la existencia de una presunta infracción sanitaria cometida por un particular y no de una conducta u omisión imputable al Invima que ponga en peligro derecho o interés colectivo alguno, más aún cuando lo que se discute es la aplicación de una norma por parte de un productor, por lo que el actor debió acudir a la entidad para que ella ejerciera su función de “control posterior” en materia de policía administrativa sanitaria. Ello en virtud de la obligación que de acuerdo con el inciso 5º del artículo 49 de la Constitución Política incumbe a todos los ciudadanos de “procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”.

Sobre el particular señaló que existen tres tipos de control, a saber, anterior, concomitante y posterior. En relación con el primero indicó que lo efectuó el Estado al expedir la normativa en materia de control y vigilancia con la promulgación del Decreto 3075 de 1997 y en especial de la norma técnica colombiana NTC 512-1 oficializada por la Resolución 2387 de 1999 que determinan los requisitos para obtener un registro sanitario de alimentos y las directrices sobre rotulado en la industria alimentaria. El segundo control, esto es, el concomitante determina la asignación de autorizaciones y permisos por parte del Estado para ejercer una actividad, en este caso lo cumplió el Invima al expedir el registro sanitario, sin que ello garantice que el titular del mismo o cualquier particular se allane a cumplir con las condiciones en que fue otorgado o a respetar las normas sanitarias, pese a ser su obligación, toda vez que en materia sanitaria el registro se otorga automáticamente con base, en el principio de la buena fe. Y, en cuanto al control posterior, se ejerce a través de las acciones de control y vigilancia para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión del registro y sancionar a los infractores, control que el Invima no ha desatendido porque una vez conoció de la demanda inició el proceso sancionatorio 2004-0036 con el fin de determinar si se presentan las conductas denunciadas en ese escrito.

Indica que es natural que para iniciar las acciones correspondientes el Invima deba tener conocimiento de la existencia de una presunta infracción, razón por la cual la denuncia por parte de los particulares constituye la principal herramienta para el efecto, en la medida en que para la entidad resulta materialmente imposible vigilar todos los productos de su competencia.

Es por ello que el actor con pleno conocimiento de los mecanismos procedentes, específicamente la queja, por haber sido contratista del Invima, debió proceder de acuerdo con los lineamientos expuestos en lugar de promover una acción judicial, toda vez que la referida queja constituye el mecanismo expedito y eficiente para conseguir el mismo fin que busca con la acción popular.

III. Audiencia especial de pacto de cumplimiento

Mediante auto del 29 de abril del 2004 se fijó el 27 de mayo siguiente como fecha para celebrar la audiencia especial de pacto de cumplimiento prevista en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, diligencia a la que no asistió la parte actora, por lo que la misma se declaró fallida.

IV. Los alegatos de conclusión

Dentro del término de ley, las partes allegaron escritos de alegatos de conclusión, así:

Además de los mismos argumentos que expuso en el escrito de contestación de la demanda, el Invima adujo que tal como lo indicó en ese escrito la norma técnica colombiana NTC 512-1 no exige indicar la fecha de elaboración del producto en el rótulo del mismo, razón por la cual frente a ese aspecto no existe infracción sanitaria.

En cuanto a la falta de la fecha de vencimiento en el referido rótulo señaló que una vez efectuada la labor de vigilancia por parte de la subdirección de alimentos y bebidas alcohólicas de la entidad se comprobó que en la caja que contiene los sobres del producto se indica esa fecha con la expresión “Consumir antes de” y que en la parte superior derecha del anverso de cada sobre, aunque poco legible y poco visible, se registra la misma fecha de vencimiento descrita en la caja.

Al efecto agregó que en la fotocopia de la muestra aportada por el actor no se observa la fecha de vencimiento, porque es incompleta, pese a lo cual en el informe y el acta de la visita efectuada el 13 de abril del 2004 por la referida subdirección se evidenció que el producto objeto de investigación sí contiene ese dato y que el mismo cumple con las normas sanitarias vigentes, además de que la ley permite que “los productos que por su naturaleza o por el tamaño de las unidades en que se expendan o, suministren, no puedan llevar rótulo en el envase, o cuando lo lleven no pueden contener todas las leyendas señaladas en la presente norma, lo llevarán en el empaque que contenga dichas unidades”, según lo dispone el numeral 5º de la norma técnica colombiana y tal como ocurre en este caso.

En consecuencia, consideró que no puede afirmarse que el producto cuestionado ponga en peligro la salud ni que amenace o vulnere los derechos colectivos invocados en la demanda, en la medida en que la firma que lo fabrica no infringió norma sanitaria alguna, así como tampoco las que regulan el rotulado de alimentos, razón por la cual solicitó que se desestimaran las pretensiones de la acción al carecer de sustento fáctico y probatorio.

