Sentencia 25109 de mayo 4 de 2006 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Sentencia 25109 de 2006 

Aprobado Acta 42

Magistrados Ponentes:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Dr. Alfredo Gómez Quintero

Bogotá, D.C., cuatro de mayo de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. La Corte ya ha delineado pautas a seguir en el trámite del recurso extraordinario de casación dentro del sistema procesal de la Ley 906 de 2004 (1) , de acuerdo a su naturaleza y finalidades, en la presentación de la demanda y desarrollo de los cargos de sustentación, en el examen de admisibilidad que hace la Sala y en la operatividad del recurso de insistencia, las cuales se pueden sintetizar de la siguiente manera:

1.1. La Ley 906 de 2004 consagró expresamente a la casación como extraordinario medio de control constitucional y legal de las sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales superiores en procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales. El recurso se interpone dentro de los sesenta días siguientes a la última notificación de la sentencia, mediante la presentación de la demanda, sin que para su procedencia sea menester considerar la pena establecida en la ley para el correspondiente delito, es decir, eliminó la distinción entre la casación común y la excepcional.

De acuerdo con esa naturaleza, el recurso se puede interponer antes de que alcance ejecutoria material la sentencia de segunda instancia; se surte por fuera de las instancias, porque no significa prolongación del debate agotado allí, sino que busca protección a las garantías fundamentales presuntamente vulneradas.

1.2. Presentada la demanda dentro del señalado término, el tribunal respectivo debe enviarla, junto con los antecedentes necesarios, a la Corte (art. 184).

1.3. Como el libelo impugnatorio no es un escrito de libre elaboración, en cuanto mediante con su postulación el recurrente concita a la Corte a la revisión del fallo de segunda instancia para verificar si fue proferido o no conforme a la Constitución y a la ley, la Corte tiene a su cargo evaluar si reúne las condiciones mínimas de admisibilidad, cuales son:

1.3.1. Acreditación del agravio a los derechos o garantías fundamentales producido con la sentencia demandada;

1.3.2. Necesario señalamiento de la causal de casación, a través de la cual se va a dejar evidente tal afectación, con la consiguiente observancia de los parámetros lógicos, argumentales y de postulación propios del motivo casacional postulado;

1.3.4. Establecer si se precisa del fallo de casación para alcanzar alguna de las finalidades señaladas para el recurso en el artículo 180: efectividad del derecho material, respeto de las garantías de los intervinientes, reparación de los agravios sufridos por los mismos y la unificación de la jurisprudencia.

1.4. Una vez recibida la demanda, la Sala cuenta con 30 días para decidir sobre su admisión; de modo discrecional puede dejar de seleccionarla al trámite casacional si a pesar de estar en forma advierta que no es necesario el fallo para cumplir las finalidades del recurso; también la inadmite, si el demandante carece de interés, no señala la causal, no desarrolla los cargos de sustentación, según lo preceptúa el artículo 184, inciso 2º.

Pero, por otra parte, si no obstante las evidentes deficiencias técnicas del libelo, la Sala encuentra, con referencia a los mencionados fines de la impugnación extraordinaria, la posible violación de garantías de los sujetos procesales o de los intervinientes, puede superarlas y admitir la demanda.

1.5. Con referencia a las taxativas causales de casación señaladas en el artículo 181, se tiene dicho que:

1.5.1. La de su numeral 1º —falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso—, recoge los supuestos de la que se ha llamado a lo largo de la doctrina de esta corporación como violación directa de la ley material.

Su invocación exige, entonces, que el cargo se desarrolle conforme a las directrices técnico jurídicas de antaño trazadas, en especial, aquella que señala por esa vía se adelanta un juicio de estricto derecho a la sentencia, esto es, se discute la subsunción de los hechos demostrados en el derecho, motivo por el cual no hay lugar a debatir la forma como fueron apreciadas las pruebas o elementos cognoscitivos por parte de los juzgadores, ni los hechos jurídicamente revelantes que se fijaron en los fallos.

