Sentencia 25115 de septiembre 15 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 25115

Acta 82

Magistrado Ponente:

Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., quince de septiembre de dos mil cinco.

Se define el recurso de casación interpuesto por la sociedad Arango & Cía. Inversiones San Antonio S. en C. (en liquidación), contra la sentencia del 2 de agosto de 2004, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso que promovió en su contra, Luis Enrique Arias Isaza.

Antecedentes

El accionante pretendió la pensión sanción desde el 8 de mayo de 1997, cuando cumplió 60 años de edad, y en tanto laboró para la demandada del 21 de marzo de 1971 al 2 de diciembre de 1984, en el cargo de administrador de varias fincas de propiedad de la sociedad accionada; que fue despedido sin justa causa y no se le afilió a la seguridad social.

La demandada admitió los hechos referentes a la relación laboral, la labor desarrollada y la fecha de ingreso; aclaró que el 27 de noviembre de 1983 le terminó el contrato de trabajo al actor “con justa causa, sustentada en los artículos 62 y 63, numerales 9º y 13 del Código Sustantivo del Trabajo por haber incurrido en graves anomalías en la hacienda El Piñon concretamente, por la pérdida de 13 reses que estaban bajo su responsabilidad y por haber enviado una res que había sido robada en la región a nombre de la compañía para ser vendida en el municipio de Bolívar”; explicó que en la época de prestación de servicios no había cobertura del ISS; propuso las excepciones de pago, prescripción, y carencia de título y acción para pedir (fls. 14 a 17).

En sentencia del 7 de mayo de 2004, el Juzgado Civil del Circuito de Fredonia - Antioquia (fls. 121 a 150), declaró probada la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, que terminó el 27 de noviembre de 1983, por decisión injusta de la empleadora y “como consecuencia de lo anterior” reconoció pensión ”de jubilación o vejez, desde el 9 de mayo de 1997, en los términos del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo derogado por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993”; declaró acreditada la prescripción de las mesadas pensionales y adicionales causadas antes del 6 de noviembre de 2000, y, de esa fecha, hasta el 30 de abril de 2004, las fijó en la suma de $ 15.190.300; impuso costas en un 15% de la condena.

De la decisión del a quo, apeló la parte demandada.

Sentencia acusada

El tribunal confirmó el fallo del a quo, sin imposición de costas en la apelación (fls. 166 a 176). El ad quem transcribió la comunicación de despido de folio 25; se refirió a la denuncia obrante al folio 24, acerca de “un faltante de doce reses de distintas edades y de distintos colores y que de esa finca era su mayordomo el señor Enrique Arias lsaza, quien al ser indagado sobre dicho faltante dijo que dos días antes estaba el ganado completo”.

También copió los numerales 9º y 13 del literal A) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 y el precepto 2º del Decreto 1373 de 1966; enseguida estableció que el procedimiento allí reglamentado para aquella causal 9ª, “brilla por su ausencia en el plenario”, mientras que para la “ineptitud del trabajador”, reseñada en la causal 13, explicó, no se notificó al demandante el despido, con 15 días de anticipación, tal cual lo exige la norma referida.

Luego precisó “mas si se advierte que dicho despido estuvo precedido por faltas de probidad del trabajador o por actos intencionales e imprudencia grave de su parte, también se llegaría a igual conclusión, pues la Sala no observa que el actor en su actuar como mayordomo de la finca El Piñón” haya faltado a la rectitud de ánimo y a la honradez en su obrar, ni se observa que en él hubiera existido la intención de causar daño o perjuicio alguno a la sociedad demandada por haber ocurrido la pérdida de doce o trece reses (...) De otro lado, la desidia o imprudencia grave que se endilga al trabajador demandante por parte de la sociedad accionada, debe significar que aquél haya puesto en peligro la seguridad de la empresa o la vida de las personas que allí venían laborando, y nada de esto está plenamente acreditado en el proceso.

Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, fue concedido por el tribunal, y admitido por la Corte. Aspira a la casación total de la sentencia acusada, para que, en instancia, se revoque la del a quo, y en su lugar se absuelva a la demandada.

Primer cargo

Acusa, por la vía indirecta, la aplicación indebida del artículo 7º, numeral 9º del Decreto 2351 de 1965, en relación con el artículo 2º del Decreto 1373 de 1966, “y así mismo el artículo 8º de la Ley 171 de 1961”.

Denuncia dos yerros evidentes de hecho, así:

“1. No dar por demostrada, estándolo, que la sociedad demandada no fulminó el vínculo laboral del demandante por ineptitud en el trabajo.

2. No dar por demostrado, que el vínculo laboral del demandante se fulminó por incompetencia y desidia para el trabajo y no por ineptitud”.

