Sentencia 25103 de junio 30 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 25103

Acta 60

Magistrado Ponente

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá D.C, treinta de junio de dos mil cinco.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por Luis Alberto Blanco Rubio, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., calendada 30 de junio de 2004 en el proceso que el recurrente le promovió ala Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario.

Extractos: «VII. Se considera

La Sala debe comenzar por advertir, que en lo referente a los reproches de orden técnico que la réplica le atribuyó al cargo, aunque la proposición jurídica no es muy clara en su integración, es dable entender que lo que denuncia el recurrente es la aplicación indebida de las normas sustanciales reseñadas, esto es, los artículos “7º, letra a), numerales 6º y 10; 8º ordinal 5º del Decreto 2351 de 1965; artículo 6º de la Ley 50 de 1990 que subrogó el 8º del Decreto 2351 de 1965; 55, 56, 58, 59 Nº 9 del Código Sustantivo del Trabajo”, que consagran tanto la acción de reintegro impetrada como las justas causas o la violación de las obligaciones que se discuten, y la circunstancia de que a reglón seguido se enuncien normas procesales, se hace para significar la relación con las anteriores, mas no para indicar que la transgresión está dirigida exclusivamente a las disposiciones puramente adjetivas, y en estas condiciones, es intrascendente el haber utilizado en la formulación de la proposición jurídica la expresión “con violación de fin”, máxime que los errores de hecho planteados y la sustentación giran en torno a la calificación del despido y su oportunidad, pero no a aspectos meramente procesales.

En lo que sí le asiste razón a la oposición, es que el censor incurre en una inexactitud que por sí sola conduce a la improsperidad del cargo, al sostener que los “errores evidentes se originaron en la falta y errónea apreciación de los siguientes medíos de prueba...” (resalta la Sala), refiriéndose a la prueba calificada que enlista, habida cuenta que no es posible que se hubiera arribado a los yerros fácticos endilgados por la falta de apreciación y simultáneamente por la equivocada valoración de los mismos medios de convicción, pues no es coherente que una prueba pueda ser apreciada y dejada de apreciar a la vez.

Es más en el desarrollo del cargo, sin seguir un orden lógico, indistintamente se habla de la falta o la errada apreciación de las pruebas, de “un examen superficial” o una “peyorativa valoración”, y si bien en algunos pasajes se mencionan las probanzas por separado para atribuir al tribunal errores en su actividad probatoria, en otros se generaliza como por ejemplo cuando se dice “las pruebas reseñadas como no apreciadas o mal apreciadas por el ad quem demuestran suficientemente que el demandante fue de profesor en práctica de urología, que dictaba en los semestres 8º y 9º de pregrado y postgrado por más de 20 años y que de un momento a otro no se le podía exigir que dictara cátedra de cirugía en urología a realizar actividades en ciencias básicas e investigaciones, actividades para las que no estaba preparado el actor por no poseer especialización ni experiencia en esos campos” (lo resaltado por fuera del texto).

Empero si lo anterior no fuera suficiente para la desestimación del cargo, que sí lo es, encuentra la Sala que la acusación contiene las siguientes deficiencias que comprometen su prosperidad:

1. Los dos primeros yerros fácticos que la censura le atribuye al tribunal no son tales, porque se contraen a la conclusión jurídica a la cual se debe arribar una vez se compruebe que el verdadero hecho originado en la inestimación o la mala apreciación de una prueba ha sucedido o por el contrario no ha existido.

Entonces, lo planteado en el cargo como error evidente en los numerales 1º y 2º, esto es, si se probó o no que el despido del demandante fue injustificado e ilegal, corresponde es a la calificación de si se produjo la terminación unilateral del contrato de trabajo por o sin justa causa y bajo las formalidades de ley, valga decir, el resultado final luego de que se compruebe si los medios probatorios que sirvieron como convicción al juzgador muestran o no algo distinto a lo razonado, y por consiguiente, no es dable tener esa formulación como hechos específicos que en sentir del recurrente, el fallador por una percepción equivocada dejó de establecer o tuvo por acreditado sin estarlo.

