Sentencia 1476 de noviembre 1º de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp. 2500023270002001 1476 01, nov. 1º/2001.

C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Acción de tutela. Actora: Alicia Rico Rojas.

Se decide la impugnación oportunamente interpuesta por la actora, contra el fallo de 20 de septiembre de 2001, proferido por la Sección Cuarta - Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto negó la tutela impetrada.

I. La solicitud de tutela

I.1. La señora Alicia Rico Rojas, obrando en su propio nombre y en escrito presentado ante la secretaría general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 6 de septiembre de 2001, incoó acción de tutela contra la Corporación de Ahorro y Vivienda —Davivienda— y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, por estimar que se le violaron los derechos constitucionales fundamentales de defensa, al debido proceso, a la vivienda digna y a la propiedad.

I.2. Las violaciones antes enunciadas las infiere la actora, en síntesis, de lo siguiente:

1. Manifiesta que adquirió un inmueble ubicado en la carrera 96 Nº 151-43 de esta ciudad, para lo cual suscribió una obligación hipotecaria con la Corporación de Ahorro y Vivienda “Davivienda”, que inicialmente fue liquidada en UPACs y para cuyo pago se pactaron cuotas mensuales las que, en principio, atendió oportunamente, pero que con el tiempo se volvieron exorbitantes e imposibles de pagar.

2. Agrega que con ocasión de lo anterior, la corporación aludida tramitó ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, un proceso ejecutivo hipotecario en su contra con el fin de obtener el pago de la obligación, basada en la liquidación presentada por aquélla, la que, a su juicio, evidencia lo inconstitucional que resulta la aplicación del sistema UPAC, ya que después de haber abonado oportunamente durante varios años a dicha obligación, la deuda ascendió a una cifra escandalosa, pese a que la Corte Constitucional, a través de sentencias de 27 de mayo y 16 de septiembre de 1999, al declarar inexequibles algunos artículos del estatuto orgánico del sistema financiero, encontró totalmente inconstitucional toda la estructura del sistema UPAC.

3. Que luego de ordenar el avalúo y posterior remate del inmueble señalado, el juzgado decide por petición de la entidad demandante adjudicárselo, para lo cual, comisiona al señor Inspector de Policía de Bogotá.

4. Que durante el trámite del proceso referido, se cometieron una serie de irregularidades dentro de las que señala que, de una parte, el juzgado aludido violó el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto para llevar a cabo la diligencia de remate de venta en pública subasta, no publicó el aviso en un periódico de amplia circulación, tal y como lo prevé la norma citada, ya que lo hizo en uno de mínimo reconocimiento; y de la otra, que para el pago de la obligación por esta vía, debía tenerse en cuenta la reliquidación del crédito bajo los parámetros establecidos en las sentencias aludidas y no en los de la usura, como efectivamente ocurrió, situación que califica como una clara violación al debido proceso.

En consecuencia, solicita se le tutelen los derechos de defensa, al debido proceso, a la vivienda digna y a la propiedad, ordenando al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, suspender y anular la diligencia de adjudicación del inmueble hecha a la corporación acreedora, y, a su vez, ordenar a la aludida corporación, reliquidar el crédito en los términos señalados por la Corte Constitucional, en virtud de la ilegalidad de la misma, que dio origen a la demanda a que se contrae el presente debate.

I.3. En cumplimiento del proveído de 10 de septiembre de 2001, mediante el cual se notificó a los demandados de la acción de tutela interpuesta, el representante legal del Banco Davivienda S.A., contestó la demanda, en los siguientes términos:

Que a las señoras Alicia Rico Rojas y María Esla Nelly Arias González, esta última codeudora, les fue aprobado y liquidado el 14 de marzo de 1994, el crédito hipotecario núm. 00-74465-6, el cual se encontraba garantizado con el inmueble ubicado en la carrera 98 núm. 151-43 Interior 13, apartamento 302 del conjunto residencial Pinar de Suba 2, agrupación D, de la ciudad de Bogotá.

