Sentencia 25000232600020050141701 de noviembre 17 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Exp. 250002326000200501417 01

Consejero Ponente:

Dr. Jesús María Lemos Bustamante

Actora: Ángela Velásquez de Rosero C/ departamento de Cundinamarca y otro.

Acción de tutela

Bogotá, D.C., noviembre diecisiete de dos mil cinco.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 1º de septiembre de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, que negó la acción de tutela interpuesta por Ángela Velásquez de Rosero contra el departamento de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca y la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

1. El escrito de tutela.

Ángela Velásquez de Rosero, mediante apoderado, interpuso acción de tutela, el 16 de agosto de 2005, contra el departamento de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca y la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad social de las personas de la tercera edad, al trabajo, al pago oportuno, a la dignidad humana y al mínimo vital y móvil.

Para la protección de sus derechos solicitó ordenar, de forma inmediata y privilegiada, el pago de las mesadas pensionales que se le adeudan; y prevenir a las entidades accionadas para que no incumplan nuevamente dicho pago.

Basó sus peticiones en los siguientes hechos:

Hasta el 15 de febrero de 1975 el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil fueron administrados por la Beneficencia de Cundinamarca.

En 1979, mediante los decretos 290 y 1374, el Gobierno Nacional otorgó personería jurídica a la Fundación San Juan de Dios, integrada por el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil.

Estos decretos fueron demandados ante el Consejo de Estado que los declaró nulos en sentencia del 8 de marzo del 2005. En consecuencia la persona jurídica “Fundación San Juan de Dios” dejó de existir y tanto el Hospital San Juan de Dios como el Instituto Materno Infantil continuaron siendo administrados por la Beneficencia de Cundinamarca debido a que nunca salieron del patrimonio del departamento de Cundinamarca.

En enero de 1981 la Fundación San Juan de Dios reconoció en su favor pensión de jubilación.

Por ser beneficiaria de la Ley 60 de 1993, artículo 33, deben responder por el pago de sus mesadas pensionales la Nación, el respectivo ente territorial y la entidad de previsión.

La Ley 715 de 2001, al suprimir el fondo del pasivo prestacional del sector salud, le transfirió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la responsabilidad de girar los recursos para el pago de las mesadas pensionales.

Desde diciembre de 2002 su mesada pensional era pagada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Distrito Capital, Fondo Financiero Distrital de Salud, y la extinta Fundación San Juan de Dios, en virtud de los contratos de concurrencia suscritos entre estos.

El 12 de mayo de 2005 el Ministro de Hacienda y Crédito Público suscribió el adicional Nº 7 al Contrato de Concurrencia Nº 799 de 1998, mediante el cual se comprometió a pagar las mesadas pensionales de la extinta Fundación San Juan de Dios.

A la fecha de presentación del escrito de tutela el valor de su mesada pensional es de $ 937.000 y se le adeudan las correspondientes desde mayo de este año.

La pensión constituye su único sustento y el de su familia. El perjuicio que se le ocasiona por la falta de pago de las mesadas pensionales es de tal magnitud que están al borde de la indigencia pues no disponen de los medios económicos necesarios para atender las necesidades básicas y fundamentales; se le ha impedido el acceso al servicio de salud argumentando que su antiguo empleador no ha realizado los aportes correspondientes.

Es tangible la amenaza al mínimo vital por que se trata de una persona de la tercera edad que se encuentra por fuera del mercado laboral y no puede garantizar ni su subsistencia ni la de su familia (fls. 1 a 6).

2. La sentencia impugnada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, en sentencia del 1º de septiembre de 2005 negó el amparo solicitado por considerar que como la accionante no demostró la calidad de pensionada las pretensiones de la demanda no pueden prosperar.

En materia pensional el derecho a obtener una pensión y a disfrutar de ella solo lo tienen las personas que habiendo reunido las condiciones para adquirir tal calidad son destinatarias de un acto de reconocimiento por parte de la entidad de previsión.

Bajo esta tesis, para que proceda la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos derivados de la condición de pensionado, es indispensable que se acredite dicha calidad. A la accionante le correspondía la carga probatoria mas sus argumentos no fueron suficientes para demostrar tal supuesto.

En virtud del principio de necesidad de la prueba el juzgador no puede apartarse de la evidencia fáctica que aparece en el proceso, lo contrario equivaldría a extralimitar el campo de los derechos constitucionales fundamentales al fundar una decisión judicial en una “situación que no ha pasado del campo de lo hipotético”.

Como la demandante no demostró ser pensionada de la extinta Fundación San Juan de Dios, ya que en el escrito de tutela se limitó a señalar que tal condición le fue reconocida por dicha entidad el 20 de septiembre de 1992, sus pretensiones no están llamadas a prosperar (fls. 129 a 139).

