Sentencia 25006 de mayo 4 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 42

Magistrado Ponente:

Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Bogotá, D.C., cuatro de mayo de dos mil seis.

VISTOS:

Se procede a resolver sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por el defensor del procesado José Arcirio Rojas Castaño, condenado en fallos proferidos por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Chinchiná, Caldas, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, como autor penalmente responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. En recientes providencias la Sala ha venido abordando cuidadosamente el tema del recurso extraordinario de casación en el marco del sistema acusatorio colombiano (1) , y en ellas lo ha definido como un mecanismo de control constitucional y legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores en los procesos adelantados por delitos, independientemente de la pena con los cuales los sancione el legislador, cuando se afectan derechos o garantías fundamentales (L. 906/2004, art. 181), cuya materialización se debe cumplir a través de una demanda que no es de libre confección porque debe ceñirse a rigurosos parámetros lógicos y a causales taxativas, no obstante la gran flexibilidad permitida, acorde con la estructura del Estado constitucional de derecho acogido por el constituyente.

Las causales de casación previstas en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, coinciden en lo fundamental con las consagradas en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000 (con vigencia condicionada al proceso de implementación gradual y sucesivo del sistema acusatorio).

2. La causal tercera, única invocada por el casacionista, se refiere al “manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia”, punto en el cual el legislador fundió las denominadas violaciones indirectas por errores de derecho o de hecho, todas relacionadas con el tema probatorio.

El demandante ha predicado de los juzgadores de instancia errores en la apreciación de la prueba, cuya fundamentación, según decantado criterio jurisprudencial de la Corte, debe contener las siguientes precisiones:

“1. Determinación de las normas sustanciales violadas. 2. Señalamiento del sentido o concepto de la violación: si la infracción se presentó por falta de aplicación o aplicación indebida de la norma sustancial. 3. Identificación de la clase de error de apreciación cometido. 4. Indicación de la prueba sobre la cual recayó el error. 5. Demostración de la existencia del yerro. Y, 6. acreditación de su trascendencia.

Los errores de apreciación probatoria se agrupan en dos categorías: de hecho y de derecho. Los errores de hecho pueden ser de existencia, de identidad y de raciocinio. Los de derecho, de legalidad y convicción. El error de existencia se presenta cuando el juzgador ignora una prueba que hace parte del proceso, o supone una que no existe. El de identidad cuando hace una lectura equivocada del contenido de la prueba poniéndola a decir lo que no dice. El de raciocinio cuando desconoce las reglas de la sana crítica en la valoración del mérito de la prueba. El de legalidad cuando desconoce las normas que regulan la formación o producción del medio. Y el de convicción cuando desconoce las normas que tasan los medios de prueba, su valor o eficacia probatoria” (2) .

3. Con base en las anteriores premisas jurisprudenciales la Sala considera que la demanda ofrece serios desaciertos que impiden su admisión, a saber:

3.1. El libelista al atacar el fallo del tribunal incumplió la obligación de señalar específicamente las normas violadas indirectamente y en qué sentido, esto es, si lo fueron por falta de aplicación o aplicación indebida; tampoco indicó al presentar los cargos segundo y tercero, el tipo de error en que incurrieron los falladores, si de hecho o de derecho; en ninguna parte de la demanda explicó coherentemente —como le correspondía hacerlo, según se infiere del contenido de sus argumentos— si el desacierto se derivó de falsos juicios de existencia, identidad o raciocinio.

Se limitó a invocar el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, alusivo al grado de conocimiento exigido para condenar, y el artículo 7º ejusdem, que consagra la presunción de inocencia, normas estas de contenido instrumental que, en el caso de la última, le imponía el deber de sostener que el quebranto normativo consistió en la falta de aplicación de dicho precepto y, la consecuente aplicación indebida de las reglas dentro de las cuales fue subsumido el injusto penal investigado y atribuida la culpabilidad a su representado.

3.2. La confusión conceptual del libelista es evidente no solo al presentar los ataques sino al sustentarlos en la medida en que circunscribe sus argumentos a expresar su inconformidad frente a las valoraciones probatorias de las instancias respecto del testimonio de la víctima —Billy Jhonson Rojas Castaño—, de la bisabuela de este y a la vez testigo presencial de la conducta punible investigada —María Mercedes Castaño Castaño—, y, del dictamen emitido por el médico forense al reconocer al sujeto pasivo de ella.