Que como quiera que la obligación aludida entró en mora, se inició la respectiva acción judicial, no sin antes haber ofrecido otras posibilidades tendientes a la normalización del crédito, proceso que terminó con diligencia de remate, en la cual le fue adjudicado el inmueble a Davivienda, desde el 6 de marzo de 2001, y actualmente, se encuentra pendiente la entrega del mismo por parte de la actora.

Que la demandante argumenta la ilegalidad e inconstitucionalidad de la liquidación del UPAC con relación al DTF, cuando dicha naturaleza sólo fue conocida por el público en general y por Davivienda con la expedición de la Sentencia C-383 de 27 de mayo de 1999, proferida por la Corte Constitucional, esto es, 5 años después de que le fuera aprobado el crédito.

Que como quiera que el artículo 134 del Decreto 663 de 1993, vigente hasta el 16 de septiembre de 1999, establecía que las corporaciones de ahorro y vivienda debían liquidar sus créditos en UPAC de acuerdo con la cotización que para cada día establecía la Junta Directiva del Banco de la República, concluye que de manera alguna se ha violado el debido proceso, pues las normas que se invocaron al momento de presentar la demanda y que tutelan los derechos que como acreedor hipotecario tiene Davivienda, se encuentran plenamente vigentes.

Señala que la demanda se presentó el 28 de septiembre de 1998, y se notificó el 4 de diciembre del mismo año, habiendo sido de conocimiento de la actora, las diferentes etapas que se surtieron dentro del proceso ejecutivo, razón por la cual se le ha garantizado el ejercicio del derecho de contradicción como mecanismo de defensa.

Que el argumento de la demandante en relación con la publicación del edicto de remate en un diario diferente al de El Tiempo, no tiene asidero jurídico, toda vez que no se conoce norma alguna que califique a un determinado periódico como idóneo para realizar estas publicaciones, ya que al que se acudió dentro del referido proceso, reúne los requisitos exigidos por la ley.

Que el Banco Davivienda, dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley de vivienda, esto es, a la Ley 546 de 1999, procedió a efectuar oportunamente la conversión del crédito hipotecario de la demandante a UVR, aplicando a la referida obligación el alivio del gobierno por la suma de $ 7.634.333.35.

Finalmente, sostiene que en el presente caso no es procedente la acción de tutela toda vez que ella ha sido establecida como un mecanismo extraordinario de protección de los derechos fundamentales cuando ello no sea posible a través de los medios de defensa judiciales ordinarios.

Así mismo, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito mediante oficio de 13 de septiembre de 2001, remitió con destino al proceso de la referencia, copia del proceso núm. 0378-1998 ejecutivo hipotecario del Banco Davivienda S.A. contra Alicia Rico Rojas.

II. El fallo impugnado

Para negar la tutela instaurada consideró el juzgador de primera instancia, en síntesis, lo siguiente:

Que luego de analizar las diferentes pruebas allegadas al proceso, en especial las que obran dentro del ejecutivo, no se advierte vulneración de los derechos fundamentales alegados por la actora, ya que si bien es cierto se le inició un ejecutivo por el no pago de una obligación que inicialmente se liquidó en UPACs, de acuerdo a las prescripciones del Decreto 663 de 1993, aplicable al caso por encontrarse vigente en ese momento, no lo es menos que estando en curso dicho proceso, se le reliquidó el crédito teniendo en cuenta la Ley 546 de 1999, y además, aquélla tuvo la oportunidad de ejercer dentro del mismo su derecho de defensa, a través de los medios de impugnación a su alcance, lo cual no ocurrió, ya que ella asumió una actitud pasiva frente a las pretensiones de pago.

III. Fundamentos de la impugnación

La demandante en su escrito de impugnación se limitó a solicitar el amparo de sus derechos fundamentales que, considera, le fueron vulnerados ante la orden impartida por el Juez Cuarto Civil del Circuito de entregar el bien inmueble antes aludido, que fue adjudicado al Banco Davivienda.

IV. Consideraciones de la Sala

Pretende la demandante con el ejercicio de la acción interpuesta que se le tutelen los derechos de defensa, al debido proceso, a la vivienda digna y a la propiedad, ordenando al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, suspender la entrega del inmueble ubicado en la carrera 98 núm. 151-43 interior 13, apartamento 302 del conjunto residencial Pinar de Suba 2, agrupación D, de esta ciudad, anulando para el efecto, la providencia que se lo adjudicó a la corporación acreedora, dentro del proceso ejecutivo hipotecario que se siguió en su contra.

