Sentencia 2513-07 de agosto 6 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Radicación: 15001-23-31-000-2002-01901-01(2513-07)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: María Luisa Galvis de Rincón

Demandado: departamento de Boyacá

Bogotá, D.C., seis de agosto de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Se pretende en el sub judice la anulación del acto administrativo que negó a la demandante el reconocimiento y pago del porcentaje adicional (15%) sobre la asignación básica, por ejercer las funciones de maestra de práctica docente.

1. Como antecedentes normativos del sobresueldo deprecado, se tiene lo siguiente:

El Decreto 386 de febrero 22 de 1980, expedido por el Gobierno Nacional, al fijar las asignaciones básicas para el personal docente de la época, creó un pago adicional para algunos docentes, cuya finalidad fue estimular o compensar la función que en ese momento estuvieran desarrollando en dos actividades concretamente definidas: a) La enseñanza preescolar; y b) La docencia como maestros de práctica docente en las escuelas anexas a las escuelas normales.

Respecto de esta última condición, el Gobierno Nacional, en los decretos por los cuales se modificó la remuneración del personal del escalafón nacional docente y se dictaron disposiciones salariales para el sector educativo oficial año a año, definió la remuneración en los siguientes términos:

Decreto 52 de enero 10 de 1994,

ART. 18.—A partir del 1º de enero de 1994, la remuneración mensual para quienes desempeñen los cargos docentes que más adelante se enumeran, se determinará en la siguiente forma:

1. La asignación básica, según el grado que tengan en el escalafón nacional docente, conforme a lo señalado en el artículo 1º del presente decreto, y los porcentajes liquidados sobre la asignación básica recibida conforme lo dispone el artículo 1º, así:

(...).

i. Docentes nombrados como maestros de práctica docente en los establecimientos de educación básica primaria, anexos a establecimientos educativos de educación media en bachillerato pedagógico, siempre y cuando ejerzan las funciones propias de ese cargo y acrediten título docente, el 15%.

(...).

ART. 20.—Los porcentajes fijados en los artículos 18 y 19 de este decreto, no se reconocerán a los funcionarios que no ejerzan las funciones propias de los cargos discriminados en dichas disposiciones, salvo que se encuentren comisionados para realizar actividades técnico-pedagógicas en instituciones del sector educativo; la sola adscripción de funciones no da derecho al reconocimiento de esos porcentajes ni al pago de las horas cátedra adicionales.

En términos similares, mediante los decretos 82 de enero de 1995, 45 de enero de 1996; 47 de enero de 1997; 47 de enero de 1998; 51 de enero de 1999 y subsiguientes, el Gobierno Nacional definió el mismo sobresueldo porcentual en favor de los maestros oficiales de práctica docente, como un estímulo económico para quienes cumplieran la función de asesorar a los practicantes, que siendo estudiantes en normales y establecimientos de bachillerato pedagógico, debían adelantar su entrenamiento en establecimientos educativos de básica primaria anexos a tales establecimientos.

En el año 1994, la Ley 115 en los artículos 112 y 216 ordenó modificaciones en la estructura administrativa y pedagógica de las escuelas normales, y en desarrollo de tal mandato, los decretos 2903 de 1994 y 968 de 1995, definieron que las escuelas normales solo podrían graduar con el título de bachiller pedagógico a quienes terminaran la educación media correspondiente a los años 1996 en el calendario A y 1997 en el calendario B.

De ello se concluye que el bachillerato pedagógico en las escuelas normales —dentro del cual se cumplía la función de maestro de práctica docente según la norma que creó el estímulo demandado—, desapareció a partir del año 1997.

Por tal razón, los decretos que a partir de 1997 definieron la remuneración de los docentes, estipularon frente al incremento del 15% por docencia en práctica docente, consagrado en el literal “o” de tales decretos, un parágrafo del siguiente tenor:

PAR. 1º—En virtud de la nueva organización educativa creada por la Ley 115 de 1994, solo quienes a 31 de diciembre de 1997, desempeñen los cargos contemplados en los literales n), o) y p) del presente artículo continuarán recibiendo el porcentaje adicional allí definido, mientras continúen desempeñando en propiedad tales cargos.

2. Del recuento normativo anterior se llega a las siguientes conclusiones relacionadas con las pretensiones de la demanda:

2.1. El estímulo creado en las normas que fijaron la asignación salarial para los maestros de práctica docente solo pudo causarse mientras los respectivos maestros cumplían dicha función. Si ella —la función— se dejaba de realizar por cualquier causa, desaparecía por sustracción de materia e ipso facto el estímulo.

Nótese al respecto que las normas que crearon el sobresueldo condicionaron su pago, al estipular que este solo se daba “... siempre y cuando ejerzan las funciones propias de ese cargo...”, y por ello mientras la condición estuviera pendiente (sin ocurrir) cada mes, no se causaba el derecho al sobresueldo.

En consecuencia si no se ha desarrollado la función de maestro de práctica docente en las condiciones definidas en las normas que lo crearon, el estímulo o sobresueldo no se puede entender como un derecho adquirido cuya revocación requiera del consentimiento del servidor, —como podría pensarse—, ni se le puede entender como una situación salarial que no se puede afectar o desmejorar —tal como el artículo 115 de la Ley 115 de 1994 estipula—, porque esa situación no se habrá causado.

2.2. La función de maestro de práctica docente en establecimientos de educación básica primaria anexos a instituciones que otorgan el título de bachillerato pedagógico, desapareció a partir del momento en que las escuelas normales se reestructuraron en cumplimiento de lo que ordenó la Ley 115 de 1994, pues una vez reestructurados dichos establecimientos educativos, no eran “establecimientos educativos de educación media en bachillerato pedagógico”, dentro de las cuales se cumplía la función de maestro de práctica docente que se remuneraba con el estímulo deprecado.

2.3. El parágrafo trascrito en párrafos anteriores, por el cual se creó una especie de transición en el régimen del sobresueldo demandado, ratifica las anteriores conclusiones al estipular que solo continuaran recibiendo el porcentaje adicional los docentes “... mientras continúen desempeñando en propiedad tales cargos...”.

Al respecto se debe recordar que un “cargo” o empleo, según lo define el artículo 122 de la Constitución Política solo existe en la medida en que tenga asignadas unas funciones por la ley o el reglamento. Por ello aunque el nombramiento se haya realizado para unas determinadas funciones y con un determinado nombre, cuando las funciones cambian el empleo o “cargo” habrá mutado a otro, aunque su nombre no haya variado.

No se logró entonces desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo que negó el derecho deprecado lo que impone confirmar la sentencia apelada que denegó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 12 de julio de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el proceso iniciado por María Luisa Galvis de Rincón contra el departamento de Boyacá por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

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