Sentencia 12800 de octubre 24 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 250002327000-1999-0361-01

Interno 12800

Consejero Ponente:

Juan Ángel Palacio Hincapié

Bogotá, D.C., veinticuatro de octubre de dos mil dos.

Actor: Corporación Anapoima Club Campestre

C/Comité de entidades sin ánimo de lucro. Ministerio de Hacienda. Impuesto sobre la renta 1996

Fallo

EXTRACTOS: «Al haber sido negado el proyecto de fallo presentado por la señora consejera María Inés Ortiz Barbosa, con base en la presente ponencia, decide la Sección la demanda instaurada por la corporación Anapoima Club Campestre, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra los actos administrativos mediante los cuales el comité de entidades sin ánimo de lucro se abstuvo de emitir pronunciamiento sobre la solicitud de calificación elevada por la actora, en relación con el impuesto sobre la renta por el año gravable de 1996.

Antecedentes

El 5 de mayo de 1997, la Corporación Anapoima Club Campestre elevó ante el comité de entidades sin ánimo de lucro, solicitud de calificación acerca de la procedencia de los egresos efectuados durante el año de 1996.

El citado comité a través de la Resolución 0956 del 29 de marzo de 1999, resolvió no emitir pronunciamiento sobre la calificación solicitada, en atención a que estimó que la corporación no cumplía con los requisitos previstos en el numeral 1º del artículo 19 del estatuto tributario para pertenecer al régimen tributario especial, como quiera que sus actividades no propenden por el mejoramiento del conglomerado social, ni a ella tiene acceso la comunidad. Se explicó que aún cuando en teoría el objeto social del club se enmarca dentro de los lineamientos del artículo 359 del estatuto tributario, en la realidad económica no se ve reflejado, puesto que el 96% de sus ingresos se deriva de cuotas de sostenimiento y ventas, y los egresos y gastos, son en general de costo de ventas y mantenimiento general para que sus socios, quienes son los beneficiarios de sus servicios, puedan disfrutar de sus instalaciones. En conclusión, la entidad no clasifica en el régimen tributario especial establecido en el artículo 19 del estatuto tributario, y por lo mismo no goza del plazo de un mes para presentar la declaración de renta.

Contra el anterior acto fue interpuesto recurso de reposición, el que fue rechazado por extemporáneo a través de la Resolución 0111 del 14 de abril de 2000, que agotó la vía gubernativa.

(...).

Consideraciones de la Sala

En relación con la solicitud de fallo inhibitorio que pide la opositora, advierte la Sala que la misma no está llamada a prosperar, puesto que la aparente extemporaneidad en la interposición del recurso de reposición aducida en sede gubernativa para su rechazo y ante la jurisdicción como sustento de la petición de inhibición, parte de la premisa de ignorar por completo que efectivamente como lo ha sostenido la demandante, la citación para comparecer a notificarse del acto principal (Res. 0956) le fue entregada hasta el 4 de junio de 1999, esto es, con posterioridad a la desfijación del edicto que tuvo como propósito surtir la notificación por tal medio, hecho que ocurrió el 20 de mayo de 1999 y en tales condiciones mal podría sostenerse que el plazo para recurrir venciera el 27 de mayo de 1999.

En efecto, el comité, resolvió rechazar por extemporáneo el recurso, sin referirse a las razones y prueba aducidas por la entidad, no obstante que al expediente fue allegada la certificación de Adpostal que acreditaba la fecha de la entrega y por ende desvirtuaba que en esas condiciones el recurso interpuesto el 15 de junio de 1999, fuera extemporáneo. Ante la jurisdicción, la opositora ratifica lo dicho por el comité e igualmente omite referirse a dicha certificación, así como los argumentos de la parte demandante. No prospera la excepción.

Respecto al asunto de fondo, comienza la Sala por resolver el cargo de incompetencia del comité de entidades sin ánimo de lucro, para pronunciarse acerca de la solicitud de calificación y resolver el recurso de reposición interpuesto, a raíz de la derogatoria expresa hecha por el artículo 154 de la Ley 488 de 1998, del literal b) del artículo 363 del estatuto tributario.

A juicio de la Sala el cargo no está llamado a prosperar, puesto que no obstante el artículo 154 de la ley 488 de 1998, eliminó la función de calificar la procedencia de los egresos y la destinación del beneficio neto o excedente, el comité de entidades sin ánimo de lucro podía pronunciarse sobre el asunto aquí discutido, toda vez que se trataba de decidir una solicitud respecto del año gravable 1996, presentada el 5 de mayo de 1997, y sobre la cual al momento de entrar en vigencia la nueva ley estaba pendiente de pronunciamiento.

En efecto, se trataba de una actuación que se tramitaba ante el comité antes de ser expedida la Ley 488 de 1998, siendo el período gravable de 1998, y no los anteriores, aquél a partir del cual fue eliminada la citada calificación. Así se desprende también, del parágrafo del artículo 363 del estatuto tributario, que incorporó el 83 de la Ley 488, aplicable al período fiscal de 1998, que señala que las entidades del régimen tributario especial “no requieren de la calificación del comité” para gozar de los beneficios inherentes al régimen y que “deben presentar la declaración de renta” dentro de los plazos generales que establezca el gobierno.