Un primer aspecto que interesa resaltar, por su mayor incidencia en el asunto que se dilucida, es el referente a que la Corte Constitucional, en Sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, con ponencia del magistrado doctor José Gregorio Hernández, al declarar inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto-Ley 2591 de 1991, expresó que la acción de tutela no es procedente frente a providencias judiciales, en razón de los principios de la intangibilidad de la cosa juzgada y de la autonomía de los jueces, excepto cuando en ellas se han desconocido ritualidades que, por constituir una garantía del derecho de defensa, convierten la decisión adoptada en lo que ha dado en llamarse una vía de hecho, situación que se configura cuando la providencia judicial obedece al capricho o a la arbitrariedad de quien la profirió.

Así las cosas, para determinar si la autoridad judicial demandada incurrió en una “vía de hecho“ al no aplicar dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado contra el demandante, la liquidación del crédito con base en los parámetros señalados por la Corte Constitucional, al declarar inexequibles los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 134, 135, 136, 137, 138, 139 y 140 del Decreto 663 de 1993, se hace necesario reseñar las actuaciones surtidas dentro del mismo:

En virtud de la demanda ejecutiva hipotecaria formulada el 28 de septiembre de 1998 ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá por el Banco Davivienda contra la actora, ese despacho mediante proveído de 21 de octubre del mismo año, libró mandamiento ejecutivo de pago por “la suma equivalente en pesos colombianos al día de pago a 102.3729 UPAC como valor de las cuotas vencidas y no pagadas e intereses de mora a la tasa del 24% anual desde el 14 de julio de 1998 hasta el día cuando se verifique el pago y por la suma equivalente en pesos colombianos al día de pago a 2.041.2232 UPAC e intereses de mora a la tasa del 24% anual desde el 1º de octubre de 1998 hasta cuando el pago se verifique”. (Fl. 66), así como también se ordenó el embargo del bien referido, providencia que le fue notificada personalmente a la demandante el 4 de diciembre siguiente (fl. 73).

Que mediante proveído de 8 de febrero de 1999, se decretó el secuestro del bien inmueble embargado, de propiedad de la demandada, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria núm. 50N-20167486. Así mismo, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, (fl. 83), decreta la venta en pública subasta del bien hipotecado, para con su producto pagar a la demandante el crédito y las costas del proceso.

A folio 95 obra la liquidación especificada del crédito aludido, presentada por el apoderado de el Banco Davivienda el 4 de mayo de 1999, el cual asciende a la suma de 37''391.763, y que como quiera que no fue objetada por la actora dentro del término previsto para tal efecto, fue aprobada por el juzgado mediante proveído de 13 de julio de 1999 (fl. 99).

Mediante escrito de 22 de febrero de 2000 obrante a folio 113 dirigido al Juez Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, el apoderado del ejecutante anexa el original del diario La República del 14 de febrero del mismo año, en donde consta la publicación del aviso de remate a efectuarse dentro del proceso ejecutivo señalado.

Igualmente obra a folio 118 oficio de 15 de febrero de 2000, suscrito por el jefe jurídico de la subgerencia de cartera de Davivienda, mediante el cual le informa al doctor Herman Fresen Martínez abogado externo subgerencia de cartera de dicha corporación que “Teniendo en cuenta las últimas disposiciones de la nueva ley de vivienda, me permito informarle que la diligencia de remate que está programada para el 29 de febrero de 2000, cayo titular es la señora Alicia Rico Arenas, debe ser suspendida”.

En virtud de lo anterior el apoderado de la parte actora, solicita al juzgado el 24 de febrero de 2000, suspender la diligencia de remate prevista para el 29 siguiente, por cuanto la demandada solicitó al Banco Davivienda la reliquidación de su crédito.