1.5.2. El numeral 2º consagra el tradicional motivo de nulidad por errores in iudicando, por cuantos permite el ataque si se desconoce el debido proceso por afectación sustancial de su estructura (yerro de estructura) o de la garantía debida a cualquiera de las partes (yerro de garantía).

En tal caso, debe tenerse en cuenta que las causales de nulidad son taxativas y que la denuncia bien sea de la vulneración del debido proceso o de las garantías, exige clara y precisas pautas demostrativas (2) .

Del mismo modo, bajo la orientación de tal causal puede postularse el desconocimiento del principio de congruencia entre acusación y sentencia (3) .

1.5.3. El numeral 3º se ocupa de la denominada violación indirecta de la ley sustancial —manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia—; desconocer las reglas de producción alude a los errores de derecho que se manifiestan por los falsos juicios de legalidad —práctica o incorporación de las pruebas sin observancia de los requisitos contemplados en la ley—, o, excepcionalmente por falso juicio de convicción (4) , mientras que el desconocimiento de las reglas de apreciación hace referencia a los errores de hecho que surgen a través del falso juicio de identidad —distorsión o alteración de la expresión fáctica del elemento probatorio—, del falso juicio de existencia —declarar un hecho probado con base en una prueba inexistente u omitir la apreciación de una allegada de manera válida al proceso— y del falso raciocinio —fijación de premisas ilógicas o irrazonables por desconocimiento de las pautas de la sana crítica—.

2. Sentado ese breve preámbulo, la Corte advierte que la demanda ostenta serias deficiencias que impiden su admisión.

2.1. El efecto, el libelista por parte alguna enseña por qué es necesario el pronunciamiento de la corte, pues para nada se ocupa de explicar la razón por la que se hace necesario hacer efectivo el derecho material, o respetar las garantías de los intervinientes, o la reparación de los agravios inferidos a estos, o unificar la jurisprudencia.

Además, cuando postula los cargos, lo hace de modo incoherente.

2.2. Así, en el primero, que dice basarlo en la causal primera por violación directa de la ley sustancial, lo que expone de manera muy superficial, es una aparente irregularidad relacionada con la captura del enjuiciado, pues a su modo de ver no se produjo en situación de flagrancia.

Tal premisa no se amolda al ámbito de discusión propio de tal motivo de impugnación invocado, en el cual, como ya se dijo, lo que se cuestiona es la aplicación de la ley material llamada a resolver el caso concreto, por lo que no es la vía idónea para denunciar posibles atropellos a la estructura del proceso o a las garantías del justificable, de modo que ha debido aducir la causal segunda del artículo 181, que desarrolla los motivos de invalidez de la actuación.

Adicionalmente, puede señalarse que fuera de estimar que no estaban dadas las condiciones para la captura en flagrancia, el casacionista no explica cómo repercutió tal situación en la estructura del proceso o en las garantías del procesado, en términos de afectación de sus posibilidades de defensa.

Sobre el particular, la corte tiene sentado que

“[U]n planteamiento de esta naturaleza implica demostrar cómo ese acto de privación de la libertad se erige en elemento estructural del proceso, a tal punto que impide la prosecución de la investigación y el juzgamiento tornándolos ineficaces, y el señalamiento de que la susodicha irregularidad se halla consagrada de modo expreso como causa invalidante de la actuación.

Si la trasgresión de la libertad personal con ocasión de una captura ilegal cabe ser reparada mediante la liberación inmediata del retenido a través de la acción pública de habeas corpus —artículo 30 de la Constitución Política—, o bien de conformidad con el instituto establecido en el artículo 353 del Código de Procedimiento Penal, le correspondía igualmente a la demandante establecer la trascendencia del vicio alegado, en cuanto que aquellos mecanismos carecen de la inmediatez y la eficacia requeridas para restablecer las garantías violentadas; del mismo modo, debió acreditar su incidencia negativa en el derecho a la defensa del acusado, o la restricción a sus posibilidades defensivas (5) ”.