Asegura que fue apreciada erróneamente la carta de despido vista a folio 25. En desarrollo del cargo, afirma que:

“Lo que se le endilga al trabajador, como causal justificante de terminación del contrato de trabajo no es un bajo rendimiento en la ejecución de sus labores o ineptitud, caso en el cual si es necesario llevar a efecto, en aras de garantizar el debido proceso, el trámite a que alude el Decreto 1373 de 1966, artículo 2º.

Es palmar que en la carta de despido, según su tenor literal, no se adujo la ineficiencia del trabajador para desempeñar sus labores o un bajo rendimiento, sino su “...incompetencia y desidia...”.

Entendido ese supuesto, fuerza concluir que en este caso no era dable seguir el procedimiento aludido en el memorado Decreto 1373 de 1996, cuando, como en el sub lite, la causa invocada por el empleador era la pérdida de algunos vacunos, por cuanto la confrontación debiera hacerse frente a otro trabajador que haya dejado perder similar número de reses, y ello en ese preciso caso es imposible de cumplir en aras de realizar el procedimiento legal.

Esa incompetencia y desidia, demostrada con la pérdida de las reses a que se contrajo la carta de despido, en realidad demuestra una falta de cuidado del actor para ejecutar sus actividades, es decir, un incumplimiento de las obligaciones contraídas como trabajador (D. 2351/65, art. 7º, num. 6º), pues su obligación principal era la de velar por el cuidado de los vacunos colocados bajo su custodia, labor que efectivamente incumplió.

Se concluye, entonces, que erró el tribunal al interpretar la carta de despido, en la que encontró configurada, como atrás se anotó, una causal diferente a la invocada por el empleador, puesto que, como se ha expresado, el motivo que tuvo el empleador para finiquitar el vínculo encuadra en el numeral 6º del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, y no en los numerales 9º y en el 13 de la citada normativa.

Ahora, si la causal invocada no es la que el tribunal creyó erróneamente encontrar, no queda duda que era innecesario o inocuo que se siguiera el procedimiento legal, estatuido, eso sí, cuando se trata de invocar, para fenecer el vínculo, una de las causales a que alude la normativa en que el ad quem apoyó la decisión”.

Oposición del actor

Anota, con sustento en la jurisprudencia, que corresponde al recurrente controvertir todos los fundamentos de la decisión acusada, pues, de lo contrario, ella permanece incólume; que en este caso, el sentenciador no sólo estableció la necesidad del procedimiento del D.R. 1373 de 1966, por haberse endilgado la ineptitud al trabajador (supuesto al que se refiere la acusación), sino que analizó la obligatoriedad de cumplir el preaviso de 15 días, y la posibilidad de enmarcar la causal de despido en un numeral distinto a los del 9-13 del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, para concluir que no hubo faltas a la rectitud de ánimo o a la honradez.

En el fondo, estima que de la carta de despido surge que se atribuyó la incompetencia para desarrollar la labor, que, dice, sin duda encuadra en la ineptitud del trabajador, como lo examinó el ad quem.

Se considera

La única prueba citada en el cargo, esto es, la comunicación de despido, vista a folio 25 del expediente, en el punto de la causa invocada para esa determinación de la empleador, textualmente señala que, se funda:

“en los artículos 62 y 63, numerales 9º y 13 del Código Sustantivo del Trabajo. Como es bien sabido por usted la compañía en días pasados le notificó un traslado de la Hacienda El Piñón a la Suiza y en razón de esto se le encontraron anomalías muy graves en la Hacienda El Piñón, como es la falta injustificada de 13 reses que estaban bajo su responsabilidad las cuales a la fecha no se han encontrado y ante este hecho usted ha demostrado total indiferencia; luego recientemente usted vuelve a demostrar su incapacidad para desempeñar la labor encomendada en la Hacienda La Suiza al enviar una res ajena para ser vendida para Bolívar lo que puso en tela de juicio el buen nombre de la compañía.

Así pues don Enrique que esta serie de hechos nos han demostrado su incompetencia y desidia para el trabajo, por lo cual se ha tomado esta decisión”.

Del texto trascrito puede deducirse, como lo señaló el tribunal, que la demandada invocó unas causas para finalizar la relación laboral del accionante, de acuerdo con los numerales 9º y 13 del artículo 7º, aparte (a) del Decreto 2351 de 1965; y además, fijó unos hechos explícitamente narrados en ese documento, calificados de “anomalías muy graves” o “incapacidad para desempeñar la labor encomendada”, “incompetencia” o “desidia”. De tal suerte que frente a tales calificativos no puede aseverarse que el ad quem valoró equivocadamente la reproducida carta, pues acorde con los calificativos en ella expresados bien podía concluirse que correspondían a la descripción prevista en los textos legales que ella en misma se anotaron.