Así las cosas, el subgerente de cartera de Davivienda a través de oficio de 12 de mayo de 2000 informa al juzgado que “... dentro del término de ley, Davivienda efectuó el pasado 14 de abril la aplicación del alivio correspondiente al crédito de la señora Alicia Rico Rojas, titular del crédito hipotecario Nº 00-74465-6 por valor de $ 7''150.697.86. Vale la pena mencionar que pese a la aplicación del alivio, la obligación continúa en mora, por lo que consideramos pertinente seguir adelante con el proceso” (fl. 126).

Luego, de la nueva liquidación efectuada por el Banco Davivienda la que asciende a la suma de 49''904.748, incluido ya el alivio otorgado por el gobierno, se corrió traslado a la parte ejecutada por el término de 3 días, mediante proveído de 16 de enero de 2001 (fl. 157), los que transcurrieron sin que aquélla presentara objeción alguna, razón por la cual se aprobó mediante providencia de 30 de enero del mismo año (fl. 158).

Posteriormente, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, mediante proveído de 6 de marzo de 2001 (fl. 162), adjudica a la acreedora el inmueble ubicado en la carrera 98 Nº 151-43 interior 13, apartamento 302, decisión que a su vez, es comunicada al señor Inspector de Policía de la zona respectiva, mediante despacho comisorio núm. 01-0425, a fin de que proceda a adelantar la diligencia correspondiente tendiente a lograr la entrega del bien aludido.

Ahora bien, la inconformidad de la actora radica principalmente en el hecho de que el proceso ejecutivo que culminó con la adjudicación del bien inmueble al Banco Davivienda, tuvo como base una liquidación de un crédito que no se realizó teniendo en cuenta los parámetros legales señalados por la Corte Constitucional, y como quiera que de lo antes señalado se desprende que la entidad ejecutante ordenó suspender el proceso ejecutivo, para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 546 de 1999, y así proceder a efectuar una nueva reliquidación del crédito, bajo las nuevas orientaciones dictadas sobre la materia, no le asiste razón a la demandante cuando afirma que por este hecho, se le violaron los derechos que alega como vulnerados.

En efecto, la Ley 546 de 23 de diciembre de 1999, “por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones”, en el parágrafo 3º del artículo 42, estableció:

“Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales que dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario, tendrán derecho a solicitar la suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde dentro del plazo la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite. Si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraba al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía”.

También aparece demostrado que con ocasión de la nueva reliquidación del crédito solicitada por la actora, y efectuada por el Banco Davivienda, se aplicó al mismo un alivio por valor de $ 7''150.697.86, y que de la nueva liquidación se le corrió traslado a la actora por el término de tres días, sin que ella manifestara objeción alguna, razón por la cual aquélla fue aprobada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito.

Significa lo anterior que la demandante dejó precluir todas las oportunidades procesales que tenía a su alcance para interponer oportunamente, los recursos que procedían contra las distintas providencias que se profirieron con miras a adelantar el trámite del proceso (decreto de la venta del bien en pública subasta, objeción a la liquidación del crédito, aprobación de la liquidación del mismo, fijación de fecha para remate y, adjudicación del bien rematado); por lo tanto, conforme lo ha reiterado la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos, la omisión de la actora en la utilización de los medios de defensa judicial previstos en la ley no puede subsanarse mediante el ejercicio de la acción de tutela, pues sabido es que ésta no es sustitutiva de aquéllos.

En efecto, en sentencias T-027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997, “la acción de tutela no puede revivir términos ya agotados en los diferentes procesos judiciales ni reemplazar los recursos no utilizados oportunamente por las partes para impugnar las decisiones sobre sus derechos, ni tampoco estructurarse una tercera instancia que altere las decisiones producidas por las autoridades judiciales atentando contra el principio de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica que las caracteriza...”.

Vale la pena destacar que en un caso similar al que ahora ocupa la atención de la Sala, la Corte Constitucional al efectuar la revisión de los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo de Sucre y Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Cuarta— dentro de los procesos de tutela instaurados por Mario Alejandro Peñuela Salcedo (T-281.861) y Humberto Sanabria Delgadillo (T-288.090) contra Banco Cafetero; Corporación de Ahorro y Vivienda Davivienda; Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo —Sucre— y Juzgado Segundo Civil de Soacha, manifestó, en lo pertinente, lo siguiente:

“(...).