Es pertinente recordar que la Sala ha entendido como error de hecho, aquel que ocurre “...por un razonamiento equivocado del juzgador en su actividad probatoria, que lo lleva a encontrar probado lo que no está demostrado y a no dar por acreditado lo que sí está establecido en el expediente, y ello como consecuencia de la falta de apreciación o la valoración errónea de una prueba calificada” (Sent. mayo19/2004, rad. 22.040).

2. El sexto error de hecho que plantea lo relativo a la extemporaneidad del despido y pone de presente que el fallador de alzada no tuvo por demostrado, que se rompió el vínculo contractual después de nueve meses del supuesto incumplimiento, no siendo por tanto concomitante a la supuesta causal alegada, se constituye en un hecho nuevo.

En efecto, en el escrito de demanda con que se dio inicio al presente litigio, la declaración de que el despido fue injusto, se fundamentó principalmente en que la consideración de que el traslado dispuesto por el empleador a un lugar distinto al que venía desarrollando sus labores durante más de 20 años, lo desmejoró en sus condiciones de trabajo, sin insinuar demora alguna de la empleadora para tomar la determinación de poner fin al vínculo contractual, lo que significa que el reintegro y la indemnización por despido que se demandaron como petición principal y subsidiaria respectivamente, no fueron soportadas en el supuesto de la inmediatez, aspecto que tampoco se mencionó en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión de primera instancia obrante a folios 424 a 426, y por tanto el recurso extraordinario no es viable para dirimir esa situación, toda vez que se dejaría sin defensa a la parte demandada, la cual no contaría con las oportunidades procesales correspondientes para referirse a ese específico punto.

3. En la sustentación del cargo el censor centró su ataque a demostrar que con el traslado dispuesto, luego de concluido el convenio con el hospital San José de Bogotá, D.C., se le quiso imponer realizar actividades docentes y de investigación en otra sede, que en su sentir corresponden a un objeto diferente para el que fue contratado y que desarrolló a través de 20 años, haciendo el empleador un uso ilegal del ius variandi, lo cual le permitía no aceptar el cambio de lugar de trabajo; dejando libre de ataque otras conclusiones esenciales de la decisión impugnada que llevaron al juzgador a colegir que el cambio de lugar de trabajo no afectaba al trabajador en su dignidad ni en sus condiciones laborales, tales como: que al estar nombrado aquel “como profesor asistente de la cátedra de urología de tiempo completo, y conforme a las circunstancias mencionadas se hacía necesario por la universidad realizar ajustes a la programación académica, ya que la nueva situación conllevó a que las diferentes cátedras no se desarrollaran en un solo sitio como pasaba en el hospital San José, donde podía llevarse a cabo tanto la actividad teórica como la práctica”, que “la nueva sede en sus inicios no tenía la infraestructura que poseía el hospital San José para desarrollar totalmente el programa teórico-práctico de la cátedra de urología, pero tal deficiencia en ese entonces se suplía con las actividades prácticas que podían desarrollarse en otros centros hospitalarios con los cuales la demandada tenía convenios y a los cuales hubiera podido acudir el actor en caso de que fuera necesario, pues, como ya se anotó, las nuevas circunstancias dieron lugar a que las clases teóricas en gran parte se realizaban en la Quinta Mutis y la práctica en centros hospitalarios”, que ante las nuevas circunstancias “las órdenes y las indicaciones dadas por su empleador significaban no una modificación ilegal del contrato de trabajo que en momento alguno se vislumbra, sino una adaptación del mismo a la situación acaecida con ocasión de la finalización del convenio con el hospital San José y a lo cual bien podía ajustarse el actor por cuanto ello no representaba ningún inconveniente a su dignidad ni desmejora de derechos laborales” y que el demandante tenía también un vínculo laboral con el hospital San José y que “en atención a que la labor con la demandada era por tiempo completo, lo que se advierte es la dificultad que podría resultarle cumplir con los dos contratos laborales”, lo cual hace que la decisión siga apoyada en estos precisos razonamientos y por ende nada consiga el recurrente con acusaciones parciales que no resultan suficientes.