2.3. En el segundo cargo, que también dirige por vía del quebrantado directo de la ley sustancial, el libelista denuncia la vulneración del artículo 381, literal b), del Código de Procedimiento Penal.

En esta oportunidad la inconsistencia técnica y argumentativa también es evidente. De una parte, no explica en qué consistió la aplicación indebida del precepto en cuestión, es decir, cómo, a pesar de su cabal entendimiento, se aplicaron indebidamente las consecuencias jurídicas que irradia a pesar de que los hechos reconocidos en la sentencia no coinciden con los presupuestos condicionantes de la norma.

Ahora, si se tiene en cuenta que la preceptiva en cuestión establece que “[L]a sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia”, es claro que el reparo debió enfocarse por otra vía, la consagrada en el numeral tercero del artículo 181, pues allí consagra el manifiesto desconocimiento de las reglas de producción o apreciación de la prueba, para así proponer un error de derecho por falso juicio de convicción, en cuanto el contenido normativo en referencia le niega poder persuasivo a una específica clase de pruebas, las de referencia, cuando el fallo se basa exclusivamente en estas.

Pero para ese cometido, además, no es suficiente con citar la norma que le niega valor probatorio a una prueba o la que le otorga uno determinado, sino que es necesario enseñar el contenido exacto del respectivo elemento cognoscitivo, demostrar que, en efecto, es de referencia, y que la sentencia no tiene ningún otro fundamento probatorio.

Aquí, el casacionista se limitó a señalar que unos testigos fueron de referencia y que, por tanto, se quebrantó el artículo 437 de la Ley 906, sin emprender tarea demostrativa alguna.

Más que insuficiencia lo que refleja el libelo es ausencia de fundamentación del cargo.

2.4. Igual acontece cuando el libelista formula los ataques por la vía de la violación indirecta de la ley sustancial.

Cuando señala que en la sentencia aparece un error de derecho por falso juicio de legalidad, apenas atina a comentar que respecto de la declarante Maritza Gómez, esposa de Javier Pulido, no se observó lo señalado en el artículo 356, inciso 3º, de la Ley 906, y que aquella se retractó de lo que dijo en la entrevista ante miembros de la Sijin, pero no explica con claridad en dónde radica la ilegalidad de la prueba en cuestión, a instancias de qué sujeto procesal fue llamada la mencionada dama como testigo, ni qué incidencia tuvo la prueba en el sentido de la sentencia.

Además, hace una alusión marginal al precepto, que consagra el principio del in dubio pro reo, pero sin explicar cómo la incorporación de una prueba ilegal generó dudas insalvables inadvertidas por el juzgador por apreciar indebidamente el elemento cognoscitivo allegado de modo ilegal, ni cuáles son los aspectos dudosos que están manifiestos en la situación.

2.5. En la censura que trata de un error de hecho por falso juicio de identidad, el actor comenta unas situaciones suscitadas al momento de la captura de Rodríguez Guerrero en torno a la forma como se identificó frente a sus captores, con otro nombre —lo que a la postre le significó la condena por falsedad material—, pero no se preocupa por indicar ni siquiera cuál fue la prueba que resultó distorsionada o tergiversada; solo hace unas afirmaciones relacionadas con el alcance y significado de esa conducta y con la supuesta inobservancia de reglas que tienen que ver con la captura.

El escrito así diseñado resulta un batiburrillo de ideas que imposibilitan en absoluto entender cuál pudo ser el verdadero sentido del reparo.

2.6. Cabe observar, que la petición común a todos esos reproches en inconsecuente con la naturaleza de las respectivas causales, pues la hizo consistir en que se anulara el proceso para volver a iniciarlo, siendo que en la hipótesis de prosperar un cargo por infracción directa o indirecta de la ley lo que se impone es proferir sentencia de reemplazo.

2.7. Por último, en el cargo fundado en la causal de nulidad, el actor pone de presente que vulneró el derecho a la defensa de Jairo Manuel Rodríguez Guerrero, porque pese a que fue capturado con otros dos individuos quienes lo señalaron como la persona que le había llevado el automóvil que las autoridades encontraron desarmado en la bodega donde se hizo el operativo, fue asistido por el mismo defensor de estos, situación que genera una incompatibilidad de intereses.