Para la Sala resulta evidente que dicha derogatoria no afectó la regulación sustancial ni procedimental que regía respecto de los períodos anteriores, como el de 1996 aquí discutido, para el que era requisito indispensable la mencionada calificación.

En este sentido la Sala ratifica su criterio jurisprudencial expuesto en oportunidades anteriores (1) sobre el mismo punto.

(1) En este sentido se ha pronunciado la Sala, entre otros en las sentencias del 15 de noviembre de 1996, expediente 7995, C.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo, del 16 de marzo de 2001, Expediente 10559, C.P. Dr. Delio Gómez L. y sentencia del 25 de mayo de 2001, expediente Nº 10452, C.P. Dra Ligia López Díaz.

De otra parte, pero también relacionado con el tema de la competencia, advierte la Sección que en el cargo de fondo la parte demandante, acusa que no se ajustaron a derecho los actos demandados al no emitir pronunciamiento sobre la calificación solicitada por la parte actora, respecto del año de 1996, al considerar que la entidad no cumple con los requisitos para pertenecer al régimen tributario especial, previsto en el numeral 1º del artículo 19 del estatuto tributario.

Conforme a dicha disposición, modificada por el artículo 63 de la Ley 223 de 1995, son entidades del régimen tributario especial, las fundaciones, corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto social principal y recursos, estén destinados a las actividades incentivadas de salud, educación formal, cultura, deporte aficionado, investigación científica o tecnológica, ecología y protección ambiental, o a programas de desarrollo social, las que deben ser de interés general.

El interés general que prevé la ley, se satisface conforme lo indica el parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto Reglamentario 124 de 1997, cuando las actividades "afectan a la colectividad al propender por el mejoramiento social”.

El comité de entidades sin ánimo de lucro, a través de los actos demandados resolvió abstenerse de emitir la calificación solicitada, aduciendo que verificados los documentos allegados, la entidad actora no cumple con los requisitos legales para ser considerada como contribuyente régimen tributario especial, conforme al numeral 1º del artículo 19 del estatuto tributario, toda vez que sus actividades no van encaminadas a propender por el mejoramiento del conglomerado social.

Lo anterior se sustentó en que los estatutos sociales del club y los estados financieros muestran que a las actividades que éste desarrolla solamente tienen acceso los socios y sus invitados y los egresos del período son administrativos, que sus actividades no propenden por el mejoramiento del conglomerado social, por cuanto su beneficio es limitado a sus diferentes clases de socios e invitados lo cual rompe el objetivo indispensable de las entidades del régimen tributario especial, cual es la supremacía de la conveniencia general, como requisito indispensable. De manera que a juicio del comité, el club no puede acceder al régimen especial.

Para resolver, considera la sección, como lo ha estimado en diversos casos similares al aquí debatido, que con lo resuelto en los actos acusados la entidad demandada desbordó los límites de su competencia, dado que no está facultada para abstenerse de emitir pronunciamiento sobre la calificación de egresos, como quiera que dentro de sus funciones no le está atribuida la de pronunciarse en tal sentido; proceder con el que se desconocen tanto el literal b) del artículo 363 del estatuto tributario, como el artículo 11 del Decreto 124 de 1997, en lo pertinente.

De otra parte, al examinarse el destino de los egresos de la entidad actora, no se está haciendo cosa distinta que ejercer facultades de fiscalización para las que el comité no tiene competencia, e invadiendo la órbita de la función otorgada a la administración tributaria.

Y es que la competencia funcional del comité referida a la calificación de la procedencia de los egresos efectuados en el período gravable y la destinación del beneficio neto o excedente a los fines previstos, se contrae a esos aspectos, sin que pueda extenderse a actuaciones diferentes radicadas en cabeza de otro órgano, como lo son las de fiscalización atribuidas a la administración.

Además porque el artículo 13 del Decreto 124 de 1997 en concordancia con el artículo 363 del estatuto tributario, prevén que la administración tributaria desarrollará programas de fiscalización a las entidades del régimen tributario especial para determinar, entre otros, el cumplimiento de las actividades señaladas en dicha norma, y “las demás disposiciones vigentes sobre la materia”, una de las cuales, justamente es el artículo 19 del estatuto tributario.

Las consideraciones precedentes a juicio de la Sala, son suficientes para decretar la nulidad de los actos acusados, y a título de restablecimiento del derecho se ordenará a la parte demandada que proceda a emitir la calificación solicitada por la actora, correspondiente al año gravable 1996 y que la entidad goza del plazo especial de un mes, previsto en el inciso 4º del artículo 15 del Decreto 2300 de 1996, para presentar su declaración de renta por el respectivo año.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NIÉGASE la excepción propuesta por la parte demandada

2. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 0956 del 29 de marzo de 1999 y Nº 0111 del 14 de abril de 2000, expedidas por el comité de entidades sin ánimo de lucro.

3. A título de restablecimiento del derecho, la entidad demandada deberá proceder a efectuar la calificación solicitada.

4. DECLÁRASE que la Corporación Anapoima Club Campestre goza del plazo especial para la presentación de su declaración de renta, por el año de 1996.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

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