5.1.4. Son estas razones las que llevan a la Sala a concluir que, en el caso del actor Mario Alejandro Peñuela Salcedo, su derecho al debido proceso se habría vulnerado, si la diligencia de remate se hubiere llevado a término, sin antes efectuar una reliquidación del crédito que, precisamente, se buscaba satisfacer mediante la venta forzada de su vivienda, pues, se repite, se le estaría ejecutando por un monto que no adeudaba, permitiéndose así, y con la anuencia del juez, el pago de lo no debido, incumpliendo éste su función de hacer prevalecer los derechos de las personas, las normas sustanciales y el principio de justicia que inspira la Constitución misma.

(...).

Si bien la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dio aplicación a la Ley 546 de 1999, en cuanto ésta contempla la suspensión de los procesos en curso cuando el deudor ha solicitado la reliquidación de su crédito, no había razón alguna para que este juez colegiado de tutela hubiese concedido el amparo solicitado ni siquiera en la forma transitoria que lo hizo, pues, en este caso, a diferencia del analizado anteriormente, el actor no sólo podía dentro del mismo proceso, una vez presentada la liquidación del crédito por parte de la entidad ejecutante, objetarla, según lo establece el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, para exigir que la misma no incluyese aquellos factores que fueron excluidos del ordenamiento constitucional, sino dirigirse directamente a la entidad financiera para que ésta, en aplicación del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, reliquide su crédito y proceda, entonces, la suspensión del proceso seguido en su contra. Alternativas éstas que hacían improcedente el amparo concedido (negrilla fuera de texto).

(...).

Significa lo anterior que la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el caso del actor Humberto Sanabria Delgadillo (exp. T-288.090) ha debido denegar el amparo solicitado, indicándole a éste sí, que, en aplicación del parágrafo tercero del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, tenía la opción de solicitar a la entidad financiera la reliquidación de su crédito, alternativa que a la fecha del fallo en revisión aún podía ser utilizada por el actor, para posteriormente gestionar la suspensión del proceso en la forma como lo contempla la ley.

Por tanto, al no existir vulneración de derecho constitucional fundamental alguno del actor Humberto Sanabria Delgadillo, con el proceso ejecutivo que está cursando en su contra, y existiendo los medios legales para lograr la suspensión de éste, pretensión principal de la acción que ahora se revisa, o la posibilidad de exigir dentro del mismo, que la liquidación de su crédito se haga excluyendo los factores declarados contrarios a la Constitución en los fallos tantas veces mencionados en esta providencia, mediante la aplicación del artículo 541 del Código de Procedimiento Civil, no podía el juez constitucional conceder el amparo impetrado, por cuanto no existía razón alguna que justificara su concesión. Por esta razón, se revocará la decisión de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la acción de tutela instaurada por el señor Humberto Sanabria Delgadillo en contra de la Corporación de Ahorro y Vivienda Davivienda y el Juzgado Segundo Civil de Soacha (Cundinamarca), radicarlo en esta corporación bajo el número T-288.090.

Siguiendo los razonamientos expuestos en los apartes transcritos resulta claro para la Sala que no es procedente acceder a la tutela impetrada, ya que de una parte, en el evento sub lite, no se configuró la denominada vía de hecho, y de la otra, no aparece demostrada violación alguna a los derechos alegados por el actor como vulnerados.

Por último, es preciso señalar que el apoderado del Banco Davivienda aportó al proceso ejecutivo, ejemplar del diario La República de 18 de octubre de 2000, donde consta la publicación del aviso de remate del inmueble aludido, al igual que la certificación auténtica del administrador de la Emisora Nuevo Continente, donde da fe de la transmisión del mencionado aviso (fls 147 a 152), dando así cumplimiento al artículo 525 del Código de Procedimiento Civil.

Los argumentos señalados llevan a la Sala a confirmar la providencia impugnada, como en efecto, se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE el fallo impugnado.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y remítase copia al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 1º de noviembre de 2001.

Magistrados: Olga Inés Navarrete Barrero—Camilo Arciniegas Andrade—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Manuel S. Urueta Ayola.

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