Sentencia 25000-23-27-000-2001-00505-01 de septiembre 22 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 25000-23-27-000-2001-00505-01

Consejero Ponente:

Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Acción popular

Actor: Libardo Rodríguez Rodríguez

Bogotá, D.C., septiembre veintidós de dos mil cinco.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia de 13 de febrero de 2003, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Cuarta, Subsección A) negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

El ciudadano y abogado Libardo Rodríguez Rodríguez instauró acción popular contra la Nación - Rama Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura (en adelante, CSJ), para la protección del derecho colectivo de acceso al servicio público de la administración de justicia, y a su prestación eficiente y oportuna.

1.1. Hechos.

Los plantea así:

• Es de público conocimiento que la jurisdicción contencioso administrativa presenta un alto grado de congestión que comporta violación del derecho de acceso al servicio público de administración de justicia, y a su prestación eficiente y oportuna.

• Según los artículos 256-5 (1) y 257-2 (2) de la Constitución Política y 85-5 (3) de la Ley 270 de 1996 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura está obligada a adoptar las medidas necesarias para descongestionar los despachos judiciales.

• Los artículos 33 a 43 (4) de la Ley 446 de 1998 redistribuyeron las competencias de la jurisdicción contencioso administrativa sobre el supuesto que los juzgados administrativos previstos en los artículos 42 (5) y 197 (6) de la Ley 270 de 1996 entraran en funcionamiento.

• El Consejo Superior de la Judicatura no ha adoptado las medidas que aseguren la puesta en funcionamiento de los juzgados administrativos cuya creación se ordenó en las leyes 270 de 1996 y 446 de 1998.

1.2. Pretensiones.

• Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura poner en funcionamiento, en el menor tiempo posible y de manera prioritaria, los juzgados administrativos en los diferentes distritos judiciales, a fin de que puedan ejercer las competencias previstas en los artículos 42 y 197 de la Ley 270 de 1996 y 42 de la Ley 442 de 1998.

• Si la puesta en funcionamiento de los juzgados administrativos solo es posible parcialmente, que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura adoptar otras medidas para descongestionar el Consejo de Estado, verbigracia, la creación de salas de descongestión, el nombramiento de funcionarios de descongestión y similares.

• Que para la verificación del cumplimiento de la sentencia, se conforme el comité de que trata el artículo 34 de la Ley 472 de 1998.

• Que se fije a favor del fondo de defensa de los intereses colectivos el incentivo de que trata el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

2. La contestación.

2.1. El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (7) y la apoderada de la dirección ejecutiva de administración judicial (8) propusieron la excepción de “improcedencia de la acción popular” por considerar que los derechos para cuya protección se instauró la acción no están previstos en el literal j) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 que se refiere a los “servicios públicos domiciliarios”.

Sostuvieron que según lo preceptuado en los artículos 228 de la Constitución Política y 1º de la Ley 270 de 1996, la administración de justicia es una “función pública”; no un servicio público como lo afirma el actor.

Pusieron de presente que el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura solicitó al Presidente de la República mediante oficio de 17 de septiembre de 1997 la partida presupuestal requerida para ejecutar un “plan de acción inmediato” (que incluía la puesta en funcionamiento de los juzgados administrativos) para dar continuidad al “plan desarrollo de la justicia 1995-1998”. Esta gestión fue infructuosa.

La unidad de desarrollo y análisis estadístico del Consejo Superior de la Judicatura estableció en el estudio técnico titulado “costos de implementación Ley 446 de 1998” que para atender las necesidades de la jurisdicción debían crearse 100 juzgados administrativos. Se calculó que para 1998 (9) , su puesta en funcionamiento tendría un costo de diecisiete mil doscientos noventa y un millones de pesos ($ 17.291.000.000).

La Sala Administrativa expidió el 1º de diciembre de 1998 los acuerdos 401 “por el cual se organizan unos circuitos judiciales administrativos en el territorio nacional” y 402 “por el cual se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 63 de la Ley 446 de 1998”.