3. El recurso de apelación.

La parte actora, al sustentar el recurso de apelación interpuesto el 9 de septiembre de 2005 contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitó revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, declarar procedente la presente acción de tutela amparando el derecho constitucional invocado.

La “presunción de veracidad” consagrada por el Decreto 2591 de 1991, artículo 20, consiste en que si la entidad accionada no objeta o desconoce la calidad con la que dice actuar el demandante se presume que la acepta y “se vigencia dicha condición”.

Una de las características de la acción de tutela es la celeridad; por ello, la informalidad es propia de su trámite así que por una omisión de carácter formal no puede negársele el amparo solicitado en el escrito inicial. Como en la segunda instancia se pueden subsanar estos defectos anexó la resolución por la cual le fue reconocido el derecho conculcado (fls. 152 y 153).

4. Consideraciones de la Sala.

4.1. El problema jurídico.

Consiste en decidir si se violaron los derechos de la recurrente, Ángela Velásquez de Rosero, a la vida, a la salud, a la seguridad social de las personas de la tercera edad, al trabajo, al pago oportuno, a la dignidad humana y al mínimo vital y móvil, ante la falta de pago oportuno de las mesadas pensionales desde el mes de mayo de 2005 hasta la fecha y hacia el futuro.

4.2. Hechos probados.

El 8 de marzo de 2005 el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, declaró la nulidad de los decretos 290 de 15 de febrero de 1979, “por el cual se suple la voluntad del fundador y se adoptan disposiciones en relación con la Fundación San Juan de Dios”; 1374 de 8 de junio de 1979, “por el cual se adoptan los estatutos de la Fundación San Juan de Dios”; y 371 de 23 de febrero de 1998, “por el cual se suple la voluntad del fundador y se reforman los estatutos de la Fundación San Juan de Dios”, expedidos por el Gobierno Nacional. Esta sentencia quedó en firme el 14 de junio de 2005, luego de desestimarse las solicitudes de aclaración presentadas.

El 12 de mayo de 2005 el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el secretario de salud distrital y el representante legal de la Fundación San Juan de Dios suscribieron el adicional Nº 7 al Contrato de Concurrencia 799 de 1998, signado entre la Nación, Ministerio de Hacienda, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y la Fundación San Juan de Dios. En la consideración sexta se indicó:

“6) Que la Sala Plena del honorable Consejo de Estado, mediante sentencia del 8 de marzo de 2005 anuló los decretos 290 de 1979, 1374 del mismo año y 371 de 1998 que crearon la Fundación San Juan de Dios y expidieron sus estatutos, razón por la cual las instituciones Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil se convierten en establecimientos de la Beneficencia de Cundinamarca. Frente a esta decisión se presentaron solicitudes de aclaración, lo cual en los términos del artículo 331 del Código de Procedimiento Civil impiden su firmeza, por lo cual la Fundación San Juan de Dios mantiene su personería jurídica vigente lo que le permite ser sujeto de derechos y obligaciones, considerando viable suscribir el presente adicional como una solución transitoria inmediata, que permitirá el pago de las mesadas que se han causado por los meses de diciembre de 2004, enero, febrero, marzo y abril de 2005” (fl. 8).

El 14 de junio de 2005 el Gobernador de Cundinamarca le comunicó al director general de la Fundación San Juan de Dios que debido al decaimiento del acto que le reconoció personería jurídica a la misma le corresponde a la Beneficencia de Cundinamarca, como entidad descentralizada, administrar los bienes que la Fundación San Juan de Dios, en liquidación, deberá devolver al departamento de Cundinamarca (fls. 11 a 16).

El 20 de junio de 2005 el presidente de la Beneficencia de Cundinamarca expidió el Acuerdo 007, por el cual autorizó al gerente de la misma a recibir la infraestructura y los bienes inmuebles que conformaban el Hospital San Juan de Dios, una vez se perfeccionara la liquidación de la Fundación San Juan de Dios (fls. 63 y 64).

El 28 de junio de 2005 el Ministro de Hacienda y Crédito Público envió, para su estudio y comentarios, a la gerente de la Beneficencia de Cundinamarca el adicional Nº 8 al contrato de concurrencia, “que dará una solución transitoria inmediata al problema social que vienen afrontando los pensionados del Hospital San Juan del (sic) Dios y del Instituto Materno Infantil, mientras avocamos de fondo el estudio del pasivo prestacional causado a 31 de diciembre 1993 según la Ley 60 de 1993, ajustándolo a la nueva situación originada en el fallo” (fls. 125 a 127).