4. La censura en el desarrollo del cargo, adujo que “... tampoco se prueba dentro del plenario que la demandada haya tenido que contratar otro docente para reemplazar al actor; de igual manera tampoco se demuestra el perjuicio que se le causó a los estudiantes, sencillamente porque los supuestos perjuicios no existieron”, “no existe una sola prueba que indique que al demandante se le requirió por escrito para que el demandante dictara la cátedra de urología en el hospital La Samaritana” y “resalto que en el expediente no existe prueba alguna menos calificada que indique que en la Quinta Mutis se dicte la cátedra de urología como si ocurre en el hospital de La Samaritana” (resalta la Sala), lo que se traduce a que se esbozó la falta de elementos probatorios, tópico sobre el cual a la Corte le es vedado revisar el expediente a fin de establecer la ausencia de pruebas, dado que esta corporación en sede de casación carece de facultades propias de los juzgadores de instancia, habida cuenta que en materia probatoria solo puede confrontar pruebas que en criterio del recurrente hayan sido erróneamente apreciadas o inestimadas siendo el caso hacerlo; lo que quiere decir, que la Corte debe ubicarse siempre en el terreno donde la prueba exista objetivamente.

5. El recurrente no señaló en la demostración del cargo, cuál es el entendimiento equivocado que le asignó el juez colegiado a la demanda inicial y su contestación como actos del proceso y su incidencia en la providencia acusada, ni da cuenta de alguna posible confesión allí contenida que perjudique a la parte que expone hechos y que favorezca a la parte contraria (CPC., art. 195).

6. Si en los aspectos rescatables de la acusación, se abordara el ataque en relación con los demás yerros fácticos, esto es, el 3º, 4º, 5º y 7º, la prueba calificada denunciada no logra acreditar alguno de esos errores, como se ve a continuación:

La carta de despido a contrario de lo que sostiene la censura, de manera clara e inequívoca trae la causa o motivo de la ruptura, en especial en lo señalado en sus numerales 3º y 7º que son del siguiente tenor: “3. A pesar de haber recibido la orden e indicación expresa emitida por la universidad con relación al sitio en el que debía cumplir con sus funciones como docente de la universidad, vinculado mediante contrato de trabajo, usted, en forma reiterada se ha negado a prestar el servicio contratado. Su negativa que fue confirmada por usted, al señor decano de la facultad doctor Jaime Pastrana Arango, en la reunión del día 30 de marzo del año en curso” y “7. La universidad lo contrató para desarrollar sus funciones como docente, que debe llevar a cabo en el sitio que le ha indicado el empleador dentro de la nueva sede de la facultad de medicina, Quinta de Mutis carrera 24 Nº 63c-69 en la ciudad de Bogotá, razón por lo cual no existe justificación alguna frente al grave incumplimiento de obligaciones en el que ha incurrido, como quedó expuesto” (fls. 85 y 86).

Las comunicaciones cruzadas entre las partes (fls. 88 a 99 y 193 a 197) no tienen la connotación que les quiere imprimir el recurrente, pues lo que contienen es la postura de cada una de ellas sobre la situación acaecida así: las primeras expresan la posición del trabajador que considera que con la orden de trasladose le modificó unilateralmente el contrato de trabajo, que no le era dable desarrollar su docencia en la nueva sede por el cambio de programa académico, y que ello implicaba una desmejora en sus condiciones laborales; y las segundas dan cuenta del punto de vista de la empleadora, que pone de presente la imposibilidad de que se continuara la prestación del servicio como campo de práctica en el hospital de San José, por la finalización del convenio que tenía la universidad con la Sociedad de Cirugía de Bogotá, alude al ajuste de la programación académica para poder desarrollarla en las instalaciones de la Quinta Mutis y le pide al actor con persistencia que cumpla con sus labores de docente.