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura solicitó mediante oficio de 28 de agosto de 1998 al Ministro de Hacienda y Crédito Público la inclusión de una partida en el proyecto de presupuesto nacional por diecisiete mil doscientos noventa y un millones de pesos ($ 17.291.000.000) para implementar las medidas adoptadas por la Ley 446 de 1998. Para la vigencia fiscal correspondiente al año 1999 el ministerio sólo situó recursos por siete mil ochocientos millones de pesos ($7.800.000.000) (10) , que no cubrían el 50% de los costos presupuestados.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura financió programas de descongestión, con buenos resultados y los siguió implementando. Pese a que aún no operan los juzgados administrativos, las medidas de descongestión que se han adoptado reflejan un mejor acceso a la administración de justicia. Así lo prueban las estadísticas consignadas en el proyecto de presupuesto para el 2002.

2.2. La apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público puso de presente que de conformidad con los artículos 39 y 47 del Decreto 111 de 1996 la preparación del proyecto anual de presupuesto de la Nación que compete a la entidad, se supedita a la disponibilidad de los recursos con que cuente el Estado. Por ese motivo, asignó para la vigencia de 1999 una partida de siete mil ochocientos millones de pesos ($ 7.800.000.000) para la creación de 50 juzgados administrativos, si bien la cuantía de la partida solicitada por el Consejo Superior de la Judicatura era mayor.

3. Coadyuvancias.

Mediante escritos separados coadyuvaron la demanda el director nacional de recursos y acciones judiciales de la Defensoría del Pueblo (11) ; la Comisión Colombiana de Juristas (12) ; el rector, docentes y estudiantes de la Universidad Santiago de Cali (13) ; la Contraloría General de la República (14) ; el Ministerio de Defensa Nacional (15) ; y el Tribunal Administrativo del Tolima (16) .

Las coadyuvancias coincidieron en sostener que las entidades demandadas son responsables de la violación de los derechos colectivos de acceso a la administración de justicia y a su prestación eficiente y oportuna, al haber omitido efectuar las apropiaciones presupuestales requeridas para la puesta en funcionamiento de los juzgados administrativos cuyas competencias regularon las leyes 270 de 1996 y 446 de 1998, omisión que de contera ha acarreado una grave congestión en la jurisdicción contencioso administrativa y singularmente en la segunda instancia ante el Consejo de Estado.

Aducen que esta omisión además comporta violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (17) y la Convención Americana de Derechos Humanos (18) que, por haber sido ratificadas por Colombia, obligan al Estado a garantizar un sistema judicial efectivo, incluso en la jurisdicción contencioso administrativa.

4. La audiencia de pacto de cumplimiento.

Tuvo lugar el 2 de septiembre de 2002, y por falta de ánimo conciliatorio entre las partes, se declaró fallida y se ordenó seguir con el trámite del proceso.

II. La sentencia apelada

Mediante sentencia de 13 de febrero de 2003, el Tribunal de Cundinamarca (Sección Cuarta, Subsección A) negó las súplicas de la demanda pues mediante sentencia de 18 de julio de 2002 la Sección Segunda de esta corporación amparó el derecho colectivo a la administración de justicia.

Puso de presente que en cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia de 18 de julio de 2002 (19) , la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ha venido adoptando las medidas tendientes a la puesta en marcha de los juzgados administrativos, conforme lo hizo constar su vicepresidenta al alegar de conclusión.

Consideró que no era procedente ordenar ninguna medida adicional para la protección del derecho colectivo invocado pues el Consejo de Estado impartió las órdenes para la puesta en funcionamiento de los juzgados administrativos.

Anotó que mediante Acuerdo 1550 de 17 de septiembre de 2002, el Consejo de la Judicatura convocó al XIII Concurso de méritos para la provisión de carreras de la rama judicial que incluye los jueces administrativos, y que las pruebas de conocimientos se practicaron los días 13 y 14 de diciembre de 2003.

III. La impugnación

El actor sostuvo que las pruebas allegadas demuestran el estado crítico en que se encuentra la jurisdicción contencioso administrativa, situación que amenaza el derecho colectivo de acceso al servicio público de la administración de justicia y a su prestación eficiente y oportuna.

Solicita la revocación del fallo impugnado y, en su lugar, ordenar al Consejo Superior de la Judicatura que adopte medidas urgentes y efectivas que permitan en el menor tiempo posible poner en funcionamiento los juzgados administrativos a fin de que estos, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado puedan ejercer las competencias previstas las leyes 270 de 1996 (20) y 446 de 1998 (21) .