El 21 de julio de 2005 el presidente de la Asociación de Pensionados del Hospital San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil, teniendo en cuenta que fueron negadas las aclaraciones al fallo del 8 de marzo de 2005, proferido por el Consejo de Estado, le solicitó a la gerente de la Beneficencia de Cundinamarca firmar el adicional Nº 8 al contrato de concurrencia ya que, por su renuencia a firmar, a 1.500 pensionados, aproximadamente, no les han pagado las mesadas pensionales impidiéndoles acceder al servicio de salud (fl. 17).

El 12 de agosto de 2005 el Ministro de Hacienda y Crédito Público, al dar respuesta al oficio del 19 de julio de 2005 de la gerente de la Beneficencia de Cundinamarca, manifestó “no considero viable ni jurídica la propuesta que hace en el sentido de que sea el representante legal de la fundación quien deba suscribir el contrato de concurrencia, teniendo en cuenta que esta ya no existe como persona jurídica y que por tanto no cuenta con un representante legal distinto a usted que ejerce la representación de la beneficencia, por lo cual le solicito suscribir de una vez por todas el adicional Nº 8 con el fin de dar una solución transitoria al problema social que vienen afrontando los pensionados del Hospital San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil...” (fl. 124).

4.3. La jurisprudencia.

En relación con las mesadas pensionales no pagadas la Corte Constitucional, se ha pronunciado en reiteradas oportunidades. En la Sentencia T-184 de 2001, magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra, manifestó:

“La jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en señalar que el trabajador que ha alcanzado la edad y el tiempo de servicios establecidos en normas legales o convencionales, puede adquirir su pensión de jubilación y, en consecuencia, el derecho a recibir en forma oportuna el pago de las mesadas correspondientes, de tal suerte que se le garantice su subsistencia y la de su familia en condiciones dignas.

Resulta claro que los pensionados gozan de una especial protección por parte del Estado, como quiera que su situación jurídica tiene como base el trabajo (C.P., art. 25), por una parte, y, por la otra, porque son titulares de un derecho de rango constitucional, cual es el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales. De ahí, que esta corporación haya aceptado en forma excepcional la procedencia de la acción de tutela cuando se trata del pago de mesadas pensionales dejadas de percibir por personas que no cuentan con otro ingreso que les permita tener una vida digna”.

“... Por su parte, la Universidad del Atlántico no niega que se encuentre en mora en el pago de sus obligaciones pensionales para con la actora, pero aduce que esa circunstancia le es ajena pues esta entidad actúa simplemente como tramitador de pago de sus pensionados, en la medida en que para ello depende del giro de los bonos pensionales que les realice la Nación, el departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla, pues de conformidad con lo preceptuado por el artículo 131 de la Ley 100 de 1993, la carga pensional en instituciones de educación superior oficial de nivel territorial, departamental, distrital y municipal estarán a cargo de la Nación, departamento y distrito.

Considera la Corte que esos argumentos esbozados por la entidad accionada, no pueden ser utilizados como excusa para incumplir con el pago de las obligaciones contraídas (sic) con sus ex empleados, porque lo que se demuestra es que esa universidad como establecimiento público del orden departamental, no ha sido eficiente en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, pues si resulta cierto y la Corte no lo pone en duda, que las entidades de orden nacional o departamental no han cumplido con el envío oportuno de los bonos pensionales destinados a pagar mesadas por este concepto, a la entidad accionada le corresponde realizar todas las gestiones que se encuentren a su alcance para lograr el cumplimiento de todos sus fines, en especial los que tienen que ver con obligaciones de carácter laboral.

Así las cosas, resulta injusto por decir lo menos, que sea el pensionado afectado por el incumplimiento en el pago de su único ingreso, quien deba soportar la falta de eficacia y eficiencia en el servicio, las cuales, como ha dicho la Corte también son pautas de comportamiento del Estado social de derecho y uno de los mecanismos para desarrollar los fines esenciales del Estado.

Con relación al tema ha dicho la Corte: “Los entes territoriales incumplen de manera grave sus obligaciones cuando abandonan a sus trabajadores privándolos de sus salarios o pensiones, y con dicha actitud, no solo quebrantan clarísimos derechos individuales y colectivos, sino que dejan inaplicados principios constitucionales de primera orden que deberían haber presidido su gestión, como los del artículo 209 de la Carta”(1).

En la Sentencia T-715 de 7 de julio de 2005, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis, al reiterar la jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para obtener el pago de deudas laborales, señaló:

“En diferentes fallos esta corporación ha reiterado(2) que la acción de tutela no procede, en principio, para el reconocimiento o pago de obligaciones pensionales, pues es claro que para ello existen otros medios de defensa judicial, a los cuales ese mecanismo consagrado en el artículo 86 de la Carta Política no puede sustituir ni reemplazar. Con todo, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia(3) ha considerado que por vía de tutela se podrá exigir el pago de aquellas mesadas pensionales dejadas de cancelar, cuando con el no pago de las mismas se pone en peligro o atenta contra los derechos fundamentales a la vida digna y el mínimo vital; particularmente cuando las mesadas dejadas de cancelar se constituyen en la única fuente de recursos económicos para sufragar las necesidades básicas, tanto personales como familiares o se haya demostrado la afectación del mínimo vital del pensionado y de su familia, pues con dicha omisión, se está poniendo a dichas personas en una situación de indefensión y subordinación respecto de la entidad encargada de pagarles la correspondiente mesada.