Pero el censor apenas menciona que el cargo debe prosperar, sin adentrarse en el suficiente, claro y preciso ejercicio demostrativo, pues “para que pueda hablarse de incompatibilidad en la defensa es necesario que entre los procesados existan imputaciones recíprocas, o posturas irreconciliables, o que la verdad revelada por uno interfiera en los intereses defensivos del otro, aspectos estos que de ninguna manera destaca el recurrente, motivo por la cual el cargo carece de razón suficiente” (6) , a lo que se debe aunar que es necesaria la demostración de cómo se produjo la irregularidad al interior de la actuación, cómo ese estado de cosas redundó en recorte de posibilidades defensivas o favorables al procesado y la forma como la postura antagónica de los implicados hacía imperioso el relevo del defensor.

El casacionista hace referencia al desempeño del anterior defensor del procesado Rodríguez Guerrero, para señalar que se limitó a interponer reposición respecto de la situación jurídica de otro imputado y, del mismo modo, para resumir lo que planteó en defensa de este o lo que dejó de alegar con base en el contenido de un elemento probatorio, pero no avanza más allá de ese enunciado, de modo que no es posible entender si adicionalmente considera que el derecho a la defensa se afectó porque el asistente técnico no desplegó de manera adecuada el encargo, es decir, no explicó en qué fases procesales hubo ausencia de defensa, no indicó cuáles (sic) las pruebas que se practicaron o adujeron de esa forma, no dijo en qué sentido debieron ser interpuestos los recursos, ni de qué forma se debieron analizar los elementos probatorios para sacar avante la posición defensiva.

En suma, como la demanda no desarrolla de modo adecuado los cargos de sustentación, será inadmitida.

Se agrega, por otra parte, que la sala no observa motivo alguno para superar los defectos de la demanda.

Cuestión final

Habida cuenta que contra la decisión de inadmitir la demanda de casación presentada por la defensa procede el mecanismo de insistencia de conformidad con lo establecido en artículo 186 de la Ley 906 de 2004, impera precisar que como dicha legislación no regula el trámite a seguir para que se aplique el referido instituto procesal, la sala ha definido las reglas que habrán de seguirse para su aplicación (7) , como sigue:

i) La insistencia es un mecanismo especial que solo puede ser promovido por el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia por cuyo medio la Sala decida no seleccionar la demanda de casación, con el fin de provocar que esta reconsidere lo decido (sic). También podrá ser provocado oficiosamente por alguno de los delegados del Ministerio Público para la casación penal o por el magistrado disidente dentro del mismo término.

ii) La solicitud de insistencia puede elevarse ante el Ministerio Público, a través de sus delegados para la casación penal, o ante uno de los magistrados que hayan salvado voto cuanto a la decisión mayorista de no seleccionar la demanda.

iii) Es potestativo del magistrado disidente o del delegado del Ministerio Público ante quien se formula la insistencia, optar por someter el asunto a consideración de la Sala o no presentarlo para su revisión, evento último en que informará de ello al peticionario en un plazo de quince (15) días.

iv) El auto a través del cual no se selecciona la demanda de casación trae como consecuencia la firmeza de la sentencia de segunda instancia contra la cual se formuló el recurso de casación, salvo que la insistencia prospere y conlleve a la admisión de la demanda.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.

RESUELVE:

INADMITIR la demanda de casación presentada en nombre del procesado Jairo Manuel Rodríguez Guerrero.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es facultad del demandante elevar petición de insistencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Autos de casación del 22 de junio de 2005, radicación 21.611; 24 de noviembre de 2005, radicaciones 24.322 y 24.530; 12 de diciembre de 2005, radicación 24.193.

(2) Cfr. auto de casación del 24 de noviembre de 2005, radicación 24.323.

(3) Cfr. auto de casación del 24 de noviembre de 2005, radicación 24.530.