IV. Consideraciones de la Sala

En el presente caso, el actor pretende que se haga efectivo el derecho colectivo a la prestación eficiente y oportuna de la administración de justicia, que considera violado por la Nación - rama judicial, al haber omitido la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura poner en funcionamiento los juzgados administrativos.

Como bien lo señaló el a quo, mediante sentencia de 18 de julio de 2002, la Sección Segunda de esta corporación (C.P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero), al decidir la acción popular instaurada por Luis Alfonso Acevedo Prada contra la rama judicial - Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y dirección ejecutiva de administración judicial, la Presidencia de la República y Ministerio de Hacienda y Crédito Público (22) , amparó el derecho colectivo a la prestación eficiente y oportuna de la administración de justicia, cuya violación halló demostrada al no haber adoptado los demandados medidas para poner en funcionamiento los juzgados administrativos, omisión con fundamento en la cual en el sub iudice el actor también reclama su protección.

La prosperidad de la excepción de cosa juzgada exige que entre la acción que se tramita y la ya juzgada exista identidad de objeto e identidad de causa. La identidad de objeto exige que la petición en los dos procesos sea la misma, y la identidad de causa implica que los fundamentos fácticos y jurídicos de la pretensión sean los mismos.

Al verificar las pretensiones del actor, frente a las planteadas en la ocasión precedente se advierte que son las mismas que dieron lugar a la interposición de la demanda aludida (23) . Además, los hechos son los mismos que sirven de fundamento a la acción popular en el presente caso, pues el actor aduce que la congestión de la jurisdicción contencioso administrativa es consecuencia de la omisión en que ha incurrido la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura al no haber puesto en funcionamiento los juzgados administrativos, violando el derecho colectivo a la prestación eficiente y oportuna de la administración de justicia. Hay, pues, identidad de objeto.

Al encontrar probada la omisión causante de la violación del derecho a la prestación eficiente y oportuna de la administración de justicia, la Sección Segunda sostuvo:

“... [Partiendo de una verdad innegable como es el hecho de que la justicia administrativa está congestionada —es tardía mas no impune— y que dicha tardanza hace que el servicio público y la función pública de administrar justicia no sea eficaz ni oportuna, encuentra la Sala que no es razonable ni se acompasa (sic) con el mandato legal privar a la comunidad del derecho a contar con estos despachos judiciales que diseñó el legislador, entre otras medidas, para remediar tal congestión. Por estas razones se impone conceder el amparo del derecho e interés colectivo a la prestación eficiente y oportuna de la administración de justicia vulnerado, en este caso, por la no puesta en marcha de los ya citados despachos judiciales”.

De otra parte, la Sala advierte que las pretensiones planteadas en el caso sub examine coinciden con las formuladas en la oportunidad precedente. En esa ocasión, al igual que en la presente, la acción fue instaurada para la protección del derecho a la prestación eficiente y oportuna del derecho a la administración de justicia. En ambas se pretende que el Consejo Superior de la Judicatura ponga en funcionamiento los juzgados administrativos en el menor tiempo posible. Hay, pues, identidad de causapetendi.

Al igual que en el sub iudice, en la acción popular decidida por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia de 18 de julio de 2002, se demandó al Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa, a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la dirección ejecutiva de la rama judicial.

Al amparar el derecho colectivo a la administración de justicia, la Sección Segunda impartió las siguientes órdenes:

“...

4. ORDÉNASE al señor Presidente de la República y al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público (Gobierno Nacional) que incluya en el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, para la vigencia fiscal del 2003, la partida presupuestal correspondiente para atender los gastos de personal y funcionamiento de los juzgados administrativos, según el proyecto de presupuesto para la rama judicial, con los ajustes y adiciones necesarias que le presentará el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con los artículos 42 y 88 de la Ley 270 de 1996.

5. ORDÉNASE al Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa, por conducto de su presidente, que elabore y presente al señor Presidente de la República y al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, en el término de 10 días hábiles la complementación y adición al proyecto de presupuesto de que trata el artículo 88 de la Ley 270 de 1996, en lo pertinente a la implementación de los juzgados administrativos.

6. ORDÉNASE al Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa, por conducto de su presidente, que en el término de 45 días hábiles, inicie los trámites para realizar el proceso de selección, por concurso, de los jueces administrativos”.