Consecuente con lo anterior, se puede entonces deducir, que cuando se están afectando derechos fundamentales como la vida, la dignidad humana, la integridad física y moral es procedente que mediante este mecanismo residual y subsidiario se ordene que a la persona que adquirió debidamente el estatus de pensionado se le paguen cumplidamente sus mesadas, pues el pago oportuno de las mismas, se presenta como la manera de asegurar el derecho a vivir dignamente de los pensionados y en ese sentido ha señalado que el ser pensionado no es un privilegio, sino una compensación a la cual tienen derecho todos los trabajadores que han cumplido con los requisitos establecidos legalmente y que por haber agotado su capacidad laboral, merecen una especial protección del Estado(4).

Ahora bien, el pago de la mesada a que tiene derecho todo pensionado, no se limita de modo alguno al pago de una suma de dinero que solo cubra las necesidades biológicas urgentes que comprometen su vida, pues la mesada correspondiente debe garantizar una vida en condiciones de dignidad, como una justa retribución al trabajo desarrollado, la cual le permitirá tanto al pensionado como a las personas dependientes económicamente de él, suplir las necesidades básicas del núcleo familiar.

El sustento constitucional para dicho amparo tiene fundamento en el artículo 53 de la Constitución Política que a la letra dice “El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”; así como los mandatos superiores que establecen como fin esencial del Estado la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos constitucionalmente, así como el que ordena dar primacía al derecho sustancial (C.P., arts. 2º, 8º y 228).

De igual manera esta corporación(5) ha señalado que la mora de varios meses en el pago de las mesadas pensionales hace presumir la afectación del mínimo vital del pensionado y de quienes dependen de él”(6).

En el mismo fallo, en relación con el derecho que tienen las personas pensionadas a recibir oportunamente sus mesadas, se manifestó:

“La Corte, ha reiterado(7) en diferentes oportunidades que las dificultades económicas y financieras por las que atraviesa un empleador, sea este de carácter público o de carácter privado, no son admisibles como excusa válida para sustraerse de la obligación contraída con sus trabajadores y ex trabajadores de garantizar el pago completo y cumplido de las obligaciones laborales de tal manera que ha concedido la protección constitucional en casos en que está claramente amenazado el mínimo vital, el cual se ha definido como aquella suma absolutamente indispensable para cubrir las necesidades básicas de educación, alimentación, vestuario y seguridad social y, sin la cual, la dignidad humana se ve afectada.

Los pensionados tienen el derecho fundamental e inaplazable de recibir oportunamente sus mesadas y de no ser sometidos a la condición de que previamente se resuelvan los problemas internos para justificar la demora en el pago de sus obligaciones y en esta medida las excusas de orden económico o administrativo que puedan llegar a exponerse por parte de la entidad obligada a pagar la pensión, no son de recibo por la Corte Constitucional según criterio jurisprudencial muy desarrollado(8), pues el beneficiario de dicha pensión y su familia no deben asumir las consecuencias negativas de tales gestiones(9).

Debe tenerse en cuenta que las acreencias laborales constituyen gastos de administración de prioritario cumplimiento por lo que no puede avalarse la imprevisión presupuestal en que con frecuencia incurren los empleadores, por cuanto los entes pagadores deben prever las partidas presupuestales suficientes que garanticen el pago oportuno y completo de las obligaciones laborales contraídas previamente con sus pensionados.

Toda entidad independiente de su naturaleza pública o privada que haya asumido de manera directa la responsabilidad de reconocer y pagar las pensiones de sus ex trabajadores, tiene la obligación de asignar dentro de su presupuesto, una partida destinada de manera exclusiva a garantizar el pago de dichas mesadas pensionales, las que deberán ajustarse periódicamente, cada vez que el número de pensionados a su cargo varíe.

Consecuente con lo indicado anteriormente se puede afirmar que el trabajador que adquirió el estado de pensionado por haber cumplido los requisitos que le exigieron para acceder a tal beneficio y que además ha logrado el reconocimiento de la entidad que tenía a su cargo dicha obligación, no puede soportar que posteriormente esta, alegando razones de diferente índole, se abstenga de hacer efectivos los derechos que le han sido válidamente reconocidos, desconociendo que el pensionado necesita de ese pago para poder subsistir, por lo que requiere que el acto de ejecución se haga efectivo mediante la inclusión en la respectiva nómina.

