Sentencia 25109 de febrero 21 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 25109

Acta 14

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., veintiuno de febrero de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Antecedentes

María Fernanda Carvajal Ortiz, en calidad de cónyuge supérstite, y en representación de su hija menor Lina María Orozco Carvajal, demandó a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., y al municipio de Belén de Umbría (Risaralda), para que se condene a la sociedad a pagarle la pensión indexada de sobrevivientes; en subsidio, el aludido reconocimiento pero a cargo del mencionado municipio, más las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, intereses moratorios, todas las prestaciones que devengaba Antonio Orozco Mafla, y las costas.

Adujo la actora que contrajo matrimonio con el señor Antonio Orozco Mafla, el 26 de diciembre de 1987, en el municipio de Belén de Umbría; que aquel laboró para el municipio demandado, del 24 de junio de 1992 al 13 de noviembre de 1998, en el cargo de conductor, con un último salario mensual de $ 397.268; que Orozco falleció el 14 de noviembre de 1998, estando al servicio del municipio; que ella y su hija dependían económicamente del causante, quien estaba “afiliado en salud a la EPS del Risaralda, y en pensiones al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir”, entidad esta que le negó la pensión de sobrevivientes, con el argumento de que su cónyuge no se encontraba efectuando aportes para los riesgos pensionales, al momento de su fallecimiento, ni con posterioridad a este; que su abogado interpuso los recursos pertinentes, pero le fueron resueltos negativamente; que las entidades demandadas no han cancelado los valores por prestaciones sociales, liquidación de contrato, ni pensión; que están desprotegidas y prácticamente viviendo de la caridad pública.

El municipio se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que a la fecha del fallecimiento de Orozco Mafla, lo tenía afiliado a Porvenir S.A. Aceptó los hechos relativos a la prestación del servicio y al salario devengado por el causante, al fallecimiento, a su afiliación al Fondo de Pensiones Porvenir, a no reconocerle la pensión, y a no encontrarse al día en el pago de las cotizaciones, cuando ocurrió la muerte del trabajador. Agregó que la mora en el pago de los aportes no se resuelve con el pago de la pensión, pues la única obligación es pagar los intereses; que canceló cualquier deuda con dicho fondo, por lo que a este le corresponde pagar la pensión reclamada. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y prescripción de mesadas pensionales.

El Fondo Porvenir también se opuso a las pretensiones de la actora, toda vez que, adujo, que el causante no reunió la totalidad de requisitos exigidos, pues no tenía la intensidad necesaria de semanas cotizadas, dado el incumplimiento del municipio en pagarlas. Dijo que, con fundamento en los documentos obrantes, aceptaba los hechos referentes a la prestación de servicios del trabajador al municipio, a su fallecimiento, y a la negativa a reconocer la pensión, puesto que el empleador, a la muerte del causante, solo había hecho un pago por $ 39.727. Propuso las excepciones de falta de integración del litis consorcio necesario, inepta demanda, ausencia de la totalidad de los requisitos para tener derecho a la pensión de sobrevivientes, incumplimiento del empleador en el pago de los aportes, pagos extemporáneos, pensión a cargo exclusivo del empleador e inexistencia de la obligación.

María Fernanda Ramírez Pulgarín, en representación de su hija menor Daiana Orozco Ramírez, también demandó a las citadas entidades y a María Fernanda Carvajal Ortiz, con el fin de que le pagaran la pensión de sobrevivientes, con el argumento de que el causante era el padre de su hija.

Solamente contestó la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., oponiéndose a las pretensiones, con los mismos argumentos que expuso frente a la demanda inicial.

La primera instancia terminó con sentencia de 9 de junio de 2004 (fls. 229 a 237), mediante la cual, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, condenó al municipio demandado a reconocer, liquidar y pagar a las menores demandantes, la pensión de sobrevivientes, como hijas del causante; absolvió a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., de todas las pretensiones, e impuso costas al vencido.

(...).

Se considera

Para despachar el cargo corresponde anotar que son hechos no controvertidos los relativos a que Antonio Orozco Mafla estuvo vinculado laboralmente al municipio de Belén de Umbría; que falleció el 14 de noviembre de 1998; que a sus hijas les asiste el derecho a reclamar la pensión, por haber sobrevivido a su muerte; que el Fondo de Pensiones Porvenir fue el que aquel escogió; que su solicitud de vinculación al fondo, la suscribió el 14 de abril de 1997; que el empleador cumplió tardíamente su obligación de pagar los aportes pensionales, pues los que debía efectuar en los primeros días del mes de junio de 1998, los consignó en noviembre del citado año, y que los restantes aportes solo los efectuó después del fallecimiento de su ex trabajador, el 25 de julio de 2002.