Por su parte, el demandante alegó de conclusión en los siguientes términos:

Insistió en la importancia de la acción frente a la colectividad, en la medida en que todas las personas deben consumir alimentos para subsistir, razón por la cual consideró necesario establecer la definición de “alimento” y para ello se remitió al significado que de esa palabra contiene el Diccionario de la Real Academia de la Lengua.

Igualmente indicó que cuando el consumidor va a ingerir un alimento lo primero que revisa es el empaque para verificar que no se encuentra alterado, descompuesto o desintegrado, para lo cual es necesario saber el significado del vocablo “Expenden” contenido en la parte 1. Norma general 1. Objeto de la norma técnica colombiana NTC-512-1 que en el Diccionario Hispánico Universal aparece definido como “Vender al menudeo”, expresión que de conformidad con el Diccionario Enciclopédico Pequeño Larousse significa “Venta por menor”.

De acuerdo con lo anterior expresó que las entidades demandadas “pretenden enrostrar el significado o alcance de las expresiones a las cuales de manera puntual me he referido, toda vez que pretenden que el consumidor, siempre solicite la caja que contiene un volumen considerable del alimento, cuando el contexto es que los requisitos establecidos en la NTC-512-1, no significa otra cosa que el empaque o rótulo que contiene el alimento envasado, entregado al consumidor, es el que debe contener cada uno de los requisitos a los cuales se hace la insinuación en los hechos del petitum, pues no se le puede ‘castrar’ su derecho a informarse, sino que, adicionalmente, constituyen datos fundamentales para que verifique si es o no alérgico a algún componente, o contiene un alimento irradiado o no, pues será finalmente él quien determine si se intoxica, se envenena o no y adicionalmente, permitiría adoptarlas medidas sanitarias pertinentes, verbigracia, ordenar el retiro inmediato del producto del mercado colombiano, pues con el señalamiento expreso del lote de producción, se identificaría los alimentos que estarían alterados o descompuestos o como medida sanitaria menor, la aplicación de multas o llamados de atención”.

Finalmente, solicitó que se examinara el asunto cotejando la norma técnica con las pruebas aportadas al proceso e insistió en que el Invima no demostró actuación alguna tendiente a ejercer las actividades de vigilancia y control que le competen.

V. La providencia apelada

Surtido el trámite de rigor se profirió la sentencia apelada, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda al carecer por completo la acción, a juicio del tribunal, de fundamentos fácticos y probatorios que sirvieran de base para su prosperidad.

Al efecto el a quo luego de hacer un recuento de los argumentos expuestos por el Invima en los escritos de contestación de la demanda y alegatos, llegó a la conclusión de que esa entidad no incurrió en omisión alguna en el cumplimiento de sus deberes frente a los hechos materia de la presente acción.

VI. El recurso

El actor apeló en tiempo la sentencia con los mismos argumentos que expuso en el alegato de conclusión y posteriormente presentó nuevos escritos en los que solicitó revocar el fallo y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda formuladas con una finalidad preventiva donde se debe prescindir de la verificación del daño siendo suficiente la mera amenaza y donde la culpa carece de relevancia.

Al efecto, adujo, en síntesis, los siguientes argumentos:

Luego de citar los artículos 48 del Decreto 2153 de 1992, 33 de la Constitución Política y la Resolución 2387 de 1999 por la cual se oficializó la norma técnica colombiana NTC-512-1, así como de transcribir diversas disposiciones de esta última, el actor manifiesta que esa norma regula el rótulo y el rotulado de los productos y en ella se imponen precisas obligaciones a los productores que constituyen medidas de naturaleza técnica, por lo que el mismo debe probar que todos y cada uno de ellos se encontraban en la etiqueta o rótulo, lo cual no aconteció.

Señala que las entidades públicas vinculadas al proceso tienen una responsabilidad por la deficiencia o carencia de control; que a los consumidores, quienes ostentan una debilidad estructural en el mercado, les asiste una carga de autoinformación empleando una diligencia media para elegir el producto, desplazando eventualmente la responsabilidad del productor cuando el mismo le suministra la verdadera, suficiente y requerida información y que del productor o elaborador se predica otra clase de responsabilidad, la de expresar esa información de manera veraz y objetiva para evitar daños masivos o colectivos.

Trae a colación el tema de la protección al consumidor, el deber de información, el deber de seguridad, la redacción de buena fe y la prevención de las acciones dañosas, para decir que las acciones populares constituyen los medios idóneos para la prevención de daños.