Así las cosas, resulta claro entonces, que cuando una persona adquiere el estado de pensionado, obtiene coetáneamente el derecho a que sus mesadas se le cancelen de manera puntual y completa por parte de la entidad que le reconoció tal derecho, para que de esta manera pueda continuar supliendo las necesidades básicas de subsistencia de él y su familia”.

4.4. Análisis de la Sala.

Mediante acción de tutela se solicita el amparo de los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social de las personas de la tercera edad, al trabajo, al pago oportuno, a la dignidad humana y al mínimo vital y móvil y, en consecuencia, ordenar el pago de las mesadas pensionales debidas a la actora por el departamento de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca y la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, desde mayo de 2005 y las que se causen en el futuro.

En el presente caso observa la Sala que Ángela Velásquez de Rosero tiene la calidad de pensionada, según consta en la Resolución 45 de 1981, por la cual el síndico general del Hospital San Juan de Dios reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación en su favor, prueba aportada por la actora al sustentar la impugnación (fls. 166 a 168).

El a quo negó el amparo solicitado aduciendo que la actora no probó la calidad de pensionada. La Sala revocará la decisión del a quo porque la carencia de prueba sobre la calidad de pensionado no puede, por sí sola y de manera automática, en el marco de una acción de tutela, servir como fundamento para negar el derecho al pago oportuno de unas mesadas pensionales.

Es deber del juez de tutela hacer efectivos los distintos medios que tiene a su alcance para lograr, conforme al Decreto 2591 de 1991, una convicción sobre los aspectos fácticos del caso. A guisa de ejemplo, pueden mencionarse los siguientes artículos del decreto aludido: el 19, según el cual el juez de tutela podrá requerir informes al órgano o autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la documentación donde consten los antecedentes del asunto; el 20, según el cual si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente se tendrán por ciertos los hechos y se resolverá de plano; y el 22, según el cual tan pronto llegue el juez al convencimiento respecto de la situación litigiosa podrá proferir el fallo sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas.

Si el tribunal consideró insuficientes los elementos de prueba aportados por la actora debió acudir a cualquiera de las facultades enunciadas con el propósito de obtener claridad sobre los aspectos probatorios del caso. Por ello, la circunstancia de que no se hubiera acreditado la calidad de pensionada por parte de la demandante en tutela no constituía expediente válido para negar el amparo solicitado, escudándose en un rígido formalismo que desconoce el papel directivo del juez en todo proceso y la naturaleza especialísima de la acción constitucional de tutela.

No obstante esta falencia, que debilita la fortaleza de una decisión de tutela, como la actora aportó en segunda instancia copia simple de la Resolución 45 de 1981, expedida por el síndico general de la Fundación San Juan de Dios, que le reconoció a Ángela Velásquez de Rosero, identificada con cédula de ciudadanía 20.010.962, a partir del 1º de enero de 1981, una pensión mensual vitalicia de jubilación, esta resolución servirá de fundamento probatorio para el pronunciamiento de la Sala pues constituye medio de prueba que demuestra la condición de pensionada de la accionante, calidad que, además, no fue controvertida por los entes accionados (fls. 166 a 168).

La Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (A.L. 1/2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros aspectos, dispone:

“ART. 61.—Fondo del pasivo prestacional para el sector salud. Suprímese el fondo del pasivo prestacional para el sector salud creado por el artículo 33 de la Ley 60 de 1993. En adelante, con el fin de atender la responsabilidad financiera a cargo de la Nación para el pago de las cesantías y pensiones de las personas beneficiarias de dicho fondo y de acuerdo con los convenios de concurrencia correspondientes, la Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se hará cargo del giro de los recursos, así:

61.1. Al encargo fiduciario o patrimonio autónomo constituido por la entidad territorial para el pago de las mesadas y bonos pensionales de las instituciones de salud, de conformidad con el Decreto 1296 de 1994.

61.2. A las entidades administradoras de pensiones o cesantías a las cuales se encuentren afiliados los servidores públicos.

61.3. A los fondos de que trata el artículo 23 del Decreto-Ley 1299 de 1994 o a los fideicomisos a que se refiere el artículo 19, numeral 3º del mismo decreto.