El raciocinio del ad quem según el cual, la única consecuencia para el empleador moroso, es la de

“... que debe responder por el monto de los aportes y de los intereses moratorios... pero sin que ninguna otra sanción de carácter legal se haya contemplado para la conducta irregular”,

resulta equivocado, tal como a continuación se explica:

No resulta lógico ni acorde con la ley, que una entidad encargada de cubrir el riesgo de la muerte, cargue con la responsabilidad de reconocer la pensión a los beneficiarios de quien en vida lo tuvo como afiliado, cuando no recibió de su empleador los correspondientes aportes para dicho riesgo, sino solo después de que se presentó el infortunio.

Por eso en tales asuntos debe operar con rigor el contenido del artículo 18 del Decreto 1818 de 1996, según el cual:

“... las consecuencias derivadas de no presentar la autoliquidación de aportes o de errores u omisiones en esta, como por ejemplo, efectuarlo a una administradora diferente a la que se encuentran afiliados los trabajadores, o de no efectuar el pago de las cotizaciones, que afecten el cubrimiento del sistema de seguridad social integral o la prestación de los servicios a uno o más de los afiliados, serán responsabilidad exclusiva del empleador...”.

De este modo, a juicio de la Sala, hace justicia el legislador, porque resultaría injusto imponerle sanción a la entidad aseguradora que no ha recibido las cotizaciones que estaba obligado a cancelar el empleador.

Ahora bien, el hecho de que el municipio hubiera pagado en el mes de noviembre de 1998, el correspondiente al mes de junio de dicho año, de todas formas, con retardo, no desdibuja el criterio atrás expuesto porque dichas cotizaciones no alcanzan las 26 semanas exigidas por el artículo 39 literal b) de la Ley 100 de 1993, para obligar a la entidad aseguradora a reconocer la pensión invocada.

Respecto del punto analizado, es decir sobre quién debe soportar la carga prestacional en un caso como este, esto es, el empleador moroso o la entidad administradora de pensiones, esta Sala de la Corte se ha pronunciado en varias ocasiones, entre ellas las copiadas por el impugnante. Al respecto, vale la pena transcribir lo que se dijo el 26 de marzo de 2004, radicación 21382, reiterada el 6 de mayo de 2005, radicación 23258:

“El tema objeto de controversia tiene que ver con el efecto que tiene el pago tardío de las cotizaciones al sistema general de pensiones, realizado después de la ocurrencia del riesgo protegido, tardanza cuya magnitud impide que se reúna el número mínimo de semanas cotizadas estipuladas en la ley para el otorgamiento del derecho, y respecto del cual la respectiva administradora no ejerció las acciones de cobro consagradas en la ley, pues mientras para el tribunal ese evento implica que la prestación está a cargo del empleador incumplido quedando liberada la entidad de seguridad social, la sociedad demandada sostiene justamente lo contrario.

Es menester aclarar que en este caso está fuera de toda discusión el hecho consistente en que de haber cumplido el empleador en forma rigurosa con su deber de trasladar oportunamente los aportes a la administradora de pensiones, el causante habría alcanzado la densidad de cotizaciones requerida para que se concediera a los beneficiarios la pensión de sobrevivientes.

“Pues bien, sobre el punto esta Sala de la Corte se ha pronunciado reiteradamente exponiendo en términos generales la misma tesis acogida por el ad quem. Así, en sentencia del 4 de marzo de 2003 (exp. 19610) dijo:

“Pese a lo anterior encuentra la Sala pertinente señalar que la falta de cancelación de los aportes necesarios al sistema general de pensiones para el cubrimiento de los riesgos a su cargo al momento de producirse la contingencia, en este caso, la muerte, conduce a que la entidad administradora respectiva no esté obligada a reconocer las prestaciones económicas que le hubieren correspondido frente a un pago regular de cotizaciones. La cancelación tardía no satisface la exigencia de su cubrimiento oportuno, pues el riesgo ya se produjo y, consiguientemente, los efectos que de él derivan ante el incumplimiento de la empleadora, consolidándose en consecuencia las situaciones jurídicas que afectan, de una u otra manera, a las personas naturales o jurídicas, vinculadas al sistema.