Indica que el artículo 78 de la Constitución Política consagra la naturaleza de orden público de las normas de protección al consumidor, por lo que su alcance jurídico es mayor frente a las reglas de la autonomía privada.

Aduce que con su comportamiento omisivo el Invima, quien no ha ejercido el poder de policía que le otorgan las disposiciones legales pertinentes, ha permitido que el productor ofrezca productos sin cumplir las exigencias previstas en las normas que se han relacionado a lo largo del proceso.

Finalmente, llama la atención sobre el contenido del artículo 14 del Decreto 3466 de 1982 según el cual, aunque no haya habido registro, las marcas o leyendas que se exhiban en los productos deben corresponder íntegramente a lo registrado o contenido en la licencia o las condiciones de calidad o de idoneidad derivadas de la norma técnica.

VII. Consideraciones

1. El artículo 2º, inciso segundo, de la Ley 472 de 1998, en desarrollo del artículo 88 de la Constitución Política, dispone que las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible; y al tenor del artículo 9º ibídem, esas acciones proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.

2. De acuerdo con lo anterior, se tiene que los supuestos sustanciales para que proceda la acción popular son los siguientes, a saber: a) una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y, c) relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses.

3. Con el ejercicio de la presente acción el ciudadano John Freddy Bustos Lombana pretende la protección de los derechos e intereses colectivos a la seguridad y salubridad públicas, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y de los consumidores y usuarios, los cuales considera vulnerados por el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima y el Ministerio de la Protección Social, dada la falta de vigilancia y control sanitario en que han incurrido en relación con el producto denominado crema instantánea para el Café Oma, fabricado por la empresa Toscafé Oma S.A.

Sobre el particular adujo el actor en la demanda que en el empaque, etiqueta o rotulado de ese producto no se señala su fecha de elaboración ni de vencimiento, lo cual no permite determinar si el tiempo de vida útil es el correcto, conducta con la que el fabricante pretende eludir cualquier responsabilidad ante eventuales perjuicios que pudiese ocasionar el consumo de productos alterados, vencidos o en estado de descomposición, además de que la deficiente información al consumidor puede generar grandes problemas de salubridad, en especial de los niños, madres en estado de embarazo, en período de lactancia o al propio lector.

Sea lo primero observar que en relación con el tema el artículo 78 de la Constitución Política dispone lo siguiente:

“La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.

“Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

“(…)”

Por su parte, los literales g) y n) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 consagran como colectivos los derechos a la seguridad y salubridad públicas y de los consumidores y usuarios.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, se garantiza a toda persona la libertad “... de informar y recibir información veraz e imparcial”.

En concordancia con dicha norma constitucional, el artículo 14 del estatuto del consumidor —Decreto 3466 de 1982— dispone que, “Toda la información que se dé al consumidor acerca de los componentes y propiedades de los bienes y servicios que se ofrezcan al público deberá ser veraz y suficiente. Están prohibidas, por lo tanto, las marcas, las leyendas y la propaganda comercial que no corresponda a la realidad, así como las que induzcan o puedan inducir a error respecto de la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen peso o medida, los precios, la forma de empleo, las características, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad de los bienes o servicios ofrecidos”.

Por lo anterior, el estatuto del consumidor establece la responsabilidad de los productores en razón de las marcas, las leyendas y la propaganda comercial, así como las sanciones administrativas que procederán en caso de verificarse la responsabilidad por el incumplimiento de las mismas disposiciones.

Aplicadas las anteriores disposiciones al asunto sub examine, para la Sala es claro que la sentencia apelada debe ser confirmada al no aparecer probado en el proceso que los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda se encuentren ante la inminencia de un daño contingente, peligro, amenaza vulneración o agravio que sea necesario precaver por el juez de la acción popular.

En efecto, como ya se indicó, en el presente asunto la vulneración se hace consistir en la supuesta omisión de información en el rótulo del producto denominado crema instantánea para el Café OMA (no láctea), concretamente sus fechas de elaboración y de vencimiento que, según el actor, no aparecen en la muestra del mismo que aportó al proceso, consistente en un sobre de 4 gramos.

Al respecto observa la Sala que como bien lo adujo la apoderada del Invima en sus escritos de contestación de la demanda y alegatos de conclusión, la primera fecha referida, esto es, la de elaboración del producto, no es exigible según lo previsto en la norma técnica colombiana NTC512-1 oficializada por la Resolución 2387 de 1999, razón por la cual frente a ese aspecto no existe infracción sanitaria, más aún cuando, como lo indica el subdirector de alimentos y bebidas alcohólicas de la entidad en el informe que la visita (sic) que efectuó a las instalaciones de la planta productora y empacadora de la crema instantánea para el Café OMA, “En la caja que contiene los sobres, se declara, el número del código del lote de producción...”, además de que “La declaración de la fecha de producción no es obligatoria, pudiendo ser ésta reemplazada por el código del lote de producción” (fl. 98), como precisamente se indica en las cajas que contienen los sobres a los que se ha venido haciendo alusión.