ART. 62.—Convenios de concurrencia. Para efectos de los convenios de concurrencia, los cuales deberán ser suscritos a partir de la vigencia de la presente ley por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se continuarán aplicando los procedimientos del fondo del pasivo prestacional del sector salud, la forma en que concurren las diferentes entidades para cubrir el pasivo prestacional, la forma de cálculo del mismo, su actualización financiera y actuarial, las obligaciones de los convenios de concurrencia y los requisitos que deben acreditarse.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá establecer, en concertación con el ente territorial, las condiciones para celebrar los convenios de concurrencia y el desarrollo de los mismos y de los que se encuentren en ejecución, para lo cual podrá verificar el contenido de los convenios suscritos y ordenará el ajuste a las normas sobre el particular.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá revisar y actualizar en forma periódica el valor de la deuda prestacional, definiendo la responsabilidad de cada uno de los entes que suscribe el convenio de concurrencia.

PAR.—Para efectos de lo ordenado en el presente artículo, el Gobierno Nacional definirá la información, condiciones y términos que considere necesarios.

ART. 63.—Administración. Los recursos existentes en el fondo del pasivo prestacional para el sector salud serán trasladados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de manera que con cargo a dichos recursos, se efectúen los pagos correspondientes. Así mismo, los demás recursos que por ley se encontraban destinados al fondo, serán entregados al Ministerio de Hacienda para financiar el pago de los pasivos prestacionales de los servidores del sector salud” (destacado por la Sala).

Para efectos de precisar el ordenamiento que se hará en esta providencia debe la Sala determinar los alcances, para el caso, de la sentencia del 8 de marzo de 2005, ejecutoriada el 14 de junio de 2005, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, que declaró la nulidad de los decretos 290 de 15 de febrero de 1979, “por el cual se suple la voluntad del fundador y se adoptan disposiciones en relación con la Fundación San Juan de Dios”; 1374 de 8 de junio de 1979, “por el cual se adoptan los estatutos de la Fundación San Juan de Dios”; y 371 de 23 de febrero de 1998, “por el cual se suple la voluntad del fundador y se reforman los estatutos de la Fundación San Juan de Dios”, expedidos por el Gobierno Nacional.

Ello por cuanto tal sentencia trajo como efecto la desaparición de la persona jurídica Fundación San Juan de Dios:

“Finalmente, es preciso enfatizar en que si bien es cierto que el acto de reconocimiento de personería jurídica de la fundación como tal, expedido por el Ministerio de Salud, mediante Resolución 10869 de 6 de diciembre de 1979, no fue impugnado a través de esta acción, ello no es óbice para que la Sala pueda acometer el juzgamiento de los actos aquí controvertidos, pues, de una parte, no se está en presencia de un acto complejo, considerado este como el que para su expedición requiere del concurso de varias voluntades; y frente al cual, obviamente, sí habría lugar a exigir la inclusión de todos los actos fruto de ese concurso de voluntades; y, de la otra, la declaratoria de nulidad de los actos acusados trae como consecuencia jurídica el decaimiento o pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de reconocimiento de personería, a la luz de lo consagrado en el artículo 66, numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo en la medida en que han desaparecido sus fundamentos de hecho o de derecho, circunstancia esta que no requiere de pronunciamiento judicial, sino que opera de pleno derecho, por expreso mandato legal”.

Ante tal circunstancia le corresponde a la Sala determinar quién debe asumir el pago de las mesadas pensionales de los pensionados del Hospital San Juan Dios. Según la misma sentencia del Consejo de Estado, en virtud de los efectos ex tunc de la nulidad decretada respecto de los actos demandados, el hospital en mención nunca salió del patrimonio de la Beneficencia de Cundinamarca. Sobre la pertenencia del centro de salud a esta entidad razonó el Consejo de Estado:

“Para enfatizar aún más en la circunstancia de que al citado hospital se le ha dado el tratamiento de bien de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca, la Sala trae a colación la Ley 63 de 1911 (fl. 68 del expediente), en la cual se previó:

“ART. ÚNICO.—La Nación cede a perpetuidad al departamento de Cundinamarca el terreno y las construcciones denominado Molinos de la Hortúa, con todas sus dependencias y anexidades, con destino a la construcción de edificios adecuados para establecer manicomios y asilos de indigentes...”.

Corrobora la propiedad del Hospital San Juan de Dios en cabeza de la Beneficencia de Cundinamarca, la Ordenanza 10 de 20 de agosto de 1976, por la cual la Asamblea de Cundinamarca, aprobó “... en todas sus partes el contrato celebrado el 21 de julio de 1976, entre la Beneficencia de Cundinamarca y la Universidad Nacional de Colombia, en virtud del cual la primera entrega a la segunda el uso, a título de comodato, los inmuebles compuestos por los terrenos y las edificaciones en ellos existentes, donde funcionan el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, junto con las dotaciones, equipos, servicios públicos y utensilios destinados al funcionamiento de los establecimientos mencionados, así como los demás convenios en aquel contenidos...”.

Los argumentos anteriores dejan sin sustento las apreciaciones de la llamada “Fundación San Juan de Dios”, plasmadas en la contestación de la demanda.