“Corresponde precisar que la eventual omisión de la administradora en el adelantamiento de las acciones de cobro ante el no pago de las cotizaciones al sistema general de pensiones no tiene los efectos que pregona el ataque, referente a que en tal caso será dicha entidad la responsable de las prestaciones económicas que se hubieren causado frente a un pago regular de aportes, pues la ausencia de cancelación de las cotizaciones tiene unas consecuencias distintas previstas en la ley. En efecto, conforme al artículo 12 del Decreto 2665 de 1988, aplicable por remisión del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, en el período de mora en el pago de los aportes las entidades administradoras quedan relevadas de las obligaciones de otorgar las prestaciones económicas, concretamente para el sistema general de pensiones, las provenientes de invalidez, vejez y pensión de sobrevivientes.

“La disposición referida fue ratificada por el artículo 18 del Decreto 1818 de 1996, que modificó parcialmente el Decreto 326 de ese mismo año que organizó el régimen de recaudación de aportes para el sistema de seguridad social integral, al prever que la consecuencia para el empleador de no efectuar el pago de las cotizaciones al sistema es que él responde exclusivamente. Ciertamente, el inciso primero de la normatividad citada dispone:

Deberes especiales del empleador. Las consecuencias derivadas de no presentar la autoliquidación de aportes, o de errores u omisiones en esta, como por ejemplo, efectuarlo a una administradora diferente a la que se encuentran afiliados los trabajadores, o de no efectuar el pago de las cotizaciones, que afecten el cubrimiento del sistema de seguridad social integral o la prestación de los servicios a uno o más de los afiliados, serán responsabilidad exclusiva del empleador”.

Y en sentencia de 30 de agosto de 2000, radicada con el Nº 13818, en igual sentido dijo la Sala:

“Una de las principales características de un sistema de seguridad social es la de corresponder a un régimen contributivo que supone la obligación de cancelar unos determinados aportes por parte de los vinculados al mismo.

“Como ese postulado resulta esencial para el equilibrio financiero del sistema y su consiguiente viabilidad depende del recibo oportuno de las cuotas correspondientes, existe mucho celo en la exigencia de esa obligación y así se muestra claramente en la Ley 100 de 1993 y en sus decretos reglamentarios, disposiciones en las cuales no solo se enfatiza en la obligación de pagar oportunamente los aportes sino que se establece un régimen sancionatorio para los casos de incumplimiento. Los artículos 17 y 22 de la citada ley, señalan el derrotero inicial de ese deber y ubican en cabeza del empleador la mayor responsabilidad frente a su cumplimiento en los casos de relaciones laborales subordinadas”.

Bajo estos supuestos se observa que el sentenciador de alzada desacertó, al considerar que a pesar de que el empleador se encontraba en mora, al momento de ocurrir la muerte del trabajador, la pensión debía pagarla la administradora de fondos de pensiones. Por lo anterior, prospera el cargo y se casará la sentencia del ad quem.

En sede de instancia, se tienen como consideraciones las expuestas al resolver el cargo. Por tanto, se confirma la decisión de primer grado.

De otra parte, la Sala no puede pasar por alto que en este asunto el municipio demandado y que resultó condenado, estaba en la obligación de consignar oportunamente los aportes de su trabajador; razón por la que, según lo previsto por el inciso segundo del artículo 23 de la Ley 100 de 1993, se dispondrá la compulsación de copias a la Procuraduría General de la Nación, para lo pertinente.

Sin costas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 8 de junio de 2004, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso ordinario de María Fernanda Carvajal Ortiz, quien actúa en representación de su menor hija Lina María Orozco Carvajal, y de María Liliana Ramírez Pulgarín, quien actúa como representante de su hija menor Daiana Orozco Ramírez, contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., y el municipio de Belén de Umbría, en cuanto revocó la sentencia de primera instancia, que declaró que las menores Lina María Orozco Carvajal y Daiana Orozco Ramírez, tienen derecho, en su calidad de hijas del causante y afiliado Antonio Orozco Mafla a obtener la pensión de sobrevivientes, y que tal pensión debe reconocerla, liquidarla y pagarla el municipio de Belén de Umbría, en la cuantía que corresponda y en la proporción señalada a favor de las menores demandantes.

En sede de instancia confirma la sentencia proferida el 9 de junio de 2004, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira.

Sin costas en el recurso de casación.

Por la secretaría compúlsense las copias con destino a la Procuraduría General de la Nación para lo pertinente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».

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