(4) Ib. radicación 24.530.

(5) Corte Suprema de Justicia, auto casación del 11 de mayo de 2005, radicación 23.230.

(6) Corte Suprema de Justicia, auto de casación del 11 de marzo de 2003, radicación 19.952.

(7) Providencia del 12 de diciembre de 2005. Rad. 24322.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Con el respecto que siempre profeso por la posición de la mayoría de la Sala, en esta oportunidad me permito exponer los motivos por los cuales salvo parcialmente mi voto, los mismos que ya tuve ocasión de hacer conocer dentro del radicado 24.193 en relación con idéntico tema, y que ahora reitero.

Allí advertí que aunque estaba de acuerdo con la decisión que culminó en la inadmisión de la demanda de casación presentada por el recurrente extraordinario con ocasión de este asunto, sin embargo era mi parecer que el recurso de insistencia en el sistema acusatorio que hoy nos rige no tiene cabida, comoquiera que dicho instituto no se encuentra establecido en la nueva codificación procesal penal como recurso ordinario o extraordinario —artículos 176 a 198—, criterio que ahora refrenda la Sala en la providencia materia de esta aclaración.

En aquella oportunidad, repito, sostuve, y aún lo sigo haciendo, que el legislador partiendo de lo dispuesto para tal efecto —la insistencia— en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 para la revisión de las sentencias de tutela por parte de los magistrados de la Corte Constitucional que no intervinieron en el proceso de selección pertinente, introdujo un tal mecanismo en el trámite casacional sin echar de ver la disimilitud del procedimiento que impera en uno y otro evento, pues a diferencia de lo que ocurre en la regulación contenida en el citado precepto, bien cabe advertir que cuando ello ocurre en el proceso penal, el magistrado que no comparte la decisión de la mayoría está llamado a salvar su voto o a aclararlo, lo cual consulta la lógica si con esa actuación del magistrado o magistrados desidentes se obliga la Sala a revisar los argumentos planteados en los respectivos salvamentos y/o aclaraciones.

Empero, además, los recursos en derecho procesal y en la teoría general del proceso son mecanismos de impugnación que el legislador reserva a las partes y sujetos procesales con capacidad de intervención en el debate, para hacer operante el derecho de contradicción, situación que no compagina con las estipulaciones previstas en el inciso 2º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, cuando sea el magistrado de la Sala el que interponga el denominado recurso de insistencia.

En efecto, si la determinación de no seleccionar una demanda de casación debe ser tomada en auto motivado por los integrantes de la Sala, no se concibe cómo a uno o a algunos de sus miembros les asista la atribución de impugnar una tal decisión, si para su adopción hubieron de tomar parte en la discusión pertinente. Dicho canon establece:

“ART. 184.—Admisión.

“(...).

“No será seleccionada, por auto debidamente motivado que admite recurso de insistencia presentado por alguno de los magistrados de la Sala o por el Ministerio Público, la demanda que se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos: Si el demandante carece de interés, prescinde de señalar la casual, no desarrolla los cargos de sustentación o cuando de su contexto se advierta fundamentalmente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso.

“(...)”.

Ahora, para lo que interesa al caso presente, no se puede olvidar que la norma en mención también faculta al Ministerio Público para interponer el llamado recurso de insistencia, en tratándose de uno cualquiera de los supuestos que impiden la selección de la correspondiente demanda de casación. Allí, es precisamente donde se alude al Ministerio Público con interés para el recurso de insistencia, lo cual, como dijo antes, no tiene cabida toda vez que estos —los recursos— están definidos en novísima legislación procesal penal en el título 5º, capítulo 8º, artículo 176 y ss., y entre ellos no se encuentra relacionado el de insistencia.

Surge, entonces, el interrogante: ¿Si no está consagrado el recurso de insistencia como uno de los ordinarios establecidos en el código, será que se trata de uno de los extraordinarios que tampoco está establecido como tal?

Señores magistrados,

Sigifredo Espinosa Pérez 

Fecha ut supra. 

____________________________