Al tratarse, como en efecto se trata, de una institución de salud departamental, es a la Asamblea Departamental de Cundinamarca, en este caso, a quien corresponde tomar las determinaciones concernientes al referido hospital”.

Como los bienes y haberes del Hospital San Juan de Dios pertenecen a la Beneficencia de Cundinamarca, es obvio que las obligaciones derivadas de su actividad también deben ser asumidas por el referido ente del nivel departamental. El Gobernador del departamento de Cundinamarca así lo ha entendido, según puede inferirse de la comunicación del 14 de junio de 2005, dirigida al director general de la Fundación San Juan de Dios, en la que le expresa: “Es entonces a la Beneficencia de Cundinamarca, como entidad descentralizada, en cumplimiento de las funciones básicas establecidas en el artículo 3º del Decreto Ordenanzal 028 de 2005, a la que le corresponderá administrar los bienes que, con el pleno de las formalidades legales, deberá devolver la Fundación San Juan de Dios en liquidación al departamento de Cundinamarca” (fl. 16).

Como consecuencia de lo anterior la Sala dispondrá que la Beneficencia de Cundinamarca adelante las gestiones tendientes a la consecución de los recursos para el pago de las mesadas adeudadas a la actora y de aquellas que llegaren a generarse en su favor en virtud del derecho a la pensión vitalicia de jubilación, que le fue reconocida mediante Resolución 45 de 1981, expedida por el síndico general de la Fundación San Juan de Dios.

Las mesadas pensionales debidas a la demandante deben pagársele rápidamente y en su totalidad, con el fin de que pueda responder a sus necesidades básicas y llevar una vida en condiciones dignas y justas. Frente a este derecho, el Estado debe actuar con toda la energía y prontitud de manera que quienes han adquirido en virtud de su edad y de años de trabajo una pensión de jubilación o de vejez no se vean, ni siquiera transitoriamente, desprotegidos frente a actos arbitrarios o negligentes del propio Estado o de los particulares que por ley están obligados a asumir la prestación social.

Según los elementos probatorios, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha requerido a la gerente de la Beneficencia de Cundinamarca para que suscriba el adicional Nº 8 al contrato de concurrencia con el fin de dar una solución transitoria e inmediata a la situación que aqueja a los pensionados del Hospital San Juan Dios y el Instituto Materno Infantil y esta última se ha mostrado renuente. Ello no es óbice para que el Estado, a través de la entidad que corresponda, pague las mesadas pensionales de la demandante, a las cuales tiene derecho por haber adquirido la condición de pensionada.

Como por la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, del 8 de marzo de 2005, con ponencia del Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, radicación 11001-03-24-000-2001-00145-01(IJ), actora Blanca Flor Rivera y otra, no es posible condenar a la Fundación San Juan de Dios dada su inexistencia actual, se condenará a la Beneficencia de Cundinamarca a que, dentro del término máximo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de este fallo, pague a la demandante las mesadas pensionales adeudadas y, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con la ley, tome las medidas necesarias para garantizar el pago cumplido de las mesadas que se causen en el futuro.

Esto no implica que el juez constitucional tenga competencia para asignar de manera definitiva el pago a la Beneficencia de Cundinamarca pues bien puede la entidad hacer uso de los medios legales procedentes en caso de que el juez ordinario competente determine que no debe concurrir al pago del pasivo pensional de la extinta Fundación San Juan de Dios.

Al pago de las mesadas pensionales adeudadas a la actora se llamará a concurrir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Resalta la Sala que al contestar la demanda de acción de tutela el Ministerio no se negó a brindar el aporte correspondiente para la financiación del pasivo pensional de los pensionados del Hospital San Juan de Dios, al punto que mencionó su insistencia en requerir a la Beneficencia de Cundinamarca la suscripción del adicional Nº 8 al contrato de concurrencia. En consecuencia, se dispondrá que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público concurra al pago de las mesadas pensionales adeudadas a la actora y adelante también las gestiones necesarias tendientes a evitar los retrasos en el pago de las que llegaren a causarse a favor suyo.

Adicionalmente se requerirá al departamento de Cundinamarca, a la Beneficencia de Cundinamarca, al liquidador de la Fundación San Juan de Dios y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que, con la intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, cuya participación se solicita expresamente, realicen las gestiones tendientes a solucionar definitivamente el problema del pasivo pensional de los pensionados del Hospital San Juan de Dios.

5. Decisión.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

REVÓCASE el fallo del 1º de septiembre de 2005, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, que negó la protección de los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social de las personas de la tercera edad, al trabajo, al pago oportuno, a la dignidad humana y al mínimo vital y móvil de la demandante, Ángela Velásquez de Rosero, identificada con cédula de ciudadanía 20.010.962 de Bogotá. En su lugar,

AMPÁRANSE, mientras se decide de manera definitiva la responsabilidad por el pago del pasivo pensional de los pensionados del Hospital San Juan de Dios, los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social de las personas de la tercera edad, al trabajo, al pago oportuno, a la dignidad humana y al mínimo vital y móvil de la demandante.