Ahora bien, teniendo en cuenta que desde la sentencia de 18 de julio de 2002 han transcurrido más de tres años, sin que la Presidencia de la República y el Ministro de Hacienda y Crédito Público hayan cumplido las órdenes que impartió en materia presupuestal, la Sala insta a estas autoridades para en la presente vigencia fiscal adopten las medidas que sean necesarias para asegurar la inclusión en el presupuesto de la vigencia fiscal del año 2006 de la partida presupuestal que la Sala Administrativa del Consejo Superior solicitó en el anteproyecto de presupuesto de la rama judicial, destinada a financiar el funcionamiento de los juzgados administrativos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada de 5 de noviembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, DECLÁRASE probada la excepción de cosa juzgada y, en consecuencia, ESTESE A LO RESUELTO en la sentencia de 18 de julio de 2002, C.P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero, actor: Luis Alfonso Acevedo Parada y otros.

DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 22 de septiembre de 2005.

Magistrados: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—Camilo Arciniegas Andrade—Gabriel E. Mendoza Martelo—María Claudia Rojas Lasso.

(1) Artículo 256 Constitución Política. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:

[...] 5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá ser remitido al gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso.

(2) Artículo 257 Constitución Política. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:

[...] 2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

(3) ART. 85.—Funciones administrativas. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:

[...] 5. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir tribunales, las salas de estos y los juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia, así como crear salas desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los distritos judiciales, de acuerdo con las necesidades de estos.

(4) ART. 33.—Competencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Modifícase y adiciónase el artículo 97 del Código Contencioso Administrativo en los siguientes numerales:

“4. Resolver los recursos extraordinarios de revisión y de súplica incoados contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia.

5. Resolver los asuntos que le remitan las secciones, por su importancia jurídica o trascendencia social si por estimar fundado el motivo resuelve asumir competencia.

A solicitud del Ministerio Público, o de oficio, las secciones podrán remitir a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo aquellos asuntos que, encontrándose pendientes de fallo, por su importancia jurídica o trascendencia social ameriten ser decididos por esta. La Sala Plena decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto.

Igualmente, la Sala Plena podrá asumir de oficio el conocimiento de asuntos que se estén tramitando por cualquiera de las secciones y que se encuentren pendientes de fallo.

7. (sic) De las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que se promuevan contra los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, que no correspondan a la Corte Constitucional, cuya inconformidad con el ordenamiento jurídico se establezca mediante confrontación directa con la Constitución Política y que no obedezca a función propiamente administrativa.

8. De las acciones sobre pérdida de investidura de los congresistas, de conformidad con el procedimiento especial establecido en la ley.

9. De los de definición de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.

10. Del recurso extraordinario de revisión en los casos de pérdida de investidura de los congresistas. En estos casos, los consejeros que participaron en la decisión impugnada no serán recusables ni podrán declararse impedidos por ese solo hecho.

PAR.—La Corte Suprema de Justicia conocerá de las acciones impetradas contra los actos administrativos emitidos por el Consejo de Estado.

ART. 34.—Posesión de conjueces. El Código Contencioso Administrativo tendrá un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“ART. 99A.—Posesión de conjueces. Designado el conjuez, deberá tomar posesión del cargo ante el presidente de la sala o sección respectiva, por una sola vez, y cuando fuere sorteado bastará la simple comunicación para que asuma sus funciones”.

ART. 35.—Atribuciones del Ministerio Público. El artículo 127 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

“ART. 127.—Atribuciones del Ministerio Público. El Ministerio Público es parte y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en las conciliaciones extrajudiciales ante los centros de conciliación e intervendrá en estos en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales. Por consiguiente se le notificará personalmente el auto admisorio de la demanda, el que fije fecha para audiencia de conciliación, la sentencia proferida en primera instancia y el primer auto dictado en segunda instancia.

En los procesos ejecutivos se notificará personalmente al Ministerio Público el mandamiento de pago, la sentencia y el primer auto en la segunda instancia.

Además tendrá las siguientes atribuciones especiales:

1. Solicitar la vinculación al proceso de los servidores o ex servidores públicos que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan dado lugar a la presentación de demandas que pretendan la reparación patrimonial a cargo de cualquier entidad pública.

2. Solicitar que se declare la nulidad de actos administrativos.

3. Pedir que se declare la nulidad absoluta de los contratos estatales.

4. Alegar en los procesos e incidentes en que intervenga.

5. Interponer los recursos contra los autos que aprueben o imprueben acuerdos logrados en conciliación judicial”.

ART. 36.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

"ART. 128.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden.