3.3. Le correspondía al demandante emprender el ataque al proceso intelectivo de valoración de los citados elementos probatorios, a su juicio constitutivo de un error de hecho derivado de falso raciocinio, según lo anunció lacónicamente en el primer reparo, no solo mencionando la carencia de lógica de dicha actividad, sino que estaba obligado, conforme a reiterado criterio de esta Sala (3) , a determinar el postulado ignorado en el fallo y a indicar la proposición lógica que debió considerarse, tenía también que identificar la norma de derecho sustancial que indirectamente resultó excluida o indebidamente aplicada, y finalmente, demostrar la trascendencia del error expresando con claridad cuál debió ser la correcta inferencia de la prueba, con la ineludible obligación de acreditar que la enmienda del yerro daría lugar a un fallo esencialmente diverso y opuesto al censurado.

3.4. Y si bien es cierto al postular la tercera tacha el censor predicó de los sentenciadores falso juicio de existencia porque, el de primera instancia, al evaluar el dictamen pericial emitido por el forense que reconoció al menor nueve días después de la agresión de que fue víctima (4) , supuso que de haber sido practicada dicha prueba antes de los hallazgos habrían sido más ilustrativos (sic) de la violencia a la cual fue sometida; y, por estar en desacuerdo con la forma como controvirtió el tribunal el argumento proveniente de la defensa sobre la ausencia de percepción de la bisabuela del llanto del menor al momento de la agresión sexual, tales planteamientos antes que tener alguna relación con la modalidad de error anunciada (5) , incluyen manifestaciones deshilvanadas de inconformidad sin sujeción alguna a la causal de casación invocada.

4. En estas condiciones no puede la Sala superar las deficiencias ni corregir las imprecisiones de la demanda luego se negará a admitirla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 184, inciso 2º, de la Ley 906 de 2004.

5. Tampoco el casacionista aludió a las finalidades asignadas al citado medio impugnaticio en el artículo 180 de la Ley 906 de 2004 (6) , lo cual constituye otro motivo para abstenerse de seleccionar el libelo, ni de su contexto surgen razones que induzcan a la Sala a salvar las fallas de tecnicismo previamente anotadas con el propósito de materializar los invocados fines.

6. La declaratoria de inadmisibilidad anunciada tan solo admite el “recurso de insistencia presentado por alguno de los magistrados de la Sala o por el Ministerio Público”, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 184 ejusdem, conforme a las reglas fijadas por esta corporación ante el silencio del legislador, a saber:

“(i) La insistencia no es un recurso. Se trata de un mecanismo especial al que puede acudirse luego que la Sala decidió no seleccionar la demanda de casación, con el fin de provocar que esta reconsidere su decisión.

(ii) La insistencia solo puede ser promovida por el demandante, por ser él a quien asiste interés en que se reconsidere la decisión. Los demás intervinientes en el proceso no tienen dicha facultad, en tanto que habiendo tenido ocasión de acudir al recurso extraordinario, el no hacerlo supone conformidad con los fallos adoptados en sede de las instancias.

(iii) La solicitud de insistencia puede elevarse ante el Ministerio Público, a través de sus delegados para la Casación Penal, o ante alguno de los magistrados integrantes de la Sala de Casación Penal, según lo decida el demandante.

(iv) La solicitud respectiva puede tener dos finalidades: la de rebatir los argumentos con fundamento en los cuales la Sala decidió no seleccionar la demanda, o para demostrar por qué no empece las incorrecciones del libelo, es preciso que la Corte haga uso de su facultad para superar sus defectos y decidir de fondo.

(v) Es potestativo del magistrado disidente o del delegado del Ministerio Público ante quien se formula la insistencia, optar por someter el asunto a consideración, de la Sala o no presentarlo para su revisión, evento último en que informará de ello al peticionario. Así mismo, cualquiera de ellos puede invocar la insistencia directamente ante la Sala de manera oficiosa.

