Sentencia 25000232700020010050501 de octubre 6 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Expediente 25000-23-27-000-2001-00505-01

Consejero Ponente:

Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Actor: Libardo Rodríguez Rodríguez.

Acción popular

Bogotá, D.C., seis de octubre de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

En el presente caso, el actor pretende que se haga efectivo el derecho colectivo a la prestación eficiente y oportuna de la administración de justicia, que considera violado por la Nación - rama judicial, al haber omitido la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura poner en funcionamiento los juzgados administrativos.

Como bien lo señaló el a quo, mediante sentencia de 18 de julio de 2002, la Sección Segunda de esta corporación (C.P. Ana Margarita Olaya Forero), al decidir la acción popular instaurada por Luis Alfonso Acevedo Prada contra la rama judicial - Sala Administrativa del CSJ y dirección ejecutiva de administración judicial, la Presidencia de la República y Ministerio de Hacienda y Crédito Público (18) , amparó el derecho colectivo a la prestación eficiente y oportuna de la administración de justicia, cuya violación halló demostrada al no haber adoptado los demandados las medidas para poner en funcionamiento los juzgados administrativos, omisión con fundamento en la cual en el sub iudice el actor también se reclama su protección.

Al regular los efectos de la sentencia dictada en una acción popular el artículo 35 de la Ley 472 de 1998 señala que “tendrá efectos de cosa juzgada respecto de las partes y el público en general”.

La prosperidad de la excepción de cosa juzgada exige que entre la acción que se tramita y la ya juzgada exista identidad de objeto e identidad de causa. La identidad de objeto exige que la petición en los dos procesos sea la misma, y la identidad de causa implica que los fundamentos jurídicos de la pretensión sean los mismos.

Al verificar las pretensiones del actor, frente a las planteadas en la ocasión precedente se advierte que son las mismas que dieron lugar a la interposición de la demanda aludida (19) .

Se advierte que los hechos son los mismos que sirven de fundamento a la acción popular en el presente caso, pues el actor aduce que la congestión de la jurisdicción contencioso administrativa es consecuencia de la omisión en que ha incurrido la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura al no haber puesto en funcionamiento los juzgados administrativos, violando el derecho colectivo a la prestación eficiente y oportuna de la administración de justicia. Hay, pues, identidad de objeto.

Al encontrar probada la omisión causante de la violación del derecho a la prestación eficiente y oportuna de la administración de justicia, la Sección Segunda sostuvo:

“... [Partiendo de una verdad innegable como es el hecho de que la justicia administrativa está congestionada —es tardía mas no impune— y que dicha tardanza hace que el servicio público y la función pública de administrar justicia no sea eficaz ni oportuna, encuentra la Sala que no es razonable ni se acompasa (sic) con el mandato legal privar a la comunidad del derecho a contar con estos despachos judiciales que diseñó el legislador, entre otras medidas, para remediar tal congestión. Por estas razones se impone conceder el amparo del derecho e interés colectivo a la prestación eficiente y oportuna de la administración de justicia vulnerado, en este caso, por la no puesta en marcha de los ya citados despachos judiciales”.

De otra parte, la Sala advierte que las pretensiones planteadas en el caso sub examine coinciden con las formuladas en la oportunidad precedente. En esa ocasión, al igual que en la presente, la acción fue instaurada para la protección del derecho a la prestación eficiente y oportuna del derecho a la administración de justicia. En ambas se pretende que el Consejo Superior de la Judicatura ponga en funcionamiento los juzgados administrativos en el menor tiempo posible. Hay, pues, identidad de causa petendi.

Al igual que en el sub iudice, en la acción popular decidida por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia de 18 de julio de 2002, se demandó al Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa, a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la dirección ejecutiva de la rama judicial.

Al amparar el derecho colectivo a la administración de justicia, la Sección Segunda impartió las siguientes órdenes:

“(...).

4. ORDÉNASE al señor Presidente de la República y al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público (Gobierno Nacional) que incluya en el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, para la vigencia fiscal del 2003, la partida presupuestal correspondiente para atender los gastos de personal y funcionamiento de los juzgados administrativos, según el proyecto de presupuesto para la rama judicial, con los ajustes y adiciones necesarias que le presentará el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con los artículos 42 y 88 de la Ley 270 de 1996.

5. ORDÉNASE al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, por conducto de su presidente, que elabore y presente al señor Presidente de la República y al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, en el término de 10 días hábiles la complementación y adición al proyecto de presupuesto de que trata el artículo 88 de la Ley 270 de 1996, en lo pertinente a la implementación de los juzgados administrativos.

6. ORDÉNASE al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, por conducto de su presidente, que en el término de 45 días hábiles, inicie los trámites para realizar el proceso de selección, por concurso, de los jueces administrativos”.

Ahora bien, teniendo en cuenta que desde la sentencia de 18 de julio de 2002 han transcurrido más de tres años, sin que la Presidencia de la República y el Ministro de Hacienda y Crédito Público hayan cumplido las órdenes que impartió en materia presupuestal, la Sala exhorta a estas autoridades para en la presente vigencia fiscal adopten las medidas que sean necesarias para asegurar la inclusión en el presupuesto de la vigencia fiscal del año 2006 de la partida presupuestal que la Sala Administrativa del consejo superior solicitó en el anteproyecto de presupuesto de la rama judicial, destinada a financiar el funcionamiento de los juzgados administrativos. Así se dispondrá en la parte resolutiva de este sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada de 5 de noviembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, DECLÁRASE probada la excepción de cosa juzgada y, en consecuencia, estése a lo resuelto en la sentencia de 18 de julio de 2002 (C.P. Ana Margarita Olaya Forero; actor: Luis Alfonso Acevedo Parada y otros).

2. ÍNSTASE al señor Presidente de la República y al Ministro de Hacienda y Crédito Público a cumplir en la presente vigencia fiscal las órdenes que en materia presupuestal impartió el Consejo de Estado en la sentencia de 18 de julio de 2002. En consecuencia, se ORDENA al Gobierno Nacional incluir en el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de 2006, la partida presupuestal para atender los gastos de personal y funcionamiento de los juzgados administrativos, en la cuantía presupuestada por el Consejo Superior de la Judicatura, en el anteproyecto de presupuesto para la rama judicial presentado de conformidad con los artículos 42 y 88 de la Ley 270 de 1996.

3. PREVIÉNESE al Ministro de Hacienda y Crédito Público para que se abstenga de volver a incurrir en las omisiones causantes de la violación de los derechos colectivos de acceso al servicio público de la administración de justicia y a su prestación eficiente y oportuna. Adviértesele que el incumplimiento de una orden judicial proferida en una acción popular acarrea sanción de multa conmutable en arresto, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar (L. 472/98, art. 41).

DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 6 de octubre de 2005».

(18) A.P. 503 de 2002.

(19) AP. 503 de 2002, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.

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