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los de carácter laboral. No obstante, las controversias sobre los actos de declaratoria de unidad de empresa y calificación de huelga son de competencia del Consejo de Estado en única instancia.

3. De los de nulidad de elecciones del Presidente y Vicepresidente de la República, senadores, representantes a la Cámara, así como de los de nulidad de las elecciones o nombramientos hechos por el Presidente de la República, el Congreso de la República, las cámaras, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Gobierno Nacional o por cualquier autoridad, funcionario, corporación o entidad descentralizada, del orden nacional.

4. De los que se promuevan contra actos administrativos relativos a la nacionalidad y a la ciudadanía.

5. (Numeral incorporado en el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, artículo 162). Del recurso de anulación de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos estatales, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia. Contra esta sentencia solo procederá el recurso de revisión.

6. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada, con excepción de las controversias contractuales, de reparación directa y las de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre impuestos mineros, contribuciones y regalías, que seguirán las reglas generales.

7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley.

8. De las acciones de nulidad con restablecimiento, contra los actos administrativos expedidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, que inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio, clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.

9. De las acciones de revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos.

10. De los relacionados con la declaración administrativa de extinción del dominio o propiedad de inmuebles urbanos y de los muebles de cualquier naturaleza.

11. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, en los casos previstos en la ley.

12. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, senadores y representantes, ministros del despacho, directores de departamento administrativo, Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Penal Militar.

13. De todas las demás de carácter contencioso administrativo, para los cuales no exista regla especial de competencia.

PAR.—De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los magistrados del Consejo de Estado, conocerá la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena”.

ART. 37.—Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

"ART. 129.—Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.

El grado jurisdiccional de consulta se surtirá en los eventos de que trata el artículo 184 de este código”.

ART. 38.—Asuntos remitidos por las secciones. El artículo 130 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

“ART. 130.—Asuntos remitidos por las secciones. A solicitud del Ministerio Público, o de oficio, las secciones podrán remitir a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo aquellos asuntos que se encuentren para fallo y que por su importancia jurídica o trascendencia social ameriten ser decididos por esta. La Sala Plena decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto.

Igualmente, la Sala Plena podrá asumir directamente el conocimiento de los asuntos que se encuentren para fallo en cualquiera de las secciones”.

ART. 39.—Competencia de los tribunales administrativos en única instancia. El artículo 131 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

“ART. 131.—Competencia de los tribunales administrativos en única instancia. Los tribunales administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

1. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía y en los cuales se controviertan actos administrativos del orden departamental, distrital o municipal.

2. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en que se controviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen retiro temporal o definitivo del servicio.

3. De los de definición de competencias administrativas entre entidades públicas del orden departamental, distrital o municipal o entre cualesquiera de ellas cuando estén comprendidas en el territorio de su jurisdicción.

4. De las acciones sobre pérdida de investidura de los miembros de los concejos municipales y distritales, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley. En estos eventos el fallo se proferirá por la Sala Plena del tribunal.

Contra las sentencias que pongan fin a estas controversias solo procederá el recurso especial de revisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 185 y siguientes de este código y la competencia será de la Sección de la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado que determine el reglamento de la corporación.

5. De las observaciones que formule el gobernador del departamento acerca de la constitucionalidad y legalidad de los acuerdos municipales, y sobre las objeciones, por los mismos motivos, a los proyectos de ordenanzas.

6. De las observaciones que los gobernadores formulen a los actos de los alcaldes, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad.

7. De las objeciones que formulen los alcaldes a los proyectos de acuerdos municipales, por ser contrarios al ordenamiento jurídico superior.

8. Del recurso prescrito por los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, cuando la autoridad que profiera o deba proferir la decisión sea del orden nacional o departamental o del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá.

9. De las acciones de nulidad y restablecimiento contra los actos de expropiación de que tratan las leyes sobre reforma urbana”.

ART. 40.—Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. El artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

ART. 132.—Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

1. De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden departamental, distrital y municipal, o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas de los citados órdenes.

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales.

4. De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía sea superior a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales.

5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

6. De los de reparación directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

7. De los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa, cuando la cuantía exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales.