ORDÉNASE al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Beneficencia de Cundinamarca y a Bogotá Distrito Capital, en los términos del Convenio de Concurrencia 799 de 1998 y sus actualizaciones, pagar en el término de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la presente sentencia, si aún no lo han hecho, a Ángela Velásquez de Rosero las mesadas pensionales adeudadas desde mayo de 2005 y adelantar las gestiones tendientes a evitar los retrasos en el pago de las que llegaren a causarse a favor suyo. Se entenderá, para los efectos de la orden aquí emitida, que las obligaciones radicadas en la Fundación San Juan de Dios, establecidas en el convenio de concurrencia aludido, corresponden a la Beneficencia de Cundinamarca conforme a lo expuesto en la parte motiva.

REQUERIR al departamento de Cundinamarca, a la Beneficencia de Cundinamarca, al liquidador de la Fundación San Juan de Dios y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que, con la intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, cuya participación se solicita expresamente, realicen las gestiones tendientes a solucionar definitivamente el problema del pasivo pensional de los pensionados del Hospital San Juan de Dios.

Cópiese, notifíquese, cúmplase, remítase copia al tribunal de origen y envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La presente providencia fue discutida en Sala de la fecha.

Magistrados: Tarsicio Cáceres Toro—Alejandro Ordóñez Maldonado—Jesús María Lemos Bustamante.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

(1) Sentencia T-089 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(2) Ver entre otras, las sentencias T-479 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-303 y T-067 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-139 de 2004 y T-1166 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-524 y T-04 de 2004, T-267 de 2003, T-471 de 2002, T-307 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-1142 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-390 de 2003 y T-751 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(3) Ver sentencias T-183 de 2005, T-479, T-547 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-067 y T-303 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-234 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-139 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-958, T-905, T-882 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-027 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-524 de 2004 y T-267 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, entre muchas otras.

(4) En Sentencia T-126 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, se expresó lo siguiente:

“La mesada pensional es una fuente de manutención, una forma de asegurar dignamente el estado de sobrevivencia, como lo ha considerado la doctrina constitucional, cuando ha precisado que el ser pensionado no es un privilegio, sino una compensación que se ha ganado previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin, lo que indica que los pensionados merecen la protección del Estado, por cuanto su capacidad laboral ya se extinguió.

Por regla general, quien vivió siempre del salario y ahora lo hace de su pensión, especialmente si es exigua, ve afectada su posibilidad real de subsistencia al no poder procurársela por otros medios, y por tanto, sus derechos esenciales se ven atropellados por la falta de pago de las mesadas que legítimamente le corresponden”.

(5) Ver sentencias T-234 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-524 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(6) En la Sentencia T-524 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, se dijo al respecto lo siguiente: “La jurisprudencia de esta corporación ha reconocido que la acción de tutela es un mecanismo improcedente, cuando la cesación o mora en el pago de mesadas pensionales o salariales no representa para el empleado o pensionado una vulneración o lesión de su mínimo vital (sentencias T-246 de 1992, T-063 de 1995, 437 de 1996, T-01, T-087, T-273 de 1997, T-11, T-75, T-366, T-399 de 1998, entre otras), en donde el afectado debe demostrar, al menos sumariamente, la afección de este (Sent. T-030/98). Esa demostración deja de ser necesaria y se presume, cuando la interrupción en el pago se ha prolongado en el tiempo. Al respecto se ha señalado “... por tratarse del pago de pensiones, ha de presumirse que su no pago está afectando el mínimo vital del pensionado y, por ende, corresponderá a la entidad encargada de pagar esta prestación, desvirtuar esta presunción” (Sent. T-259/99), más aún cuando el no pago ha sido una actitud recurrente del obligado a efectuarlo (Sent. T-525/99)”.

(7) Ver entre otras, las sentencias T-183 de 2005, T-547 y T-479 de 2004, Álvaro Tafur Galvis; T-1166 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(8) Ver sentencias T-479 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-303 y T-067 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-139 de 2004 y T-1166 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-524 y T-04 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-1142 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-390 de 2003 y T-751 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-240 de 2001 y T-1121 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(9) “El que la situación económica, presupuestal o financiera de un empleador público o privado no sea producto de su negligencia o desidia, no lo exime de responder por la intencionalidad de quien incurre en el desconocimiento de un derecho fundamental, no puede tenerse como elemento relevante para definir la procedencia o improcedencia del amparo impetrado”. Sentencia T-259 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

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