Si bien el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada (fls. 38 a 42) y la inspección judicial practicada en las instalaciones del hospital universitario La Samaritana (fls. 393 a 396), muestran que una vez finalizado el convenio con la sociedad de cirugía de Bogotá, se continúo con la práctica de la cátedra de urología en ese nuevo centro hospitalario por no poderse realizar en la Quinta Mutis, lo cual no desconoce el tribunal en su decisión, lo cierto es que en la forma como está planteado el recurso extraordinario, en verdad no se ataca ni se logra destruir, la inferencia de que ello obedeció a que la deficiencia de la nueva sede de la facultad de medicina para desarrollar el programa teórico-práctico de dicha cátedra se “suplía” dictándose las clases teóricas en la Quinta Mutis y la práctica en los hospitales con los cuales se tuviera convenio, y no en un mismo sitio como antes se hacía en el hospital San José, situación a la que perfectamente según el juzgador podía ajustarse el actor por no representar ningún inconveniente en su dignidad ni desmejora de derechos laborales, y que en estas condiciones el trabajador estaba obligado a acatar la orden y la indicación dada por su empleador para el traslado del lugar de trabajo.

Por último, es del caso anotar que si el tribunal le dio prelación a una prueba sobre las demás, no está cometiendo un error de hecho, porque en ejercicio de la libertad probatoria que le otorga a los jueces el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, le era permitido al fallador acudir o escoger aquellas probanzas que le formen mejor su convencimiento acerca de los hechos debatidos en forma prevalente o excluyente.

Sobre el tema de la potestad legal del sentenciador de apreciar libremente la prueba para formar su convencimiento, la Corte en sentencia del 13 de noviembre de 2003, radicado 21478 puntualizó:

“(...) Al efecto y de vieja data la Corte ha considerado que dada la libertad de apreciación de las pruebas que tienen los juzgadores de instancia en virtud de lo establecido por el artículo 61 del C.P. del T., el entendimiento que estos le den a aquellas, nace de la autonomía e independencia de que gozan y de la facultad de formar libremente su convencimiento con base en el principio de la sana crítica, que no es más que la lógica y la experiencia.

Por lo dicho, las conclusiones que hace el tribunal acerca del material probatorio recepcionado, mientras sean lógicamente aceptables, se encuentran cobijadas por la presunción de legalidad, por lo que priman sobre las conclusiones que hacen las partes en relación con el análisis de una o varias pruebas aun cuando dichas inferencias sean también lógicas y de recibo, dado lo cual, debe mantenerse la sentencia con base en esta conclusión del tribunal ...”.

Con todo y al margen de lo anterior, es pertinente recordar que mientras exista nítidamente expuesta la causa del traslado, y el cambio de sitio de trabajo no sea de tal identidad que afecte o desmejore al empleado en las condiciones de trabajo, en su situación personal, social o familiar que han de determinarse para cada caso en particular, es dable entender que esa variación respecto a lo que inicialmente se había sometido al trabajador, obedeció al poder legítimo o facultad que tiene el empleador para ejercer el ius variandi, sin que ello implique de ninguna manera una modificación del contrato de trabajo ni violación del mismo y menos violación de derecho alguno, donde es el trabajador el que está sujeto a las conveniencias y necesidades razonables del patrono, y no el empleador a las comodidades o ventajas de su servidor u operario.

Por todo lo expuesto, el tribunal no pudo incurrir en los yerros fácticos que le atribuyó la censura y por consiguiente el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo del recurrente por cuanto se formuló réplica.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C. el 30 de junio de 2004 en el proceso adelantado por Luis Alberto Blanco Rubio contra la Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario.

Costas en la forma indicada en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

_____________________________________