8. De los relativos a la acción de nulidad electoral de los gobernadores, de los diputados a las asambleas departamentales, de cualquier otra elección celebrada dentro del respectivo departamento, de los alcaldes y miembros de los concejos de los municipios capital de departamento o poblaciones de más de setenta mil (70.000) habitantes de acuerdo con la certificación que expida el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, del Alcalde Mayor, concejales y ediles de Santa Fe de Bogotá. Cuando se trate de elecciones nacionales, la competencia será del tribunal correspondiente al lugar donde se haga la declaratoria de elección.

Igualmente de los relativos a la acción de nulidad electoral que se promuevan con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por estas corporaciones o funcionarios de que trata el inciso anterior o por cualquier organismo o servidor de los departamentos, de los citados municipios o del Distrito Capital.

9. De los de nulidad de los actos administrativos de las entidades territoriales y descentralizadas de carácter departamental, distrital o municipal que deban someterse para su validez a la aprobación de autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud de delegación de funciones hecha por la misma.

10. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones públicas, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia.

11. De las acciones de nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.

12. De las acciones de expropiación de que tratan las leyes agrarias.

13. De las acciones contra los actos de expropiación por vía administrativa”.

ART. 41.—Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. El artículo 133 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

“ART. 133.—Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia:

1. De las apelaciones y consultas de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

2. De las apelaciones contra el mandamiento de pago, la sentencia de excepciones, el auto aprobatorio de liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales, que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

3. De los recursos de queja contra la providencia que niegue el recurso de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, en los asuntos de que trata el numeral anterior”.

ART. 42.—Competencia de los jueces administrativos. Adiciónase el título 14 del libro 3º del Código Contencioso Administrativo con un capítulo III del siguiente tenor:

CAPÍTULO 3

Competencia de los jueces administrativos

“ART. 134A.—Competencia de los jueces administrativos en única instancia. Los jueces administrativos conocerán en única instancia del recurso prescrito por los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, cuando la providencia haya sido proferida por funcionario o autoridad del orden municipal o distrital”.

“ART. 134B.—Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

1. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

2. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, cuando se trate de controversias que se originen en una relación laboral legal y reglamentaria o cuando se controviertan actos administrativos de carácter laboral expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los actos referentes a la declaratoria de unidad de empresa y a la calificación de huelga, cuya competencia corresponde al Consejo de Estado en única instancia.

3. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales.

4. De los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía no exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales.

5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes, y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

6. De los de reparación directa cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

7. De los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa, cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales.

8. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones públicas, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia.

9. De los relativos a la acción de nulidad electoral de los alcaldes y miembros de los concejos de los municipios que no sean capital de departamento, como también de los miembros de las juntas administradoras locales de cualquier municipio y demás elecciones celebradas dentro del respectivo territorio municipal.

Igualmente de los relativos a la acción de nulidad electoral que se promuevan con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por las corporaciones o funcionarios de que trata el inciso anterior o por cualquier organismo o servidor de los citados municipios”.

10. De las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fuerza material de ley o acto administrativo”.

“ART. 134C.—Competencia de los jueces administrativos en segunda instancia. Los jueces administrativos conocerán, en segunda instancia, de los siguientes asuntos:

1. De las apelaciones contra el mandamiento de pago, la sentencia de excepciones, el auto aprobatorio de liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales, que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

2. De los recursos de queja contra la providencia que niegue el recurso de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, en los asuntos de que trata el numeral anterior.

3. De la consulta de las sentencias dictadas en los mismos procesos contra quien estuvo representado por curador ad litem, sin consideración a la cuantía”.

ART. 43.—Determinación de competencias. Adiciónase el título 14 del libro 3º del Código Contencioso Administrativo con un capítulo IV del siguiente tenor:

CAPÍTULO 4

Determinación de competencias

“ART. 134D.—Competencia por razón del territorio. La competencia por razón del territorio se fijará con sujeción a las siguientes reglas:

1. Por regla general, la competencia territorial se determinará por el lugar de ubicación de la sede de la entidad demandada o por el domicilio del particular demandado.