En ese orden, el tribunal analizó tales causales; desechó las de los aludidos numerales 9º y 13: el primero, por ausencia del procedimiento previo que debió adelantarse; el segundo, por incumplimiento del preaviso de 15 días; las demás por no haberse demostrado, en tanto explicó que no hubo “falta a la probidad del trabajador”, “imprudencia grave de su parte”, ni “desidia”, por la pérdida de doce o trece reses de la finca que administraba.

Entonces, si la propia demandada invocó expresamente entre las causales de despido el numeral 9º en referencia, relacionado con el deficiente rendimiento del trabajador, no puede luego pretender desconocerla. Y si bien, atribuyó otras a su trabajador, resulta que, como lo destaca el replicante, el juzgador además de analizar el tema del despido desde la óptica del “deficiente rendimiento en el trabajo“, lo examinó respecto de causales distintas, las que finalmente no halló probadas.

En consecuencia, aunque resultara evidente que la causal invocada por la demandada no fue la reseñada bajo el deficiente rendimiento en el trabajo, y que no se requería el agotamiento del trámite previsto en el Decreto 1333 de 1966, el cargo tampoco tendría prosperidad, en tanto, se reitera que el juzgador consideró que no se acreditaron los otros motivos aducidos para el despido, y que frente a la causal 13, no se cumplió con el preaviso de 15 días.

El cargo no prospera.

Segundo cargo

Por la vía directa, denuncia, en la modalidad de aplicación indebida el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, y por infracción directa el 16 del Código Sustantivo del Trabajo, el 151 Ley 100 de 1993, en armonía con los artículos 8º de la Ley 48 de 1976, 50 y 142 de la Ley 100 de 1993.

Para demostrarlo señala textualmente:

“No queda duda que el tribunal, para desatar la litis, encontró respaldo en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961.

También es claro, porque así lo asentó el tribunal y no lo discute el cargo, que el demandante arribó a los 60 años de edad el 8 de mayo de 1997, cuando ya había iniciado vigencia el sistema general de pensiones creado por la Ley 100 de 1993 (art. 151).

El tema de la pensión sanción quedó regulado íntegramente por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, que reprodujo, con algunas variantes, la denominada pensión restringida de jubilación.

Enseña el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo que las normas sobre trabajo producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican, también, a situaciones en curso; como el demandante arribó a los sesenta años de edad en vigencia de la Ley 100 de 1993, es palmar que la pensión pretendida se gobierna por las disposiciones de esta Ley y no de la 171 de 1961.

Así las cosas, cuando el tribunal aplica al caso de autos el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, está aplicando una norma que no gobierna el sub lite, atendiendo que no solo fue derogado tácitamente por el artículo 133 de la citada ley de seguridad social, sino que, como se explicó atrás, la disposición que se aplica es la últimamente citada. De esa manera incurrió el tribunal en la infracción legal que se denunció”.

Réplica al segundo cargo

Se funda en la jurisprudencia, conforme a la cual, afirma, la pensión sanción se gobierna por las normas vigentes a la fecha del despido, y no por las del cumplimiento de la edad, que sólo constituye un requisito de exigibilidad del derecho y no de su nacimiento.

Se considera

El efecto general inmediato de la ley laboral, en la forma prevista por el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, no conlleva que una pensión sanción, como la que se ventiló en este caso, quede sujeta a modificaciones, por el advenimiento de disposiciones legales que regulen el derecho de modo distinto a la normatividad que regía para la fecha en la que se produjo el despido injusto del accionante, dado que ese supuesto de hecho, de la terminación del contrato de trabajo sin justa causa, junto con el cumplimiento del tiempo de labores, superior a 10 años, determinan la causación del derecho a la pensión restringida reglada por el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, siendo la edad tan sólo factor de exigibilidad.

De allí que, como lo señala la réplica, bajo esos parámetros, la normatividad aplicable, en este caso, a la pensión sanción, es la vigente a la fecha de su causación, vale decir, cuando finalizó el contrato de trabajo sin justa causa, por decisión del empleador, luego de haber laborado por más de 10 años (L. 171/1961, art. 8º). De ahí, que el sentenciador no incurriera en la infracción legal denunciada.

La oposición a los cargos, que no prosperaron, conduce a la imposición de costas, en el recurso extraordinario, a cargo de la sociedad impugnante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 2 de agosto de 2004, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso que promovió Luis Enrique Arias Isaza contra la sociedad Arango & Cía. Inversiones San Antonio S. en C. (en liquidación).

Costas a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Camilo Tarquino Gallego—Gustavo José Genecco Mendoza—Carlos Isaac Náder—Eduardo López Villegas—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

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