(vi) El auto a través del cual no se selecciona la demanda de casación trae como consecuencia la firmeza de la sentencia de segunda instancia contra la cual se formuló el recurso, con la consecuente imposibilidad de invocar la prescripción de la acción penal, efectos que no se alteran con la petición de insistencia, ni con su trámite, a no ser que ella prospere y conlleve a la admisión de la demanda.

A su turno, comoquiera que la ley no establece términos para el trámite de la insistencia, es preciso fijarlos conforme la facultad que en tal sentido se consagra en el artículo 159 de la Ley 906 de 2004.

Con tal propósito, teniendo en cuenta que la decisión a través de la cual no se selecciona la demanda está contenida en un auto a cuyo enteramiento o publicidad debe procederse obligatoriamente, con arreglo a lo dispuesto en Sentencia C-641 del 13 de agosto de 2002, por vía del procedimiento señalado en el artículo 169, inciso 3º, de la Ley 906 de 2004, esto es “mediante comunicación escrita dirigida por telegrama, correo certificado, facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio idóneo que haya sido indicado por las partes”, se establecerá el término de cinco (5) días contados a partir de la fecha en que se produzca alguna de las anteriores formas de notificación al demandante, como plazo para que este solicite al Ministerio Público o a alguno de los magistrados integrantes de la Sala, si a bien lo tiene, insistencia en el asunto.

A su vez, teniendo en cuenta que el examen de la solicitud de insistencia supone un estudio ponderado de la solicitud, de la demanda, del auto por el cual no se seleccionó y de la actuación respectiva, se otorgará al Ministerio Público o al magistrado respectivo un término de quince (15) días para el examen de la temática planteada, vencido el cual podrán someter el asunto a discusión de la Sala o informar al peticionario sobre su decisión de no darle curso a la petición” (7) .

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda de casación interpuesta por el defensor del procesado José Arcirio Rojas Castaño.

2. ADVERTIR que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es facultad del demandante elevar petición de insistencia en los términos precisados por la Sala en la presente decisión.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Cúmplase».

(1) Corte Suprema de Justicia, autos del 24 de noviembre de 2005, rad. 24.323; del 14 de febrero de 2006, rad. 24.611; y del 23 de marzo de 2006, rad. 25.197.

(2) Corte Suprema de Justicia, auto de casación del 6 de julio de 2005, rad. 23.860.

(3) Corte Suprema de Justicia, auto del 29 de enero de 2004, rad. 20.427.

(4) Cdno. original 1, fls. 55-56.

(5) La Corte Suprema de Justicia, en auto del 28 de abril de 2004, rad. 20.507, ha sentado el siguiente criterio: “El error de hecho producto de falso juicio de existencia tiene lugar cuando se estructura la providencia judicial con total marginación de un medio probatorio válidamente practicado o aducido al proceso, o cuando se supone una prueba que no obra, siempre que, en uno y otro caso, la omisión o la suposición probatoria se refleje en el sentido del fallo, motivo por el cual corresponde al demandante indicar el medio no valorado o supuesto, cuál es la información que objetivamente brinda y dejó de valorarse o aquella que fue supuesta, qué mérito demostrativo debe serle asignado, y cómo su estimación conjunta con el resto de elementos que integran el acervo probatorio conduce a trastocar las conclusiones del fallo censurado”.

(6) El recurso pretende la efectividad del derecho material en punto de su supremacía con respecto a la mera formalidad (artículos 228 Constitución Política y 10 Código de Procedimiento Penal); el respeto de las garantías de las partes y de los intervinientes para mantener el equilibrio real en las posibilidades jurídicas de cada una de ellas; la reparación de los agravios inferidos a los intervinientes dirigida a corregir los yerros denunciados satisfactoriamente por quien los sufrió y a hacer pedagogía para que no se vuelvan a presentar; y la unificación de la jurisprudencia para que la ley sea interpretada del mismo modo en un espacio y tiempo determinados, garantizando los principios de igualdad frente a la ley y la seguridad jurídica. En similares términos se expresó la Sala en auto del 24 de noviembre de 2005, rad. 24.323

(7) Corte Suprema de Justicia, auto del 12 de diciembre de 2005, rad. 24.322.

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