Sentencia 25096 de noviembre 30 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CONTRATO ESTATAL DE ARRENDAMIENTO

Aplicación de normas del Código de Comercio.

EXTRACTOS: «El 2 de febrero de 1996, se celebró el contrato de arrendamiento Nº 008 entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, en calidad de arrendadora, y el señor Héctor Camargo Nicholson, en calidad de arrendatario, el cual tenía como objeto la entrega de un inmueble ubicado en el aeropuerto “Alfonso López” de Valledupar, para la venta de comida rápida y frutas congeladas. [...].

Se acordó que el contrato de arrendamiento se regiría por la Ley 80 de 1993, sus normas reglamentarias y las disposiciones contenidas en el Código Civil.

La Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil es una entidad de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Transporte, conforme lo indica el artículo 62 del Decreto 2171 de 1992, y de acuerdo con el literal b del numeral 1º del artículo 2º de la Ley 80 de 1993 (1) , dicha entidad tiene el carácter de estatal.

Comoquiera que, en este caso particular, el contrato de arrendamiento fue celebrado el 2 de febrero de 1996, esto es, en vigencia de la Ley 80 de 1993 y del Decreto 2171 de 1992, le son aplicables tales disposiciones.

En ese orden de ideas, conforme al artículo 13 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las entidades a las que se refiere el artículo 2º del estatuto contractual, se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. Por su parte, el artículo 32 del mismo ordenamiento señala que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el estatuto contractual, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los contratos de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública.

En el caso concreto, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil celebró un contrato de arrendamiento con el señor Héctor Camargo Nicholson, el cual tenía por objeto, según la cláusula tercera de dicho contrato, la entrega al arrendatario de un inmueble para la “venta de comida rápida y frutas congeladas”.

Bajo ese contexto, resulta claro que el contrato de arrendamiento celebrado por dicha entidad se regiría por las disposiciones del Código de Comercio, comoquiera que, una de las partes del contrato, esto es el arrendatario, ejerce actos mercantiles. En efecto, conforme el numeral 1º del artículo 20 del Código de Comercio, la adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma, y la enajenación de los mismos, se reputa mercantil para todos los efectos legales. Y, de acuerdo con el artículo 22 del mismo ordenamiento legal, si el acto fuere mercantil para una de las partes se regirá por las disposiciones de la ley comercial.

Según José Ignacio Narváez García, la mercantilidad de la adquisición se deriva de que el bien se destine a la reventa, aunque esta eventualmente no se lleve a cabo. Este elemento pone de relieve la diferencia de la adquisición de bienes en el mercado por parte del consumidor final, cuyo objetivo no es traficar con dichos bienes, y el consumo industrial. En el primer caso se trata de un acto mercantil unilateral o mixto; en el segundo los contratantes realizan una operación objetivamente mercantil (2) .

Dicha actividad presupone una relación jurídica, cuyos elementos son:

“a) Un sujeto (persona física o jurídica).

b) El objeto de la adquisición: Bienes en general (muebles, inmuebles, divisas, naves, aeronaves, semovientes, establecimientos de comercio, marcas, patentes, nombres comerciales, créditos, títulos valores, partes de interés, cuotas, acciones, etc.) (…).

c) Onerosidad, es decir que el acto mediante el cual se consolida la adquisición implique una contraprestación para el adquiriente (…).

d) La destinación de los bienes ha de ser enajenarlos en igual forma”.

Precisado lo anterior, resulta menester señalar que, en el presente caso, el trámite dispuesto para la restitución del bien inmueble arrendado, es el que prevé el Código de Procedimiento Civil, y, en materia sustancial, las normas aplicables, son las que señala el Código de Comercio, claro está, siempre y cuando estas regulen todas las situaciones surgidas del contrato de arrendamiento, pues, de lo contrario, serán aplicables las del Código Civil, por remisión que hace a dicho estatuto el artículo 822 (3) del Código de Comercio».

(Sentencia de 30 de noviembre de 2006. Expediente 25096. Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez).

(1) “ART. 2º—De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los efectos de esta ley:

“1. Se denominan entidades estatales: (...).

“b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, la superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos”.

(2) Narváez García, José Ignacio, Derecho mercantil colombiano, parte general, Bogotá, 2002, Legis, 9ª edición, pág. 158.

(3) “ART. 822.—Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa.

“La prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley”.

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