Ahora bien, en lo atinente a la fecha de vencimiento del producto, se encuentra que al tener conocimiento de la presunta irregularidad, el Invima inició la respectiva actuación administrativa de vigilancia y control a fin de establecer las responsabilidades del caso, dando inicio al proceso sancionatorio 200400036, mediante Auto 040001914 del 29 de marzo del 2004, procedimiento en el que practicó la visita a que se aludió en el párrafo anterior y en la que se pudo constatar que “En la caja que contiene los sobres, se declara, el número del código del lote de producción y la fecha de vencimiento con la expresión consumir antes de”, además de que “En la parte superior derecha del anverso de cada sobre, aunque poco legible y poco visible se registra la misma fecha de vencimiento descrita en la caja”.

Aunado a lo anterior el referido informe indica lo siguiente:

“Al haber un envase que contiene los sobres y dado el tamaño de éstos, se permite que la información obligada en la NTC512-1 se describa en el empaque que contiene las unidades (num. 5º de la NTC512-1).

“Entonces, dando respuesta a lo resuelto en el numeral 3º del artículo segundo del Auto 04000191 (sic) del 29 de marzo, de 2004..., es claro que declarar la fecha de consumo preferente en el empaque que contiene los sobres es válido, supliendo manifestarla en el envase primario (sobres)”.

En efecto, el numeral 5º de la referida norma técnica prevé:

“Exenciones de los requisitos de rotulado obligatorios.

“Los productos que por su naturaleza o por el tamaño de las unidades en que se expendan o suministren no puedan llevar rótulo en el envase, o cuando lo lleven no puedan contener todas las leyendas señaladas en la presente norma, lo llevarán en el empaque que contenga dichas unidades”.

De lo expuesto se sigue que la información registrada en la caja que contiene los sobres de la crema para el café que constituye el objeto de esta acción se encuentra acorde con lo dispuesto en el numeral 3.3.7.1 de la norma técnica en mención para efectos del “Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación” (3.3.7) según el cual, “Si no está determinado de otra manera en una norma individual de producto regirá el siguiente marcado de la fecha:

“a) Se declarará la fecha de duración mínima y/o de vencimiento.

“b) Las fechas de duración mínima y de vencimiento constarán por lo menos de:

“— el día y el mes para los productos que tengan una fecha de vencimiento no superior a tres meses,

“— el mes y el año para productos que tengan un vencimiento de más de tres meses,

“c) La fecha deberá declarase de manera legible y visible con las palabras:

“— ‘Consumir preferiblemente antes del...’, cuando se indica el día,

“— ‘Consumir preferiblemente antes del final de ...’, en los demás casos,

“— ‘Vence ...’,

“— ‘Consúmase antes de...’,

“o cualquier otro equivalente,

“d) El día, mes y año deberán declarase así: el día escrito con números y no con letras, el mes con las tres primeras letras y luego el año indicado con sus dos últimos dígitos.

“e) No obstante lo prescrito en el numeral 3.8.1 a), no se requerirá la fecha de duración mínima o de vencimiento para:

“— Frutas y hortalizas frescas, incluidas las patatas que no hayan sido peladas, cortadas o tratadas de otra forma análoga;

“— productos de panadería y pastelería que por la naturaleza de su contenido, se consuma por lo general dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación;

“— vinagre;

“— sal de calidad alimentaria;

“— azúcar sólido;

“— productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y/o coloreados;

“— goma de mascar”.

De acuerdo con las consideraciones que anteceden, para la Sala es claro que en las anteriores condiciones no puede afirmarse que el producto cuestionado ponga en peligro la salud ni que amenace o vulnere los derechos colectivos invocados en la demanda, en la medida en que la firma que lo fabrica no infringió norma sanitaria alguna, así como tampoco las que regulan el rotulado de alimentos, además de que no se puede endilgar responsabilidad alguna a las entidades demandadas, como quiera que no han causado daño a un derecho o interés común con alguna actuación u omisión que les pueda ser atribuida.

En esas circunstancias, la Sala debe proceder a confirmar el fallo apelado, por haber sido proferido conforme a derecho, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de esta decisión.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

En firme esta decisión, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el 4 de agosto del 2005.

Magistrados: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—Camilo Arciniegas Andrade—Gabriel E. Mendoza Martelo—María Claudia Rojas Lasso.

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