Sentencia 10034 de junio 9 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

REVISOR FISCAL

FIRMA EN DECLARACIONES TRIBUTARIAS

EXTRACTOS: «Debe determinar la Sala si la administración debía o no exigir la firma del revisor fiscal en la declaración de retención en la fuente del 30 de enero de 1997, ya que para el apoderado judicial de la actora, si bien a 31 de diciembre de 1996 cumplía los presupuestos exigidos en el parágrafo 2º del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, a esa fecha la junta de socios, autoridad encargada de nombrar tal funcionario, no se había reunido, razón por la cual no podía exigírsele que la declaración estuviera firmada por revisor fiscal.

El parágrafo 2º del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, consagra lo siguiente:

“Será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos”.

Puesto que en el sub lite se trata de la declaración de retención en la fuente por el mes de noviembre de 1996, no cabe duda, que el año inmediatamente anterior al año gravable de que se trate, no es el año en el cual se presentó la declaración como lo ha puesto de manifiesto el demandante, ni el anterior a éste, sino el anterior al año gravable de 1996, año gravable al cual corresponde la declaración, por tanto, los presupuestos a que alude tal disposición, deben ser determinados a 31 de diciembre de 1995, ya que se repite, la declaración que se pretende llevar la firma del revisor fiscal corresponde al año gravable de 1996 (mes de noviembre), cuya inicial fue presentada el día 20 de diciembre de 1996.

Sin embargo, la obligación para la sociedad de tener revisor fiscal surge en consideración a los activos brutos con corte de cuentas al 31 de diciembre de 1996; por consiguiente, mal puede serle exigida la firma de tal funcionario cuando, como se anotó, los presupuestos exigidos en la preceptuada disposición legal deben ser determinados a 31 de diciembre de 1995, pues se trata de declaración correspondiente a las retenciones en la fuente del mes de noviembre de 1996, no importa, para el caso, que exista declaración de corrección presentada el 30 de enero de 1997.

Entonces se tiene que el monto de tales activos brutos con corte de cuentas a 31 de diciembre de 1996 adquieren firmeza —e imponen la obligación de tener revisor fiscal— cuando los estados financieros son aprobados por el órgano social respectivo, la junta de socios, en su reunión ordinaria que se celebró el 19 de marzo de 1997, no antes, como con acierto lo ha interpretado la parte actora, pues en tal fecha se impuso, para la sociedad, dar desarrollo a lo previsto en el artículo 204 del Código de Comercio, vale decir, efectuar la elección del revisor fiscal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 422 ibídem».

(Sentencia de junio 9 de 2000. Radicación 10.034. Consejero Ponente: Dr. Delio Gómez Leyva).

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