2. En los asuntos del orden nacional se observarán las siguientes reglas:

a) En los de nulidad, por el lugar donde se expidió el acto;

b) En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde se expidió el acto, o en el del domicilio del demandante, siempre y cuando que la entidad demandada tenga oficina en dicho lugar;

c) En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios;

d) En los contractuales y en los ejecutivos originados en contratos estatales se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato. Si este comprendiere varios departamentos será tribunal competente a prevención el que elija el demandante;

e) En los asuntos agrarios que no están atribuidos al Consejo de Estado, conocerá el tribunal del lugar de ubicación del inmueble. Si este comprendiere varios departamentos será tribunal competente a prevención el que elija el demandante;

f) En los de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas;

g) En los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales, municipales o distritales, se determinará por el lugar donde se presentó o debió presentarse la declaración, en los casos en que esta proceda, en los demás casos, donde se practicó la liquidación;

h) En los casos de imposición de sanciones, la competencia se determinará por el lugar donde se realizó el acto o el hecho que dio origen a la sanción;

i) En los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, será competente el juez del territorio donde se profirió la providencia respectiva observando el factor cuantía de aquella”.

“ART. 134E.—Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda. Sin embargo, en asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones. Para los efectos aquí contemplados, se aplicarán las reglas de los numerales 1º y 2º del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil.

En las acciones de nulidad y restablecimiento no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

Para efectos laborales, la cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multa o perjuicios reclamados, excepto cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, en cuyo caso se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.

(5) ART. 42.—Régimen. Los juzgados administrativos que de conformidad con las necesidades de la administración de justicia determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley procesal en cada circuito o municipio, integran la jurisdicción contencioso administrativa. Sus características, denominación y número serán establecidos por esa misma corporación, de conformidad con lo establecido en la presente ley.

(6) ART. 97.—Funciones de la comisión. Son funciones de la comisión interinstitucional de la rama judicial:

1. Contribuir a la coordinación de las actividades de los diferentes organismos administrativos de la rama judicial.

2. Solicitar informes al auditor responsable de dirigir el sistema de control interno de la rama judicial.

3. Emitir concepto previo para el ejercicio de las facultades previstas, los numerales 5,º 9º, 16 y 23 del artículo 85 de la presente ley que le corresponde cumplir a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

4. Emitir concepto previo sobre el proyecto de presupuesto unificado y sobre el proyecto del plan sectorial de desarrollo para la rama judicial antes de que sean adoptados por la sala administrativa y el consejo en pleno respectivamente.

5. Dictar su propio reglamento y el de las comisiones seccionales interinstitucionales de la rama judicial.

6. Declarado inexequible.

7. Las demás que le atribuye la ley y el reglamento.

El Ministro de Justicia y del Derecho participará por derecho propio en las reuniones de la comisión en las que se discutan asuntos relativos al presupuesto unificado y al proyecto de plan sectorial de desarrollo para la rama judicial a que se refiere el numeral 4º de esta norma.

PAR.—El concepto previo de que tratan los numerales 3º y 4º del presente artículo no obligará a la sala administrativa.

(7) Mediante escrito visible en folios 45 a 52 del cuaderno principal.

(8) Mediante escrito visible en folios 61 a 66 del cuaderno principal.

(9) Los costos incluyen además de la creación de los 100 despachos, los siguientes rubros: gastos anuales por servicios personales y transferencias, arrendamiento y adecuación de sedes, dotación, concurso para proveer los cargos y gastos generales.

Las proyección no comprendió el valor de la carga laboral que deberían asumir los juzgados administrativos en razón de su competencia para decidir las acciones populares y de grupo, pues al momento de su elaboración no había entrado en vigencia la Ley 472 de 1998.

(10) Según certificado de 27 de enero de 1999 suscrito por el subdirector de desarrollo social asignado de las funciones del director general del presupuesto nacional.

(11) Folios 112 a 139 del cuaderno principal.

(12) Folios 152 a 157 del cuaderno principal.

(13) Folios 177 a 184 del cuaderno principal.

(14) Folios 186 a 196 del cuaderno principal.

(15) Folios 217 a 220 del cuaderno principal.

(16) Folios 199 a 200 del cuaderno principal.

(17) Artículo 14.

(18) Artículos 1º, 2º y 8º.

(19) M.P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero. Expediente AP-503, actor: Luis Alfonso Acevedo Prada y otros.

(20) Artículos 42 y 197.

(21) Artículos 36 a 41.

(22) AP-503 de 2002.

(23) AP-503 de 2002, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.

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